Los abogados de Donald Trump argumentan que el expresidente de Estados Unidos no incitó con sus palabras o actos el asalto al Capitolio protagonizado por una turba de sus seguidores el pasado 6 de enero, y que sus arengas a la muchedumbre horas antes del sangriento episodio suponen un ejercicio de la “libertad de expresión amparada” por la Constitución. Esas son las líneas generales de la respuesta que la defensa presentó este martes ante el Senado, a una semana de que comience el juicio político a Trump “por incitación a la insurrección”. Para la acusación, ejercida por los demócratas, el magnate es “particularmente responsable” de lo sucedido.
El cuarto impeachment de la historia de Estados Unidos, el segundo contra Trump, comenzará el próximo martes en la Cámara alta, pero tanto los representantes legales del exmandatario como los nueve congresistas demócratas que ejercen de fiscales (llamados gestores) han avanzado ya los argumentos que unos y otros utilizarán para sostener si el republicano es culpable. Esa condena-improbable porque requiere una mayoría de dos tercios en el Senado y los republicanos no están dispuestos a sentenciarlo– implicaría después su inhabilitación para volver a presentarse a unas elecciones, objetivo último que persigue la acusación. A diferencia de los tres juicios políticos contra un presidente celebrados hasta ahora, el líder que será juzgado ahora ya se encuentra fuera de la Casa Blanca, con lo que una condena no implicaría su destitución.
El magnate neoyorquino pasó meses agitando el fantasma del fraude electoral con el argumento de que el voto anticipado y por correo, que los Gobiernos de los Estados favorecieron como medida de prevención ante la pandemia, era campo abonado para las irregularidades. Cuando perdió, redobló esas acusaciones e impulsó una cruzada legal, con múltiples pleitos, en los territorios clave. Ningún tribunal halló pruebas de esa trampa masiva, pero Trump siguió sin reconocer la victoria del demócrata Joe Biden y animó a las protestas.
El 6 de enero por la mañana, el mismo día en que el Congreso debía confirmar la victoria de Biden, lanzó un último discurso incendiario ante una muchedumbre congregada junto a la Casa Blanca. Arremetió contra el entonces vicepresidente, Mike Pence, por negarse a boicotear la confirmación y pidió a sus seguidores que marchasen hasta el Capitolio para seguir protestando. Una vez allí, se desató la locura. A la semana siguiente, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó el cargo contra él de “incitación a la insurrección” con el apoyo de 10 republicanos.
Para los demócratas, “Trump usó exactamente el tipo de lenguaje calculado para incitar a la violencia” y los vídeos “eliminan cualquier duda” de que el mandatario “de hecho, incitó a la violencia”. Trump había arengado a los manifestantes con expresiones como: “Nunca recuperaréis vuestro país con debilidad”, “Tenéis que demostrar fuerza” o “luchar como el demonio”, según recuerda el escrito. En vídeos del asalto se puede escuchar a un manifestante exclamar: “Hemos votado y ¿qué han hecho? Lo han robado (el resultado). ¡Recuperemos nuestro país!”. Otro gritó: “Mike Pence, vamos a por ti, traidor…”.
En su escrito de acusación, de 80 páginas, los demócratas consideran a Trump “particularmente responsable” por la “violencia y la destrucción” desencadenadas aquel día y desechan el argumento republicano de que el Senado no puede juzgar a un dirigente ya fuera del cargo, porque el presunto delito sucedió aún durante su periodo de presidente. Su “traición”, recalcan, es de “proporciones históricas”.
En cambio, los abogados del expresidente sostienen que sus palabras aquella mañana no implican referencias a la violencia o el incumplimiento de la ley, sino que se referían “a la necesidad de luchar por la seguridad de las elecciones en general”. En su escrito, de 14 páginas, evitan insistir en el bulo del robo electoral, pero sostienen que el expresidente de Estados Unidos, ahora retirado en su mansión de Florida, sí lo creía de verdad y al señalarlo públicamente estaba ejerciendo una libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución, de modo que no se le puede someter a un impeachment por eso. Además, no dejan de sembrar la duda al señalar: “No existen suficientes pruebas para concluir si sus declaraciones eran precisas o no y, por tanto, que sean falsas”.
La defensa insiste en que en ningún momento hubo una petición explícita a vulnerar la ley o entrar dentro del Congreso y que, cuando se produjo el asalto, el republicano pidió a sus seguidores que se manifestaran de “forma pacífica”. “Si este discurso [en referencia al pronunciado por el expresidente la mañana del 6 de enero] es considerado como incitación a la insurrección, entonces creo que cualquier ponente político apasionado se encuentra en riesgo”, planteó uno de los abogados de Trump, David Schoen, en una entrevista con The Washington Post el pasado domingo.
Muchos de los agitadores trumpistas se han convertido ahora en un quebradero de cabeza para el expresidente, pues ellos mismos, a la hora de defenderse de los diferentes delitos que se les imputan (desorden público o irrupción violenta en un edificio de acceso restringido, entre los más leves y comunes), señalan que se limitaban a obedecer a la máxima autoridad del país. “Cuando el presidente, el 6 de enero, les pide que caminen con él por la avenida de Pensilvania, sentían no solo que el presidente les hablaba a ellos, sino que les estaba invitando. ¿Tuvo nuestro presidente un papel? ¿Tuvo una influencia? ¿Causó al menos en parte lo que ocurrió el 6 de enero? Sí. Categóricamente. Sin duda alguna”, decía hace unos días a EL PAÍS el abogado Albert Watkins, que representa a uno de los asaltantes más reconocibles, Jacob Chansley, que iba disfrazado con pieles y se le conoce como el chamán de QAnon. Como él, según informó Reuters este martes, hasta 170 detenidos están tratando de trasladar parte de culpa al republicano.
Éste artículo fue publicado por El Pais.
Editado por PIA Noticias.
