Por Raúl Llarull*. Especial para PIA Global. –
Apenas han pasado 45 días desde la usurpación del poder por un gobierno de facto, que en su diario accionar se inclina crecientemente a la irracionalidad autoritaria, a la arbitrariedad y al despotismo.
Lejos de expresar fortaleza, manifiesta una profunda debilidad. El régimen está enfermo y decrépito mucho antes de llegar a su madurez.
Desde sus inicios, el llamado bukelismo resultó un fracaso para las clases populares al no ofrecer más que propaganda, sin soluciones a los grandes problemas de las mayorías; sus políticas de hambre para el pueblo fueron acompañadas del desmontaje acelerado del sistema de apoyo y seguridad social y, en paralelo, la instalación de un modelo represivo, asentado en el militarismo y el estado policial, bajo la excusa de combatir a la misma delincuencia con la cual mantiene pactos oscuros.
Bajo el régimen de excepción permanente, encarcelaron y maltrataron a pobladores de las comunidades más pobres y olvidadas del país, abusando de su poder, y permitiendo que sus esbirros actúen a placer contra gente humilde sin relación alguna con pandillas; impusieron el miedo en amplios sectores, maniataron a una oposición que sigue sin encontrar su rumbo, y neutralizaron casi cualquier expresión crítica en el país.
La arbitraria e inconstitucional reorganización jurídico-política (reducción de representación parlamentaria, concentración de municipios, drástica disminución de recursos a las municipalidades, grosera concentración del poder del Estado en manos del Ejecutivo), permitió desviar fondos de lo público a lo privado sin testigos, mediante la virtual eliminación del acceso ciudadano a la información pública.
A quienes no logran encarcelar, aplican apremios ilegales, seguimiento de inteligencia policial y presiones desde la Fiscalía General, esperando que las amenazas “obren su milagro”. Contra quienes no se doblegan lanzan ejércitos de troles, desde sus granjas de bots, o a través de mercenarios digitales, personajes oscuros, sin oficio, moral ni ética, y ninguna habilidad, más que la innata para insultar, difamar, amenazar y mentir a sus anchas.
El régimen está muriendo, podrido desde dentro, pero aún no lo sabe. Delincuentes, legisladores de oscuro pasado, especuladores y similares conforman la élite en el poder, incluyendo personajes a quienes se acusa en público de delitos, pero a los que no se procesa; simplemente se chantajea y amenaza con encarcelar, juzgar y condenar si no se avienen a sus designios.
Así acaba de ocurrir en la comedia presidencial emitida por cadena nacional. El usurpador, volvió a fingir preocupación, esta vez por el alza de precios de los alimentos básicos. Amenazó a los productores, distribuidores y comerciantes con persecución y cárcel, al estilo de las operaciones anti-pandillas, caballito de batalla que sale a relucir cada vez que quedan sin argumentos, excusas o culpables ante un problema.
En El Salvador hace años que la ley es decorativa. ¿Qué decir de la justicia y todo su aparato, al servicio exclusivo de CAPRES? Es basado en ese esquema que opera un Estado en manos de una lumpen-burguesía especuladora, parasitaria, insaciable, odiosa y clasista. Así funciona el país y sus instituciones.
La eficiencia de robar para su clase social
El régimen es incapaz de resolver un solo problema del pueblo, pero es eficiente para su clase. La riqueza se acumula, la oscuridad informativa asegura el despojo con impunidad, y los socios-cómplices renuevan su compromiso, juramentados en hacer lo que sea necesario por asegurar la permanencia en el poder el máximo tiempo posible. Saben que una vez desplazados de él, acabará su impunidad y terminarán sus días en alguna cárcel, que ya se han ganado con creces por sus crímenes contra el pueblo
El barril sin fondo del Estado sigue consumiendo recursos destinados al bienestar de ese grupo burgués. El achicamiento del Estado no responde a algún principio recogido de Milton Friedman sino al descarado traslado de fondos del ámbito público al privado.
La canasta básica aumentó $54 en el primer gobierno de Bukele; su decisión de favorecer a los importadores, el abandono al campo y la reducción de subsidios a la producción familiar, impactó directamente en el precio de los alimentos más consumidos por las mayorías populares. La eliminación de programas sociales como el vaso de leche en las escuelas, produjo la quiebra masiva del sector ganadero-lechero.
Las cifras comparativas son elocuentes. Según el Anuario de Estadísticas Agropecuarias, respecto a los granos incluidos en la canasta básica alimentaria (maíz, frijol, arroz), en los primeros cuatro años de la administración Bukele se produjeron 80.41 millones de quintales, 560,000 menos que en la de M. Funes y 5.73 millones menos que en la de Sánchez Cerén.
El abandono de la producción agrícola en todos los niveles (producción familiar, mediana y grande), afectó directamente la seguridad y soberanía alimentaria. Mientras El Salvador depende de las importaciones, la escasa producción local es absorbida a precios inferiores a los de producción por los amigos y socios del presidente, como el magnate de supermercados Carlos Calleja, principal beneficiario de la crisis alimentaria y el alza de precios.
El Estado no puede seguir pagando salarios a sus trabajadores. La semana pasada se conocían los despidos planificados en Cultura, con el cierre de 95 Casas de Cultura en todo el país, y en Educación con el recorte de $163.8 millones en remuneración para plazas fijas, afectando directamente a la infancia y adolescencia más pobre y desprotegida, que será víctima de la reducción de escuelas públicas, sumado al hecho de las precarias condiciones de miles de edificios escolares a lo ancho del país.
Esta semana apuntaron a los trabajadores de Salud. Con $11.3 millones, MINSAL es el cuarto en recortes presupuestarios de remuneraciones permanentes. Las reducciones se centran en el primer nivel de atención, que corresponde a las instalaciones más cercanas a la comunidad, eje de políticas de prevención.
El mayor recorte corresponde a la Atención de Salud a la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, con $1.6 millones. El Hospital Nacional Rosales, el más importante de El Salvador, también registró una baja de $2.48 millones en su presupuesto. Al mismo tiempo, ya circulan informaciones, de la decision de la Corte Suprema de Justicia de pasar a retiro obligatorio a todos los jueces y personal judicial de 60 años o más.
¿Por qué estos recortes? Un mensaje en redes sociales del economista José Luis Magaña, lo responde “Los despidos en el sector público también son parte del ajuste al que se comprometió el Gobierno para acceder a los $1000 millones de nueva deuda de hace unas semanas. El dinero no está alcanzando”, publicó en su cuenta de X.
El mes pasado se supo que el recorte total del año en el subsidio a la energía eléctrica fue de $15.21 millones. Esa cantidad representó casi el monto total aumentado a la Oficina Nacional de Bitcoin. Cabe recordar que, en cuanto al subsidio al gas, a pesar de los desmentidos oficiales, el gobierno recortó $35 millones.
Los altos precios y los escasos ingresos afectan el consumo, y con esto a los llamados empresarios de subsistencia. El Observatorio Mype indica que en el primer trimestre de 2024, un 39.6% de 1,060 empresas encuestadas reportaron aumentos en los precios de mercaderías y de materias primas.
Los niveles de empleo, desempleo y subempleo siguen empantanados. En un nuevo esfuerzo por engañar a la opinión pública maquillando datos, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2023, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), recurre a preguntas poco serias para un trabajo respaldado por una institución estatal.
“La pregunta que hace la EHPM para calcular si una persona está ocupada o está en desempleo es si ha realizado una hora de trabajo remunerada en la última semana. Si una persona dice que sí, se considera como empleado, (es decir) que es ocupada”, explicó el economista José L. Magaña.
“Cuando vemos las tasas de desempleo de El Salvador, creemos que estamos en un país desarrollado, con tasas del 5.5% a 2023, pero eso está enmascarando elevadas tasas de desempleo urbano y esto es de más del 40%, [lo cual] está frenando la productividad laboral y la calidad del empleo”, explicó otro economista, Óscar Cabrera, presidente de FUDECEN.
Los últimos datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), indican que hay menos de un millón de personas con trabajos formales, mientras que la EHPM señala a cerca de 2.9 millones de personas trabajando. Esto quiere decir que la mayor parte del trabajo se está realizando de manera informal; cerca del 70% de las personas trabajan en la informalidad, y esto se corresponde con casi todos los estimados respecto al peso de la economía informal en el país.
El último estudio realizado por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), divulgado esta semana, confirma que hay un importante porcentaje de salvadoreños que no tienen condiciones laborales estables. Entre sus datos se muestra que el 61.7% de los encuestados trabaja actualmente, pero de ellos, sólo el 25.1% tiene un empleo formal.
Mientras los alimentos y servicios básicos siguen aumentando, los salarios, pensiones y otros ingresos permanecen congelados. Como resultado, la pobreza aumentó del 23% de los hogares en 2019 al 27% en 2023; esto representa un aumento de 130 mil personas en condiciones de pobreza respecto a 2019.
He aquí la medicina amarga recetada al pueblo por el usurpador de CAPRES. Para continuar sosteniendo las tasas de concentración de riquezas en las escasas manos del clan en el poder y de sus socios, debe seguir sometiendo al hambre y la miseria a crecientes sectores populares. El deterioro de las condiciones materiales, sumadas a las climáticas, que subrayan vulnerabilidades, junto a la ausencia de planificación y de políticas públicas dejan en evidencia al régimen, que ve crecer cada día el peligro de la explosión social.
Por ahora gana tiempo a base de propaganda, manipulación, y medidas improvisadas, mientras explota a su favor la escasa organización efectiva de una débil oposición popular que, sin embargo, empieza a dar señas de mayor actividad.
Por eso el creciente recurso oficial a la represión, persecución y campañas de desprestigio contra sindicalistas, militantes populares y activistas. En apenas 45 días el sistema se estremece con una serie de crisis simultáneas que no puede resolver. El tiempo sigue corriendo en contra de la dictadura y no pueden impedirlo. Lo saben.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: EDH / AFP
