Como las encuestas electorales dan un amplio margen al candidato presidencial del Pacto Histórico, Senador Gustavo Petro (44% frente al 24% del candidato uribista), los estrategas de la ultraderecha uribista afinan y perfeccionan sus planes de fraude y manipulación para tratar de impedir la anunciada derrota en las urnas y su desalojo de la Casa de Nariño el próximo 29 de enero.
El fraude electoral se da por descontado en la versión del 2018 cuando los dineros de la Ñeñe política le arrimaron a Iván Duque más de 2 millones de votos utilizando la compra masiva de votos y de jurados electorales.
Hoy, como siempre se ha dado en la historia del sistema electoral colombiano, la violencia es de nuevo el recurso socorrido más eficaz para manipular e intimidar electoralmente a la ciudadanía obligándola a dar su apoyo al señalado por la casta oligárquica colombiana, el señor NarcoFico Gutiérrez.
A raíz de la precipitada extradición de Otoniel a los Estados Unidos, Jefe del Clan del Golfo, desconociendo los derechos de las victimas a la verdad y reparación y para bloquear el testimonio de este que ya comprometía a decenas de políticos, banqueros y generales del régimen, los Urabeños o clan del Golfo han desatado una feroz campaña de atentados, bloqueos de vías, cierre de pueblos, incendio de vehículos y asesinato de líderes sociales en amplios territorios de la geografía nacional en el Bajo Cauca antioqueño, sur del departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta, en el Urabá antioqueño, en el Área Metropolitana de Medellín y en Buenaventura, todo para sembrar terror e intimidar a las comunidades y afectar de esa manera el amplio apoyo a las propuesta de Gustavo Petro que contienen una alternativa de cambios radicales en la sociedad.
El vandalismo de los Urabeños es un complemento de la campaña de los uribeños para impedir la derrota de Federico Gutiérrez, el candidato de la ultraderecha neonazi que tiene el beneplácito del gobierno de Iván Duque quien ha volcado toda la infraestructura gubernamental para afectar la apabullante campaña del Pacto histórico y del senador Petro, que se ha anotado un importante golpe con la caída en la Corte Constitucional de la norma que suspendió la Ley de garantías electorales para permitir abusos con los recursos públicos mediante contratos oscuros que al día de ayer sumaban más de 7 billones de pesos (casi 2 mil millones de dólares) entregados a dedo en los últimos 4 meses a los contratistas y operadores de bolsillo afines al uribismo y a toda la peste política que parasita a su lado. La Corte ha dicho que esos contratos carecen de validez y los dineros deben ser reembolsados a la Tesorería general del Ministerio de Hacienda.
La violencia de Urabeños y uribeños está en alza con masacres como las del Putumayo y San Vicente del Caguan (Operación Artemisa de la Fudra/Omega) y con los demenciales procedimientos para repudiar la extradición de Otoniel (que por supuesto rechazamos) que son en la práctica de mucha utilidad para la estratagema de Matarife acorralado por procesos judiciales y el descredito político y electoral.
En todo caso la caída en picada de la ultraderecha la apura el registro de la inflación más alta en 21 años que agudiza la pobreza y miseria de casi 33 millones de colombianos afectados por la exclusión social y la concentración de la riqueza favorecida por la política económica y fiscal del gobierno del señor Duque.
Rechazamos la violencia de Urabeños y Uribeños y proponemos que el senador Gustavo Petro con la bancada del Pacto Histórico denuncien los fines perversos de esta ola violenta promovida desde la cúpula militar y política del régimen para desestabilizar el proceso electoral en curso con cierre inmediato en la primera vuelta presidencial del 29 de mayo.
Notas:
*Politólogo y periodista colombiano. Colaborador de PIA Global
