Netanyahu y sus partidarios acusan a la fiscal general Gali Baharav-Miara de exceder sus poderes al bloquear decisiones del gobierno electo, incluida una medida para destituir al jefe de la agencia de seguridad interna de Israel, otra oficina supuestamente apolítica. Ella ha dicho que hay un conflicto de intereses porque Netanyahu y varios ex asesores enfrentan una serie de investigaciones penales. Baharav-Miara lidera la acusación contra Netanyahu en tres causas de corrupción, soborno, fraude y abuso de confianza abiertas en su contra desde 2019.
De esta forma, el gabinete israelí votó por unanimidad el lunes para destituir a la fiscal general, intensificando un enfrentamiento prolongado entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el poder judicial que los críticos ven como una amenaza para las instituciones democráticas del país.
El Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, un destacado grupo de vigilancia, dijo que presentó una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo tras la votación del lunes. Afirmó que más de 15.000 ciudadanos se han unido a la petición, calificando el despido de “ilegal” e “inédito”.
En un comunicado, el grupo acusó al gobierno de cambiar los procedimientos de destitución solo después de no poder remover legalmente a Baharav-Miara bajo las reglas existentes. También citó un conflicto de intereses relacionado con el juicio en curso de Netanyahu.
El Tribunal Supremo congeló la medida, y advirtió que no se podrán aplicar acciones para marginarla de sus funciones mientras delibera sobre la legalidad del proceso.
La figura de la fiscal general ocupa un lugar central en el frágil equilibrio de poderes del Estado israelí. En ausencia de una Constitución escrita y con un Parlamento unicameral dominado por el oficialismo, el cargo actúa como contrapeso institucional al Ejecutivo, con la misión de garantizar el Estado de derecho y supervisar a los ministros.
La procuradora Baharav-Miara ha cuestionado la legalidad de algunas decisiones tomadas por Netanyahu, especialmente su tentativa en mayo pasado de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, lo que le ha valido fuertes críticas del gobierno.
Baharav-Miara, que también es consejera jurídica del gobierno, le había prohibido destituir a Bar, argumentando que estaba en situación de “conflicto de intereses” por una investigación del Shin Bet sobre allegados de Netanyahu sospechosos de recibir sobornos de Qatar.
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