Junto a sus ministras (14) y ministros (10), tendrá la tarea de refundar política-económica y socialmente, a un Chile desangrado desde el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.
Sabe que la expresión en los votos no es un cheque en blanco y que las medidas que tome su gabinete pueden generar respuestas encontradas dado lo heterogéneo de su electorado y la delicada situación que viven los sectores más vulnerables.
Incluso, el cambio de constitución estará influido por sus medidas de gobierno. La Asamblea Constituyente que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito donde participará todo el país.
En el nuevo Congreso el oficialismo no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras.
La expectativa es grande, pero el enemigo no ha sido derrotado, “Nos vamos a necesitar todos, gobierno y oposición” expresa el presidente, pero debe estar consciente que la visión de país que conserva la oposición fue el andamiaje de una política represiva, excluyente y al servicio de los sectores más concentrados de la economía que conforman el 1 % de la población que posee el 26 % de la riqueza del país.
Piñera deja el gobierno con un escenario político, económico y social muy complicado, dos estados de emergencia vigentes (uno en el sur, en La Araucanía, «macrozona sur»; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria).
La arquitectura fascista heredada de la dictadura pinochetista, enquistada en las fuerzas represivas con un amplio repertorio anticomunista de la guerra fría y con el amparo de la clase política y el poder judicial, constituyen uno de los mayores desafíos para el gobierno, que se expondrá a la hora de resolver la injusta situación carcelaria de cientos de presos políticos y la reparación a las víctimas de la represión criminal desatada durante los levantamientos populares desde el 2019.
En los últimos años, se ha instalado la violencia en la llamada «macrozona sur», con enfrentamientos que han costado vidas humanas y pérdidas materiales, varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando Piñera decretó el Estado de Emergencia.
Si bien la nueva ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia, tendrá que lidiar con la fuerte presencia policial y militar en la zona, e incluso con las actividades de grupos especiales como el «Comando Jungla» creados bajo la concepción de que este problema debe ser tratado como terrorismo.
En el norte, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes, pasó de una presencia de 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), fundamentalmente por la masiva llegada de desplazados de Venezuela y Haití.
Piñera había decretado el Estado de Emergencia en las provincias más afectadas e instalado más de 600 militares en las fronteras, pero la situación se ha visto desbordada con incremento de la violencia y la falta de contención del Estado.
Con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales, además de una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y las consecuencias de una pandemia que sigue presente y a la cual tendrá que prestar mucha atención y presupuesto para avanzar en el proceso de vacunación y recomposición del sistema de salud.
Por otra parte, en el área de relaciones exteriores, existe un conflicto provocado por su antecesor con la Republica Argentina con la extensión de una delimitación ya resuelta luego del conflicto en el canal de Beagle en el sur del continente y por la posición que tomara Chile en la relación con países que conforman la CELAC Y UNASUR, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuyos mandatarios han estado ausentes en su asunción, producto de las declaraciones respecto a sus sistemas de gobierno.
Quienes sí estuvieron fueron los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Argentina, Alberto Fernández; de Perú, Pedro Castillo; el rey Felipe VI de España; Luis Arce, de Bolivia; y también la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, y el precandidato colombiano Gustavo Petro.
Con el nombramiento de Antonia Urrejola como nueva ministra del Exterior, de estrecha relación con Luís Almagro secretario general de la OEA, y sus declaraciones a favor de fortalecer la Alianza del Pacifico, es de esperar que en el ámbito regional genere ruidos a la hora del debate político.
Ya no hay vuelta atrás, cabe desear lo mejor y esperar que el debate político allane el camino para que el futuro de Chile sea realmente nuestroamericano de la mano de la equidad y la justicia social.
