La deuda externa durante los últimos 5 años aumentó de 27.6 mil millones de dólares en 2019 a 56.3 mil millones en 2024. La inflación fue contenida dentro del rango del 2 al 6% a costa de la contracción del mercado de consumo y la desocupación.
El salario mínimo en Uruguay actualmente es de 17.930 pesos uruguayos, (alrededor de 420 dólares por mes) para los trabajadores no agrícolas y 15.670 pesos uruguayos para los trabajadores agrícolas.
Según el INE para 2024, la tasa de desempleo se ubicaba en 8,1%, la pobreza multidimensional en un 18,9%, la pobreza por ingresos en 9,1%, la pobreza infantil en 20,1% y, según este instituto, 4 de cada mil personas estaban en situación de indigencia, cuando en 2019 eran 2 de cada mil personas.
Con este panorama, al que se suman la inseguridad y la desinversión del Estado, los márgenes de maniobra tanto políticas como económicas para el nuevo gobierno de Yamandú Orsi son sumamente complejos a mediano plazo y generan incertidumbre en torno a las políticas que adoptará para revertir el estado de cosas que dejó el gobierno de la coalición multicolor.
El presidente Orsi ha convocado al diálogo y la unidad a los diferentes sectores políticos y sociales, con una realidad parlamentaria desde el 15 de febrero que se manifiesta de la siguiente manera: el FA obtiene mayoría en el Senado con 16 bancas incrementando 3 de las que tenía, el Partido Nacional queda con 9 y el Partido Colorado con 5.
La Cámara de Representantes, está compuesta por 48 diputados del Frente Amplio y 49 de la Coalición Multicolor que está distribuida entre 29 del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado, 2 de Cabildo Abierto y 1 del Partido Independiente, además Identidad Soberana logró colocar 2 representantes del movimiento, Gustavo Salle, y Gabriel Mayer.
El llamado a los partidos políticos de lo que será la nueva oposición, para realizar un trabajo conjunto o coordinado, estuvo acompañado por la negociación de los cargos de contralor y de diversas direcciones dentro de las instituciones del Estado y de las principales empresas públicas como Ancap, Antel, OSE y UTE, la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), la Administración Nacional de Correos (ANC) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) además del Banco Central del Uruguay (BCU), el Banco Hipotecario (BHU), el Banco República (BROU), y el Banco de Seguros del Estado (BSE) entre otras.
Teniendo en cuenta el comportamiento mafioso que ha caracterizado a la derecha uruguaya, el gobierno popular deberá estar atento desde su organización política para evitar cualquier acto de corrupción en la administración pública, garantizando la salvaguarda de los intereses populares a través de medidas políticas que marquen la diferencia con el estado de cosas que dejó la administración anterior que utilizó al Estado para sus negocios.
El desmonte de la LUC y la reversión de las medidas expropiatorias contra los intereses del Estado Nacional como las tomadas sobre el puerto de Montevideo que beneficiaron a la transnacional Kaeton Natie, o los contratos onerosos contra Antel que favorecieron a las empresas transnacionales y los canales privados de televisión abierta y ni hablar del proyecto Neptuno, son los límites que deben señalar claramente un antes y un después en la gestión de gobierno.
Todo esto, marcado por la alta conflictividad sindical fundamentalmente en sectores como el transporte y los frigoríficos, que se suman a los reclamos de la central sindical PIT CNT generados durante la gestión de Lacalle Pou. Uno de los más destacados fue el reclamo de la Unión Ferroviaria por la estabilidad laboral y soluciones concretas para los trabajadores que llevaron a un paro en solidaridad con los sindicatos en conflicto, enfocándose en temas como trabajo, salario y represión.
En este marco el nombramiento de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista (PCU) como ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resulta sumamente importante para rescatar las reivindicaciones de los trabajadores. Una de las cuestiones cardinales para este propósito es romper con la concepción de que los salarios son la variable para el ajuste por inflación con el cual los gobiernos liberales han tratado entre otras medidas de obtener un superávit fiscal, sin afectar a sectores especuladores del capital financiero.
Si se rompe la compensación que brinda la indexación sobre los salarios, como pretende el actual ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, teniendo en cuenta que esa compensación siempre se traslada a los precios, los trabajadores verían disminuir constantemente su capacidad de compra y eso generaría un malestar que produciría una ruptura con el gobierno popular y una interna dentro del propio Frente Amplio.
Si la propuesta del Ejecutivo es la defensa del poder de compra de los salarios, no se puede ceder ante las presiones de los grupos económicos que siempre se benefician sacrificando a los trabajadores y al Estado que brinda posibilidades de acceso a la salud, a la educación y al trabajo.
No existe gobierno progresista, sin progreso social, sin una economía al servicio de los trabajadores y sin un rescate del aparato productivo nacional y la soberanía sobre los recursos naturales.
Política exterior
A la toma de posesión de Yamandú Orsi como presidente del Uruguay, acudieron varios jefes de Estado y representantes de gobierno de diferentes países.
De la región estuvieron presentes Luis Arce, presidente de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gabriel Boric, presidente de Chile; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; Xiomara Castro, presidenta de Honduras; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Luis Abinader, presidente de la República Dominicana y miembros del cuerpo diplomático de otros países.
Además de los nombrados asistieron Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República de México; y Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores de Perú y Felipe VI, rey de España.
También estuvieron presentes Katie Boyd Britt, senadora de los Estados Unidos por Alabama, junto a la embajadora de EE. UU. en Uruguay, Heide Fulton; el principal funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los EE. UU., Frank Cartwright Weiland; la asistente especial del presidente Trump, Morgan DeWitt-Snow; y Cate Dillon, enlace de la Casa Blanca para el Departamento de Estado de los EE.UU.
Los grandes ausentes fueron los países que desde principios del siglo XXI promovieron las instancias de integración para la unidad latinoamericana y caribeña, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Acá aparece una clara situación medular que muestra la ambigüedad del gobierno del Frente Amplio. Su canciller Mario Lubetkin acaba de decir que el gobierno no reconoce ni a Maduro “ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet”.
También señaló que, salvo el acuerdo UE-Mercosur, durante los cinco años del gobierno de Luis Lacalle Pou fueron pocos los logros conseguidos en materia internacional, ratificando la postura de continuar con la gestión anterior en relación al acuerdo Mercosur-UE.
Las posturas del nuevo gobierno aparecen muy ligadas a las posiciones de Brasil en torno a cuestiones como Mercosur y Venezuela, también en relación a la votación llevada a cabo el 10 de marzo para elegir al nuevo Secretario General de la OEA, coincidiendo en la postulación del surinamés Albert Ramdin como sucesor de Almagro.
Mirar hacia adelante
Se abren muchas interrogantes sobre el destino que tomará el gobierno de Yamandú Orsi, quien pareciera que a destiempo estuviera encuadrado dentro de la agenda globalista que dejara la administración de Joe Biden y cuyo representante en esta región es el presidente Lula de Brasil.
Brasil, una de las cabezas de los BRICS, ha invitado al Uruguay a participar de la reunión que en julio celebrará en Rio de Janeiro este organismo multipolar, al que también asistirán como invitados México y Colombia.
Tanto el acuerdo dentro de Mercosur con Europa como las negociaciones con los BRICS requieren de un Estado Nacional fuerte, que esté en condiciones de superar las asimetrías económicas desde las cuales entablar cualquier negociación.
Para poder consolidar un proyecto popular, hay dos desafíos que la administración Orsi debe superar. La primera, es superar desde el Estado la condición de subordinación a los intereses de la oligarquía apátrida ligada a las corporaciones multinacionales, rompiendo con decisión política las redes de corrupción heredadas de la gestión anterior, que enajenaron al país, actuando férreamente contra la impunidad. Y la segunda es la de romper con la matriz pequeñoburguesa de querer quedar bien con Dios y con el diablo, volviendo al pensamiento artiguista y rescatando las heroicas tradiciones del pueblo uruguayo. “Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos.”
Transitar por el medio de la calle en tiempos tan turbulentos es peligroso, tarde o temprano el gobierno tendrá que elegir si girar a la izquierda o a la derecha, sin dejar de comprender que el pueblo está en la calle, no en los pasillos de la burocracia institucional.
Oscar Rotundo* Analista político internacional, editor de PIA Global
Foto de portada: Gianni Schiaffarino
