Es probable que las marchas originadas en diversas ciudades de Francia -donde las fuerzas populares libran gigantescas batallas en defensa de sus pensiones-, conciten la atención de los grandes medios de comunicación.
En América Latina y el Caribe, sin duda se desarrollarán todo tipo de acciones militantes a lo largo y ancho del continente, con algunos puntos álgidos de esas luchas expresadas, por ejemplo, en Perú, con el pueblo resistiendo a los golpistas asesinos, o en Chile, para reclamar a un gobierno alejado de sus promesas programáticas, que ha fortalecido su veta represiva, o en Argentina, donde la ocasión se presenta como una oportunidad para empezar a revertir una peligrosa tendencia desmovilizadora originada, de manera abierta o encubierta, desde altas esferas del poder político. También será importante no perder de vista las movilizaciones en la siempre olvidada, golpeada y heroica Haití.
En otros casos, como Brasil, México o Colombia, a las reivindicaciones tradicionales se sumarán seguramente elementos de defensa y profundización de avances populares. La defensa de los procesos populares y revolucionarios en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, cada uno con su estilo y características propias, formará parte también de este panorama continental.
El Salvador no será la excepción
La clase trabajadora salvadoreña y sus organizaciones sindicales ya anuncian sus convocatorias, a las que se sumarán como de costumbre, diversos sectores populares organizados, estudiantiles, religiosos, fuerzas de izquierda, y un amplio abanico social de mujeres y hombres que saldrán a las calles de la capital, San Salvador, a reclamar y defender sus derechos.
La manifestación en El Salvador no será una marcha más; las condiciones parecen anticipar una concentración multitudinaria, a pesar de las habituales maniobras represivas encubiertas que lanza el régimen año con año para intentar neutralizar las expresiones populares adversas a su gestión, muestra elocuente del miedo que un régimen represivo, autoritario y dictatorial tiene siempre a las acciones y luchas populares, genuinas y combativas, aquellas que por ser auténticas no pueden ser controladas a base de manipulación, miedo, amenazas o represión.
Tampoco la militarización y el ya permanente régimen de excepción, utilizado cada vez más para imponer el miedo y el control social sobre la población, será un obstáculo para una clase trabajadora con larga y combativa historia de luchas. Es de destacar, además, la pronta convocatoria del FMLN a sus bases militantes, y al pueblo en general, a acompañar la expresión movilizada de las y los trabajadores en esta jornada trascendental.
Resulta esta una convocatoria no solo oportuna sino de importancia estratégica en la misión clave de contribuir, como fuerza histórica y expresión de la izquierda revolucionaria, al fortalecimiento y reconstrucción de un tejido de lucha y resistencia popular que sufre todavía las secuelas de la fragmentación y el divisionismo, causado por las acciones de una burguesía cuya consigna para sostenerse en el poder es precisamente: dividir, engañar, manipular y, cuando es necesario para sus intereses, reprimir a las fuerzas del pueblo y a cualquier otra expresión de disidencia.
La marcha del 1 de Mayo será expresión, aún parcial, de la acumulación de fuerzas en el campo popular, de disputa frente a sus enemigos de clase; también mostrará los niveles de desgaste que el régimen empieza a exhibir.
Nos sobran los motivos para movilizarnos y expresarnos, para protestar, luchar y resistir. Un rápido repaso de la actual situación en las condiciones de vida del pueblo, así como del deterioro de todo el esquema de derechos y garantías cívicas, políticas, económicas, sociales y en todos los niveles de la vida del país, pondrá en evidencia esta afirmación.
En lo económico, el régimen sigue siendo la expresión más abierta del capitalismo salvaje, cuyas dramáticas consecuencias aparecen por todas partes. Esa forma de neoliberalismo brutal se expande y profundiza en cada esfera de la vida nacional.
Mientras exonera de impuestos a empresas de alta tecnología con altísima rentabilidad, se niega a suprimir el impuesto al valor agregado de la canasta básica y los medicamentos de primera necesidad, profundizando la precariedad de las mayorías.
Llenan el panorama nacional de espectáculos traídos del extranjero para mantener la única parte de la ecuación imperial romana que puede y quiere seguir: la del circo, porque lo del pan esta fuera de sus planes. No hay un solo signo que indique acciones para prevenir la escasez de granos básicos y el deterioro de los indicadores socioeconómicos.
La pobreza (y los pobres) se multiplica y expresa en diversas formas: pobreza relativa, pobreza extrema, migración irregular forzada por el hambre, deterioro del poder adquisitivo de un salario mínimo ridículamente insuficiente, insignificante creación de empleo digno y de atracción de inversiones productivas, inseguridad laboral, crecimiento exponencial del sector informal, feminización de la pobreza, deserción escolar creciente por falta de recursos, abandono de políticas de protección social.
La Inflación más alta en 26 años; el mayor crecimiento de pobreza en los últimos 5 años. Se relegó el campo y la actividad productiva rural a un segundo plano, que deja a las familias productoras en el abandono, contribuyendo a la migración (a las ciudades o al extranjero), abandonando la producción alimentaria. Como consecuencia de ello, el país importa el 80% de sus alimentos naturales, encareciendo la canasta básica alimentaria. Según la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, en la cosecha 2021-2022 se cultivaron 28.6 millones de quintales de granos básicos; en la siguiente, solo 19.9 millones.
No solo crece la pobreza sino la desigualdad. Se robustecen las cifras macroeconómicas y tenemos así un El Salvador con una acumulación permanente de riqueza, concentrada en un grupo cada vez más reducido, mientras se amplía día a día el universo de pobres, particularmente, como se dijo, el de las mujeres, la niñez y adolescencia.
La reforma fiscal progresiva, como tantas otras promesas de campaña, duerme el sueño de los justos.
No solo en los aspectos económicos nos sobran los motivos para movilizarnos, expresarnos y revitalizar nuestra lucha este 1M.
El aplastamiento de toda posibilidad real a que el pueblo salvadoreño conozca lo que se hace con sus impuestos fue parte esencial para armar la escandalosa estructura de corrupción que pone su sello a este gobierno autoritario.
Mientras en sus campañas electorales denunciaron sin cesar “la corrupción de los mismos de siempre”, sin presentar pruebas, una vez en el poder y colocados en puestos claves sus peones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, utilizaron aquel discurso para perseguir a cuanto opositor se cruzará en su camino.
La pandemia y las políticas de seguridad fueron cortinas de humo perfectas para establecer los mecanismos que impiden el seguimiento ciudadano y garantizan los negocios para el clan de gobierno y sus socios. Sería extenso y redundante recordar los casos de contratos espurios de funcionarios oficiales durante la pandemia y hoy, durante el régimen de excepción. Contratos oscuros en seguridad, en infraestructura, en insumos médicos o alimenticios, concesiones para construcciones e instalaciones, la estafa del Bitcoin y el Chivo Wallet, son solo algunos recordatorios del robo abierto y legalizado por el régimen para mantener a sus socios y amigos felices y serviles; todo ello sobre la base de un endeudamiento que pagarán las generaciones venideras.
La guerra contra las pandillas y el régimen de excepción implementado sirvió también para los fines de la acumulación permanente de capital, al mismo tiempo que se concentraba el control social poblacional. El resultado son casi 70 mil prisioneros, cientos de muertos en las cárceles (los cálculos van desde los 150 hasta los 400, según la fuente), violaciones abiertas y comprobadas de derechos humanos, incluyendo tratos vejatorios, inhumanos y degradantes.
Persecución y encarcelamiento de ex funcionarios públicos, particularmente del FMLN pero también de otros sectores que no se avienen a las dictados del autócrata. Similar trato se da a líderes comunales, como los de Santa Marta, o el arbitrario encarcelamiento de dirigentes del partido de izquierda, a pesar de las disposiciones en contrario de jueces del propio régimen, que son simplemente ignoradas por las autoridades carcelarias y el aparato Ejecutivo.
Todos estos son también motivos para que familiares de las y los presos, sobre todo mujeres que han quedado a cargo de los despojos de lo que fueron núcleos familiares (hijos y nietos menores de edad), reclamen desde las calles el derecho a la defensa y a juicios justos, a visitar a sus familiares, a trato digno para los prisioneros, al respeto a la vida y la integridad física de los mismos.
Podemos sumar el clamor de las madres de desaparecidos; en este sentido, esta semana recién pasada el Comité Internacional de la Cruz Roja, ante la imposibilidad de contar con cifras homologadas en el país, denunció la existencia de 692 personas desaparecidas en el año 2022.
En estos días, el periódico de investigación digital El Faro, que llevaba en el país desde su fundación, hace 25 años, anunció que ha trasladado sus oficinas a Costa Rica ante la falta de seguridad jurídica para poder desarrollar sus actividades e investigaciones. Son conocidas las instancias y denuncias de acoso a todo tipo de prensa que resulte incómoda para el régimen. Baste revisar el listado de denuncias de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para comprender la gravedad de la situación.
Todos estos también son motivos para la marcha, la protesta, la denuncia, la lucha desde las calles y desde cada instancia donde sea posible enfrentar el régimen autocrático, la dictadura en ciernes y las maniobras de EEUU, que intenta que su hegemonía regional no se siga debilitando, sea con el actual modelo autoritario o con las piezas de recambio de una burguesía oligárquica que sigue trabajando para recuperar sus posiciones a costa, como siempre, de las luchas del pueblo trabajador.
Por todo ello y por las multiples expresiones reivindicativas que nacen desde el barrio, de la colonia, del cantón, de las aspiraciones de la diáspora y de cada hombre y mujer del pueblo a quienes afecta el avasallamiento de sus derechos, sobran los motivos para hacer de este 1 de Mayo una fecha histórica y un punto de inflexión en las luchas del pueblo
La estrategia del calamar
Los calamares son capaces de generar una tinta negra y de liberarla en el momento oportuno. Lo hacen cuando se sienten amenazados. Cuando estos cefalópodos liberan su tinta en el mar se forma una gran mancha oscura a su alrededor y gracias a ella pueden escabullirse más fácilmente. Eso mismo parece hacer a conveniencia el autoritario régimen imperante en El Salvador.
Esta misma semana que acaba de concluir nos presenta un magnífico ejemplo de la forma en que el régimen utiliza esta estrategia y cómo las diversas instancias estatales, así como los medios de comunicación cómplices del régimen, trabajan de manera asociada para lograr sus objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Distraer, engañar, desviar atenciones, evitar peligros potenciales, estafar al pueblo para poder seguir manipulándolo.
Una noticia impactó la opinión pública local días pasados, se trataba de una importante incautación de drogas, que fueron interceptadas en un vehículo que se desplazaba en las inmediaciones de la Embajada de los EEUU. Las fuerzas policiales detuvieron dos vehículos, uno era el transporte y el otro apoyo de seguridad. Fueron detenidas seis personas, decomisados unos 175 kilos de cocaína y se allanó una casa relacionada, recuperándose otros paquetes de drogas ilícitas.
Las portadas de los periódicos y los informativos en televisión, así como en las redes sociales de las autoridades de seguridad destacaron el exitoso combate contra las drogas, y señalaban el acumulado recogido por mar y tierra desde el año pasado. En síntesis, con fotos, videos y textos subrayaban la eficiencia policial en la lucha antidrogas.
Lo que no publicaron los medios al servicio del Presidente, ni la mayoría de medios tradicionales, sometidos por el miedo a la autocensura, fue que el vehículo que daba seguridad al transporte de drogas pertenecía al Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, que quien lo conducía era un empleado activo de ese ministerio, quien además aseguraba ser de la confianza personal del Ministro Romeo Rodríguez Herrera, el cual hasta hace pocos meses se conducía en ese mismo vehículo.
Esa camioneta no aparece en las fotos difundidas por los organismos de seguridad, el aparato de propaganda oficial ni el complejo propagandístico presidencial. El Ministro, por su parte, actuó como suelen hacer los funcionarios de esta administración, ignorar los pedidos de la prensa para aclarar la situación.
La “tinta del calamar” (la difusión amplia de la captura de drogas ilícitas y de los delincuentes que la transportaban) sirvió para ocultar lo comprometedor del hecho; esa droga se movía en un circuito que afecta directamente a un funcionario de extrema confianza del Presidente, un personaje que llegó a ese puesto luego de haber sido empleado del actual mandatario, cuando este dirigía una concesionaria de motos, empresa en la cual el hoy Ministro era agente de ventas.
La oscuridad informativa hace que persistan dudas acerca de si la camioneta en cuestión llevaba al momento de la captura placas nacionales (oficiales) o privadas. De lo que no queda duda es que quien conducía el vehículo, una persona proveniente de una de las comunidades emblemáticas de la pandilla MS-13 (la comunidad Iberia), ya había estado detenido y procesado entre 2006 y 2008 por delitos de los que libró por falta de pruebas suficientes aportadas por la FGR. A pesar de sus antecedentes, seguía siendo un personal activo del ministerio y, según las informaciones, cercano al Jefe de la Cartera.
Así lo señalaba la prensa que informó de estos detalles. “Fuentes internas del MOP indicaron que uno de los detenidos es Luis Roberto Ayala Serrano, el empleado asignado a realizar diversas diligencias del despacho ministerial y que por ello prácticamente tenía asignado el vehículo decomisado, un pick-up color azul, marca Nissan modelo Frontier cuyas placas originales son N-18-843, según bitácoras de entradas y salidas de ese automotor, de las cuales se tiene copia, aunque últimamente lo habían visto con placas particulares”, reporta El diario de Hoy en su edición del 14 de abril.
Como vemos, esto contradice la narrativa oficial de persecución irrestricta a los criminales, algo que ya había demostrado el hoy expatriado periódico El Faro, al documentar y difundir los tratos y acuerdos entre la actual administración y los grupos criminales, para mantener bajas las cifras de homicidios, o la denuncia de ese y otros medios, acerca del traslado de jefes criminales pedidos por EEUU para su extradición, que fueron sacados también en vehículos oficiales desde las cárceles de El Salvador a países vecinos, con el involucramiento directo de muy altos funcionarios del actual gobierno. Estas también fueron instancias en las que la estrategia del calamar parece haberse utilizado, generando siempre distractores lo suficientemente efectivos, al menos por un tiempo, para la opinión pública menos informada, y cautiva de los medios de desinformación del régimen.
Raúl LLarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Manifestantes portan pancartas en contra de la privatización del agua, en la marcha del Día Internacional de los Trabajadores en El Salvador. (Foto por CISPES)
