¿Por qué cambió el Gobierno la postura de España sobre el Sáhara? El 19 de mayo de 2021, el presidente Pedro Sánchez y varios ministros ‘de Estado’ desayunaron con un informe secreto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El documento, adelantado por algunos medios y al que ha tenido acceso La Marea, desgrana la estrategia de Marruecos para desestabilizar al Gobierno de España y obtener cesiones. Los servicios de inteligencia explican con todo lujo de detalles cómo un régimen autoritario identifica y ataca tres puntos débiles de la democracia española. El plan marroquí fue todo un éxito. Desde entonces, el Ejecutivo español teme, recula, cede y oculta sus pasos, todos orientados a contentar a Rabat. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat no es el fin de una crisis, sino el inicio de una capitulación. Dictadura 1, democracia 0.
Hay que rebobinar hasta finales de 2020 para entender el contexto. Canarias registraba cifras récord de llegadas por vía irregular, la mayoría procedentes del Sáhara bajo ocupación militar marroquí. Las imágenes de migrantes hacinados a la intemperie en el muelle de Arguineguín dieron la vuelta al mundo. Desde Washington, apenas unos días antes de dejar la Casa Blanca, el presidente Trump publicaba en Twitter su decisión de reconocer la soberanía marroquí sobre la antigua provincia española. Aquel tweet pasó desapercibido en Estados Unidos pero desencadenó un tsunami a este lado del Atlántico y puso las bases para la mayor crisis diplomática entre España y Marruecos desde el conflicto de la isla de Perejil en tiempos de Aznar.
La magnitud del problema se hizo patente el 17 de mayo de 2021, con la entrada irregular de más de 12.000 personas en Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Al menos dos personas murieron aquel día.
No era la primera vez que Marruecos usaba a las personas migrantes como herramienta de presión contra España y la Unión Europea, pero fue en ese episodio cuando por primera vez lo reconoció abiertamente a través de su embajadora, Karima Benyaich. “Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir”, afirmó. Dejaba claro, así, que lo de Ceuta era la respuesta de Marruecos a la decisión de España de permitir que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario enfermo de COVID-19, recibiera tratamiento en un hospital de Logroño.
¿Por qué?
Tras casi un año de crisis diplomática, el Gobierno de España se alineó con Marruecos en el conflicto del Sáhara. La decisión se materializó en una carta remitida por el presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI en marzo de 2022. Rabat filtró la misiva, escrita en francés y con varias faltas gramaticales, pillando a casi todos por sorpresa. La carta de Sánchez puso fin a la “neutralidad activa” que durante más de 40 años marcó la política exterior española hacia el Sáhara.
El Congreso rechazó este viraje en la política exterior española casi por unanimidad –con el PSOE como única excepción– y la opinión pública se mostró en contra. La nueva postura puso fin al frágil equilibrio geopolítico a este lado del Mediterráneo. Argelia cortó sus relaciones comerciales con España y dejó de ser el principal proveedor de gas, un combustible cada vez más preciado debido a las sanciones contra Rusia.
Muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿Por qué? ¿Qué llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a dar este volantazo sobre el Sáhara? Todos estos hechos se precipitaron en medio del escándalo de Pegasus revelado por el consorcio Forbidden Stories. Los teléfonos del presidente y los titulares de los llamados ‘ministerios de Estado’ –Interior, Defensa y Asuntos Exteriores– fueron espiados. Todas las sospechas –ni confirmadas ni desmentidas por las autoridades españolas– apuntan a Rabat, nuevo socio preferente de Israel, país que produce y autoriza la venta de este programa de espionaje.
La crisis de Ceuta comenzó al alba del 17 de mayo de 2021. Un día después, el CNI redactó un documento informativo sobre lo que estaba pasando y, 48 horas más tarde, el 19 de mayo, se lo entregó al presidente y a los titulares de los tres ministerios clave en la crisis abierta con Marruecos. El informe se titula Marruecos. Relaciones con España. Situación tras la acogida de Brahim Ghali. Se trata de información confidencial por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma heredada del franquismo que ni el PSOE ni el PP quieren modificar.
El CNI no escatimó en detalles. El documento afirmaba que “las autoridades locales [de Marruecos] dieron instrucciones a los taxistas y dueños de medios de transporte de poner sus vehículos a disposición del traslado de inmigrantes” con el objetivo de “llevarlos a las cercanías de Ceuta”. Más allá de esta ciudad autónoma, la inteligencia española también apuntaba a que “el pasado 15.05.2021 el mando de la zona sur recibió instrucciones de dejar pasar las embarcaciones de inmigrantes hacia las costas españolas”.
Los espías españoles explicaron al Gobierno que Marruecos había puesto en marcha “un discurso agresivo” para que otros países revisaran su posición sobre el Sáhara Occidental. En España, siempre según el CNI, Rabat intentaba “obtener mayores concesiones de nuestro país en el ámbito bilateral” utilizando como excusa “la entrada de Brahim Ghali” en abril de ese año por razones médicas. Para Marruecos, se trataba de una “magnífica oportunidad”, según un entrecomillado que contiene el mismo informe.
La llegada de Ghali
España sigue siendo la potencia administradora de iure en el Sáhara y, por tanto, tiene las competencias sobre el espacio aéreo del territorio, sometido a la ocupación militar marroquí –e ilegal, según Naciones Unidas– desde finales de 1975. El plan se cocinó en las más altas esferas del Majzén. “En esta crisis resulta determinante el peso que tiene la componente personal de Mohamed VI (…) las líneas de actuación a seguir y las medidas a adoptar en cada momento son planificadas y gestionadas por el consejero real Fouad Alí el-Himma, quien coordina directamente la estrategia con el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y los dos responsables de los Servicios de Inteligencia exterior (DGED) e interior (DGST), Yassin Mansouri y Abdellatif Hammouchi”, informó el CNI.
Tras la llegada de Ghali a España, Rabat “inicialmente centró su respuesta en suelo español” y “solicitó que se diera máxima difusión a la presencia en España de Ghali y a las querellas interpuestas contra él para desacreditar su imagen”, informa el CNI al Gobierno. Como parte de esa primera reacción, Marruecos “demandó la movilización de la colonia marroquí en nuestro país” y canceló varios eventos previstos.
Según el espionaje español, “todas las protestas fueron y son organizadas a instancias de los consulados y del Servicio de Inteligencia Exterior marroquí, la DGED, usando como pantalla organizaciones o miembros de la colonia”. El Ejecutivo disponía de esta información pero intercedió para evitar las manifestaciones mencionadas por el CNI. Un escenario a la inversa, con protestas en suelo marroquí comandadas por un servicio secreto extranjero, sería impensable.
El régimen de Mohamed VI parte con ventaja porque se le permite jugar en el tablero democrático –aunque imperfecto, democrático– de España. La estrategia de Marruecos que dibuja el CNI en su informe consta de tres pilares. Cada uno representa un punto débil del sistema democrático. La autocracia de Rabat los usa para desestabilizar, extorsionar y doblegar la voluntad de un gobierno electo.
El primer pilar de la estrategia fija su objetivo en las redes sociales y los medios de comunicación, según la inteligencia española. La libertad de expresión y el derecho a la información tienen una existencia meramente testimonial en Marruecos, de acuerdo con las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional, Index of Censorship, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras. En terreno democrático, las autoridades marroquíes son conscientes de que intoxicar el debate público en España puede agrietar los cimientos de la Moncloa y destruir la legitimidad del Gobierno. Según el CNI, la inteligencia marroquí activó “un proyecto que incluye la difusión de artículos de prensa con soporte visual”, además de campañas en redes sociales y “la programación de entrevistas en los principales medios españoles y marroquíes”. Uno de los objetivos de esta táctica consiste en “cuestionar la separación y eficacia del poder judicial español y destacar la necesidad de revisar la postura exterior de España hacia el país vecino”, reza el informe.
No es el CNI, sino el servicio de información de la Policía Nacional el que en otros documentos apunta a infiltraciones, transferencias económicas e intercambio de favores con directivos de medios como La Razón. Preguntado por ello, el director de este último, Francisco Marhuenda, niega haber publicado propaganda marroquí pero reconoce ser “amigo íntimo” de la embajadora, Karima Benyaich, y admite recibir dinero de Marruecos a través de un contrato “totalmente legal” suscrito con un agente de inteligencia marroquí que se presenta como empresario de la industria editorial. El empresario en cuestión es Ahmed Charai, quien en 2011 fue detenido en el aeropuerto de Washington con 20.000 dólares, informa el medio francés MediaPart. En 2017, un usuario bajo el seudónimo de Chris Coleman filtró cientos de emails de Charai que muestran las gestiones de este ciudadano marroquí para cooptar e influenciar distintos medios de varios países.
Toda esta información obra en manos del Gobierno pero la inteligencia marroquí sigue teniendo barra libre en España para explotar en su beneficio los derechos a la información y a la libre expresión. Marruecos usa este punto débil de la democracia en España y otros países (Francia, Bélgica, Alemania, Italia…) e incluso en las instituciones europeas, tal y como revela a cuentagotas el escándalo de espionaje y sobornos en el seno del Parlamento Europeo que saltó a la prensa en diciembre, primero bajo el nombre de #QatarGate y, posteriormente, rebautizado como #MarocGate o #MoroccoGate. De izquierda a derecha, el pasado enero la Eurocámara aprobó una resolución que denuncia a Marruecos por el encarcelamiento de periodistas, el pago de sobornos y el espionaje. Solo votaron en contra un reducido grupo de eurodiputados de extrema derecha y 17 eurodiputados del Partido Socialista español.
El sistema judicial
De acuerdo con la información suministrada por el CNI al Gobierno, el segundo pilar que aprovecha Marruecos para obtener concesiones de España consiste en saturar, deslegitimar y atacar uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho: el sistema judicial. La inteligencia española asegura que la embajadora y los espías marroquíes llevan tiempo recopilando información sobre causas abiertas en los tribunales españoles. Obtienen sumarios e investigaciones judiciales “de diversas fuentes del ámbito periodístico, policial y judicial”, asegura el CNI. Así, en consonancia con el primer punto, Rabat intenta “mediatizar” el caso Ghali “a sabiendas de que los primeros datos eran inciertos”, explica el servicio secreto en referencia a los bulos divulgados por los colaboradores del espionaje marroquí en España.
Desde la fecha de redacción de ese informe, Marruecos ha reactivado querellas e interpuesto otras nuevas en los tribunales españoles, de forma directa o a través de terceros. Casi todas han sido sobreseídas, incluyendo varias contra Brahim Ghali y contra la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Estas causas alimentaron la maquinaria de desinformación activada por los colaboradores mediáticos de Marruecos en distintos medios. Siguen abiertas otras, como la que Rabat interpuso contra el periodista Ignacio Cembrero por “actos de jactancia”, una figura jurídica que tiene su origen en el derecho medieval castellano. Cembrero es uno de los periodistas espiados con el programa Pegasus. Ni el Gobierno ni ninguna otra autoridad de España le han brindado apoyo.
Por último, el tercer elemento de la estrategia de Rabat se focaliza en el Parlamento español. “El servicio de inteligencia [marroquí] impulsó la introducción del debate sobre Ghali en el ámbito parlamentario tanto en España –instando la presentación de varias cuestiones en el Congreso–, como en Europa a través de un eurodiputado francés”.
El CNI no provee los nombres de diputados que presentaron esas cuestiones parlamentarias por orden de Marruecos. Entre mayo y junio de 2021, coincidiendo con el quiebre de las relaciones entre Madrid y Rabat, se formularon en el Congreso casi un centenar de preguntas relacionadas con la crisis diplomática. Solo desde la interpretación subjetiva es posible determinar si esas preguntas son favorables o no a Marruecos, pero los datos no dejan tanto margen: el PP y Vox encabezan el ranking como los más activos, con 9 y 44 preguntas respectivamente, según los archivos del Congreso.
Las respuestas oficiales a esas preguntas no sacaron a la luz información inédita pero sí cebaron grandes titulares en la prensa española –no solo en los medios que colaboran con Marruecos– y elevaron el ambiente de crispación política en España. En apenas un mes, el nivel de tensión se hizo irrespirable y buena parte de la opinión pública empezó a pensar que la culpa de todo la tenía el Gobierno de España por haber tomado la decisión soberana de dejar entrar a Ghali por razones humanitarias.
La responsabilidad de la crisis se desplazó de Marruecos; y su chantaje migratorio, hacia el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. No habían pasado ni dos meses desde la crisis de Ceuta cuando Sánchez hizo pública la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores y el nombramiento para ese cargo de uno de sus asesores, José Manuel Albares, conocido en los círculos diplomáticos por su cercanía con Rabat.
Quien mucho aprieta…
A principios de febrero tuvo lugar en Rabat la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos. En 1991 ambos países acordaron celebrar una cita de este tipo al menos una vez al año, pero la última se celebró hace ocho (en 2015). El presidente Sánchez encabezó la amplia delegación española, en la que no hubo ningún representante de su socio de gobierno, Unidas Podemos. De fondo sonaban temas incómodos, como el cambio de postura sobre el Sáhara y la masacre de Melilla del verano pasado (murieron al menos 23 personas que huían de la guerra de Sudán y al menos 77 familias siguen buscando a sus seres queridos). Más allá de los halagos y las fotos de cortesía, numerosos analistas coinciden en que la cita fue un fiasco. Sobre la mesa había grandes expectativas sobre, entre otros temas, la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. Finalmente no hubo avances. El gran ausente fue el rey Mohamed VI, que tenía previsto un encuentro con el presidente español pero finalmente le dio plantón y siguió de vacaciones en su mansión de Gabón.
La relación de España con Marruecos es frágil, volátil e inflamable. Los altos cargos españoles miden sus palabras y bajan el tono, incluso en privado, para no desatar la ira de Rabat, cuyas consecuencias son conocidas a este lado del Estrecho. En ocasiones, un lapsus puede ofrecer más entendimiento que decenas de libros, entrevistas y análisis. Uno de esos deslices se produjo en boca del eurodiputado socialista y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, gran defensor de la monarquía marroquí. En un foro celebrado a finales de enero, varios expertos criticaron la actitud de las autoridades marroquíes. Aguilar les interpeló con dureza y pronunció esta frase: “La única forma de relacionarnos con esa realidad [Marruecos] es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo tragando saliva o sapos si hace falta”. El equipo de prensa de la Embajada de Marruecos en España no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas para la elaboración de este artículo.
*José Bautista es periodista especializado en investigación y economía. Actualmente, su labor se centra en investigar redes de corrupción en torno a las fronteras.
Artículo publicado originalmente en La Marea
Foto de portada: cartel en ruta de Ceuta
