El Presidente electo en agosto de 2019 tendrá ante sí cuatro retos ineludibles que afectan a diario a los ciudadanos: pobreza, violencia, impunidad y migración imparable.
Son viejos problemas, pero lo significativo es que en los últimos cuatro años de gobierno anterior tampoco se atendieron como demandaban, de ahí el actual descontento popular y la inmensidad de la tarea en manos de Giammattei, su vicepresidente Guillermo Castillo y el nuevo gabinete.
De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional para Guatemala, compuesto por 17 indicadores para medir el bienestar de las personas, seis de cada 10 tienen aquí limitaciones en el 30 por ciento de estos, principalmente la población indígena mayoritaria.
Más gráficamente, 61,1 por ciento de los guatemaltecos son multidimensionalmente pobres (seis de cada 10) y más del 20 por ciento supera la frágil línea de pobreza extrema.
Otros flagelos vergonzosos a nivel regional son la desnutrición crónica en menores de cinco años (siete de cada 10), la peor inversión pública en Educación (dos por ciento del Producto Interno Bruto) y corrupción galopante al punto de considerar normales el abuso de poder y la impunidad.
Tan abultada agenda pendiente enfrentaron al menos los últimos cinco mandatarios y el desenlace ha sido funesto, uno está encarcelado por el caso de corrupción La Línea junto a su exvicepresidenta y otros enfrentan cargos (Álvaro Colom, Alfonso Portillo).
Las acusaciones por financiamiento ilícito electoral durante la campaña de 2015 acosaron al saliente mandatario Jimmy Morales durante casi todo su mandato, pero el Congreso le salvó en varias ocasiones de perder su inmunidad.
En cuanto al combate a la corrupción, el pasado año marcó un gran retroceso con la salida ?o más bien expulsión- de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente con más de 12 años de labores y con el aval de Naciones Unidas.
Las investigaciones de la Cicig, de conjunto con el Ministerio Público (MP), entre 2015 y 2017, no tuvieron miramientos ante poderosos empresarios, funcionarios, ministros, diputados y hasta presidentes (Otto Pérez Molina).
Ahora sin su apoyo -no habrá marcha atrás-, y con un MP debilitado, Giammattei aseguró que apostará a pedir asistencia al FBI de Estados Unidos para la pesquisa criminal y a Israel para adecuar los sistemas de inteligencia.
Otro legado a la vista será enfrentar la hasta ahora imparable migración, con más de 250 mil guatemaltecos detenidos entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 por intentar cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal, la cifra más alta de la historia.
Y lo peor es que encuestas aseguran que cuatro de cada diez nacionales siguen pensando en emigrar como única salida a la pobreza y la inseguridad.
Pese a estos datos objetivos que demuestran lo contrario, Morales insiste en que deja un país mejor del que recibió.
Defiende que entrega finanzas en positivo, la economía con crecimiento, acuerdos con docentes y salubristas para detener constantes huelgas, mayor cantidad de días de clases (no cuenta calidad educativa) e incremento del presupuesto para la alimentación escolar.
También consolidó la unión aduanera con Honduras, impulsa la entrada de El Salvador e hizo guiños a México.
Sin embargo, lo que no se le perdona -afirman analistas- es haber negociado a espaldas de la ciudadanía un Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, del cual aún se desconocen cláusulas y pasará como ‘papa caliente’ a las nuevas autoridades en otro capítulo de sumisión total a Washington.
El derechista Giammattei tendrá a partir de hoy que correr con su Plan de Innovación y Desarrollo, si quiere ganar pronto el favor de la población.
Es perseverante, a la cuarta fue la vencida, pero necesitará convencer, además, a quienes en las urnas lo castigaron de antemano con 57 por ciento de abstencionismo a nivel nacional y por encima del 60 por ciento en nueve distritos electorales.
