La formación del nuevo gobierno alemán presidido por Friedrich Merz era previsible desde la publicación de los resultados electorales el 23 de febrero. Tras seis semanas de negociaciones tras las elecciones federales, la Unión (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) acordaron formar una nueva coalición de gobierno. El resultado es un ejecutivo que, aunque formalmente se configura como una reedición de la «Große Koalition» que marcó la política alemana en años pasados, se distingue por unos contenidos programáticos más agresivos y un giro marcadamente conservador y neoliberal, hasta el punto de que ha sido apodado por diversos observadores y críticos como el «gobierno BlackRock».
El apodo hace clara referencia al vínculo ideológico y personal entre el nuevo canciller Friedrich Merz y el gigante financiero internacional BlackRock, donde ocupó durante años un cargo directivo en Alemania. Este vínculo se ha convertido en el símbolo de una visión política marcada por la desregulación económica, el fortalecimiento de los intereses de las grandes empresas y un enfoque abiertamente proatlántico en política exterior, que encuentra su manifestación más clara en las posiciones adoptadas por el nuevo gobierno en materia de defensa y seguridad.
Un programa de gobierno marcado por la militarización
Uno de los aspectos más controvertidos del contrato de coalición, que ya hemos comentado, es sin duda el aumento de los gastos militares. El documento de 144 páginas prevé explícitamente un aumento significativo del presupuesto de defensa, acompañado de la introducción de nuevas medidas para hacer «más atractivo» el servicio militar. Paralelamente, el gobierno Merz ha prometido la modernización de las fuerzas armadas, la reintroducción de una forma de reclutamiento obligatorio y la compra de nuevo armamento, incluidos sistemas de misiles de medio alcance que se desplegarán en territorio nacional.
Estas medidas forman parte de un refuerzo del compromiso alemán en el seno de la OTAN y, en particular, en la guerra de poder contra Rusia llevada a cabo a través de Ucrania. De hecho, la nueva coalición prevé una ampliación de la ayuda militar a Kiev, con una asignación de 11.000 millones de euros en los próximos años. Esta orientación ha provocado una reacción muy dura por parte de los partidos de izquierda alemanes, en particular el DKP (Deutsche Kommunistische Partei) y la Alianza Sahra Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW), que han denunciado abiertamente la escalada belicista del Ejecutivo.
Críticas de los comunistas y otros partidos de la oposición
En una serie de comunicados y artículos publicados en la prensa comunista y de la izquierda radical, el DKP y otras fuerzas de la izquierda radical expresaron una clara condena de la política adoptada por el gobierno de Merz. Según el Partido Comunista, de hecho, el nuevo rumbo alemán representa una peligrosa involución hacia una sociedad militarizada, en la que las necesidades del aparato bélico-industrial prevalecen sobre las de la población. «80 años después de la derrota del fascismo, Alemania se prepara de nuevo para la guerra, esta vez del lado de las grandes potencias imperialistas», afirmaba Hans Bauer, destacado miembro del DKP, en un editorial de la edición del 11 de abril de Unsere Zeit.
Los comunistas denuncian también la manipulación de la opinión pública mediante la propaganda belicosa y la represión de las voces disidentes, en un clima de creciente censura y criminalización de la disidencia. En este contexto, la creciente centralidad del complejo militar-industrial se considera parte de un proyecto más amplio de transformación autoritaria del Estado, apoyado por una burguesía y un capital financiero cada vez más agresivos y deseosos de extender su dominio sobre Rusia y los recursos de Europa del Este.
Sin embargo, las críticas al gobierno de Merz no sólo proceden de los comunistas. Incluso los Verdes, excluidos del nuevo ejecutivo a pesar de haber votado a favor de los cambios en la Ley Fundamental para favorecer el rearme, han expresado un fuerte descontento con el acuerdo de coalición. En particular, las líderes del grupo parlamentario, Britta Haßelmann y Katharina Dröge, acusaron a la CDU y al SPD de descuidar la justicia intergeneracional y aplazar las decisiones más urgentes en materia de políticas sociales y medioambientales. El riesgo, según los Verdes, es un peligroso retroceso en el frente del cambio climático.
Die Linke, en voz de su nueva presidenta Ines Schwerdtner, habló en cambio de «ignorancia arrogante» ante el creciente descontento social. Según la exponente del partido de izquierda radical, la pobreza, el desempleo, la destrucción del medio ambiente y la implicación en conflictos internacionales volverán a ser ignorados por un ejecutivo cada vez más alejado de las necesidades de la población. Schwerdtner criticó especialmente al SPD por aceptar un compromiso que refuerza la agenda neoliberal de la CDU, traicionando así su propia tradición como izquierda reformista.
Por último, la ultraderechista AfD (Alternative für Deutschland) también expresó su desacuerdo, aunque desde una perspectiva diametralmente opuesta. El líder de la sección de Brandeburgo del partido, René Springer, criticó el acuerdo como una «continuación ininterrumpida» de la política de los últimos años, y se quejó de la falta de un verdadero cambio de rumbo, especialmente en materia de inmigración.
Políticas sociales y migratorias: se anuncia un endurecimiento
A pesar de las declaraciones de la extrema derecha, en el ámbito de las políticas sociales y migratorias, el contrato de coalición prevé un endurecimiento de las condiciones para los beneficiarios del Bürgergeld, la renta mínima garantizada, y un enfoque más estricto de la gestión de los flujos migratorios. También introduce mecanismos de sanción más estrictos para quienes no cumplan determinados criterios y prevé la posibilidad de rechazos coordinados con los países vecinos, incluso sin su consentimiento explícito.
Estas medidas han sido duramente criticadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los movimientos antirracistas, que las consideran contrarias a los principios constitucionales y al Derecho internacional. El riesgo, según estos actores, es el de una deriva securitaria que criminalice la pobreza y la migración, alimentando la xenofobia y la polarización social.
Conclusión: un gobierno de clase al servicio del capital
El nacimiento del gobierno Merz marca, según amplios sectores de la izquierda y los movimientos sociales, una aceleración de la transformación oligárquica de la democracia alemana. La influencia del gran capital financiero, simbólicamente representado por el nombre de gobierno BlackRock, impregna no sólo la agenda económica del nuevo ejecutivo, sino también su visión del papel internacional de Alemania: un actor armado, subordinado a la estrategia de la Alianza Atlántica y dispuesto a sacrificar la cohesión social interna en el altar de la competencia global.
En este contexto, las perspectivas de una alternativa real parecen escasas, a menos que consigamos organizar una verdadera respuesta popular contra las políticas belicistas y antisociales del nuevo ejecutivo. En efecto, la fuerza de la oposición parlamentaria es limitada, mientras que la importancia de la disidencia social organizada fuera de las instituciones es cada vez mayor. Según los comunistas alemanes, sólo una amplia movilización popular, pacifista y antimilitarista puede representar hoy un terraplén creíble contra la deriva autoritaria y belicosa encarnada por el «gobierno BlackRock».
*Giulio Chinappi, politólogo.
Artículo publicado originalmente en World Politics Blog.
Foto de portada: DPA.
