Fujimori, hija del ex presidente condenado por crímenes de lesa humanidad y otros delitos políticos y económicos, fue derrotada en su tercer intento de convertirse en presidenta del país.
Pedro Castillo es un maestro rural que surgió del interior del país con una serie de propuestas y demandas del sistema, que fueron aceptadas por el movimiento popular, principalmente porque un hombre de origen humilde y con pocos recursos para apoyar una campaña las planteó. Él y su campaña electoral eran diferentes de los partidos tradicionales que contaban con el apoyo de los medios de comunicación y la contribución de grupos empresariales.
Desde la Constitución de 1993, la Carta Magna neoliberal impuesta por Alberto Fujimori, ha sido muy difícil, si no imposible, que un presidente logre una mayoría en el Congreso, porque los partidos que estaban en la mayoría en ese momento se han derrumbado y han sido reemplazados por «partidos» que no son más que «etiquetas», «franquicias» a sueldo de líderes ambiciosos y grupos económicos. Esto ha producido un alto grado de fragmentación política que impide la formación de coaliciones que podrían proporcionar al ejecutivo una mayoría.
Así, los procesos de vacancia han sido los protagonistas de esta realidad política en el Perú y por diferentes razones, varios presidentes han pasado por este procedimiento.
En el caso de Castillo, desde el primer día de su administración, el Congreso de mayoría fujimorista y los partidos de derecha afines obstaculizaron la formación de gabinetes ministeriales que tuvieron que pasar por la legislatura para obtener un voto de confianza.
Uno de los errores que se puede atribuir al ahora expresidente Castillo es haber cedido a la presión de la derecha, que nunca tuvo la intención de cogobernar con el ejecutivo. Más bien, quería articular desde su posición de alto poder y desde el poder judicial, las maniobras que, tarde o temprano, conducirían al mismo resultado: la vacancia.
En 10 meses el presidente cambió 50 ministros. Sólo los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Comercio Exterior y Vivienda permanecieron en sus cargos hasta hoy. Se trata precisamente de los ministerios a cargo de sus compatriotas, el llamado grupo Chotano (por su lugar de origen, la ciudad de Chota)
Con este panorama de jueces y fiscales que invaden la política y se convierten en un partido político más al servicio del sistema, el futuro del país sigue perdido en una encrucijada que se expresa en la siguiente pregunta: ¿Qué hacer con un Congreso que tiene una tasa de desaprobación del 86%? ¿Cómo salir de la jaula constitucional, reformada un enorme número de veces a favor de los poderosos? ¿La actual presidenta Dina Boluarte terminará el mandato presidencial o también quedará vacante cuando no siga el guion?
Mientras tanto, las viejas deudas sociales se acumulan en las calles y pronto se harán oír, así como la lucha de los sectores abandonados y estigmatizados por el racismo y el clasismo, que Castillo intentó representar. Él, desde el primer momento de su triunfo electoral, fue estigmatizado e insultado por los círculos conservadores de Lima, bien representados por el escritor Vargas Llosa.
Y como la historia la escriben los que vencen, hoy asistimos a una historia construida por golpistas y vacanciadores seriales, que expresan un discurso como la única verdad permitida, pero que, a medida que pasan las horas, no es tan aceptable para los sectores populares. Poco a poco, la demanda por la libertad de Castillo se va gritando en las calles y en los movimientos del interior del país, junto con la vieja demanda de la clausura del congreso y la realización de una Asamblea Constituyente que erradique el cáncer fujimorista que corrompe las instituciones y la política del Perú.
Una situación que polariza nacional e internacionalmente
Mientras tanto, el gobierno de México desde el principio ha declarado a través de su presidente Manuel López Obrador: «Consideramos lamentable que, para los intereses de las élites económicas y políticas, desde el inicio de la legítima presidencia de Pedro Castillo, exista un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta el punto de llevarlo a tomar decisiones que han servido a sus adversarios para consumar su destitución», y que «espero que se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo».
La OEA, a través de un Grupo de Alto Nivel, tras la solicitud formulada por el Presidente Castillo para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para recoger diversas denuncias y valoraciones que revelaron la fragilidad de la democracia debido a la aplicación del Lawfare y del hostigamiento sistemático contra el Presidente Castillo, no distinguió la acción de vacancia como una circunstancia golpista que violó el orden constitucional, sino más bien, sacándolo de contexto, tomó solo la declaración de Castillo en la que se cerró el Congreso, sin considerar las razones que podrían influir para haber llegado a esa decisión.
Por otro lado, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, declaró, tras mencionar la detención de Castillo, «espero que todas las fuerzas políticas peruanas trabajen juntas, dentro de una convivencia democrática constructiva, única manera capaz de llevar paz y prosperidad al querido y fraterno pueblo peruano», y agregó: «Le deseo éxito a Dina Boluarte en su tarea de reconciliar al país y conducirlo por el camino del desarrollo y la paz social».
Ante estas declaraciones, llama la atención que nadie advierta que si un presidente solicita la aplicación de la Carta Democrática, es porque considera inminente, que se estaba planeando un nuevo golpe palaciego similar al que hemos visto en Honduras contra Manuel Zelaya o contra Fernando Lugo en Paraguay.
¿Qué convivencia democrática constructiva se puede esperar de estas mafias históricamente identificadas que desde los años 90 han estado haciendo lo suyo?
La diputada Katy Ugarte dio su opinión sobre la situación de Pedro Castillo: «Para mí no es un golpista, es un presidente que ha sido acorralado»
Katy Ugarte, una parlamentaria que ingresó al Congreso con el partido Perú Libre pero ahora forma parte del Bloque Magisterial, se pronunció en contra del adjetivo de golpista dado al ex presidente Pedro Castillo.
Y ante estos dilemas debemos ser claros: según la Constitución, el jefe de Estado está facultado para clausurar el Congreso en caso de que el pleno le niegue un voto de confianza en dos ocasiones consecutivas. Esto ya había sucedido una vez. Sólo requeriría una segunda denegación.
Ante la llegada de la misión de la OEA a Perú, el Primer Ministro, Aníbal Torres, anunció que presentaría una cuestión de confianza para un proyecto de ley que restituiría poderes de contrapeso político al Ejecutivo. La moción de confianza es un mecanismo constitucional mediante el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Si procede a censurar o negar un voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso.
Lo que ocurrió es que, ante esto, la Corte Constitucional (TC) emitió una medida cautelar a favor del Congreso de la República, por la cual se suspendía cualquier acción del Ejecutivo, para que no pudiera disolver el Parlamento.
Por esta razón, Castillo no pudo ejecutar la medida «porque los efectos están suspendidos» hasta que el TC resuelva «la cuestión de fondo», es decir, «quién interpreta, quién tiene la competencia para decidir si hay una denegación de la materia de confianza para los efectos del artículo 134, porque ese es el tema de fondo allí, la disolución del Congreso».
Así como el presidente navegaba por las aguas de la vacancia o la destitución, los submarinos del golpe parlamentario y la Corte Constitucional prepararon sus torpedos para hundir al presidente.
La crisis está lejos de terminar, como pretende el establishment ante el silencio cómplice de una gran parte de la comunidad internacional. La confrontación tiende a intensificarse, porque el incidente demuestra una vez más que la democracia representativa formal, lejos de resolver los problemas del pueblo, los empeora, y que hasta que la Constitución de Fujimori sea cambiada por una asamblea soberana que represente a toda la sociedad, no habrá posibilidad de construir una democracia legítima.
Oscar Rotundo*Analista político internacional y editor del equipo de PIA Global
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