Ese viejo Estado oligárquico ya no resultaba de utilidad para una burguesía emergente de origen industrial y comercial, transmutada a la especulación financiera en el siglo XXI, que aspiraba a convertirse en hegemónica a partir de su proyecto económico especulativo, neoliberal, de explotación turística internacional, orientado a un mercado exclusivo y de alto nivel de consumo.
Ese proyecto, que busca la estabilización capitalista en un país dependiente y subdesarrollado, está en evolución e implementación desde 2019 y requiere nuevas estructuras jurídicas. Por eso el régimen procede a un inapelable desmontaje institucional. La concentración y centralización del poder y de la toma de decisiones, es punto cardinal de sus objetivos, porque de lo que se trata es de poner el Estado al servicio de los intereses de esta nueva burguesía, asociada a familias oligárquicas, cooptadas por el nuevo proyecto elitista.
Sucede con la remodelación del Centro Histórico capitalino, cada vez más excluyente y exclusivo en función del poder de compra del turismo extranjero; y sucede con las logísticas implementadas en los proyectos Surf City (I y II), pero también con el hecho de haber ignorado a conciencia el texto constitucional para mantenerse en el poder de manera ilegal. Un régimen que ha dejado de ser democrático, pero que sirve muy bien a sus gestores.
Entre las diversas acciones para reconfigurar un Estado a la medida de sus necesidades, encontramos una serie de medidas que concentran municipios, centralizan operaciones edilicias, recortan funciones y atribuciones a las alcaldías, mientras se reajustan presupuestos, en base a la lógica predominante de concentrar el poder y el dinero en pocas manos, las mismas que concentran el poder del Estado.
Esa autocracia insaciable recorta ahora nuevas funciones a los municipios, y plantea a la Asamblea Legislativa que los mercados ya no se sometan a la administración municipal, sino que sean dependientes del gobierno central.
El municipalismo en El Salvador cobró toda su fuerza a partir de los Acuerdos de Paz; con ellos surgen iniciativas como los presupuestos participativos, los concejos municipales plurales (aprobados en 2013 e implementados a partir de 2015) y otras formas de experiencias comunitarias a nivel local, fortaleciendo la descentralización, con la creación del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) que, como tantas otras instituciones, cerró operaciones bajo la actual administración, en enero de 2022.
Hoy hablan de descentralización, pero sus acciones apuntan a un control vertical. Hace apenas unos meses, el Ejecutivo comenzó a avanzar sobre una de las grandes atribuciones (y recursos) de las cuales gozaban las alcaldías, la recogida de desechos sólidos. Bajo el nombre de ANDRES (Autoridad Nacional de Residuos Sólidos) constituye en los hechos, una operación de privatización en curso.
Desde la bancada oficialista, que vota sin pensar y repite sin saber, se podría alegar que la nueva autoridad busca hacer más eficiente el sistema, pero, lejos de ello, la experiencia piloto realizada en el Este de San Salvador está demostrando ineficacia.
Previamente, el gobierno había creado la Direccción de Obras Municipales (DOM), bajo el mismo supuesto de eficiencia en el gasto, privando a las alcaldías de la realización de obras en sus comunidades. Hoy la obra pública municipal no ha mejorado, las calles y accesos en mal estado son causa constante de accidentes y quejas de la población, las denuncias de mal uso de fondos se acumulan en reportes periodísticos, mientras las obras dependen en gran parte de si un municipio es gobernado por el oficialismo.
Sin recursos financieros en función de la drástica reducción del Fondo para el Desarrollo Económico Social de los Municipios de El Salvador (FODES), sin funciones esenciales, como la recogida de desechos sólidos, y con la inminente pérdida de la autonomía en la administración de los mercados, el municipio como autoridad parece condenado a extinguirse. Y esto no es casualidad.
Resultan evidentes las crecientes limitaciones al poder municipal generadas desde el Ejecutivo como forma de construcción de instituciones que se adapten al proyecto no solo elitista, sino autoritario. Todo apunta a la eventual pérdida de autonomía y a que las alcaldías se conviertan, como ya de hecho lo están siendo, en extensiones administrativas del Ejecutivo, sin capacidad real de representar demandas locales.
La institución gubernamental con más cercanía natural con la ciudadanía, está siendo intencionalmente relegada por un modelo hiper-presidencialista que busca vaciar de contenido el municipalismo.
Entre las nuevas regulaciones que tendrían los mercados al pasar a manos del poder central, figura la prohibición de ventas ambulantes en las calles circundantes a estos edificios, mientras se busca ampliar la carga tributaria por la parte más débil, los que apenas tienen para alquilar un local, pero ni siquiera les alcanza para contratar una persona de ayudante.
De tal manera que quienes vendan en los mercados entrarían en la base de datos de Hacienda, convirtiéndose en “contribuyentes”.
Tal como su alter-ego estadounidense, desde el máximo nivel del gobierno de El Salvador se apuesta a ampliar la base tributaria, imponiendo tributos o monotributos a estos sectores, mientras se reducen o contienen los impuestos a las grandes fortunas, y se aprueban exenciones para grandes inversionistas, que terminan siendo aprovechadas por el mismo grupo en el poder, como sucedió en el Centro Histórico de San Salvador, información ampliamente difundida por medios de investigación periodística.
Estos nuevos pasos, vistos ya desde la perspectiva del nuevo proyecto oligárquico-burgués, adquieren de pronto coherencia. Es un proceso de concentración y atracción de riquezas, destinado a construir una “pequeña burbuja de lujos” para sí mismos y para los extranjeros que puedan pagarla, y que puedan invertir en bienes raíces y otras actividades especulativas, incluyendo las relacionadas con los cripto-activos.
Un territorio, dos países
Ese país que construyen tiene dos caras, la de “los ricos y famosos” y la del pueblo pobre y excluido, apartado y segregado. Con un Estado a la medida de los primeros.
Ya existen zonas de extrema exclusividad en diversas partes de la capital y de otras ciudades importantes, así como un notorio esfuerzo de asociar las playas de los circuitos Surf City y otros centros de recreación, a un cierto turismo exclusivo y especializado, como si El Salvador fuera Santa Mónica, o Los Cabos.
En ese país de dos cabezas, una vive en la opulencia del turismo amante del surf, la buena vida, los criptoactivos y la especulación inmobiliaria, mientras la otra ve cerrar 67 escuelas en todo el país, no cuenta con medicinas en los hospitales, ve el Instituto del Seguro Social sin especialistas porque los despiden, ve cerrar unidades de salud bajo el eufemismo de la “reorganización”. Hoy ve desaparecer los centros ambulatorios de Fondo Social para la Salud (FOSALUD), que atendía a los más necesitados en las zonas más inaccesibles.
Al mismo tiempo el gobierno cierra la unidad médica de Nejapa, y dos clínicas comunales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en Usulután Este y en San Salvador Centro, afectando la atención a unos 101,000 pacientes, de acuerdo a las estimaciones del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS).
No es la única denuncia, el Foro Nacional de Salud (FNS) informa del cierre de al menos 29 Equipos Comunitarios de Salud, en los últimos meses, principalmente en zonas rurales, lo que obligará a la población a buscar atención médica primaria en hospitales ya saturados.
Ese país que vive de las remesas, tiene a su gente en EEUU bajo la misma amenaza de deportación que el resto de migrantes de todo el continente, pero tiene un gobierno que ni siquiera se expresa en relación a su diáspora. En cambio, convierte el territorio nacional en zona libre para violar derechos humanos de migrantes, como los venezolanos secuestrados en el CECOT.
En ese país de apariencias, que sobrevive a fuerza de créditos y remesas, el gobierno se sigue endeudando sin que el Legislativo, absolutamente servil al Ejecutivo, tan siquiera discuta las condiciones o propósitos del préstamo.
Nuevamente esta semana aumenta el endeudamiento. Como sucedió la semana anterior, con otro crédito por $500 millones, el viceministro de Hacienda solicitó que la Asamblea apruebe la suscripción de un contrato de préstamo entre El Salvador y el Banco Mundial por otros $120 millones para el «Proyecto de Mejora de la Atención de Salud en El Salvador».
Nada de esto tiene importancia para un gobierno que prefiere vivir en la burbuja de un país paradisíaco y que anuncia en cadena nacional una carretera que une municipios de la costa oriental, listos para recibir a ricos surfistas extranjeros.
Mientras desmontan la estructura de un Estado inútil para sus intereses y construyen otro a su medida, el pueblo sigue siendo expulsado hacia la periferia, siempre con la promesa vaga de nuevas oportunidades.
Un país, dos territorios, un nuevo Estado en construcción, que pretende seguir despojando al pueblo y a la nación, puesta al servicio de unos cuantos, con un ejército que los protege, y cárceles, muchas cárceles para quienes se resistan.
El proyecto de nación del pueblo salvadoreño aún parece en gestación, mientras la nueva burguesía avanza cuanto puede en la construcción de su propio proyecto elitista, en reemplazo del caduco Estado oligárquico.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
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