El Tribunal Supremo de Kenia ha asestado un duro golpe a la Fundación Bill y Melinda Gates, al suspender una serie de inmunidades y privilegios jurídicos muy controvertidos que se le habían concedido recientemente en el país. El fallo, que se difundió a nivel local pero que los medios de comunicación tradicional e internacional ignoraron en gran medida, plantea importantes preguntas sobre el poder y los privilegios que ejercen Gates y otros filántropos capitalistas superricos que operan en los países en desarrollo.
“, despojando efectivamente a la organización Gates, a sus directores y a sus agentes de varios escudos legales que les ha otorgado el gobierno de Kenia. Esto se produce en medio de un creciente escrutinio de las operaciones de la Fundación, que según muchos observadores desdibujan la línea entre el altruismo y el tráfico de influencias.
Los privilegios, que incluían exenciones fiscales y protección frente a procedimientos judiciales, provocaron rápidamente la indignación de los expertos jurídicos y la sociedad civil keniana tras su concesión. Por ello, la Law Society of Kenya impugnó la medida ante los tribunales, afirmando que violaba la Ley de Privilegios e Inmunidades de Kenia.
La organización jurídica argumentó que tales escudos legales suelen estar reservados para entidades diplomáticas o humanitarias, no para fundaciones privadas. Al hacerlo, reflejó la preocupación pública de que la decisión de otorgar este tipo de inmunidades había socavado los principios de transparencia y rendición de cuentas y que no se debería permitir que ninguna entidad, independientemente de sus supuestos objetivos benéficos, operara por encima de la ley.
El primer ministro de Kenia, Musalia Mudavadi, que apoyó las inmunidades, ha intentado justificarlas citando las supuestas contribuciones de la Fundación Gates a la lucha contra la pobreza, las enfermedades y la desigualdad en el mundo. Sin embargo, los críticos sostienen que esto ignora la importante influencia que Gates tiene sobre los gobiernos, en particular en sectores como la atención sanitaria y la agricultura, donde financia e influye en programas clave.
La Fundación Gates también ha intentado defender el acuerdo, afirmando que se ajusta a las normas internacionales, pero esto no ha logrado calmar el creciente malestar en torno a Gates y sus actividades en Kenia.
Una concentración extrema de riqueza y poder
La decisión del tribunal keniano ha reavivado los debates sobre la interferencia de los filántropos capitalistas superricos en los asuntos de las naciones africanas. Estos individuos actúan con frecuencia como intermediarios del poder que no rinden cuentas a nadie, eludiendo los procesos democráticos mientras promueven sus intereses personales. La Fundación Gates ha sido ampliamente acusada de tener una influencia desproporcionada en las políticas públicas de los países en desarrollo y de priorizar su propia agenda por sobre las necesidades locales.
Está previsto que el caso vuelva a los tribunales en febrero de 2025 para nuevas deliberaciones. Mientras tanto, no sólo las operaciones de la Fundación Gates en Kenia serán objeto de un escrutinio casi inevitablemente aún mayor, sino que las implicaciones más amplias del fallo podrían resonar mucho más allá de las fronteras del país.
Dondequiera que opere, la extrema concentración de riqueza y poder en la Fundación Gates plantea claros desafíos a la soberanía nacional. Además, la aparente capacidad de la organización para obtener una inmunidad amplia, de tipo diplomático, plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, como mínimo, Gates parecería enfrentarse a algunas preguntas incómodas en los próximos meses. Con su credibilidad evaporándose rápidamente, sólo él tiene la culpa.
