Grecia, bajo cuya vigilancia ocurrió la tragedia, declaró tres días de luto y arrestó a nueve de los sobrevivientes, acusándolos de trata de personas. En Pakistán, de donde son originarios cientos de víctimas, fueron arrestados 10 presuntos traficantes.
Algunos relatos de sobrevivientes han puesto de relieve las acciones de la guardia costera griega. En un momento, sus oficiales ataron una cuerda al Adriana, posiblemente con la intención de remolcarlo y posiblemente contribuir a volcarlo.
Soy un académico con un enfoque en el desarrollo del derecho internacional y las instituciones legales en la práctica de la justicia transicional. Mi opinión es que el enfoque en los contrabandistas, o incluso la acción y la inacción de la guardia costera griega, distrae la atención de la verdadera causa de las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo: las políticas deliberadas establecidas por los estados europeos y apoyadas por la Unión Europea.
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Disminución de las protecciones legales para los migrantes
A raíz de los flujos masivos de población que acompañaron a la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos promulgaron la Convención de Refugiados de 1951. Este documento obliga a los estados signatarios a reconocer y proteger a los “refugiados” y otorgarles derechos de bienestar social a la par de los ciudadanos. Tal como fue promulgada, esta ley es bastante protectora, sirviendo como un escudo legal para las personas vulnerables.
El escudo siempre tenía agujeros. Por ejemplo, no todos los migrantes califican como refugiados, quienes deben enfrentar un “temor fundado de persecución”. Esta categoría se centra en los daños políticos, más que sociales; el hambre y la tragedia económica generalmente no califican.
Están apareciendo nuevos agujeros. Uno de los cimientos de la convención de 1951 son las obligaciones del estado contra la “devolución” o empujar a los refugiados de vuelta al peligro. Considerada durante mucho tiempo como fundamental, esta obligación ya no es inexpugnable. En los últimos años, ha surgido un patrón de retrocesos. La guardia costera griega y la agencia fronteriza de la UE, Frontex, han sido sorprendidas sacando inmigrantes al mar. En mayo de 2022, el director de Frontex renunció después de que un informe mostrara que Frontex estaba involucrado en cientos de devoluciones ilegales.
Estas acciones deben entenderse como sintomáticas de la ilegalidad estatal. Los estados han adoptado deliberadamente políticas que hacen que el movimiento de refugiados sea mortal. Por ejemplo, los estados han cerrado rutas terrestres y aéreas legales a través de esquemas de visas y severas sanciones para las aerolíneas que transportan pasajeros con documentación incorrecta. Esto conduce a los migrantes hacia cruces peligrosos.
Los casos judiciales individuales a menudo reconocen la ilegalidad estatal, años después del hecho. En diciembre de 2022, un tribunal de Roma declaró culpables de homicidio involuntario y negligencia a la guardia costera y la marina italianas en la muerte de 268 personas en 2013 en un naufragio frente a Lampedusa. Sin embargo, los dos acusados individuales fueron absueltos porque las demandas en su contra habían prescrito.
Asimismo, una sentencia de 2012 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró a Italia responsable de violaciones de derechos humanos contra migrantes cometidas por la guardia costera libia. Una presentación de 2018 ante ese mismo tribunal alega un trato mortal continuo por parte de Italia y Libia. Aún se espera el juicio.
Los activistas han pedido a la Corte Penal Internacional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que revisen el tratamiento europeo de los inmigrantes. Sin embargo, incluso si estos poderosos tribunales toman estos casos, no pueden hacer mucho. Siempre que cada caso se trate como un incidente individual potencialmente procesable en lugar de como parte de un horror agregado ilegal, la pérdida de vidas prevenible continuará.
El Mediterráneo es ahora considerado como el lugar más mortífero del mundo para los inmigrantes. Desde 2014, los estados han cesado las operaciones de rescate en el Mediterráneo. Los estados ahora realizan protección fronteriza en su lugar. Los estados también han cerrado las operaciones privadas de rescate, incautando botes con cargos falsos y enjuiciando penalmente a los trabajadores de las ONG como traficantes de personas. Como afirma la ONG Médicos Sin Fronteras.
Europa no solo no ha proporcionado capacidad de búsqueda y rescate, sino que también ha saboteado activamente los intentos de otros por salvar vidas.
Debilitamiento del estado de derecho
La Convención de Refugiados de 1951 fue solo uno de una serie de proyectos europeos de estado de derecho diseñados para reconocer y proteger los derechos humanos tras la devastación de la segunda guerra mundial. Como describo en mi libro reciente sobre derecho internacional en África , estos proyectos legales tomaron en serio la amenaza que los estados representan para los individuos, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y buscaron abordar este peligro vinculando a los estados con leyes supranacionales.
Esta estructura, el estado de derecho por encima del estado a través de un sistema internacional de estado de derecho, es el modelo defendido por los estados africanos que emergen del colonialismo y por todos y cada uno de los estados en desarrollo que participan en la política y el comercio global.
Pero los estados europeos están renunciando a elementos clave de esta estructura de estado de derecho a través de la ilegalidad de sus políticas hacia los inmigrantes. El repudio de las responsabilidades legales por parte de los estados europeos desafía las normas del estado de derecho en el sistema internacional. Esto, a su vez, debilita ese sistema como modelo para los estados que buscan normalizar internamente el estado de derecho.
*Kerstin Bree Carlson es Profesor Asociado de Derecho Internacional, Universidad de Roskilde
Artículo publicado originalmente en The Conversation
