Hoy, la falta de representatividad política y la anomia social se profundizan en el país, que vive otro nuevo estallido social desde la destitución de Pedro Castillo.
El pasado 27 y 28 de septiembre se realizó una nueva jornada de protestas y represión en el país andino. El detonante de las movilizaciones que se iniciaron en el mes de septiembre, tiene que ver con la aprobación de la Ley 32123, conocida como la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.
El modelo de sistema previsional actual en Perú, tiene su origen en la década de los noventa con la llegada de Fujimori a la presidencia. Las entidades que gestionan este sector, son la Oficina de Normalización Previsional (ONP), donde el esquema de reparto de pensiones es financiado por los trabajadores en actividad, y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que son sociedades privadas que gestionan los fondos de los trabajadores que se acumulan en cuentas individuales y que luego son invertidas en el sistema financiero para obtener rentabilidad. Esto significó el desaguace del sistema público y el direccionamiento de capitales privados hacia el sistema financiero.
La nueva reforma de las AFP, promueve el relanzamiento del modelo neoliberal, busca beneficiar a las entidades privadas con mayores ganancias y perjudica a los afiliados con mayores obligaciones y un recorte en materia de derechos. Uno de los puntos es la eliminación de los retiros parciales o totales de los fondos de AFP para jóvenes. Sin embargo, este último punto fue cedido por el ejecutivo y el legislativo para menguar la protesta social. Pese a ello, las movilizaciones no han frenado y nuevos sectores se han sumado, como el sector de transporte.
Con un gran despliegue de agentes antidisturbios, el gobierno de Dina Boluarte reprimió a jóvenes, trabajadores, jubilados y periodistas en las calles del Centro Histórico de Lima y en otras ciudades del país. Las movilizaciones convocadas por jóvenes menores de 30 años, que se autodenominan “Generación Z”, tomando de referencia lo sucedido en Nepal, no son más que la continuidad de estallidos que empezaron en el 2022, con la destitución del presidente Pedro Castillo. A esta marcha se han sumado muchos más sectores de la población con consignas que denuncian el crimen organizado y reclaman el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte, reflejando la casi nula aprobación de la gestión actual.
La crisis crónica en el país andino se ha ido agudizando y trasciende el tema previsional, el avance del modelo neoliberal hizo raíces y condujo a la desintegración de las instituciones peruanas que han socavado las estructuras del estado. Las últimas medidas tomadas por el gobierno ilegítimo de Boluarte, en sintonía con la tiranía parlamentaria, no son más que la expresión del relanzamiento del plan neoliberal que se ajusta a la agenda de los Estados Unidos, quien estuvo de gira por la región, no hace mucho.
Medidas como la reforma de las AFP, la ley de amnistía para los militares y policías, leyes que favorecen al crimen organizado, al narcotráfico y la cooptación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que imposibilitará comicios democráticos, demuestran que el estado de derecho no existe más. Y la población no solo lo percibe al ser violentado, cuando ejerce su derecho a la protesta, sino porque las condiciones de vida para las grandes mayorías peruanas se han deteriorado y se les viene negando derechos básicos como el acceso a la salud y la educación. Los índices en el sector laboral son alarmantes y muestran que más del 70% de la población peruana es informal y por tanto no tendrá una jubilación o pensión en su vejez.
En el marco de una situación de tensión creciente en la región por el redespliegue estadounidense y la disputa comercial entre los Estados Unidos y China. Venezuela y Colombia son asediados y amenazados por no alinearse y ceder territorio, por otro lado, países como Ecuador, Perú y Paraguay viven una caotización debido a las consecuencias de la implementación de políticas neoliberales, que han conducido a una crisis económica y social en esos países.
La intervención de Dina Boluarte en la ONU, dejó explicitado la alineación de su gestión con el país del norte, “(…) Sé que, a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay” y añadió, “Le dije al presidente Biden, cuando pudimos conversar en APEC 2023 (…), que mire hacia América Latina. Somos un solo continente que debe ser más fuerte y tenemos las garantías para ello”. Asimismo, afirmó que los Estados Unidos debe asumir el liderazgo del continente y ofreció a Trump, el proyecto del mega puerto de Corío, ubicado en Arequipa, “Corío tiene mucho más calado que Chancay para que muchos barcos de mayor tonelaje puedan venir”.
La presencia militar de Estados Unidos en Perú se ha manifestado a través de entrenamientos conjuntos, visitas y planes de luchas contra el narcotráfico en áreas como la Amazonía, donde paradójicamente el narcotráfico se despliega cada vez con más ímpetu.
En 2015, las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos hicieron entrenamientos a oficiales y suboficiales de la Dirección Táctica Urbana de la Policía Nacional de Perú (SUAT). En el 2017, el ejército peruano participó en los ejercicios militares junto a Estados Unidos, Colombia y Brasil en la región de Tabatinga, en la Amazonía.
Durante el 2021, el Congreso peruano aprobó el ingreso de tropas estadounidenses al territorio desde el 1 de enero al 31 de diciembre de ese mismo año, alegando entrenamientos para el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú. Asimismo, en ese año, una delegación de oficiales peruanos visitó las instalaciones de la Brigada Táctica del Ejército de Estados Unidos en la Base Militar Conjunta de San Antonio en Texas y al Centro de Entrenamiento del Ejército de Estados Unidos en California. Mientras que, en el 2022, se dieron ejercicios combinados conjuntos estadounidenses con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú.
La presencia de una Unidad de Investigación Médica Naval de los Estados Unidos SUR (NAMRU SOUTH) que fue establecida en Lima mediante un acuerdo firmado entre las marinas de guerra de ambos países, pero que depende principalmente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que está bajo el mando del jefe del Comando Sur, también ha sido cuestionado. Esta unidad es un laboratorio biomédico que investiga enfermedades infecciosas de importancia militar y de salud pública. Sin embargo, ha sido cuestionada por posibles operaciones de inteligencia. NAMRU-6 fue creado en 1983 y tiene tres sedes, una en Lima en el Hospital Naval, la segunda en Iquitos en la Clínica Naval y la tercera en Puerto Maldonado. En el 2023 la ex jefa del Comando Sur Laura Richardson visitó los laboratorios de NAMRU-6 en Iquitos y Lima.
El próximo año el país tendrá elecciones presidenciales y la fragmentación a nivel partidos políticos es muy evidente, se han inscripto 38 partidos. Y las figuras más resaltantes según las últimas encuestas son Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, del partido Renovación Popular y keiko Fujimori, hija del ex dictador Fujimori, de Fuerza Popular, que básicamente representan una derecha disgregada. Hay que tomar en cuenta que las encuestas, que en su momento no vieron venir el crecimiento de Pedro Castillo, hoy reflejan la intención limeña pero no la intención del grueso del país. Es muy temprano para saber qué sucederá el próximo año y cómo se irán construyendo otras candidaturas y alianzas políticas.
Por su parte la izquierda peruana y el progresismo se encuentran diluidos, apoyaron en su momento a Castillo, pero a su vez lo traicionaron y muchos jugaron a favor del fujimorismo en el parlamento, por lo que carecen de representatividad en la población, generando una desafección política.
Sobre la situación de Pedro Castillo, cabe resaltar que no le permitirán participar en las próximas elecciones. En otro episodio del lawfare, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema busca ahora juzgarlo también por conspiración para la rebelión, sin embargo, la fiscalía peruana no ha podido probar hasta el momento los delitos que le imputan. Otra figura política que, en el 2019, anunció la disolución del Congreso fue Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú. Él apeló al artículo 134 de la Constitución para disolver inmediatamente el Parlamento y convocar elecciones legislativas, lo que provocó que meses después el congreso concretara su vacancia. En junio de este año, el parlamento peruano aprobó una resolución que definió la inhabilitación de diez años para ejercer la función pública contra Vizcarra y en agosto, un tribunal emitió una orden de prisión preventiva contra el ex presidente.
Perú vive tiempos de desintegración institucional y caotización, donde el movimiento popular desde la destitución de Pedro Castillo, despertó como hace mucho no se manifestaba. Son en su gran mayoría del interior del país con raíces indígenas que sostienen aun esa cultura comunitaria, salen a las calles, viajan a Lima, alzan sus voces para buscar esos cambios profundos en la sociedad peruana, que ha quedado como una deuda pendiente. Se torna un desafío para el movimiento popular peruano, en momentos donde la región padece la reinvención de la intervención estadounidense, encarar el panorama, utilizar herramientas políticas que desarrollen propuestas transformadoras y que puedan parir liderazgos que disputen el poder para construir las bases de un proyecto nacional que se ajuste a los intereses del Perú.
Lucia Izaguirre* Periodista miembro del equipo editorial de PIA Global
Foto de portada: Wayka.pe
