El gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros del 14 de septiembre concederle al presidente colombiano Iván Duque la Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español. Este reconocimiento está vigente desde 1815 y el gran Maestre de la Orden es el rey, Felipe VI, secundado por el ministro de Exteriores en su carácter de Canciller de la Orden. En la exposición de motivos del monarca español para entregar la condecoración al mandatario colombiano puede leerse que le otorga el collar de la orden “queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su Excelencia señor Iván Duque Márquez”.
El presidente de Colombia llegó a Madrid para promocionar su libro autobiográfico en la Feria del Retiro, pero vio frustrado el intento por la protesta de escritores colombianos y libreros de toda España que rechazaron, en un comunicado público y a través de marchas dentro y fuera del recinto, que Duque utilizase ese espacio para blanquear su imagen, mientras se excluía a los escritores críticos por no ser políticamente “neutrales”.
El presidente de Colombia mantuvo encuentros con el rey, con el presidente Pedro Sánchez y con autoridades de la Comunidad de Madrid. No es extraño que Duque haya sido bien recibido allí, dados los vínculos existentes entre su partido, el Centro Democrático, y el Partido Popular, que gobierna en esa comunidad autónoma. Es mucho menos obvio que un gobierno de izquierda, con sensibilidad por los derechos humanos, distinga al presidente del país en el que se cometen las mayores violaciones del derecho a la vida de manera sistemática.
El hecho de que un gobierno progresista español condecore a Iván Duque parece un gran contrasentido. El simbolismo de la condecoración añade una nota de vetustez a este circo de las vanidades
La organización colombiana Indepaz ha documentado que durante el año 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos y un total de 1.248 desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), la mayor parte durante la presidencia de Iván Duque. Este año 2021 ya suman 136 los líderes sociales asesinados y hubo 72 masacres de campesinos e indígenas (con 258 víctimas) perpetradas por grupos paramilitares, así como 38 asesinatos de ex combatientes de las guerrillas que se sumaron al acuerdo de paz. Quienes perpetran estos crímenes actúan en connivencia con militares y políticos a las órdenes del gobierno. En casi todos estos casos la fuerza pública llega tarde para impedir las matanzas, pese a las frecuentes alarmas tempranas que se emiten. Mientras sigue esta situación de indefensión y abandono en el interior del país, la represión policial en las ciudades contra los jóvenes manifestantes durante el reciente Paro Nacional provocó al menos 70 muertes por disparos, mayoritariamente de la policía, y dejó más de un centenar de desaparecidos, muchos de los cuales reaparecieron más tarde asesinados.
Con estos antecedentes bien conocidos, el hecho de que un gobierno progresista español condecore a Iván Duque parece un gran contrasentido. El simbolismo de la condecoración añade una nota de vetustez a este circo de las vanidades. La concesión de la Orden de Isabel la Católica no es un hecho excepcional, también la reciben esforzados funcionarios públicos españoles; pero eso no le resta valor simbólico y proyección internacional en un caso como este. Uno de sus predecesores en recibir este honor durante el gobierno de Pedro Sánchez, en agosto de 2018 y con Josep Borrell como ministro de Exteriores, fue el ex presidente del PP Mariano Rajoy. Así mismo, en 2019 se concedió el Collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente de Perú, Martín Vizcarra, destituido en 2020 por corrupción. También fueron condecorados con esta orden otros dos anteriores presidentes colombianos, ambos del mismo tronco político derechista: Álvaro Uribe, el padrino político de Duque, y su otro ahijado (díscolo) Juan Manuel Santos, acaso el único que merecía un reconocimiento internacional por su labor como artífice de los acuerdos de paz.
El derribo del imaginario colonial
El debate sobre la validez de conceder esta Orden debe extenderse más allá del personaje y sus méritos para ser condecorado, o no, por el Gobierno de España, para enfocarse en cuestionar la existencia misma de la institución, empezando por su propio nombre y filiación. Una Orden cuya proyección simbólica tiene resabios arcaicos, de fuerte afirmación nacionalista española y con ecos de trasnochada vocación neocolonizadora del continente americano. La institución fue creada por Fernando VII en 1815 con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, en plenas luchas por la independencia de las colonias hispanoamericanas, con la finalidad de “premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios”. Obviamente la prosperidad para la metrópoli y sus colonizadores, casi siempre reñida con la vida digna de nativos y esclavos. Se trata de un galardón extemporáneo y a contrapelo de la marcha de la historia, un despropósito si se desea estrechar los vínculos entre los pueblos, pues sugiere autocomplacencia de la España actual con los crímenes de la conquista.
En los últimos años toda América ha despertado a una nueva rebelión que se expresa en el plano simbólico en el rechazo a los monumentos y emblemas del pasado colonial. El derribo de la estatua de Cristobal Colón en varias ciudades de Estados Unidos con motivo de las revueltas antirracistas, o la de Fray Junípero Serra en San Francisco, tienen su correlato en los monumentos de conquistadores tumbados en Chile, Colombia, México y otros países latinoamericanos cuyas luchas sociales van acompañadas de una revisión crítica del pasado colonial, considerado el origen remoto de la ideología racista que persiste en las actuales políticas de exclusión.
En Estados Unidos, en el contexto de las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd, las estatuas de conquistadores empezaron a considerarse ofensivas y muchas protestas se centraron en derribar monumentos que enaltecían el pasado colonial e imperialista. Consideradas por algunos activistas como símbolos del racismo, varias estatuas de Cristóbal Colón y de los líderes del ejército confederado fueron derribadas en ciudades de Massachusetts, Minnesota, Florida y Virginia en junio de 2020. Más de un centenar de estatuas de Colón fueron derribadas, decapitadas, pintadas o de algún modo saboteadas durante aquellos disturbios.
Poco antes en Chile, durante el estallido social de noviembre de 2019, fueron derribadas en medio de grandes ovaciones las estatuas dedicadas al conquistador español Pedro de Valdivia en varias ciudades del centro sur y sur del país. En la ciudad de Concepción el monumento había sido donado por el gobierno español en homenaje a quien fuera el fundador de esa ciudad. En la región del Bio Bio, unos 500 mapuche autoconvocados derribaron no solo la estatua de Pedro de Valdivia, también la de García Hurtado de Mendoza, quien fuera gobernador de Chile (1556-1561) y más tarde virrey del Perú, tras haber derrotado al recordado cacique Caupolicán. El simbolismo no puede ser aquí más diáfano: Caupolicán fue el toqui (jefe militar) de la resistencia mapuche contra la ocupación de su territorio por los conquistadores españoles.
La valoración social de estos fundadores de ciudades y países en tierras ocupadas militarmente y avasalladas no es igual según se mire desde la perspectiva de los descendientes de colonos o desde la mirada de los pueblos nativos
La valoración social de estos fundadores de ciudades y países en tierras ocupadas militarmente y avasalladas no es igual según se mire desde la perspectiva de los descendientes de colonos o desde la mirada de los pueblos nativos. Mientras que los primeros se aferran a representaciones del pasado complacientes con la colonización y lamentan la “vandalización” del patrimonio artístico en el espacio urbano, las poblaciones indígenas que aún sufren las consecuencias de los viejos agravios a través de las políticas contemporáneas de sus gobiernos, señalan y denuncian con sus acciones simbólicas la disrupción que los condujo a la catástrofe.
En el convulso departamento colombiano del Cauca, indígenas de la comunidad Misak tumbaron una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán. Afirmaron en un comunicado que su objetivo era “reinvidicar la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las élites”. Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) de Colombia, afirmó en Twitter: “De Belalcázar fue un genocida que masacró a los pueblos que conquistó. Mi respeto a los Misak que hoy reivindican sus muertos. Al suelo un símbolo de 500 años de esclavitud”. Previamente los Misak ya habían derribado en Bogotá una estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador en 1538 de Santafé de Bogotá. Los indígenas justificaron su acción de forma lapidaria: “Fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres y nuestros hijos”, afirmaron.
Así mismo en Colombia, fogueados por las protestas contra el gobierno de Iván Duque, cientos de manifestantes derribaron en Barranquilla la estatua del almirante que dio nombre a este país. Cristóbal Colón fue volteado de su pedestal con una soga al cuello y su cabeza, una vez arrancada, deambuló por las vías públicas de la ciudad. Días antes, en Bogotá, indígenas Misak intentaron derribar las estatuas de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, en este caso sin éxito porque fueron detenidos por la policía. La estatua de Isabel la Católica también fue objeto de vertido de pintura roja en varias ciudades americanas, incluso en el monumento que hay en Washington ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La indignación que causó en Canadá el descubrimiento de miles de niños indígenas muertos en condiciones deplorables, tras haber sido enviados durante décadas a internados gestionados por la Iglesia católica, inflamó los ánimos y produjo airados ataques contra los símbolos de ese pasado genocida, como la quema de algunas iglesias y el derribo, el 1 julio de 2021 (aniversario de la fundación de Canadá), de una estatua de la reina Victoria de Inglaterra (1819-1901) y otra de la actual soberana, Isabel II.
La reapropiación del espacio público
Dos días antes de la conmemoración del 12 de octubre de 2020, la estatua de Cristóbal Colón fue retirada de su céntrico emplazamiento en Ciudad de México, tras difundirse una convocatoria en redes sociales para acudir a derribarla. La alcaldesa Claudia Sheinbaum tomó la decisión de trasladarla a otro lugar menos emblemático y propuso su reemplazo por la estatua de una mujer indígena, una apuesta arriesgada y polémica. Al mes siguiente, varios grupos de mujeres feministas instalaron en ese pedestal una estatua en honor a “las mujeres que luchan”: la figura de una mujer con el puño en alto “dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado las violencias, la represión y la revictimización”, según expresaron en un comunicado.
Hay aquí una forma muy vital de reapropiación del espacio urbano para poner en el centro del debate ciudadano los problemas de mayor emergencia social. Esta clase de intervenciones se han ido popularizando en México con el nombre de anti-monumentos o contra-monumentos, y gracias a su acción subversiva en el espacio público operan como un revulsivo para voltear las conciencias sobre los temas más acuciantes del presente. La confrontación en el orden simbólico va más allá del debate sobre el colonialismo y la figura de Colón, ya que se plantean nuevos interrogantes sobre el uso del espacio urbano para la representación de la historia y la restauración de la memoria histórica.
Un antecedente similar fue la retirada por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en junio de 2013, de la estatua de Cristobal Colón de su emplazamiento original en el centro de Buenos Aires, para sustituirla por la de Juana Azurduy, una memorable luchadora boliviana por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata.
El siguiente paso en esta senda de deconstrucción de la historia oficial de la Colonia sería descabalgar la fecha misma de celebración de “la Hispanidad”, el día 12 de Octubre, ya que ambos símbolos van indisolublemente asociados
El siguiente paso en esta senda de deconstrucción de la historia oficial de la Colonia sería descabalgar la fecha misma de celebración de “la Hispanidad”, el día 12 de Octubre, ya que ambos símbolos van indisolublemente asociados. En Argentina se sustituyó con buen criterio el antiguo “Día de la Raza” —que se sigue celebrando en otros países, por ejemplo en Colombia— por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El único desacierto fue mantener la fecha de la celebración, con toda la carga simbólica que supone, en lugar de haberla trasladado —pongamos por caso— al día de la Pachamama (1 de agosto) como contrapunto alusivo a las culturas indígenas.
La caída del navegante Cristóbal Colón de ese pedestal simbólico en el que lo mantuvieron los estados americanos durante tantos siglos es parte del proceso de reconocimiento identitario de los pueblos originarios y de todos los que sufrieron las consecuencias directas o indirectas del racismo y el colonialismo. Colón no fue solo un “descubridor”, sino el primer Virrey y cruel Gobernador de las Indias Occidentales entre 1492 y 1500, piedra angular de la conquista al servicio de la Corona española.
Usos políticos de la memoria remota
La disposición del gobierno español a rendir homenaje al presidente de Colombia con un símbolo de reafirmación del pasado colonial tiene connotaciones en el plano de las relaciones internacionales y socava la posibilidad de establecer un diálogo sincero con algunos de sus pares latinoamericanos.
Mientras en las calles y plazas se derriban los símbolos de la vieja dominación colonial, el presidente de México, Manuel López Obrador, reclama al Rey de España y al Papa Francisco que se disculpen por las “oprobiosas atrocidades” que padecieron los pueblos originarios durante la colonización española. Esta petición reitera la ya efectuada por el presidente mexicano en 2019, en sendas cartas enviadas al rey Felipe VI y al papa Francisco, y que fue rechazada “con toda firmeza” por el gobierno español e ignorada por el Vaticano.
Esta vez el reclamo de México tuvo respuesta por parte de la Iglesia católica. Con motivo de los actos conmemorativos de los 200 años de la independencia nacional, el Papa Fancisco envió una carta admitiendo que “tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización”.
Cuando las figuras del almirante Cristóbal Colón y de otros conquistadores resultan tan cuestionadas por los pobladores nativos de los territorios colonizados, cuando hasta el Papa pide perdón a México en nombre de la Iglesia por los “errores” cometidos durante la conquista (como ya lo hizo en 2015 con Bolivia), resulta hasta sorprendente que España no sólo rechace hacerlo, sino que además mantenga como máxima distinción para mandatarios latinoamericanos una condecoración de Isabel de Castilla, cuya figura representa el origen mismo de la empresa colonial que dio lugar a la conquista y la implantación del imperio español.
Después del manto de silencio que envolvió a la historia de España durante la transición posfranquista, la izquierda española se ha ido fogueando en la lucha por recuperar la memoria histórica, reabriendo expedientes y promoviendo exhumaciones para curar viejas heridas del siglo pasado. Sin embargo, el horizonte temporal de este gran esfuerzo de memoria colectiva se ha acotado a los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco.
El esfuerzo de revisitar el pasado por parte de los intelectuales y políticos de partidos progresistas se agota sin embargo en el franquismo, mientras queda huérfano de cuestionamiento el largo período de conformación de España, de implantación del imperio español y dominación colonial
En el plano de la memoria histórica se juega la gran confrontación simbólica con una derecha muy embebida de ideología franquista. En esta disputa tiene centralidad la desactivación del carácter simbólico de ciertos monumentos, como el mausoleo franquista del Valle de los Caídos. Tras una dictadura de cuarenta años que sólo honró a los vencedores de la guerra civil, nada cambió en este aspecto con la llegada de la democracia, dada la correlación de fuerzas existente durante la transición. La ley de Amnistía de 1977 (preconstitucional) facilitó el olvido y la impunidad de los crímenes franquistas. Transcurrieron 25 años hasta que la presión de la sociedad civil llevó el tema de las víctimas republicanas de la guerra y de la represión del bando vencedor a los debates parlamentarios, y pasaron varios años más hasta que se pudo articular una nueva política de recuperación efectiva de la memoria histórica.
El esfuerzo de revisitar el pasado por parte de los intelectuales y políticos de partidos progresistas se agota sin embargo en esa etapa histórica, mientras queda huérfano de cuestionamiento el largo período de conformación de España, de implantación del imperio español y dominación colonial. ¿Puede la izquierda española quedarse muda cuando se glorifica ese pasado tan brutal para con los pueblos indígenas y los negros esclavizados? ¿Merecen ellos menos reconocimiento simbólico que los vencidos de la guerra civil? ¿No es un insulto a su ancestral sufrimiento que el actual monarca español y el gobierno de España condecoren al cuestionado presidente de Colombia con una Orden de la forjadora del imperio?
La ofensiva neocolonial de la derecha
La defensa de los símbolos patrios vinculados a la conquista de América —una conquista que no fue precisamente gloriosa en términos de respeto a los derechos humanos— es el debate predilecto de la derecha ultramontana, que se vale del rancio imaginario del imperio para afear al gobierno socialista ante cualquier vínculo que este pretenda establecer con gobiernos progresistas latinoamericanos. No en vano fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata en ascenso del Partido Popular, quien lanzó desde Washington un mensaje descalificador contra el Papa y se atrevió a cuestionar sus disculpas, declarándose sorprendida de “que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”.
Revelando su desconocimiento del uso más elemental del léxico político, Díaz Ayuso añadió que durante los últimos años crecieron “alarmantemente” algunos movimientos a los que llamó “el indigenismo, la revolución y el populismo” (“el indigenismo que es el nuevo comunismo”, añadió), los cuales estarían haciendo “una revisión maniquea de la historia de España” a fin de “dinamitar el legado español”, que en su opinión ha sido “uno de los mayores hitos de la historia”. Esta narrativa de la derecha del PP, a la que ya se han sumado José María Aznar así como varios dirigentes ultraderechistas de Vox, es compartida en general por todo el bloque político nacionalista español que se ha polarizado contra el idependentismo catalán y cuya principal argamasa es la salvaguarda de la unidad de España y las loas a la superioridad de su civilización. Esta ideología confrontativa se ha expresado durante años a través de una guerra de símbolos, concretamente de banderas desplegadas en los balcones de toda España en el caso del conflicto catalán, que pretenden resignificar las disputas políticas en el espacio público.
Precisamente Vox reabrió las heridas de México y de todo el continente con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”. Vox ha apoyado en varios países latinoamericanos a espacios políticos de ultraderecha e incluso intenta implantar sucursales con su misma sigla.
No se queda atrás el ex presidente del PP José María Aznar, quien acompañado del actual presidente del partido, Pablo Casado, se reapropia del discurso de su colega Isabel Días Ayuso y manifiesta, en pleno congreso de su partido: “El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone volver a las sociedades precolombinas, prehispánicas […] sólo puede ir contra España […]; y eso lo tienen que saber muy bien los españoles, si queremos hacer algo al respecto”. José María Aznar se anticipó a Vox en potenciar los vínculos con las derechas latinoamericanas desde la Fundación FAES, y ahora Vox capitaliza su embrionaria cosecha de aprendices de autócratas.
José María Aznar se anticipó a Vox en potenciar los vínculos con las derechas latinoamericanas desde la Fundación FAES, y ahora Vox capitaliza su embrionaria cosecha de aprendices de autócratas
Afirmar como lo hace Aznar que las políticas de reafirmación de las identidades indígenas (de los pueblos originarios) “sólo puede ir contra España” es ignorar completamente la historia y hacer una lectura sesgada del presente, ya que el mismo López Obrador acaba de pedir disculpas a indígenas mexicanos por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la etapa como país independiente. Otros países americanos deberían seguir este ejemplo, en particular aquellos que después de la independencia mantuvieron un plan de exterminio sistemático de poblaciones indígenas, como fue el caso de Argentina y Chile.
El reclamo político de la Hispanidad
El trabajo político de la derecha en el orden simbólico está adquiriendo una dimensión creciente. Vox lanzó hace un año La Gaceta de la Iberosfera, una publicación digital orientada a lectores hispanoamericanos para dar la “batalla cultural” contra la izquierda y las ideas progresistas, y que actúa como una máquina de difusión y propaganda del pensamiento reaccionario y golpista. En cuanto al Partido Popular, la presidenta regional Díaz Ayuso convocó en Madrid un Festival de la Hispanidad entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, con un programa de manifestaciones artísticas, al mismo tiempo que anunciaba la creación de una Oficina del Español (que podría competir en competencias con el Instituto Cervantes y también con la RAE).
La derecha española se pavonea con frecuencia recurriendo al término Hispanidad. La primera mención contemporánea del término Hispanidad, a comienzos del siglo XX, se atribuye a Miguel de Unamuno y no iba ligada a la idea de Madre Patria, tan grata al pensamiento fosilizado, sino a una ideal asociación de naciones iguales vinculadas por la lengua. Cuando Unamuno recurrió a ese término, en cambio, sólo vislumbró la conveniencia de crear una hermandad de países iguales. El vocablo fue resignificado en la década de 1930 al servicio del proyecto ideológico de la derecha. El escritor Ramiro de Maetzu, embajador en Argentina de la dictadura de Primo de Rivera, “fue un impulsor del concepto de ‘hispanidad’, referente para toda una escuela de pensamiento reaccionario en España”. Su obra más celebrada, que recopila artículos publicados antes y durante la guerra civil, se titula precisamente Defensa de la Hispanidad (1934).
El debate sobre una posible esencia común de los países hispanos más allá de la lengua no trascendió más allá de las tribunas periodísticas y univesitarias de España y Argentina, ya que nunca suscitó polémica ni adhesión alguna en otros países de ascendencia hispana. La última vez que se manifestó un grupúsculo de personas con carteles favorables a la Hispanidad fue en Perú, durante el largo recuento de votos tras las últimas elecciones. Estos autodenominados hispanistas se alinearon con la candidata Keiko Fujimori, inventando acusaciones de fraude, saboteando el resultado electoral que desplazaba del mapa político a la derecha tradicional. La paradoja es que Perú es el único país con alta proporción de población indígena en el que no han caído hasta ahora monumentos o símbolos de la conquista, pese a su lugar crucial en el despliegue del imperio y durante la colonia.
La aceptación acrítica de este imaginario de España, proyectada al exterior como un país conquistador que exporta un modelo de Hispanidad impregnado de símbolos monárquicos y significantes imperiales, sitúa a la izquierda española ante una crisis de identidad. En primer lugar en el plano interno, que enfrenta, en el seno del gobierno de coalición, a los políticos partidarios de mantener el estatus quo monárquico (constitucional) y con otros decididamente republicanos. La resolución de esta contridicción dista mucho de estar al alcance y afecta, cuando menos indirectamente, a las actitudes que mantienen distintos miembros del gobierno de coalición centro-izquierda con respecto a los actos de corrupción de la Corona con todas sus consecuencias.
La aceptación acrítica de este imaginario de España, proyectada al exterior como un país conquistador que exporta un modelo de Hispanidad impregnado de símbolos monárquicos y significantes imperiales, sitúa a la izquierda española ante una crisis de identidad
En política exterior, un gobierno de izquierda que utiliza como condecoraciones esos símbolos del pasado imperial carece de herramientas para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos. Nunca podrá conceder una condecoración asociada al inicio de la conquista a aquellos presidentes latinoamericanos a los que la derecha llama ahora “indigenistas”, con lo cual quiere decir presidentes indígenas elegidos por poblaciones mayoritariamente indígenas (como en Bolivia y Perú). Desde la perspectiva neocolonial de las derechas españolas y latinoamericanas, la irrupción de estos movimientos populares en la escena política es un fracaso póstumo de los largos procesos de aculturación a los que se sometió a esas poblaciones desde la conquista. De ahí la preocupación de los viejos liberales, como la del escritor Mario Vargas Llosa, que ha transitado con todo su equipaje intelectual hacia el derechismo más autoritario. En su intervención en el congreso del PP lo verbalizó así: “Los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”. En pocas palabras, empoderar a las poblaciones nativas a través del voto ya no está bien visto por estas élites intelectuales que hoy prefieren sacrificar las libertades e imponer a los indígenas su “buen gobierno”.
El desafío de deconstruir la historia colonial
¿En qué medida se distancian las visiones de la izquierda española de este relato de la Hispanidad que enarbola la derecha? ¿Qué reflexión existe sobre la posibilidad de establecer una relación de equidad —que opere también en el plano simbólico— con las antiguas colonias? Mientras en el imaginario oficial prevalezcan los símbolos de la vieja dominación y, peor aun, se impongan condecoraciones a quienes hoy ejecutan las mismas políticas supremacistas que en su día adoptaron los conquistadores, es posible que el diálogo entre Madrid y algunas capitales latinoamericanas se mantenga en muy bajo nivel.
El proceso de descolonización del saber está en marcha y es irreversible, nada puede ya detenerlo. En las últimas tres décadas se han multiplicado los gestos y expresiones contra los símbolos históricos de opresión y privación de derechos. Las políticas progresistas europeas podrían sumarse a esta nueva conciencia social que pretende desterrar no solo el racismo y el patriarcado, sino además toda forma de denigración de la persona humana.
Tal vez ya sea hora de apelar al debate sobre la memoria histórica más remota, sobre las formas de dominación y victimización de los pobladores originarios y esclavos durante la conquista, adoptando una mirada no eurocéntrica sobre los procesos de conformación de las identidades. De este modo se podrían establecer nuevos vínculos de carácter horizonal entre los pueblos y actores políticos de los países hispanohablantes.
*Eduardo Giordano, periodista.
Artículo publicado en Contexto.
Foto de portada: Foto: CAM
