Rosas, claveles, alstroemeria, lirios o statice, entre otros, son explotados diariamente a más de 60 países en todo el mundo, siendo la Unión Europea y Reino Unido los principales destinos de exportación, representando el 40% del total del mercado de ventas. Estamos hablando de una industria que contribuye al 1% del PIB nacional y brinda empleo a más de 500.000 ciudadanos kenianos, entre los que se incluyen más de 100.000 trabajadores dedicados a la agricultura de flores. Además, esta industria tiene un impacto significativo en la subsistencia de más de dos millones de personas.
No obstante, tras estas cifras subyace uno de los sectores comerciales más opacos del país, caracterizado por la prevalencia de la explotación laboral, el hostigamiento y la degradación ambiental. Es frecuente observar la presencia de individuos portando ramos de flores en las calles de las ciudades durante celebraciones como el Día de San Valentín, la Navidad u otras festividades.
Desde los años ochenta, cuando productores ingleses y holandeses popularizaron el regalo de flores como algo estético y de alta gama, se ha normalizado la comercialización de este producto. Aunque lejos de esas postales idílicas de parejas regalando flores en los canales de Ámsterdam o el río Támesis en Londres, trabajadores kenianos de la región de Naivashauna, unos 90 kilómetros al noroeste de Nairobi, sobreviven con menos de 55 dólares al mes mientras se ven expuestos a riesgos para la salud derivados sustancias químicas prohibidas por el Convenio de Estocolmo, utilizadas en el proceso de cultivo y corte de flores destinadas a la venta en el mercado europeo.
Evasión fiscal y acoso laboral en Kenia
Hasta hace unos pocos años la multinacional Karuturi Global Ltd. se encontraba basada en Naivasha, además de en otras regiones de Etiopía e India. Constituida en 1994, llegó a poseer 250 hectáreas de terreno de cultivo invernadero además de producir anualmente 650 millones de tallos de rosa. Aunque pueda sonar como un negocio idílico que genera puestos de trabajo, detrás de este imperio floral multimillonario se encuentra una historia de evasión fiscal y acoso laboral. El empresario indio Sai Ramakrishna Karuturi, director ejecutivo de Karuturi Global, había llegado en 2007 a Kenia para comprar una de las granjas de flores independientes más reconocidas del país, Sher Agencies, que en aquel momento contaba con 188 hectáreas y se especializaba en rosas cortadas. Tras esta primera inversión, al año siguiente, consiguió ampliar la granja a unas 240 hectáreas y generar cerca de 100 millones de dólares.
Siete años después, en 2014, la compañía de Karuturi sería puesta bajo administración judicial por el CfC Stanbic Bank, una de las mayores organizaciones de servicios financieros de Kenia, y se convirtió en el mayor exportador de flores cortadas del mundo mientras evadía millones de dólares en impuestos. El sistema para conseguir esto se basó en una compleja red de compañías internacionales a tres partes: Karatury Flower Farm, localizada en Naivasha, se dedicaba a producir las flores para venderlas a bajo costo –cuatro o cinco chelines el tallo– a Flower Express, basada en Dubai. Tras esto, Flower Express vendía las flores a sus clientes globales a un precio mucho más elevado. Mientras Karatury Flower Farm se dedicaba a vender flores a bajo costo, se declaró en bancarrota para poder evadir la base impositiva de Kenia mientras trasladaban sus beneficios a Dubai ya que el país árabe no grava a las empresas con impuestos sobre la renta.
Básicamente Karuturi Global Ltd. comerciaba internacionalmente con sus propias filiales. Mientras que las empresas locales sufrían pérdidas, la empresa matriz seguía generando beneficios multimillonarios. La Autoridad de Ingresos de Kenia formuló acusaciones contra la empresa Karuturi por presunta evasión fiscal y solicitó el pago de 962 millones de chelines debido a la supuesta manipulación de precios de transferencia. La situación se agravó cuando se hizo evidente que Karuturi había adquirido un préstamo de 20 millones de dólares del banco indio ICICI Limited, utilizando como garantía sus activos ubicados en Naivasha, con un valor estimado en 91 millones de dólares. Asimismo, se constató que el banco indio mantenía un acuerdo de valores compartidos con CfC Stanbic Bank por un monto de 6.5 millones de dólares.
Pero cuando la justicia señaló a Karuturi, éste desapareció. Sai Ramakrishna Karuturi, cuyo domicilio fiscal está registrado en los Países Bajos, se retiró de manera discreta, sin dejar un rastro discernible, y las autoridades gubernamentales no lograron asegurar el cumplimiento de la ley ni el pago de los impuestos evadidos. Sin embargo, en 2019, el gobierno etíope, país que más flores exporta en el continente africano, negoció con Karuturi Global Ltd. un contrato en el que se le ofrecían más hectáreas de tierra para continuar con sus plantaciones de flores. De hecho, el acuerdo se cerró con 1.000 hectáreas para nuevos cultivos. Cabe destacar que durante la negociación de Karuturi con Etiopía se utilizaron los nombres de las mismas empresas implicadas en el escándalo keniano.
La arquitectura financiera internacional permite a las multinacionales del norte global continuar sacando rédito de los sistemas del sur global. Booker Ngesa Omole, político keniano, es tajante al afirmar que Karuturi Global Ltd. se dedicó a destruir y explotar trabajo local mientras exportaba negocios y buenos trabajos al mismo tiempo que subyugaba a los ciudadanos del país. Buceando en la página de Kenya Flower Council, nos encontramos con varias curiosidades: por un lado, la falta de transparencia prevalece en relación con la domiciliación de una considerable proporción de las empresas registradas en el territorio nacional; por otro lado, se ha identificado que 28 de las 119 entidades mantienen algún grado de vinculación con la familia del expresidente Daniel arap Moi.
Además, la mayoría de las restantes empresas son multinacionales originarias de naciones como Israel, India y Dubái, si bien son los Países Bajos los que encabezan la lista con 31 empresas dedicadas a la floricultura provenientes de dicho país. También se aprecia que una considerable cantidad de estas compañías están interconectadas a través de redes transnacionales que dejan lagunas sobre los beneficios que generan.
Bohemian Flower Farm representa una de estas entidades; en 2019, esta empresa adquirió Oserian, la granja de floricultura más antigua de Kenia. Bohemian está integrada en Kongoni River Farm Limited, una granja que forma parte de Vegpro, un conglomerado que incluye otras siete compañías y abarca unas 250 hectáreas. Vegpro, a su vez, es propiedad de Flower Exchange, con sede en Dubái y cuyo propietario es el empresario neerlandés Bas ter Laare. Este último también posee otras tres empresas: Floral Delight, con base en los Países Bajos, así como Uhuru y Big Flowers, ambas operativas en Kenia. La multinacional propietaria de estas compañías debería asegurarse de proteger los derechos de los trabajadores, sin embargo la realidad es muy diferente. Cada vez que un inspector se aproxima a las instalaciones, la empresa coacciona a los empleados para que no emitan comentarios negativos sobre las condiciones laborales. Varios de ellos reportan que el gerente supervisaba de cerca para garantizar que solo se expresaran opiniones positivas y para evitar la posibilidad de que se presentara algún reporte desfavorable en su contra.
Violaciones legales en la industria foral Kenia
La gran mayoría de las empresas en el sector de la floricultura en Kenia incurre en violaciones legales, ya sea a través de la omisión en la declaración de beneficios o mediante el mantenimiento de condiciones laborales deficientes para sus trabajadores. En mayo de 2023 cientos de trabajadores salieron a la calle a reclamar sus derechos. La respuesta por parte de Bohemian Flower Farm fue el despido de 320 de estos empleados por su participación en la huelga. El propio Departamento de Trabajo de Kenia afirmó que se trataba de un despido injusto e ilegal. Sin embargo, nadie dentro de la multinacional ha respondido ni ha sido juzgado por este acto que ha dejado a sus trabajadores en la calle sin cobrar lo que les debían.
Los empleados que participaron en manifestaciones públicas expresaron preocupación no solo por las deficientes condiciones de remuneración, sino también por la ausencia de medidas de seguridad durante la ejecución de sus labores. Se observó que la empresa no proporcionaba guantes para la poda de rosales ni vestimenta adecuada para el manejo de las cámaras frigoríficas, lo que resultó en la exposición de muchos trabajadores a temperaturas extremadamente bajas y a la alta concentración de productos químicos, provocando en algunos casos lesiones cutáneas por congelación.
La situación es mucho más grave para las mujeres, que no cuentan con derecho a baja por enfermedad o maternidad, además de que sus vacaciones son más reducidas que la de los hombres, siendo muy común que sufran acoso sexual por parte de sus superiores. Algo que se agrava si tenemos en cuenta que el 75% de los empleados en este sector suelen ser ellas. Muchas veces se ven obligadas a dejar a sus bebés solos en casa para poder ir a trabajar, con todo lo que ello supone.
La preocupación entre los profesionales médicos de la región es considerable debido al notable incremento de incidencias médicas, incluyendo asma, neumonía, bronquitis e infecciones oculares, entre los trabajadores de las plantaciones de flores. Este aumento de casos se atribuye al uso de productos químicos que, si bien son indispensables para mantener la calidad de las flores durante su manipulación y almacenamiento, son considerados inseguros para el contacto directo con seres humanos. La empresa está al tanto de esta situación, pues se ha observado la práctica de retirar las etiquetas de advertencia de los productos químicos y sustituirlas por una simple marca de identificación, como “XX”.
Entre los pesticidas más comúnmente utilizados en estas operaciones, se incluyen el DDT, Endosulfan, Sulfato y Dehydrane, entre otros, todos prohibidos por la Convención de Ginebra. Es importante destacar que el uso de estos productos químicos no solo está restringido en Kenia, sino también en regiones más amplias como la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos. Este fenómeno no solo ha representado una considerable preocupación para la salud pública en Kenia, sino también para la integridad ambiental de la región.
Se han detectado residuos de estos productos químicos en diversos entornos naturales, incluidos los lagos adyacentes, los sedimentos y, en algunos casos, en la fauna acuática, donde ha sido común encontrar peces muertos en los lagos cercanos a las plantas de producción. Esta contaminación ambiental plantea una amenaza adicional para las comunidades locales, exacerbando aún más las condiciones de vida y salud de quienes residen en estas áreas.
La revelación de las prácticas abusivas y explotadoras llevadas a cabo por multinacionales en la industria de la floricultura en Kenia plantea un desafío significativo en términos de justicia social y equidad laboral. Ante este panorama alarmante, es crucial reflexionar sobre cómo poner fin a la explotación de los trabajadores keniatas en beneficio de estas grandes corporaciones. Para abordar esta problemática de manera efectiva, se requiere una acción concertada a nivel internacional que incluya medidas regulatorias más estrictas y una supervisión rigurosa de las prácticas laborales y ambientales de estas empresas. Además, es fundamental promover la conciencia pública y la responsabilidad corporativa para impulsar un cambio significativo hacia una industria de la floricultura más ética y sostenible en Kenia y en todo el mundo.
*Ignacio Juan Vázquez Carneiro, trabajador de Desarrollo Internacional: Especialista en Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria
Artículo publicado originalmente en Descifrando la Guerra