El derrocamiento del presidente Pedro Castillo producto del accionar conjunto de las mafias fujimontesinistas desde el parlamento, los grupos económicos beneficiarios de la explotación de los recursos naturales y las exportaciones del Perú, la burocracia judicial militar, y la embajada norteamericana, han generado un hecho político que ha desenmascarado a la tan encumbrada democracia liberal, actuando de facto contra la voluntad popular e imponiendo un régimen autoritario, y profundamente represivo que hasta la fecha ha asesinado a más de 60 personas, y perseguido y encarcelado a cientos de manifestantes.
Dina Boluarte pasó de ser vicepresidenta de un gobierno popular a un instrumento burocrático para implantar una dictadura de la cual pretende beneficiarse una oligarquía al servicio de los intereses multinacionales mediante la corrupta adjudicación de contratos mineros y de hidrocarburos por un valor de 54 mil millones de dólares, de las concesiones que vencen este año 2023, es por ello que el Congreso ya bloqueó distintas propuestas para adelantar los comicios, como la presentada por el partido Perú Libre que planteaba adelantar las elecciones para el segundo domingo de julio y la realización de un referéndum con el objetivo de convocar a una Asamblea Constituyente, rechazada por 75 votos en contra y una abstención.
El caos institucional ha permitido que la derecha parlamentaria explote su cuota de poder para manipular los destinos del país tratando de garantizar “legalmente”, mediante reformas a la desprestigiada Constitución del 93, su permanencia en la burocracia planteando la bicameralidad o la reelección de los legisladores que está prohibida tras el resultado del referéndum del 2018.
De mantenerse este statu quo en el tiempo, la agudización de las contradicciones económicas, sociales y políticas se irán profundizando hasta llegar a situaciones de enfrentamiento inimaginables pues frente a la mezquina y bochornosa posición de la derecha política reaccionaria hay un pueblo harto de los históricos atropellos que ha venido soportando y ha decidido enfrentar la situación pues sabe que ya no hay vuelta atrás.
La mentira, la desinformación, la represión y el “terruqueo” (acusar de terrorista) ya no alcanzan para tratar de desmovilizar a la población, que en una parte del Perú ha participado en las protestas con un nivel importante de organización.
La parte que es más activa, aunque no es mayoritaria, es muy importante por el nivel de organización social, ya que ha mantenido la protesta en la calle con cortes, actos y movilizaciones alternadamente. En este escenario se destaca el arrojo de la juventud para hacer retroceder y desgastar a las fuerzas represivas, el papel de los medios de información alternativos y los corresponsales espontáneos que visibilizan la lucha social y desnudan las maniobras de los medios mercenarios al servicio de la derecha que tratan de ocultar la acción criminal de las fuerzas policiales y civiles que atacan ala población pacifica que reclama la renuncia de Boluarte.
Otro elemento destacable y fundamental es la solidaridad de la ciudadanía que ha aportado víveres e insumos médicos arriesgando su propia vida en la salvaguarda de quienes llevan adelante este movimiento de presión que comprende todo el sur y una tercera parte del norte del país y de Lima.
En esta guerra de desgaste entre el pueblo y los enemigos de la Patria, la inteligencia social y la experiencia de lucha ancestral cobran vida en el desarrollo del conflicto, mientras en el norte, epicentro de las Rondas Campesinas, prevalece en general, una situación de relativa calma, en el sur del país la situación está más radicalizada, y prácticamente ha sido ocupado por parte del Ejército y las Fuerzas Armadas para restablecer la circulación de las mercancías. En algunas provincias, como Puno, el paro sigue y las carreteras siguen bloqueadas.
A casi dos meses de conflicto distintas voces se han sumado al reclamo de renuncia de Boluarte y adelanto de elecciones, Guillermo Berdejo, vocero de la Unión Nacional de Gremios de Mypes del Perú, exige renuncia de la señora expresando: “Ya no podemos aguantar porque nos están ahogando.”
El ex presidente Martín Vizcarra denunció, «Los congresistas indolentes rompieron todos los récords, rechazaron 4 proyectos para adelantar las elecciones en una semana. ¿Ahora alguien tiene duda que no se quieren ir?» y con relación a Boluarte expresó «Dina, renuncia ya. El artículo 115 de la Constitución, obliga al Congreso a convocar elecciones de inmediato».
Por otra parte, el excandidato presidencial y para la Alcaldía de Lima por el partido Acción Popular, Yonhy Lescano, se pronunció a través de las redes sociales diciendo «No hay ley de adelanto de elecciones por intereses mezquinos, el gobierno fantasmal no quiere irse. Se está clamando la renuncia de la Sra. Boluarte y ella como dictadora se niega».
El viernes 3 de febrero, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, renunció a su cargo en la Mesa Directiva tras el rechazo del Poder Legislativo al adelanto de elecciones generales.
«Renuncio con la esperanza de que se recomponga la Mesa Directiva y se constituya una fórmula realmente democrática y representativa»… «Desde el centro democrático creemos que una nueva Mesa Directiva pueda ser la puerta para que la presidenta Dina Boluarte renuncie y convoque a elecciones generales para el 2023», agregando que el país «no aguanta más» y que ni la mandataria ni los parlamentarios «quieren hacerse responsables de la crisis que afronta».
Obviamente las acusaciones de “conspiración terrorista” esgrimidas por la señora Boluarte y sus cómplices, chocan escandalosamente ante la variedad de sectores de la sociedad que exigen su dimisión y lo que sí queda de manifiesto es que en lo inmediato, la única solución a la vista para encausar esta crisis es su renuncia, que obligaría a celebrar elecciones en un plazo de seis meses.
Esto, encausaría parte de la gobernabilidad, pero la gran deuda estratégica esgrimida por los peruanos en la calle y en las encuestas, sólo podrá abordarse mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente con amplia participación social que recomponga la credibilidad en las instituciones y siente las bases para un nuevo contrato social que rompa con la impunidad de la que goza la clase política tradicional y los sectores reaccionarios de las fuerzas represivas, generando un proceso de refundación nacional con justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política.
Oscar Rotundo* es editor del equipo de PIA Global
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