Este jueves 13 la organización internacional Human Rights Watch publicó su Informe Mundial de Derechos Humanos 2022. En el mismo, se analiza la situación en más de 100 países y se alerta acerca de la amenaza que representan las autocracias para las democracias en todo el mundo.
En dicho informe, HRW presenta un capítulo dedicado a la situación de Brasil, donde apunta que el presidente Jair Bolsonaro “amenazó los pilares de la democracia brasileña varias veces en 2021”. Durante ese año, Bolsonaro amenazó la democracia al “intentar socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia del poder judicial”. Sin embargo, el informe destacó que los intentos del gobernante fueron finalmente repelidos por el Tribunal Supremo (STF).
“El presidente Bolsonaro ha intentado debilitar los pilares de la democracia atacando al poder judicial y repitiendo acusaciones infundadas de fraude electoral”, dijo en un comunicado presentado junto con el informe Maria Laura Canineu, directora de HRW en Brasil. Entre las amenazas, el informe destaca el acto convocado por el presidente para el 7 de septiembre de 2021 en San Pablo y Brasilia, donde miles de partidarios salieron a manifestarse con pautas antidemocráticas como el cierre del Congreso y la destitución de los ministros de la Corte Suprema.
“En septiembre, fuimos testigos de su último intento de intimidar al Tribunal Supremo (STF), que supervisa las investigaciones sobre su conducta” destaca el informe. Bolsonaro “repitió afirmaciones falsas que parecen destinadas a socavar el respeto por los resultados de las elecciones democráticas. El STF ha rechazado enérgicamente las amenazas a su independencia o intimidación, mientras que el Tribunal Superior Electoral ha refutado las acusaciones infundadas de fraude electoral del presidente.”
Bolsonaro usó el acto del día de la independencia del país para poner en duda la confiabilidad de las urnas electrónicas, a las cuales apuntó como objeto de fraude durante el 2022 en caso de ser derrotado. “A medida que se acercan las elecciones presidenciales de octubre, la Corte Suprema, el Tribunal Superior Electoral, el Ministerio Público Federal, el Congreso y otras instituciones democráticas deben permanecer vigilantes y resistir cualquier intento del presidente Bolsonaro de negar a los brasileños el derecho a elegir a sus líderes”, añade Canineu.
En una proyección para el año 2022, HRW destaca que las elecciones presidenciales previstas para octubre “pondrán a prueba la fortaleza de la democracia brasileña frente a las amenazas del presidente Bolsonaro, ferviente partidario de la brutal dictadura militar brasileña (1964-1985).”
Letalidad policial y violaciones a los derechos humanos
Uno de los destaques es para el aumento de la violencia policial, principalmente contra personas negras, quienes representan el 80% de las víctimas. Dicha situación ya había sido alertada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michele Bachelet en junio de 2021. En un discurso, Bachelet se refirió al aumento de la violencia policial en Brasil y pidió a los países que tomen medidas concretas para erradicar el racismo sistémico contra los afrodescendientes y que asuman la responsabilidad de las políticas contra los abusos.
La organización recuerda que en 2020 Brasil alcanzó el número más alto de muertes por intervención policial desde que el indicador comenzó a ser monitoreado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. “En Río de Janeiro, la policía burló una orden del STF que prohibía las operaciones policiales en las comunidades durante la pandemia, salvo en casos ‘absolutamente excepcionales’”. A su vez, el informe acusa a Bolsonaro de fomentar la violencia policial y de defender un proyecto de ley para dificultar la responsabilidad de los agentes de seguridad por los abusos.
Las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno brasileño también tienen como víctimas a los pueblos originarios, quienes a lo largo de la pandemia de covid19 enfrentaron la resistencia por parte de las autoridades para la distribución de elementos de higiene, material informativo y vacunas. A su vez, el avance de la frontera agrícola y el aumento de la deforestación estimulado por el presidente también es destacado como un factor de amenaza a los derechos de estos pueblos.
“En respuesta a la gran indignación nacional e internacional, el gobierno de Bolsonaro se ha comprometido a proteger la selva, pero los datos oficiales muestran que estas promesas son vacías”, afirma el informe. “El presidente Bolsonaro necesita mostrar resultados concretos en la reducción de la deforestación y en la lucha contra la impunidad de los crímenes ambientales y los actos de violencia contra los defensores de los bosques.”
La ONG destaca que en 2021 el gobierno brasileño “promovió políticas contrarias a los derechos humanos en otros ámbitos, como los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión”.
En relación a la política ambiental, el informe sostiene que “desde que asumió el cargo en enero de 2019, el gobierno de Bolsonaro ha debilitado la aplicación de la ley ambiental, fomentando en la práctica las redes criminales que impulsan la deforestación y han utilizado amenazas y violencia contra los defensores de los bosques. El promedio de multas pagadas por la deforestación en la Amazonía en 2019 y 2020 fue un 93% menor que el promedio de los cinco años anteriores, mostró un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais”, destaca el informe.
Persecución a críticos del gobierno y pandemia
El informe de HRW también destaca el hecho de que Bolsonaro ha incentivado investigaciones penales contra al menos 17 críticos de su gobierno. Para ello se ha llegado a utilizar la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura militar. “Aunque muchos de los casos han sido archivados, estas acciones envían el mensaje de que criticar al presidente puede resultar en una persecución”.
Además, la organización recuerda que el Congreso derogó la Ley de Seguridad Nacional, pero no las disposiciones del Código Penal que castigan los delitos contra el honor con la detención “y que igualmente pueden ser utilizadas para ahogar la libertad de expresión”.
El informe también apunta como amenaza las constantes críticas de Bolsonaro a los medios de comunicación del país y el hecho de haber bloqueado a estos medios, organizaciones civiles y otros usuarios de sus redes sociales, utilizadas como canal oficial de comunicación y divulgación de información del gobierno.
Uno de los hechos a los cuales el informe hace referencia es al impacto de la política sanitaria del gobierno brasileño durante la pandemia. El organismo internacional exige que la Procuraduría General de la República (PGR) examine el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación realizada durante el 2021 sobre la responsabilidad del gobierno en la pandemia de COVID “con gran seriedad” y ofrezca “acusaciones cuando las pruebas lo justifiquen”.
El informe destaca que la comisión “reveló que la desastrosa respuesta del gobierno a la pandemia puso en riesgo la salud y la vida de los brasileños, entre otras cosas, al ignorar las medidas científicas para contener el virus y promover medicamentos sin eficacia probada”. HRW también destaca “el fracaso a nivel federal y local para prevenir la escasez de oxígeno que probablemente provocó las muertes en Manaos”.
“El presidente Bolsonaro siguió ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y promoviendo medicamentos ineficaces contra el covid-19″, subraya el texto del informe. A su vez, el comunicado publicado junto con el informe destaca que Bolsonaro siguió difundiendo información falsa sobre las vacunas contra el covid-19. Recientemente en sus redes sociales, el presidente volvió a hacer referencia a la utilización de lo que llama “kit covid”, que incluye una serie de medicamentos cuya ineficacia ya fue comprobada por la ciencia.
El informe también señala la falta de respuesta del país al impacto de la pandemia en la educación, recordando que las escuelas brasileñas estuvieron cerradas durante 69 semanas entre marzo de 2020 y agosto de 2021, según la Unesco.
Consultado por diferentes medios de comunicación que divulgaron el informe publicado por la organización internacional, el gobierno brasileño no se manifestó.
