La muerte de la reina Isabel II ha provocado una efusión de dolor y alabanza un tanto embarazosa. En Canadá, también ha inducido promesas, por parte de políticos liberales, periodistas y empresarios, de continuar la tradición monárquica.
La mayoría de los canadienses preferiría elegir al jefe de Estado; sólo uno de cada cinco expresa su preferencia por la continuidad de los vínculos con la realeza. Sin embargo, la noticia del jueves dio lugar a una cabalgata de políticos, periodistas y grupos empresariales deseosos de garantizar que el legado de la reina fallecida perdure.
El primer ministro Justin Trudeau, hijo del primer ministro que más tiempo ha gobernado en Canadá y jefe del mismo partido que ha gobernado el país durante setenta y dos de los últimos cien años, anunció la muerte de la reina «con el mayor de los corazones». Calificando a la realeza fallecida como «una de mis personas favoritas en el mundo», Trudeau continuó celebrando la «presencia constante de la Reina en nuestras vidas», ya que «el reinado de Su Majestad abarcó tantas décadas». Prometiendo un «día de luto nacional», el Primer Ministro insistió en que las iniciativas de la Reina -cualquiera que fuera- «seguirán siendo para siempre una parte importante de la historia de nuestro país».
El alcalde de Toronto y ex director general de Rogers, John Tory, elogió a la Reina como un «faro de elocuencia» y «estabilidad». También dirigió sentimientos afectuosos hacia el ahora rey Carlos III «en nombre del pueblo de Toronto» y pensando en «las muchas personas de toda la Commonwealth».
El ex gobernador del Banco de Canadá e inversor de Brookfield, Mark Carney, dijo que también estaba «profundamente entristecido por el fallecimiento de Su Majestad. Todos estamos en deuda con la Reina por su vida de servicio».
Esta avalancha de aclamaciones a la monarca fallecida representa algo más que un simple sentimiento hacia la Reina. Los homenajes son también un recordatorio de que la élite canadiense nunca ha encontrado justificación para el statu quo a través de la luz de la razón – en su lugar, siempre ha recurrido al mito feudal que subyace a la idea del privilegio heredado. La Corona es la estrella vital que guía la arquitectura política antidemocrática de Canadá y el mito legitimador del poder de la élite.
La Corona y el poder político canadiense
El Toronto Star insistió en que la difunta reina «amaba a Canadá, y Canadá la amaba a ella». El periódico nacional de Canadá, el liberal Globe and Mail -fundado como opositor al gobierno de la nobleza y como defensor del «gobierno responsable» en el siglo XIX- nos dice que el reinado de la Reina demostró que el gobierno de un monarca no elegido es mejor que el de un jefe de Estado elegido. Según el Globe, la Reina, «en su continuidad, su dignidad y su profunda comprensión de las maquinaciones del poder y del oleaje de los movimientos históricos», supuso «una refutación estereotipada de las formas republicanas de gobierno». El Globe aplaude a la jefa de Estado no elegida por haber salvado a Canadá de la perspectiva de «un pícaro debidamente elegido» con «el poder de devastar simultáneamente el prestigio de los cargos ejecutivos y ceremoniales».
Los sentimientos de la mayoría de los canadienses de a pie hacia la monarquía oscilan entre la indiferencia y el desprecio. Es difícil argumentar que la familia real -símbolo perdurable de la desigualdad, vinculada a lo largo del siglo pasado a tramas golpistas, acuerdos de trastienda, vacaciones nazis, redes de pedofilia, a la violenta especulación imperial y a la asquerosidad general- merezca algo mejor.
Sin embargo, las élites canadienses y su clase dirigente admiran a la realeza y evidentemente quieren que su legado perdure. Estas defensas de la monarquía subrayan que se trata de un papel ceremonial de escasa importancia política, pero al mismo tiempo señalan que es una fuerza para mantener la estabilidad. No puede ser ambas cosas al mismo tiempo.
Como observó Andrew Coyne hace varios años en un artículo titulado «Defending the Royals», «la Corona, como institución, está entretejida en cada línea de nuestro orden constitucional». El gobierno cotidiano puede quedar en segundo plano frente a las aficiones de la familia real -desde la caza furtiva hasta el coleccionismo de sellos-, pero la institución y su personal no elegido e inamovible sustentan la totalidad del poder político canadiense. Coyne señala:
El principio de la Corona está en la raíz de todo el poder ejecutivo. Es la piedra angular de nuestro sistema de leyes (la «Reina en el banquillo»), de nuestros tribunales y legislaturas: la «Reina en el Parlamento», que engloba a la Corona, los Comunes y el Senado. Es la fuente común de las soberanías federales y provinciales. Es la base de nuestro sistema de tenencia de la tierra, de los tratados con los indios, de una administración pública imparcial, con todo un conjunto de precedentes que le acompañan.
Según la Constitución de Canadá, todas las leyes deben ser aprobadas por la Corona. La Corona es también el «Comandante en Jefe de la Milicia Terrestre y Naval, y de todas las Fuerzas Navales y Militares, de y en Canadá». En 2013, el Tribunal Superior de Ontario observó que «aunque la mayoría de los poderes prerrogativos se ejercen hoy en día por consejo del primer ministro», sigue siendo cierto que «la Reina conserva la autoridad sobre «la prerrogativa de la misericordia, la concesión de honores, la disolución del Parlamento y el nombramiento de ministros».
En pocas palabras, la «estabilidad» que la realeza mantiene sobre Canadá es más que ceremonial. Es, como dice el National Post, «una defensa final» de las normas establecidas por encima de los gobiernos elegidos.
Monarquía: Emblema de la jerarquía
Con el liberalismo en crisis en todo el mundo, muchos de sus defensores -desde Adam Gopnik hasta John Ralston Saul- han mirado a la estructura antidemocrática de Canadá como una alternativa preferible al gobierno de la mayoría. El propio Primer Ministro Trudeau, con su celebración de la «estabilidad» autocrática de la monarquía y su larga campaña contra la «polarización», insinúa este mismo punto de vista, conscientemente o no.
Incluso los principios nominales de la soberanía popular estuvieron ausentes en la fundación del Estado canadiense. En un discurso pronunciado en 1865 durante los debates de la confederación, el primer primer ministro de Canadá, John A. Macdonald, un oponente explícito del sufragio universal, celebró las «conexiones de Canadá con Inglaterra», por las que «bajo su protección… se mantiene a raya el riesgo perpetuo de la ‘democracia desenfrenada'». La muy celebrada Conferencia de Charlottetown de Canadá fue una serie de acuerdos de trastienda llevados a cabo por treinta y seis hombres, en gran parte en privado, que iban en contra de la voluntad de regiones enteras del país para establecer, en palabras de Macdonald, un «sistema colonial diferente».
Un caso más conocido de usurpación de poder desnuda ocurrió cuando los Padres de la Confederación salvaguardaron la posición de clase del Senado no elegido de Canadá con requisitos de propiedad para todos los miembros. Macdonald argumentó que «los ricos son siempre menos numerosos que los pobres».
Como observó Gustavus Myerson en su histórico estudio, Historia de la riqueza canadiense, en 1914, menos de cincuenta personas controlaban «más de un tercio de la riqueza material de Canadá, expresada en ferrocarriles, bancos, fábricas, minas, tierras y otras propiedades y recursos». Hoy, menos de quinientas personas dominan los consejos de administración de las 250 empresas más importantes de Canadá, y muchas de ellas descienden directamente de otros ejecutivos.
Mientras que todos los estados capitalistas tienen sus mitos legitimadores, el statu quo de Canadá -legal y, por extensión, social- se sustenta en una referencia incesante a la realeza, cuya legitimidad se explica en un documento gubernamental real señalando la «Gracia de Dios». Los defensores del statu quo canadiense ven en la monarquía un «último recurso» fiable para mantener la «estabilidad» y evitar posibles grandes trastornos derivados de la voluntad popular.
Las élites canadienses, en su invocación y amor permanente por la realeza, admiten libremente que el statu quo es justificable no por la razón, el propósito o la función, sino por la tradición y el sobrenatural derecho divino de los reyes. Para esta gente, la estabilidad que permite a los ricos vivir como señores feudales perdurará, en la política y el derecho canadienses, en virtud de las mistificaciones feudales.
*Mitchell Thompson es escritor, investigador y productor de radio en Toronto.
FUENTE: Jacobin.
