Con el votó del 78 por ciento del padrón, equivalente a 25 millones de votantes, en un país de 33 millones de habitantes, la diferencia entre el «maestro triunfante» y la «encausada perdedora» era de, procesadas el 99,8 por ciento de las actas, 71.764 sufragios.
Una diferencia que mostraba el músculo desestabilizador que utilizaría la derecha para montar su máquina de impedir, justamente desde una clase política que hizo carrera en esas lides, pues, con la constitución de 1993 en una mano y las argucias legislativas en la otra, establecería en claro-oscuro que daría un mensaje contundente; tener el poder va más allá de gobernar.
Décadas de políticas neoliberales legalizadas por la sacrosanta Constitución de la dictadura fujimorista, amalgamadas por el terrorismo de Estado, los miles de muertos y desaparecidos, los presos políticos y los exiliados.
Un aquelarre de corrupción institucional mundialmente difundido y muy poco contenido por la legalidad peruana, con su festival de vacancias y acusaciones cruzadas que desvirtuaron la lucha político partidista para colocarla ante la sociedad como una pugna entre mafias rivales sedientas de poder, forman parte de una de las aristas sobre la que se asienta la gobernabilidad peruana.
Acompañando este panorama, las privatizaciones incontroladas, el saqueo del patrimonio nacional, la miseria de millones de personas, y la pandemia del Covid-19 con millones de contagios y cientos de miles de muertos.
Como piedra de toque, la comparsa de radioemisoras, canales de televisión, revistas y periódicos serviles y mercenarios, fieles al patrón colonialista, arteros críticos de todo aquello que huela a pueblo y agudos a la hora de exaltar faltas y desméritos hacia quien pretenda sacudir el statu quo capitalista.
El entuerto politiquero neoliberal en seis meses de gestión ha provocado el cambio del tren ministerial, en más de dos ocasiones y continuará así hasta lograr la vacancia presidencial, pues estos sectores avizoran que, de consolidarse el proyecto popular, las posibilidades de mantención de su poder están en juego.
Como no podía ser de otra forma el linchamiento mediático inauguro esta etapa desestabilizadora, atacando y descalificando a los dirigentes de Perú Libre, el partido con el que el presidente Castillo se impuso en las elecciones, para lograr la división, la confrontación interna y el deterioro de la Unidad.
Los objetivos de la trama desestabilizadora, fueron el médico Vladimir Cerrón, líder del partido del presidente, el primer ministro Guido Bellido, y el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, reconocido intelectual y político antiimperialista, hostigados por sus ideas revolucionarias, por quienes auparon a los facinerosos de la clase política tradicional durante décadas.
Las presiones de la derecha se expresan en todos los ámbitos, lo ultimo que se ha conocido trata de una reunión en la que participaron la presidenta del Congreso María del Carmen Alva, los voceros del fujimorismo Patricia Juárez y Hernando Guerra García; los Congresistas de Renovación Popular, Jorge Montoya y Alejandro Muñante; los congresistas de Avanza País, Norma Yarrow y José Williams Zapata, el Congresista Carlos Anderson de Podemos Perú, Lady Camones de Alianza por el Progreso, Luis Arriola de Acción Popular, Ursula Letona y Jorge del Castillo.
Estos defensores de la democracia se reunieron para fraguar una estrategia en pro de vacar al presidente constitucional del Perú, fraguando la modificación del artículo 117, con el fin de que la figura del presidente pueda ser acusado por delitos de corrupción, con lo cual se le crearía una carpeta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que desencadenaría en una inhabilitación política y el retiro del cargo.
Además, prepararían una interpretación auténtica del artículo 115 de la Constitución, para que luego de la vacancia los parlamentarios pudieran continuar en sus cargos en el congreso y solo se llame a una elección presidencial.
O sea, una tramoya para manipular desde el Congreso la política, como ha venido ocurriendo, pero con un alcance mayor, ya que para poder llegar a la institución legislativa se necesitan menos votos y de esta forma se adquiriría mayor poder.
Como podemos imaginar apadrinado toda esta movida estaban las “Famosas Embajadas”, las transnacionales mineras, los grandes Bancos y financieras, y las petroleras y pesqueras que junto a una intelectualidad colonizada forman parte de la campaña contra el Presidente Castillo, quienes en su rol desestabilizador se sublevan desconociendo al Estado después de haber perpetrado un criminal ecocidio con un derrame de petróleo en la costa marítima, y hablamos puntualmente de la Repsol, que no acepta su responsabilidades por el desastre y se niega en resarcir al pueblo peruano por los daños ocasionado por sus prácticas depredadoras; y la empresa minera MMG Las Bambas, que incumple las normas y los contratos correspondientes.
Pero la vida no pasa solo por la institucionalidad, y mientras la prensa canalla y los eruditos francotiradores, lacayos de los intereses extranjeros muestran una realidad, el gobierno genera proyectos, combate la pandemia y teje relaciones con los gobiernos y lideres “no alineados” de América Latina y el Caribe, como los de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y particularmente con el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, para profundizar las relaciones con el Gobierno de Bolivia y desarrollar el proyecto de mejorar el puerto de Ilo para el comercio exterior boliviano, entre otros aspectos de una tímida política exterior, que así y todo pudo restablecer relaciones con el gobierno bolivariano de Venezuela y ahogar los corruptos caprichos del fenecido “Grupo de Lima”
El tiempo institucional corre con la espada de Damocles de las mafias partidocráticas tradicionales sobre el Poder Ejecutivo, pero allá abajo y algo lejos hay un tiempo de debate y construcción política de alcance estratégico, que estudia y analiza los alcances y perspectivas de una Nueva Constitución que rompa con las reglas del juego colonizador que esclavizan al pueblo peruano.
Sin un nuevo contrato social y político que revierta la prolongación de la miseria y la esclavitud bicentenaria que se ha naturalizado entre los actores políticos tradicionales no habrá ni autodeterminación, ni justicia social.
Este es el momento para que sin perder lo conquistado pese a todo lo planteado anteriormente, se empiece a consolidar un proyecto refundador, un proyecto descolonizador y por sobre todo un gran proyecto dignificador para el Gran Pueblo Nuestroamericano del Perú.