Hoy Kenia se encuentra entre la misión de intervención en Haití y los graves problemas de institucionalidad internos que se desataron luego de la “Ley Financiera” votada por el Senado, que fuera vetada luego por el presidente Ruto. Son casi dos meses en los que Nairobi se ha convertido en un campo de batalla entre las manifestaciones juveniles y la policía. Esa misma policía que viajó al país caribeño a garantizar la paz, es la que viola sistemáticamente los derechos civiles reprimiendo salvajemente a los kenianos en las calles de Nairobi.
En este sentido cabe aclarar que esta misión en Haití, aunque fue aprobada por la ONU, no está dirigida por ella, lo que la convierte en una apuesta aún más arriesgada para Estados Unidos y Canadá, quienes ejecutan su plan de intervención, (uno más) utilizando fuerzas internacionales a cambio de promesas que nunca se cumplirán. Aquí surge la pregunta ¿Será Kenia una ficha más en este tablero intervencionista? La respuesta (positiva) pareciera estar al alcance de cualquier analista, pero quizás no se cómoda para el establishment.
El mismo día que el primer contingente integrado por unos 400 policías kenianos aterrizaban en Haití para una misión humanitaria respaldada por Estados Unidos, muchos de los que quedaron en suelo africano lanzaban gases lacrimógenos y disparaban indiscriminadamente contra manifestantes pacíficos en una brutal represión de las manifestaciones contra la suba de impuestos contenida en la Ley Financiera que el Senado votaba por mayoría.
Las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Nairobi estaban en consonancia con la reputación de la policía keniana, acusada durante décadas de cometer ejecuciones extrajudiciales, abusos, corrupción y acoso. Los sucesos renovaron el escrutinio sobre la decisión de Estados Unidos de financiar su misión de lucha contra las bandas en Haití y sobre la arriesgada apuesta que hace Occidente cuando financia a fuerzas extranjeras para que vayan allí donde no enviará a sus propias tropas.
“Los riesgos son muy claros para los países occidentales cuando intentan subcontratar el mantenimiento de la paz o la aplicación de la ley en teatros donde no se sienten bienvenidos o donde las consecuencias políticas del despliegue son demasiado elevadas”, afirmó Hassan Khannenje, director del Instituto Internacional HORN de Estudios Estratégicos, un grupo de reflexión de Nairobi ante los hechos que comenzaban hacia fines de junio y que hoy continúan manteniendo en vilo las calles de Kenia.
El despliegue en Haití es la forma que tiene el presidente keniano, William Ruto, de hacer buena la apuesta de la administración Biden por él como su socio más destacado en África. En total, Kenia acordó proporcionar 1.000 policías. Ruto calificó de «misión para afirmar los valores universales de la comunidad de naciones, una misión para tomar partido por la humanidad».
Un dato para tener en cuenta que se desprende de informes de Amnistía Internacional es que esta policía que viaja a “garantizar la paz” a Haití y que además se ocupa de los problemas internos es la misma que mató a 130 personas en Kenia el año pasado y a 118 el anterior y al menos 32 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el mismo periodo.
«Kenia está experimentando una gran agitación y las fuerzas policiales están desbordadas», afirmó Annet Nerima, responsable del programa de justicia política de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia. «Sin embargo, los estamos enviando a Haití», ciertamente una contradicción, otra más del gobierno de Ruto quien hoy se enfrenta incluso al pedido de dimisión, reforzado incluso por la unión política de sus adversarios, apoyados claro en la sangre derramada en las calles del país.
Kenianos por un verdadero cambio
Algunos analistas señalan que lo que se está dando en Kenia puede ser tomado como un tercer movimiento de liberación de Kenia ya que no solo se trata sólo del proyecto de ley de finanzas. Los kenianos quieren un cambio radical. Si el objetivo de la protesta fue crear una “contracrisis”, entonces el movimiento popular en Kenia tuvo éxito. Ya que desde la toma de las calles y las manifestaciones, en su mayoría de jóvenes, ha transformado aquellas primeras protestas por la Ley Financiera en una lucha popular por el poder, sin precedentes en escala y fuerza, que puso al partido gobernante del presidente William Ruto en una posición de desventaja ante la población y la oposición política.
Los eventos del 25 de junio marcaron un punto de inflexión, transformando las protestas contra los impuestos en reclamos más amplios contra un gobierno que ha perdido su legitimidad y un presidente incapaz de gobernar. La violencia desatada contra manifestantes ha puesto a la clase política en una lucha por su supervivencia contra un movimiento sin líderes, (que sin embargo encontró el liderazgo en los jóvenes) y descentralizado al que no puede engatusar para que dialogue. Con las redes sociales como su principal herramienta de movilización, el hashtag #RutoMustGo ha sido tendencia desde el 25 de junio.
El presidente Ruto parece estar pasando de una actitud imperiosa a una actitud concesional, mientras existe un constante reclamo por su dimisión, el presidente tuvo que declinar ante muchas de las demandas de recortar el gasto público, haciendo una serie de pronunciamientos que eliminaron cargos inconstitucionales de las primeras esposas, redujeron el número de asesores gubernamentales y se redujeron los viajes no esenciales de los funcionarios públicos, todo lo cual había costado a los contribuyentes millones de dólares en el ejercicio anterior. También firmó una ley que allana el camino para la reconstitución de la junta de la comisión electoral del país, una demanda clave del movimiento, que está ansioso por iniciar el proceso de destitución de los miembros del parlamento que apenas llevan dos años en sus mandatos, obligándolos a convocar nuevas elecciones. Entre los objetivos están los diputados que votaron “sí” al proyecto de ley de finanzas y otros acusados de asesinato (y claramente no aptos para el cargo). Cediendo a las demandas de transparencia sobre la deuda del país, el presidente Ruto también prometió una auditoría de la deuda nacional, aunque sus métodos para llevarla a cabo están bajo fuego.
Sin embargo, ninguna de estas acciones disminuyó el tono de las protestas en el país, ni siquiera cuando al cumplirse la cuarta semana consecutiva de manifestaciones, el presidente anunció la disolución de su gabinete, incluido el fiscal general. La última disolución de gabinete de este tipo tuvo lugar hace casi dos décadas en 2005, cuando algunos de los que hoy se manifiestan aún no habían nacido. En una señal de cuán rápidamente se está desarrollando una “contracrisis”, un día después de esto, el jefe de la policía nacional anunció abruptamente su renuncia al mismo tiempo que se estaban descubriendo cuerpos severamente mutilados en una cantera en Nairobi; dejando a los kenianos atrincherados en sus demandas de una transformación total de la gobernanza en el país. Las organizaciones de derechos humanos han registrado al menos 674 arrestos y detenciones arbitrarias. Otras 361 personas resultaron heridas, algunas paralizadas, y otras 36 secuestradas o desaparecidas por la fuerza.
En tras años de mala gestión por parte de una pequeña élite política que incluye al presidente Ruto, Kenia se ha convertido en un lugar miserable para quienes no tienen poder, riqueza o las conexiones necesarias para conseguirlo. Los sucesivos gobiernos, que se han endeudado mucho en nombre del pueblo keniano en acuerdos de deuda (que incluso pueden ser pagados con el envío de tropas a Haití), también han dejado al país sumido en una crisis de deuda. Con una carga de deuda estimada en 80.000 millones de dólares (más de la mitad del PIB del país), los kenianos tienen poco que mostrar a cambio. No hay empleos para los jóvenes y los viejos, la atención sanitaria es inadecuada para los enfermos, el sector educativo infantil se está desmoronando, no hay viviendas asequibles para las familias ni protección social para los necesitados. Mientras tanto, el costo de la vida sigue aumentando.
Los casos de corrupción masiva brindan algunas respuestas y material constante para el análisis pormenorizado de lo que ocurre en Kenia. Un informe del auditor general publicado esta semana muestra que el gobierno «no puede mostrar proyectos financiados con 1,13 billones de chelines (8.500 millones de dólares) de préstamos costosos» tomados entre 2010 y 2021. Un informe adicional de Africa Uncensored sobre la corrupción presupuestada también encontró al menos 10.000 millones de dólares perdidos por la corrupción estatal entre 1978 y 2022. Para ponerlo en contexto, la deuda pendiente de Kenia con el Fondo Monetario Internacional asciende a menos de 4.000 millones de dólares. Y la clase política está tan desvinculada de las preocupaciones de los kenianos comunes, que languidecen en la pobreza, que los presupuestos anuales nacionales y de los condados se han convertido en planes de enriquecimiento de la riqueza. En el presupuesto financiero 2024-2025, por ejemplo, se asignaron más de 15 millones de dólares para nuevos automóviles para altos funcionarios del gobierno, con solo 780.000 dólares reservados para el desarrollo de la juventud. Un dato crítico es que el 35 por ciento de la población de Kenia tiene entre 15 y 35 años de edad, y la tasa de desempleo entre los jóvenes se sitúa en el 67 por ciento.
El problema para Kenia parece ser el mismo que para muchos otros países del eje Sur-Sur, y sobre todo para los del continente africano: el FMI o el Banco Mundial. De hecho el país tiene suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades y proporcionar empleo y futuro a sus jóvenes, si tan solo pudiera solucionar su problema de gasto. También es capaz de librarse de prestamistas como el FMI, cuyas condicionalidades causan conflictos a sus ciudadanos. Los informes muestran que el FMI no solo aprobó las propuestas fiscales en el polémico Proyecto de Ley de Finanzas, sino que también había previsto las protestas antiimpuestos mucho antes de que los kenianos vieran el proyecto de ley y movilizaran su ira. Calificando las protestas de “riesgo medio”, el FMI instó al gobierno keniano a seguir adelante con los planes para aumentar los impuestos a una población ya sobrecargada de impuestos. Las políticas fiscales del FMI y de Estados Unidos siguen fallando al pueblo keniano. Kenia puede tener democracia o extracción neocolonial, pero no ambas, porque la democracia significa atender las demandas del pueblo keniano.
*Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.
