La Franja de Gaza no logra recomponerse de la destrucción más profunda registrada en su historia reciente, y la Autoridad Palestina (AP) emerge como un actor que busca ocupar un rol central en la fase de la reconstrucción. Se juega, en esta etapa, la posibilidad de redefinir su legitimidad interna, su prestigio internacional y su capacidad real de gobernar un territorio reducido a escombros. Y, dentro de esa tensión, también se esconde el debate por quién tiene el derecho político —y la capacidad material— de liderar la recomposición de un pueblo sometido a más de dos años continuos de agresión.
En su oficina de Ramallah, el primer ministro Mohammad Mustafa reunió esta semana a embajadores y representantes del Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Canadá, la Unión Europea y la Oficina del Cuarteto. El objetivo explícito fue coordinar la fase de “socorro temprano” y la restauración de servicios esenciales en Gaza. Pero lo implícito es el mensaje político que intenta frenar de antemano la proliferación de comités paralelos, “administraciones temporales”, equipos de transición o estructuras híbridas que puedan funcionar como tutelas externas sobre la Franja.
El gobierno palestino anunció esta semana un paquete de más de 210 proyectos de desarrollo destinados a Cisjordania, Jerusalén, Gaza y los campos de refugiados en el Líbano, como parte de una estrategia que busca mostrar capacidad institucional, planificación y presencia territorial en un contexto de asfixia económica y fragmentación geopolítica.
La propuesta incluye iniciativas valuadas en aproximadamente 72 millones de dólares, financiadas por fondos árabes e islámicos, y orientadas a los sectores de educación, salud, obras públicas, gobernanza local, formación profesional y desarrollo comunitario. La presentación formal se realizó con la presencia del primer ministro y representantes del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, el Banco Islámico de Desarrollo y más de sesenta autoridades locales, en un gesto político que buscó subrayar respaldo internacional y articulación con actores de base.
A través del Fondo Al-Aqsa, administrado por el Banco Islámico de Desarrollo, se destinarán 32,7 millones de dólares a cinco escuelas gubernamentales, trece kilómetros de carreteras, seis centros informáticos modelo para jóvenes en campos de refugiados y la rehabilitación de infraestructura en setenta autoridades locales.
Paralelamente, el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social aportará 38,5 millones de dólares más, distribuidos en proyectos educativos, sanitarios y de infraestructura en Cisjordania, Gaza, Jerusalén y los campos de refugiados libaneses. Solo para Gaza se aprobaron 38 iniciativas de emergencia por 13,5 millones, en un intento de dar respuesta a la devastación acumulada, mientras que Jerusalén recibirá fondos para dieciséis proyectos destinados a reforzar servicios públicos y tejido comunitario en una ciudad sometida a presión política, demográfica y territorial constante.
Además, Mustafa insistió en que este plan es parte de un programa nacional más amplio de reformas, que su gobierno presenta como un intento de reordenar el Estado, sostener la resiliencia social y consolidar presencia institucional frente al desgaste de la ocupación y la erosión interna. Agradeció el apoyo de los fondos árabes e islámicos, consciente de que la legitimidad práctica del gobierno palestino depende no solo de sus políticas sino también de su capacidad para movilizar cooperación internacional.
Mustafa expresó que los futuros acuerdos de seguridad en Gaza deben ser exclusivamente palestinos. En la arquitectura posguerra que muchos actores extranjeros imaginan para Gaza, la seguridad suele ser la primera variable entregada a manos internacionales con fuerzas mixtas, policías entrenadas por terceros, equipos de estabilización bajo mando externo. La AP apuesta por una fórmula distinta, donde una Fuerza Internacional de Estabilización actúe como respaldo, pero no como autoridad sustitutiva, y donde toda estructura operativa esté anclada dentro del aparato estatal palestino.
En Cisjordania, la legitimidad de Mustafa está erosionada hace años por la ocupación, por la falta de elecciones, por la represión interna, por la percepción de connivencia con Israel y por la desconexión con una juventud que vio morir el proyecto de Oslo.
En Gaza, directamente, la AP no gobierna desde 2007. Su retorno depende, por lo tanto, de mostrar capacidad real para administrar recursos, coordinar acciones, garantizar servicios y proyectar un horizonte que vaya más allá de la mera supervivencia humanitaria. Es la primera vez, desde la división territorial del liderazgo palestino, que la AP puede presentarse ante la comunidad internacional como un actor indispensable.
El mundo árabe —y también el occidental— mira ese proceso con atención; no porque haya un consenso absoluto interno a favor de la AP, de hecho, en muchos países árabes la autoridad presidida por Abbas y representada por Mustafa carga con críticas profundas por su falta de renovación, por su dependencia económica y por su rol histórico en una arquitectura de autonomía limitada. Pero, desde la óptica de los gobiernos regionales, la AP sigue siendo el único organismo reconocido diplomáticamente como representante legítimo del Estado palestino.
Pero la legitimidad externa no equivale a legitimidad interna, donde los palestinos —en Gaza, en Cisjordania, en la diáspora— cuestionan la capacidad de la AP para encabezar una reconstrucción genuinamente soberana. Esa desconfianza se explica, en parte, por la fractura con Hamás, un actor con base territorial real en Gaza y con un peso político que no desaparecerá simplemente por la devastación.
Además, la magnitud de la destrucción es tan enorme que cualquier proceso de reconstrucción demandará, según la ONU, fondos de más de 70 millones de dólares, llevará varias décadas, coordinación logística de escala internacional y una estabilidad mínima que hoy no existe. Mientras tanto las cifras de muertos siguen escalando superando los 70 mil palestinos asesinados, en su mayoría mujeres y niños, más de 170 mil heridos y cientos de personas aún bajo los escombros, sin equipos de rescate que puedan acceder por la destrucción generalizada.
La AP es, para muchos gobiernos de la región, la única vía para evitar un vacío institucional que podría ser llenado por soluciones ajenas al mundo árabe, como administraciones híbridas entre ONU, los Estados Unidos o incluso Israel. Sin embargo, también existe la preocupación de que la AP no logre reconstruir legitimidad social en Gaza, lo que dejaría el territorio atrapado en un limbo entre un gobierno débil y actores locales que disputan poder por la fuerza.
Al respecto, Mustafa anunció el avance de consultas con la Comisión Electoral Central para realizar elecciones locales dentro de los seis meses posteriores al decreto-ley presidencial. La administración presenta este proceso como un gesto de compromiso con la reforma política y con la recuperación de prácticas democráticas paralizadas por años de división interna y por la imposibilidad estructural de celebrar elecciones generales.
La convocatoria a comicios municipales se encuadra en la intención oficial de proyectar un relato de orden institucional y funcionamiento democrático en medio de una ocupación que impone límites materiales y legales, especialmente en Jerusalén Este.
La reunión del gabinete también estuvo marcada por las denuncias de Mustafa sobre las políticas económicas israelíes, incluido el séptimo mes consecutivo de retención de los fondos de compensación, las crecientes restricciones al comercio y la inundación del mercado palestino con productos de baja calidad que afectan a la industria local.
Frente a esto, el gobierno analiza medidas de protección económica como tarifas, regulaciones técnicas y controles adicionales tanto para importaciones como para exportaciones, un recurso defensivo que intenta equilibrar un escenario en el que Israel controla todos los pasos comerciales y aduaneros.
En el plano institucional, la Autoridad Palestina continúa desplegando una agenda de reformas estructurales que pretende mostrar voluntad de modernización del Estado, aún en condiciones limitadas. El gobierno aprobó el Marco de Gobernanza de Instituciones Públicas No Ministeriales (2025–2026), que implicó la disolución o fusión de nueve organismos, la reestructuración de entidades como PICA, el Consejo de Protección del Consumidor o la institución de Crédito Agrícola, y la introducción de nuevos criterios de gobernanza en empresas mixtas como la Compañía Jordano-Palestina de Comercialización Agrícola.
El gobierno también afirma promover libertades y participación cívica, con una revisión en curso de la Ley de Delitos Cibernéticos —considerada por organizaciones de derechos humanos como restrictiva— y con la implementación de una cuota mínima del 30% de mujeres en comités ministeriales. Asimismo, avanza un marco legislativo para proteger datos personales, garantizar el acceso a la información y combatir la trata. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la administración enfatizó el compromiso con los derechos de mujeres y niñas, destacando la violencia agravada que enfrentan bajo la ocupación israelí.
Estas acciones buscan reconstruir parte de la legitimidad erosionada de la Autoridad Palestina, cuya imagen pública está atravesada por el desgaste interno tras décadas sin elecciones generales, la pérdida de apoyo entre sectores jóvenes, la percepción de ineficacia frente a la ocupación y la competencia política —y militar— con Hamás.
La Sala de Operaciones Gubernamentales para Intervenciones de Emergencia en Gaza revisó esta semana el plan ejecutivo de ayuda y recuperación temprana elaborado por la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS). En una sesión con donantes, organismos internacionales y ministerios, funcionarios palestinos advirtieron que la destrucción fue tan profunda que incluso el sistema estadístico colapsó.
La presidenta del PCBS, Ola Awad, describió que hoy, en Franja de Gaza, las importaciones cayeron un 95% y las exportaciones están completamente detenidas. Apenas el 5% de los alimentos y suministros médicos necesarios logra ingresar. A esto se suma un sistema educativo desmantelado con más de 800 mil estudiantes que quedaron fuera de la escuela en una franja donde antes la tasa de abandono era de sólo el 0,71%.
Ese es precisamente el núcleo del mensaje político que la AP intenta transmitir hacia Occidente—sobre todo a Estados Unidos y la Unión Europea— que, a pesar de su debilidad política y su falta de control territorial en Gaza desde 2007, es la única estructura institucional capaz de sostener un proceso de reconstrucción, gestión civil y eventual reunificación política.
Pero lo cierto es que en el terreno, la capacidad de intervención de la AP en la Franja es mínima. Gaza depende casi por completo de organismos como la UNRWA, cuya situación también es crítica ya que Israel continúa impidiendo la entrada de su personal internacional y bloqueando miles de camiones de ayuda, mientras el 90% de la población depende totalmente de la asistencia humanitaria. La UNRWA gestiona 100 refugios para 80 mil desplazados, sostiene educación a distancia para 300 mil estudiantes, provee atención médica a 15 mil personas por día y opera con un 90% de sus instalaciones dañadas.
Reconstruir Gaza sin legitimidad social plena, negociar con Israel sin poder de presión real, reconciliarse con Hamás sin perder apoyo internacional y convencer al mundo árabe de que sigue siendo la representación legítima del pueblo palestino es el desafío de Mustafa.
Foto de portada: Bajo el patrocinio y en presencia del Primer Ministro Mohammad Mustafa, la Compañía Palestina de Transmisión Eléctrica y la Compañía Eléctrica de Hebrón firmaron un acuerdo para el suministro de electricidad desde la central de Beit Ula. [Ahmed Al-Attari] – Agencia WAFA.
*Lourdes Hernández, miembro del equipo de PIA Global.
