El tipo de petróleo pesado que tienen los yacimientos de Venezuela le obligaron a buscar la refinación más especializada. Y aunque cuentan con refinerías y personal de alto nivel profesional, aprovecharon la oportunidad de comprar a Citgo, tres plantas que reúnen las características para este tipo de petróleo.
Con las ganancias de la producción de estas refinerías se financió al gobierno falso que intentó derrocar a Maduro, presidente legítimo de Venezuela. Las elecciones las ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Juan Guaidó fue apoyado por la Asamblea y por la oligarquía venezolana y se autonombró presidente del país, con el respaldo del gobierno estadounidense.
Estados Unidos ha intervenido para obstaculizar el rescate de las tres refinerías filiales de PDVSA, funcionando en Houston. Contribuyendo a que Guaidó tomara, ilegalmente, el control del funcionamiento y de la producción de las Citgo.
Asimismo, Washington se autonombró protector de las acciones de esas refinerías. Las tres plantas han producido nafta, un hidrocarburo líquido sin color y volátil, que se destila del petróleo crudo y es un potente disolvente industrial.
Una vez que ha quedado descubierto el abuso en contra de PDVSA y que la fuerza del golpe de Estado de Guaidó, prácticamente, está superada por la sociedad bolivariana, el presidente venezolano ha intentado recuperar las refinerías que compraron en Estados Unidos.
Esta tarea ha sido difícil, porque los grupos golpistas liderados por Guaidó no han cumplido con el compromiso de ponerse de acuerdo para recuperar activos de la petrolera venezolana.
Hasta 2020, la producción de este hidrocarburo fue de 295 mil 300 barriles por día (bpd), en cuanto a la gasolina se produjeron 132 mil 480 bpd, además de al menos 83 mil 800 bpd de combustible para aviones y 298 mil 770 de diésel. Las tres refinerías producen 750 mil barriles de crudo al día, de acuerdo con información proporcionada por la Agencia Internacional de la Energía.
Otra dificultad para recuperar lo que le pertenece al pueblo venezolano es que las autoridades judiciales estadunidenses están del lado del usurpador Guaidó. En el estado de Delaweare, el juez de esa entidad, autorizó la venta de las acciones de Citgo, algo insólito.
Esta acción, también ilegal, fue una venganza política por la nacionalización de la minera canadiense Crystallex. Fue hace 10 años que la explotadora del yacimiento de oro dejó de funcionar en el país de Hugo Chávez, sin la indemnización que solicitaban.
Otro juez federal ha hecho caso omiso de los reclamos del gobierno de Maduro para evitar el embargo. Es importante mencionar que Citgo cuenta con una cadena de 10 mil gasolineras en Estados Unidos.
Sin embargo, el actual gobierno demócrata informó que la protección de los asuntos de Citgo debe terminar. El presidente Joe Biden revisará la conveniencia de continuar con esta sanción a PSVSA y en última instancia planteará qué es lo que sigue para terminar con este conflicto.
Biden confirmó que la protección de las acciones de Citgo está atada a la vigencia del gobierno encargado, y que será revisada en el primer semestre de 2022.
Son preocupantes los cambios de autoridades del sector energético estadounidense (no todos) que pueden afectar hasta al mejor de sus socios. Cuando se trata de recursos naturales de gran valor de otras naciones presionan para adquirir los productos a bajo precio o para rentar o vender infraestructura a precios altos. Los ejemplos están en cualquier texto de historia. Los saqueos son una muestra de la política neoliberal exclusivista y abusiva.
En tanto, la refinería Deer Park seguramente está siendo resguardada por las cláusulas de contratos legales y éticos para que la directiva de Pemex no se vea envuelta en algún caso improcedente o ventajoso con la refinación del petróleo mexicano de la forma como se presentó el conflicto de las refinerías de la empresa venezolana Citgo.
Notas:
*Maestría en Ciencias en física, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y columnista del periódico «La Jornada», Antonio Gersehnson Tafelov es promotor del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo
Fuente: La Jornada