La insurgencia armada de Cabo Delgado celebró su octavo aniversario este octubre. Con ataques casi a diario, el terrorismo sigue representando una grave amenaza para las comunidades locales.
Durante los últimos ocho años, el gobierno mozambiqueño ha respondido casi exclusivamente con un enfoque militar, desplegando fuerzas estatales, empresas militares privadas y tropas extranjeras en Cabo Delgado. Sin embargo, ninguna ha logrado neutralizar la amenaza.
La insurgencia, que comenzó en octubre de 2017 en el distrito de Mocímboa da Praia, se ha expandido a 16 de los 17 distritos de Cabo Delgado. La capital provincial, Pemba, sigue siendo la única zona que no ha sufrido ningún ataque de los insurgentes vinculados al Estado Islámico.
Algunos distritos de las provincias vecinas de Nampula y Niassa también han sido atacados. Hasta la fecha, el conflicto ha causado más de 6200 muertes y ha desplazado a más de 1,1 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de la provincia.
Inicialmente, Mozambique minimizó la insurgencia, calificando los ataques de bandidaje. Sin embargo, en 2020, Maputo declaró oficialmente que el país se encontraba bajo agresión externa por parte de un grupo terrorista internacional. Este reconocimiento se produjo después de que los insurgentes comenzaran a atacar y ocupar capitales de distrito, desbancar administraciones locales, saquear propiedades e incluso izar la bandera del Estado Islámico.
Ante la creciente amenaza, el mayor proyecto de gas natural del norte de Mozambique, liderado por TotalEnergies y con una inversión aprobada de más de 20 000 millones de dólares estadounidenses, fue suspendido en 2021 por una declaración de fuerza mayor. El proyecto permanece formalmente cerrado.
Presionado por los inversores, cuyos proyectos se suspendieron, el gobierno invitó a fuerzas extranjeras a ayudar a combatir la insurgencia. Ese mismo año, aproximadamente 3000 soldados de Ruanda y de la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en Mozambique (SAMIM) se desplegaron en Cabo Delgado para apoyar a las fuerzas mozambiqueñas.
Tres años después, SAMIM se retiró, afirmando haber logrado su objetivo. Las fuerzas ruandesas permanecen sobre el terreno, con un total estimado de más de 5000 efectivos desplegados, entre soldados y policías.
Tanzania inicialmente contribuyó con tropas a través de SAMIM. Tras la retirada de la misión, el país mantuvo un contingente de unos 300 soldados en el distrito de Nangade, en la frontera entre ambos países.
Otros socios internacionales, como los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, han enviado instructores para fortalecer la capacidad antiterrorista de las fuerzas mozambiqueñas. La UE también proporciona apoyo logístico a Mozambique y Ruanda. Empresas militares privadas, como el Grupo Wagner de Rusia y el Grupo Asesor Dyck de Sudáfrica, también intervinieron , tanto en combate activo como en el entrenamiento de tropas gubernamentales.
A pesar de estos amplios esfuerzos, la amenaza terrorista en Cabo Delgado sigue activa. Solo en septiembre, se registraron alrededor de 30 ataques en las aldeas de la provincia. Estos causaron al menos 40 muertes, 39 de ellas civiles, y obligaron a unas 20 000 personas a huir de sus comunidades.
La principal causa del fracaso en la lucha contra la insurgencia es la ausencia de una estrategia integral que aborde las causas profundas del conflicto. Si bien cuenta con el apoyo del Estado Islámico, la insurgencia de Cabo Delgado se ve impulsada principalmente por factores locales, como la exclusión social, política y económica por parte del gobierno central de Maputo.
También se mencionan cuestiones de identidad, como las tensiones étnicas entre los principales grupos locales —los makonde, los mwani y los macua—, en particular en lo que respecta a la desigualdad en el acceso a los recursos estatales. Estas disputas étnicas se solapan con las divisiones religiosas, ya que algunos grupos son predominantemente musulmanes, mientras que otros son mayoritariamente cristianos.
El descubrimiento de importantes reservas marinas de gas natural en Cabo Delgado se considera uno de los detonantes del conflicto, debido a la desigualdad en el acceso a los beneficios de las inversiones en gas. Las comunidades que viven en las zonas de descubrimiento, donde surgió la insurgencia, se han visto en gran medida excluidas de las oportunidades laborales, principalmente debido a la falta de las habilidades técnicas que requiere la industria.
La corrupción y los abusos contra la población civil por parte de las fuerzas gubernamentales desplegadas para combatir el terrorismo han exacerbado aún más el conflicto. Los insurgentes han explotado estas quejas para reclutar a la población local, especialmente a los jóvenes, y presentarse como defensores de las comunidades musulmanas oprimidas por el gobierno central, cuyo liderazgo ha sido históricamente cristiano.
Las causas de la insurgencia en Cabo Delgado son complejas y en gran medida locales, lo que requiere un enfoque holístico que trascienda la acción militar. En marzo, el gobierno aprobó una estrategia nacional para prevenir y contener el extremismo violento, pero su diseño no fue inclusivo. Las organizaciones regionales y locales, incluidas la sociedad civil y los grupos religiosos, no fueron consultadas ampliamente ni se les asignó un papel significativo en su implementación.
Maputo también ha ignorado las iniciativas de diálogo político , a pesar de que el diálogo ha demostrado ser valioso para comprender las causas del conflicto, explorar soluciones no militares y facilitar las conversaciones entre las partes en conflicto.
Al enmarcar la insurgencia únicamente como terrorismo internacional, Mozambique restringe aún más las oportunidades de negociación. Los líderes locales que intentan contactar a los insurgentes para establecer plataformas de diálogo suelen ser tratados como colaboradores del terrorismo, lo que socava dichas iniciativas.
Si el país mantiene su enfoque exclusivamente militar, la insurgencia podría perdurar durante décadas, como Al-Shabaab y Boko Haram en África Oriental y Occidental. Esto erosionaría aún más la seguridad humana en Cabo Delgado, con el potencial de extenderse a otras provincias y países vecinos.
La experiencia de otras partes de África que enfrentan insurgencias similares muestra que los conflictos mal gestionados de esta naturaleza pueden prolongarse y regionalizarse, como en el Sahel y la cuenca del lago Chad.
Organizaciones regionales como la SADC y la Unión Africana, junto con socios internacionales, deberían persuadir al gobierno mozambiqueño para que adopte un enfoque holístico en Cabo Delgado que vaya más allá de la acción militar.
*Borges Nhamirre, Consultor, ISS Pretoria
Artículo publicado originalmente en ISS Africa
