La historia de la América mestiza es la historia de la fragmentación. Por las características de este artículo debo prescindir de la exhaustividad propia de un trabajo académico. Pero ello no me impide formular una breve explicación de la frase inicial, a través de la enumeración de algunos hitos históricos.
Nunca está de más apuntar algunos rasgos heredados de la conquista de América. Tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro se encontraron con una población nativa que era portadora de conocimientos técnicos y científicos en muchos casos superiores a los del ocupante europeo, pero la tecnología militar, el uso del caballo y la pólvora influyeron en favor de éste a la hora de los combates. Sin embargo, las traiciones devenidas de las divisiones internas de las culturas preexistentes también desempeñaron un papel determinante a favor del invasor.
La consigna “dividir para reinar” no es un fenómeno del presente, sino que rige desde los propios inicios de nuestra colonización.
A principios del siglo XIX, a partir de los tres grandes virreinatos originales, Nueva España, Nueva Granada y Alto Perú, se declara “independiente” más de una decena de países, los cuales, bajo una ilusoria idea de soberanía, se convierten en entidades semi-coloniales. Gobiernos formalmente autónomos, pero profundamente dependientes desde el punto de vista cultural y financiero, que truncan la aspiración de unidad continental de Bolívar y San Martín.
En esa primera mitad del siglo XIX también se desmiembran las Provincias Unidas de Centro América, truncando la posibilidad de administrar en conjunto un área tan estratégica para el comercio internacional.
Paraguay, heredero del ideario de integración social de la tradición jesuítica, y anfitrión del modelo industrial más avanzado del Cono Sur de América, es atacado en 1864 por las oligarquías terratenientes de Argentina, Brasil y Uruguay con financiamiento británico. Una guerra que no sólo diezmó su población y su desarrollo, sino que situó definitivamente a la América del Sur en el rol de proveedor de materias primas de origen agrícola e importadora de manufacturas en la nueva división internacional del trabajo. Mientras tanto, los Estados Unidos toman la decisión exactamente inversa una vez finalizada su propia guerra interna en 1865.
En el siglo XX, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, surgen organismos multilaterales de naturaleza política, económica y militar con el objetivo de resguardar la paz en los territorios centrales. La OEA, Organización de Estados Americanos, es uno de ellos.
Instrumento de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”) de 1823, la OEA se creó con el objetivo de alinear al vecindario de Estados Unidos como un signo de fortaleza en medio de su disputa geopolítica con el bloque soviético. Pero hoy, a 76 años de su creación, se ha convertido en una organización absolutamente anacrónica debido a los profundos cambios operados en el sistema político internacional.
La OEA cuenta con 32 miembros activos, pero dos de ellos –Estados Unidos y Canadá– acumulan más de 80% del PBI de la región, forman parte de la OTAN y del G-7, el grupo de países más desarrollados del capitalismo globalizado que ha perdido influencia relativa, y de hecho ya no son las siete economías más grandes del mundo. Por lo tanto, además de su anacronismo por responder a un sistema internacional que ya no está vigente, la OEA ha demostrado cabalmente la imposibilidad de una lectura compartida de la agenda global entre los intereses concretos de los dos Estados americanos que pertenecen al llamado Norte global, por una parte, y los países de América Latina y el Caribe, es decir, el Sur.
Cuando, durante el primer lustro de este siglo, gran parte de Sudamérica estaba gobernada por líderes progresistas, se ensayaron dos formas novedosas de integración, UNASUR y CELAC, para ensamblar a los Estados de América del Sur, y de América Latina y el Caribe respectivamente, con prescindencia del signo ideológico que tuvieran sus gobiernos.
En el caso de UNASUR, la presencia de fuertes liderazgos populares como los de Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica y Fernando Lugo actuó como un polo de atracción para que se sumaran Álvaro Uribe y Sebastián Piñera, respectivos presidentes (de derecha) de Colombia y Chile. La intensidad de la hegemonía progresista pudo más que las diferencias ideológicas. A partir de 2011, un clima auspicioso similar se congregó alrededor de CELAC.
Sin embargo, a partir del cuarto lustro del siglo varias de aquellas experiencias dejaron paso, por diversas causas, a una restauración conservadora cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, el retorno del MAS en Bolivia, la asunción de Gustavo Petro en Colombia, el triunfo del Frente de Todos en Argentina y el regreso de Lula a la presidencia de Brasil, intentaron reconstruir UNASUR y CELAC, pero con un potencial significativamente más débil. A tal punto que en sus últimas reuniones no hubo posibilidad de arribar a grandes consensos, y mucho menos de emitir una declaración final que fijara posiciones sobre los desafíos más significativos para la región.
Las posiciones progresistas más relevantes, como por ejemplo respecto de las migraciones, de una moneda alternativa para el comercio internacional o de la situación de Gaza, se relacionan con el coraje de presidentes como AMLO, Lula y Petro. O con pronunciamientos bilaterales como el cuestionamiento a la DEA, surgido en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Droga, celebrada en Cali en septiembre de 2023. Pero no provienen de los organismos multilaterales en su conjunto.
En la actualidad, están en vigencia mecanismos formales de integración, ya sea política o económica, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), la propia OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAE), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), el Tratado de Tlatelolco, el Parlamento Latinoamericano, la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), el Parlamento Centroamericano, el MERCOSUR, el PARLASUR, el ALBA, la UNASUR, la CELAC, la Alianza del Pacífico, entre muchos otros. Pero ello no ha gravitado en un mayor desarrollo humano ni en un mejor desempeño económico en la mayoría de los países, sino, por el contrario, se han incrementado la pobreza, el endeudamiento y las migraciones forzadas.
En cambio, los grandes grupos financieros, laboratorios o servidores globales de la tecnología digital y el comercio electrónico, sí tienen para la región políticas unificadas y duraderas: presión de índole desregulatoria a los gobiernos para obtener mayores exenciones impositivas, garantías para sus derechos de propiedad intelectual y mayor liberalidad para la transferencia de utilidades; control sobre los recursos naturales, dominio tecnológico y dependencia de sus casas centrales. Todas ellas son iniciativas que restringen la soberanía estatal en la toma de decisiones, y están orientadas a desalentar la cohesión entre los Estados para impedirles establecer normas de alcance regional como contrapeso de aquel poder monopólico privado.
Lejos del sueño de nuestros libertadores, la integración regional se expresa mejor en la convergencia de políticas de dominación que en las políticas emancipadoras. El Plan Cóndor, articulado por las dictaduras latinoamericanas de los años 70, fue un claro antecedente de las formas perversas que puede adoptar la integración contra los intereses de las grandes mayorías.
Por lo tanto, no se trata de multiplicar organismos formales que sólo sirven para auto-sostener a sus respectivas estructuras burocráticas, sino de liderazgos firmes que expresen una igualmente firme voluntad de integración, y la lleven a la práctica, afectando los intereses concretos de la dependencia.
Obviamente, esto no puede lograrse sin una base de consenso social, pero esa base popular está profundamente condicionada por las grandes cadenas hegemónicas de medios de comunicación. Estos ya no actúan como empresas periodísticas, sino que son una pieza central de la propia matriz del poder corporativo. Su cometido es erosionar la legitimidad de la autoridad pública y de las políticas emancipadoras en el sentido común de nuestras poblaciones, y trasladar esa legitimidad hacia los grupos monopólicos privados.
El rol asignado a la Argentina: Milei, el saboteador
El presidente argentino desde diciembre de 2023, Javier Milei, opera como un factor de disgregación regional. En declaraciones a CNN acaba de reiterar sus agravios personales a los presidentes de Colombia y México y de cuestionar el proceso electoral de Venezuela, como una continuación de su afán de fracturar la integración regional, que comenzó con su distanciamiento del actual gobierno de Brasil.
En un momento de disputa geopolítica, y mientras Europa renuncia a tener protagonismo a expensas de su obediencia a la escalada armamentista que impone Estados Unidos, la cercanía de Argentina y Brasil sería fundamental para que América Latina emerja como un bloque con amplios márgenes de autonomía. En cambio, la profunda grieta abierta por Milei va en el sentido inverso. Su alineamiento incondicional con EE.UU. e Israel lo sitúa como el saboteador de la unidad latinoamericana, agigantando su distancia de gobiernos progresistas como los de Brasil, Colombia, Venezuela y México, que intentan desplegar políticas autónomas, no alineadas con el bloque del capitalismo globalizado en decadencia y próximas a nuevas instancias de organización como los BRICS.
Los BRICS, productores principales de combustibles, materias primas, nuevas tecnologías y derechos de propiedad intelectual, ya representaban desde su origen un espacio en ascenso. Pero eso se incrementó a partir del 1° de enero de 2024, con su nueva composición. Asia está representada en su versión más oriental con la República Popular China, en el área Indo-Pacífico con la India, y en oriente próximo con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. La presencia del continente africano se refuerza con la incorporación de Egipto y Etiopía, además de Sudáfrica. Y hubiera fortalecido mucho al bloque latinoamericano la presencia conjunta de Brasil y Argentina. Esto sí que habría constituido una fuerza motriz trascendental para el desarrollo de nuestra región.
En lugar de asumir este desafío, la política exterior argentina se subordina inconducentemente a dos gobiernos en franco retroceso ético y geopolítico, el estadounidense y el israelí.
En línea con esto, debemos observar el slogan “la integración latinoamericana es necesaria más allá del signo ideológico de cada gobierno”. Dicho slogan es loable en sus intenciones, y supo dar algunos resultados en la primera década de este siglo. Pero resulta inviable, o al menos ineficaz, en el actual contexto. Hay dos ejemplos para fundamentarlo.
El pasado 19 de marzo, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan las posiciones de la presidenta de la CELAC, la hondureña Xiomara Castro, sobre las elecciones en Rusia y la situación en Gaza y en Haití.
A su vez, Argentina ha quitado su apoyo al relanzamiento de UNASUR que habían esbozado los mandatarios brasileño Lula y argentino Alberto Fernández. Es decir, por sobre los desafíos comunes a todo el continente, como la preservación de nuestros recursos naturales, la apropiación social de la renta de nuestras principales riquezas, la defensa de posiciones comunes frente al cambio climático, la lucha contra el crimen organizado, el incremento de las corrientes migratorias, la relación con los pueblos originarios, por sobre todo esto, se antepone el signo ideológico de cada gobierno. Los gobiernos de derecha tienen una lectura de la agenda global mucho más parecida a la mirada del Norte global que a la mirada que tienen los líderes y lideresas populares.
Por todo esto, una integración profunda, que vaya al hueso de nuestros problemas, no será posible hasta contar con una clara hegemonía de los gobiernos populares. Y que estos sean capaces de actuar con el coraje necesario para llevar adelante políticas de fondo que cambien la matriz de dependencia cultural, tecnológica, militar y financiera del continente.
En una reciente entrevista, el pensador Jorge Alemán señala que estamos en un momento histórico dominado por el neoliberalismo, que lleva a que la sociedad adopte una subjetividad de derecha. Y, a consecuencia de ello, algunos políticos creen que no deben poner en tensión dicha subjetividad y por lo tanto, al no haber ni siquiera un bosquejo de una sociedad de izquierda o progresista, se amoldan al discurso de derecha.
Los pueblos latinoamericanos se han hartado del ajuste neoliberal y supieron depositar su voto en alternativas progresistas. Pero si a la hora de gobernar, esas alternativas progresistas, imbuidas de aquella “subjetividad de derecha” a la que se refiere Jorge Alemán, desisten de afectar los intereses que sostienen al modelo neoliberal y abdican de promover un cambio profundo, los pueblos terminan por desencantarse también del progresismo.
El coraje para llevar a cabo una propuesta de profundo cambio político, económico y social en Nuestra América es el desafío para los liderazgos que se dispongan a conducir la integración. Hoy está más vigente que nunca la aseveración de Simón Rodríguez a comienzos del siglo XIX: o inventamos o erramos.
(*) Este artículo fue escrito antes de que México rompiera relaciones con Ecuador, tras el escándalo cometido por el gobierno de Daniel Noboa al invadir insólita e ilegalmente la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien estaba tramitando ahí un salvoconducto para exiliarse en México como perseguido político.
Carlos Alberto Raimundi* Abogado, docente universitario y político argentino.
Este artículo ha sido publicado en el portal tektonikos.website/
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