Colaboraciones Nuestra América

Argentina: la condena a Cristina no se ajusta al rigor de las ciencias

Por Leandro Andrini*
En los debates educativos es un lugar común hablar sobre el “problema” de la enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. Y sobre la enseñanza-aprendizaje en las matemáticas el consabido “no saben sumar fracciones” y afirmaciones de igual orden, sin tener cuidado que muchos de los “problemas” enunciados quedan resueltos por las innovaciones tecnológicas.

Por cierto, las innovaciones tecnológicas reposan sobre las estructuras y reglas de las matemáticas, lo cual nos permite pensar en lo importante que puede ser aprender/conocer las relaciones entre estructuras y reglas, en el orden de la matemática, y como esas relaciones surgen en la historia (historia del pensamiento occidental, sobre todo). Y sin ánimo de pecar por reduccionistas, este modo de aprehender el mundo sobre la construcción de ideas, puede explorarse en otros campos, o sea, usar caminos equivalentes para desentrañar relaciones entre estructuras y reglas.

También hay que indagar sobre los efectos educativos de aquello que se pretende sea mero cómputo, sin otra condición que el paradigma de las pruebas estandarizadas, fieles a las demandas de los mercados educativos ante que a las necesidades educativas de los pueblos (y no es que los pueblos no necesiten saber “sobre” matemáticas, sino el qué, cómo y por qué necesitan esos conocimientos).

Por otro lado, no se debate, por ejemplo, que la formación en epistemología (o filosofías del conocimiento) no sean motivo de estudio en absoluto en la formación obligatoria, o filosofía política, entre tantas otras materias. Y esto es dicho para hablar de política, porque en política “2 + 2” parece no tener un único resultado, por caso “4”. Y, más precisamente, para plantear hipótesis.

Las hipótesis, y las formas de razonamiento en relación a ellas, no son susceptibles de ser suplidas por innovaciones tecnológicas (calculadoras u ordenadores científicos), sino un modo de ser/entender el mundo, desde modelos y racionalidades que se configuran –complejamente– a través de múltiples circuitos educativos. Si estandarizamos lo educativo a un modo dominante comunicacional, vamos estableciendo un mundo unidimensional, monocorde y operado por dogmas subjetivistas de sensaciones y adjetivaciones que privan la conformación de un discurso que tenga “valor de verdad” asignable. En el modo que a una preposición le asignamos “valor de verdad”. Y ya vemos que hay un regreso a las matemáticas, a las lógicas y a la educación, porque no hay cuestionamiento alguno a la ausencia educativa de cuestiones tales como “lógica preposicional elemental”, “dialéctica (griega, medieval, renacentista, alemana moderna, etc.)”, qué es lo verdadero y qué es lo válido, entre otras tantísimas ausencias existentes en el sistema educativo actual.

¿Por qué y para qué decir esto? ¡Porque vamos a hablar de política! Y vamos a hablar de estructuras, de reglas, de inferencias, de proposiciones, de hipótesis…

En las matemáticas, tanto como en las ciencias o en la filosofía, se conviene definir cada término, cada objeto, etc., para dar claridad (o al menos pretender hacerlo) sobre el discurso que se establece. Comenzamos diciendo que una hipótesis es un enunciado propositivo susceptible de verificación (una vez confirmado o refutado como enunciado, pierde su validez hipotética). Y si el Derecho fuera una Ciencia, sabría por medio de ésta que las hipótesis se ponen a prueba con los resultados surgidos de los datos de la experiencia, y que, como versan numerosos manuales de epistemología, los argumentos persuasivos carecen de suficiencia para establecer la validez de todo enunciado que se presente como hipotético.

Primera hipótesis: el hecho que la(s) bala(s) no salieran disparadas del arma de Sabag Montiel no es fortuito, sino que premeditadamente así se dispuso.

Dado que se trata de una hipótesis, esto no es ni verdadero ni falso, sino una idea a ser verificable (si algún día pudiera serlo).

Algunos elementos para conjeturar tal enunciado propositivo. Sabemos todo de cuantos “copitx” había por el mundo, pero sabemos demasiado poco (o casi nada) de Fernando Sabag Montiel “el hombre gris”, y su teléfono que se formateó “misteriosamente” (aquí formúlense las hipótesis que se crean convenientes). De esta ausencia de conocimiento pueden formularse algunos interrogantes, y vale aclarar que los interrogantes no son hipótesis (dado que no podemos asignarle valor de verdad a una pregunta). La tuvo a tiro en otra oportunidad, y no lo intentó, y las escusas filtradas ante las recriminaciones de sus compañerxs de delito son verosímiles a medias.

Pasado un mes la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recuperó parcialmente el contenido del celular, muy en particular el dato saliente fue que se recuperaron los mensajes de la Red Télegram (desde diciembre de 2020), red que días atrás apareció en el ojo de la tormenta al filtrarse los chats entre jueces, camaristas, fiscales, espías y empresarios de medios de comunicación. El diario Perfil indicó que tras “una solicitud de la Justicia federal, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, tomó intervención y el material encontrado en el teléfono del atacante de CFK sería peritado en la justicia porteña por presunta pedofilia”. En este punto, hay que señalar que Sabag Montiel fue intimado, a través de la titular de la Unidad Fiscal porteña Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, por la tenencia con fines de distribución de 119 archivos de imagen y videos y la distribución de 3 videos, todos de niños y niñas menores de 13 años, y no investigado por presunta pedofilia (tal parecía ser la solicitud del fiscal Carlos Rívolo).

La muerte, literal, de Cristina Fernández de Kirchner privaría a sus denostadores seriales de un triunfo político y sería para ellxs una pérdida de esa “persona política” a derrotar. Por cuanto, si dentro de las hipótesis manejadas está la del atentado perpetrado/ideado por algunos resortes dentro del esquema político-judicial-mediático, este no podía más que ser un atentado “inconcluso” para dar frutos en el temor personal, en la fragilidad de la existencia, y para –en la desorientación social/popular posterior– retomar la senda del control de las calles sin el ejercicio de la represión de las manifestaciones de apoyo que crecían en número por esas fechas. Pero, además, la muerte real (televisada, en vivo) no deja lugar a “la grieta”, a la hipótesis que sostienen algunas personas (como lo hacían unos parroquianos en un restaurancito días atrás, en la silla pegada a la espalda de mi silla) que “fue ella misma la que se mandó a sacar unas fotos con una pistola de juguete en la cara”.

Secuencia del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández

Segunda hipótesis: el “pelotón de fusilamiento” real es el del deseo de la muerte política de Cristina Kirchner.

La inefable BBC dice que un tribunal penal “en Argentina condenó este martes [06/12/2022] a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015)”. Es decir, también la condenaron por un delito que cometió otro –aunque haya sido su marido–. Aunque absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita, la inhabilitaron de por vida a ocupar cargos públicos.

Si el fiscal Diego Luciani tuviera un conocimiento mínimo de aquellos contenidos que siguen sin darse en la educación obligatoria, podría saber que este enunciado “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, es una hipótesis, y no es causal de acusación, dado que la prueba reunida para sostenerla como evidente y positiva no alcanza. Es decir, no se muestra verdadera a la luz de los hechos colectados con pretensión probatoria. No obstante, afirmaciones de tal naturaleza, le permiten al tribunal concluir que tienen “la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”. Vemos que lo que tenemos es una trama discursiva, donde aquello que entendemos con “realidad material” queda pulverizada por el discurso (nada más cercano que la pretensión posmoderna, con asilo en el ideario nietzcheniano por excelencia).

Se ha dicho hasta el hartazgo que no existe una sola prueba, que legalmente correspondió haber imputado a las jefaturas de Gabinete actuantes (según la pirámide de acciones), y tantas cuestiones más que corrompen los fundamentos íntimos de la legitimidad de aquello que debe ser entendido por justicia.

Lo importante no son, efectivamente, los fundamentos íntimos de la legitimidad de aquello que debe ser entendido por justicia, sino que es la proscripción política de una líder como Cristina Fernández de Kirchner. Ahí radica el triunfo: en la inhabilitación perpetua. Y, consecuentemente, el aleccionamiento para quien –de una manera más o menos “transformadora”– intente sustentar políticas de corte popular (las llamo así para abreviar en extremo). Pensemos en los ejemplos de Lula Da Silva en Brasil, y de Evo Morales en Bolivia. En el primero de los casos, hay una enorme similitud con lo que acaba de suceder en Argentina. En el segundo de los casos, y a diferencia de algunas interpretaciones dado lo disparatadas de las denuncias de corrupción a Evo Morales, no quedó otra que ir por la tradición golpista (militares, metrallas, tanques y aviones).

Tercera hipótesis: el lawfare prospera en la medida que se está en el juego republicano democrático “liberal” (Argentina, Brasil), y el golpe a la vieja usanza prevalece cuando los gobiernos han pasado a nuevas instancias sociopolíticas creadas autóctonamente (Bolivia, Venezuela).

Probar esta hipótesis es la tarea de este tiempo político.

De la historia de las ciencias sabemos que toda falsación de una hipótesis (i.e. forzar su no cumplimiento, verificar los límites de su alcance, etc.) da origen a nuevos sistemas de conocimiento. Pensemos en el “forzamiento” de no cumplimiento del V postulado de Euclides, que, tal como lo afirmó pioneramente Janos Bolyai (1802-1860), si se sustituía este postulado por otro no equivalente podría construirse una nueva geometría con el mismo nivel de coherencia que el de la geometría euclídea, o como cuando Einstein sentó en su trabajo de 1905 dos nuevas hipótesis sobre las que la física newtoniana encontraba sus límites. Así podemos seguir. Por cuanto, las hipótesis no estratifican el universo, no lo congelan, sino que están presentes para interpretarlo, en su dimensión y alcance, y consecuentemente, transformarlo, mediante otras hipótesis que en tensión permitan construir nuevos contenidos.

Por ello, cada vez que alguien me dice que se egresa de la escuela secundaria sin saber sumar fracciones, mi respuesta (que es una pregunta) interpela si ante esa falencia del cómputo egresan sabiendo discernir entre una proposición verdadera y una proposición falsa, entre un razonamiento válido y un razonamiento falaz, si existe un conocimiento causal-dialéctico del devenir histórico, o si han puesto a prueba las ideas de la evolución biológica. El cómputo mecánico no es la medida de todas las cosas, y otros saberes bien pueden contribuir a entender y, por entenderse, rechazarse, algunas prácticas que afectan la vida sociopolítica y en comunidad.

Leandro Andrini* Profesor universitario y analista político

Foto de portada: Internet

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