Aunque muchos recuerdan Normandía como el mítico lugar del norte de Francia, donde desembarcaron tropas en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla contra el nazismo, en El Salvador, Normandía es hoy sinónimo de una victoria del pueblo; la victoria de las familias campesinas que conforman la Cooperativa Normandía, en el oriental departamento de Usulután.
Como hemos aprendido a lo largo de la vida, en particular en el caso salvadoreño, no hay victoria sin lucha, no hay triunfo sin batalla. Pero la victoria es segura, más temprano que tarde, cuando no se cesa en la lucha. Es la enorme lección que dejan al pueblo salvadoreño las humildes mujeres y hombres de la cooperativa Normandía, en estos días de merecidas celebraciones. También nos enseñan que no hay enemigo demasiado grande para un pueblo que se organiza con firmeza para defender una causa justa.
Esta vez se trató de una batalla que comenzó en los años 90, aunque sus orígenes se remonten aún más atrás, a los días de 1980, cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno, que se formó luego de un golpe de estado de la juventud militar contra el expresidente coronel Carlos Humberto Romero, implementó una Reforma Agraria. La Hacienda Normandía fue entregada a los campesinos en virtud de aquella.
Nos detendremos en algunos detalles de esta larga batalla porque estamos convencidos que la enseñanza no está solo en el triunfo y la organización, sino en la perseverancia e inteligencia demostrada por las familias integrantes de la cooperativa para hacer frente a cada una de las innumerables maniobras, que los colocaron en más de una ocasión, en una situación aparentemente insostenible.
La historia de Normandía
En el año 1980, como parte de la primera etapa de la Reforma Agraria, se autorizó al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) para que tomara posesión de la Hacienda Normandía y se conformara la Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria “Normandía” como beneficiarios de la nueva política de redistribución de tierras.
Ese año el ISTA transfirió tierras a 271 campesinos en cumplimiento de la Ley Básica de Reforma Agraria. Esas campesinas y campesinos, tardaron 16 duros años de trabajo (años, además, de conflicto armado, y de enormes desafíos) para terminar de pagar sus tierras y recibir sus títulos de propiedad en 1996.
Sin embargo, apenas un año más tarde, en 1997 los empresarios Pedro Regalado Cuellar, Roberto Jorge Bukele Simán y Elba Josefina Peña viuda de Flores, valiéndose de títulos falsos que les dio la alcaldía de Jiquilisco, reclamaron 847 manzanas de tierras de la cooperativa.
Hoy, son más de 3 mil personas, productoras agrícolas y ganaderas que laboran y habitan sus mil 300 manzanas de tierra, incluyendo el terreno del asentamiento de los asociados. La titularidad de dicho inmueble quedó establecida a partir de una compraventa otorgada por el ISTA el 18 de diciembre del 1996, cuando la cooperativa terminó de pagar las tierras mediante cuotas anuales que recogían del aporte de todos los asociados.
Aún antes de terminar de pagar el total de la deuda, oscuros intereses y maniobras políticas y jurídicas comenzaron a amenazar la estabilidad de las familias. En 1994, el alcalde de Jiquilisco, Fredy Mancía, del partido Demócrata Cristiano (PDC), que gobernaba en esa época, otorgó un título supletorio a favor de otra persona. Ese título fundamenta el derecho de la propiedad cuando no está amparado en los registros. Sin embargo, esa atribución para establecer propiedad de un terreno rural o rústico no corresponde a un alcalde sino a un juez.
Según la ley, un alcalde solo está facultado para otorgar títulos de naturaleza urbana, argumentaron los representantes legales de la cooperativa en un recurso de apelación que interpusieron en 2018 ante la Cámara de la Segunda Sección de Oriente. La adjudicación de ese título, que según los cooperativistas es falso, permitió que las tierras se vendieran a cinco personas distintas.
Oscuros nombres detrás del poder
Quien obtuvo el título supletorio de parte del alcalde pudo vender en su totalidad el inmueble en marzo de 1997. Luego se vendió de nuevo en mayo de 1999, posteriormente en marzo de 2003 y finalmente fue comprado por Textiles Giuliani el 20 de diciembre de 2005.
Cuando los supuestos dueños, que se beneficiaron con el título supletorio de propiedad, comenzaron a reclamar las tierras por las que habían pagado inició un proceso legal que abarcó desde 2008 hasta la decisión final, este 3 de julio, cuando el juzgado adjudicó la legítima titularidad a las familias que habitan y trabajan en la cooperativa Normandía.
Pero en 2018, según una resolución de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente, Conan Castro (actual secretario jurídico de la Presidencia y por lo tanto ya retirado del caso), en aquel momento en calidad de mandatario de la Sociedad Textiles Giuliani S.A de CV, cuyo socio de la empresa es Roberto Jorge Bukele Simán, promovió un Juicio Ordinario de Deslinde Necesario y Reivindicatorio de Posesión en contra de la Cooperativa Normandía.
Bukele Simán reclamaba las tierras por haber sido uno de los compradores que se benefició del título de propiedad que otorgó el alcalde de Jiquilisco de manera irregular. Cuando los representantes legales de la cooperativa interpusieron un proceso para declarar nulo el título supletorio y la posterior compraventa de las tierras, el juez de Primera Instancia de Jiquilisco declaró que no había lugar a la solicitud porque existía “Cosa Juzgada Material” al haberse ejecutado el juicio que promovió Conan Castro.
Está claro que los cooperativistas no tienen buen recuerdo del actual jurídico de CAPRES, y denuncian que en 2012 quiso tomar por la fuerza sus tierras.
Las maniobras para alargar el conflicto
La Cooperativa Normandía es una comunidad que pertenece al cantón Cruzadilla de San Juan, en Jiquilisco, donde viven alrededor de 700 familias, quienes en su mayoría se dedican al cultivo de maíz, caña, plataneras, papaya, entre otros, que es su fuente de ingresos.
Sin duda la perseverancia y unidad han sido fundamentales en el proceso para salir victoriosos porque a lo largo de los años tuvieron que soportar y desmontar maniobras que los pusieron en más de una ocasión en situación de verdadera crisis.
Por ejemplo, en 2007 la Cooperativa Normandía recibió la primera demanda de usurpación de tierras por parte de Roberto Bukele Simán; en total fueron 3 títulos falsos montados ilegalmente sobre la escritura legal de la cooperativa, y que por las demandas han sido víctimas de un embargo financiero luego que, en 2019, un juez les condenó pagar a Elba Josefina Peña $317,000, sin que ella tuviera la legalidad de la propiedad.
El embargo prohibía al banco prestar dinero a la cooperativa ni hacer uso de sus cuentas bancarias. En esas circunstancias y previamente a la última y definitiva resolución judicial en su favor, los cooperativistas ganaron dos juicios, uno contra Bukele Simán y el otro contra Regalado Cuéllar.
Finalmente, en un último intento por alargar el proceso, en lo que va del año la audiencia fue suspendida en 4 ocasiones, hasta que este 3 de julio la jueza resolvió a favor de la Cooperativa Normandía.
Un ejemplo para muchos otros
Vicente Cuchillas, docente universitario, se refirió en una reciente entrevista al caso de la Cooperativa Normandía: “Celebramos este triunfo, porque no es fácil en nuestro sistema jurídico salvadoreño que nuestros pueblos les ganen a los empresarios, por lo que consideramos que marca la ruta y la continuidad de otras luchas que tenemos”, manifestó.
El caso de la cooperativa Normandía no representa ni mucho menos el único con una comunidad en litigio por sus tierras. Otras comunidades que fueron beneficiadas con el Plan de Transferencia de tierras que se implementó como parte de los Acuerdos de Paz, siguen bregando por hacer valer sus derechos, entre ellas la Comunidad Guajoyo (San Vicente), la Comunidad de la Hacienda la Labor (Ahuachapán), o la Cooperativa Escuintla (Zacatecoluca, La Paz).
La asociación campesina Guajoyo, en Tecoluca, San Vicente, conformada por excombatientes del FMLN, cuenta con 177 manzanas y enfrenta varios desafíos simultáneos, como la detención de directivos comunales o sus familiares bajo el régimen de excepción, con la intención evidente de intimidar a la población por medio del uso y abuso autoritario de la fuerza militar; los habitantes denuncian, además, la aparición de una persona que dice ser dueña de la tierra y que ya inició una demanda, a pesar de que toda la comunidad cuenta con sus respectivos títulos de propiedad. No resulta de menor importancia que las tierras de El Guajoyo se encuentren en áreas cercanas a la mega-cárcel de la que el régimen autoritario salvadoreño se vanagloria, y para cuya construcción el Estado expropió tierra valiéndose de procedimientos que pueden calificarse de despojo.
Entre otros frentes de lucha similares a los de Normandía debemos mencionar la emprendida por la comunidad Indígena Náhuatl de Nahuizalco y comunidades aledañas, o las comunidades de San Salvador y Apopa que defienden la zona de recarga acuífera del Valle el Ángel. Otras comunidades también luchan por la defensa del Medio Ambiente, como las comunidades de Cabañas, activas en contra de la explotación minera, así como diversas comunidades en el Bajo Lempa.
Lejos pues de lo que el régimen pretende difundir a través de shows mediáticos de distracción, conciertos internacionales, juegos deportivos mal organizados y sin transparencia, manipulación de leyes y de la Constitución a base de arbitrariedades que generen debates y distractores, la trágica realidad salvadoreña sigue presente, la pobreza sigue creciendo, los datos de inflación se mantienen, la migración recrudece y el hambre y la miseria se despliegan con fuerza en todo el país.
De eso, por supuesto, no habla el presidente y sus lacayos, que se ocultan detrás de redes sociales y que esperan que las reformas electorales les aseguren una cancha tan despareja a su favor que les permita seguir promoviendo la corrupción celeste por nuevos periodos. Sin embargo, las voces de alerta empiezan a sonar, porque aún en las peores condiciones posibles, se registran victorias del pueblo. Peligrosas victorias porque pueden volverse contagiosas.
“Esta victoria de Normandía representa una victoria para las cooperativas agropecuarias de la Reforma Agraria Salvadoreña, una victoria para el movimiento campesino de El Salvador y Latinoamérica”, expresó la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS). No se equivocan, este triunfo es un ejemplo inspirador para todas las comunidades que enfrentan desafíos similares, para seguir luchando por la justicia y protección de sus derechos.
Dice el gobierno a través de sus funcionarios, que no le preocupa la situación económica del país; lo que en realidad afirman es que no les interesa la situación de los pobres de solemnidad, es decir de quienes sufren pobreza extrema en El Salvador, cuyo número se ha duplicado desde 2019, mientras el precio de la comida más elemental, aquella que constituye la canasta básica, lleva subiendo dos años seguidos de manera ininterrumpida. Sería bueno que empiecen a preocuparse, sobre todo porque ejemplos como el de Normandía pueden resultar emblemáticos para un pueblo que empieza a ver que, a pesar del aparato del Estado, de los juzgados comprados, a pesar de las maniobras leguleyas y el poder oligárquico enquistado en el gobierno, la lucha continúa y es el único camino seguro para obtener la victoria.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: diariocolatino.com
