En junio, la sala de primera instancia del IRMCT, por decisión mayoritaria, dictaminó que Kabuga no estaba en condiciones de ser juzgado debido al deterioro de su estado de salud.
Los jueces adoptaron así el «juicio de hechos», un procedimiento que permite la presentación de pruebas y conclusiones pero excluye la posibilidad de condena.
Los activistas expresaron su consternación y frustración por el fallo del 2 de junio del tribunal de La Haya, Países Bajos. Un juez marroquí emitió una opinión disidente en la decisión del tribunal. El juez Mustapha El Baaj, un experto en justicia penal, dijo que Kabuga y su defensa no proporcionaron pruebas satisfactorias para respaldar las reclamaciones por incapacidad.
La decisión se basó principalmente en los exámenes médicos realizados por tres expertos independientes que le dijeron al tribunal que Kabuga está afectado por enfermedades físicas importantes y tiene daños vasculares en el cerebro.
Si bien estuvieron de acuerdo en muchos factores, hubo desacuerdo entre dos de ellos, los profesores Henry Kennedy y Gillian Mezey, con respecto al alcance de su deterioro cognitivo y la capacidad para comprender los detalles de los procedimientos y las pruebas.
Kennedy creía que el deterioro cognitivo de Kabuga era limitado y que no mostraba signos de demencia. Sostuvo que Kabuga podría participar significativamente en el ensayo con la asistencia adecuada.
Por otro lado, Mezey concluyó que Kabuga sufría de demencia moderada a severa, que es de naturaleza progresiva. Ella lo consideró no apto para el juicio y anticipó un mayor deterioro cognitivo.
Después de considerar sus conclusiones, el tribunal de la ONU resolvió que Kabuga no era apto para ser juzgado, pero decidió que la mejor manera de defender sus derechos y cumplir los objetivos del mecanismo era adoptar el «juicio de los hechos».
Ambas partes, defensa y acusación, apelaron contra la decisión. La defensa vio un final completo para el proceso, mientras que los fiscales deseaban la continuación del juicio penal.
Al emitir el veredicto, la Sala de Apelaciones del IRMCT compuesta por los jueces Carmel Agius, Burton Hall, Liu Daqun, Aminatta Lois Runeni N’gum y José Ricardo de Prada Solaesa, desestimó la apelación de los fiscales.
«En su decisión de hoy, la Sala de Apelaciones desestimó por unanimidad la apelación de la Fiscalía y concluyó que la Fiscalía no demostró que la Sala de Primera Instancia aplicó un estándar legal incorrecto o se equivocó al evaluar las pruebas al determinar que el Sr. Kabuga no es apto para ser juzgado. se lee en un comunicado de la IRMCT, el lunes 7 de agosto.
Los jueces también fallaron a favor de la apelación de la defensa, porque «ni el estatuto ni la jurisprudencia del mecanismo y sus tribunales predecesores permiten un procedimiento de determinación alternativo en lugar de un juicio».
«La Sala de Apelaciones observó, a este respecto, que los elementos de este procedimiento, tal como los definió la Sala de Primera Instancia, parecen eludir las garantías legales otorgadas a todos los acusados ante el Mecanismo. En consecuencia, la Sala de Apelaciones concluyó que, al adoptar este procedimiento, la Sala de Primera Instancia ejerció discrecionalidad que no le confería el marco estatutario del Mecanismo, lo que constituye un error de derecho, invalidando la decisión de la Sala de Primera Instancia”, se lee en parte del fallo.
El empresario de 90 años antes y durante el genocidio está acusado de siete cargos, que incluyen genocidio, complicidad en genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio, intento de cometer genocidio y conspiración para cometer genocidio. Otros cargos son persecución y exterminio, ambos como crímenes de lesa humanidad.
Notoriamente etiquetado como «el financiador del genocidio», Kabuga supuestamente brindó un apoyo masivo al genocidio en términos de finanzas, logística y apoyo moral.
En sesiones judiciales anteriores, los fiscales lo acusaron de proporcionar uniformes, armas y vehículos a la milicia Interahamwe, además de utilizar Radio RTLM, un medio de comunicación de su propiedad, para propagar propaganda antitutsi y alimentar el odio y los asesinatos contra ellos.
Aplazamiento de demanda contra Ibuka por propiedad de Kabuga
Una demanda presentada por Ibuka, la organización coordinadora de sobrevivientes del genocidio de 1994 contra los tutsi, que buscaba congelar las propiedades de Felicien Kabuga en Ruanda, se pospuso debido a que aún no se proporcionaron los documentos cruciales para el juicio.
La demanda fue presentada el 8 de junio en el tribunal intermedio de Gasabo e involucra varias propiedades, incluidos terrenos y edificios, propiedad de Kabuga.
Aunque el valor exacto de sus propiedades en Ruanda sigue sin estar claro, se cree que valen miles de millones de francos ruandeses. Ibuka ha exigido previamente una compensación por valor de 50 millones de dólares a Kabuga.
El caso actual que conoce el tribunal intermedio de Gasabo tiene como objetivo congelar la propiedad, impidiendo su venta o transferencia mientras se desarrolla el proceso de justicia para Kabuga.
La demanda por sus propiedades en Ruanda estaba programada para el lunes 7 de agosto, pero el juez decidió suspenderla, solicitando al abogado de Ibuka, Janvier Bayingana, que presente documentos específicos de la Autoridad Nacional de Tierras. Estos documentos son vitales para demostrar la relación entre Kabuga y las propiedades que Ibuka quiere congelar.
Además, el tribunal ordenó a Bayingana que presentara pruebas indiscutibles de que Kabuga fue informado sobre la demanda y debidamente citado a participar en ella.
Bayingana informó a los jueces que Ibuka había escrito a la embajada de Ruanda en los Países Bajos, la cual, a su vez, solicitó al IRMCT que informara a Kabuga sobre la demanda. Si bien el abogado presentó un documento del centro de detención del IRMCT, indicando que Kabuga estaba al tanto de la demanda, el juez lo consideró insuficiente y exigió la información descrita en la carta enviada a Kabuga en el centro de detención.
La demanda procederá una vez que estos documentos cruciales estén disponibles y presentados ante el tribunal. Al cierre de esta edición, no se había determinado una fecha para la reanudación del caso.
Mientras tanto, en junio, el IRMCT dictaminó que Kabuga no es apto para ser juzgado debido a su estado de salud. El tribunal de la ONU optó por un procedimiento alternativo conocido como el «juicio de los hechos», que permite la presentación de pruebas y conclusiones, pero excluye la posibilidad de condena.
Tanto los abogados defensores como los fiscales han apelado contra esta decisión. La defensa busca el fin total del proceso, mientras que los fiscales desean que se continúe con el juicio penal completo.
Artículo editado por el equipo de PIA Global
Foto de portada: Félicien Kabuga (en la foto) sufre demencia senil y su juicio, suspendido a la espera de la decisión de los jueces del Mecanismo de la ONU, sucesor del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, podría terminar en cualquier momento. © UN IRMCT
