La Franja de Gaza no logra recomponerse de la destrucción más profunda registrada en su historia reciente, y la Autoridad Palestina (AP) emerge como un actor decidido a ocupar un rol central en la fase de la reconstrucción. Ramallah intenta redefinir una legitimidad que perdió hace décadas, reconstruir un prestigio internacional erosionado y demostrar una capacidad de gobierno que nunca tuvo realmente sobre un territorio que no controla desde 2007.
Pero detrás del discurso oficial sobre “reconstrucción nacional” aparece como elemento estructural la creciente dependencia financiera de los fondos árabes e islámicos, principalmente articulados desde Arabia Saudita y otros países del Golfo. Aunque las declaraciones de la AP buscan proyectar autonomía, su margen real de acción está fuertemente atado a una red de instituciones financieras que responden a intereses regionales específicos.
Esta semana, desde su oficina en Ramallah, el primer ministro Mohammad Mustafa reunió a embajadores y representantes del Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Canadá, la Unión Europea y la Oficina del Cuarteto. El objetivo declarado fue coordinar la etapa de “socorro temprano” y la restauración de servicios esenciales en Gaza. El mensaje implícito es impedir la creación de comités paralelos, administraciones temporales o estructuras híbridas que diluyan el rol central que la AP busca ocupar como intermediaria indispensable en la reconstrucción.
Lo que Mustafa llama “evitar tutelas externas” es, en realidad, un intento por asegurar que Ramallah sea la única puerta de entrada de los donantes hacia Gaza. Sin control de los fondos, la AP pierde su única fuente de poder político ya que no gobierna Gaza, perdió toda legitimidad en Cisjordania y carece de apoyo popular real.
Entonces, ¿quién manda realmente?
El gobierno palestino anunció esta semana un paquete de más de 210 proyectos de desarrollo destinados a Cisjordania, Jerusalén, Gaza y los campos de refugiados en el Líbano, como parte de una estrategia que busca mostrar capacidad institucional, planificación y presencia territorial en un contexto de asfixia económica y fragmentación geopolítica.
La propuesta incluye iniciativas valuadas en aproximadamente 72 millones de dólares, donde la mayor parte de los fondos provienen del Banco Islámico de Desarrollo y del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, instituciones fuertemente influidas por Arabia Saudita, Kuwait y otros países del Golfo. Se trata de organismos que funcionan como brazos financieros de agendas diplomáticas regionales, incluso en contextos donde se disputa influencia con Irán y sus aliados.
A través del Fondo Al-Aqsa, administrado por el Banco Islámico de Desarrollo, se destinarán 32,7 millones de dólares a cinco escuelas gubernamentales, trece kilómetros de carreteras, seis centros informáticos en campos de refugiados y la rehabilitación de infraestructura en setenta autoridades locales. Mientras que el Fondo Árabe aportará 38,5 millones adicionales para proyectos educativos, sanitarios y de infraestructura en Cisjordania, Gaza, Jerusalén y Líbano.
En Gaza, se aprobaron 38 iniciativas de emergencia por 13,5 millones de dólares, mientras que Jerusalén recibirá financiamiento para dieciséis proyectos de servicios públicos en un contexto de control territorial constante.
La dependencia financiera saudí condiciona la capacidad de la AP para definir prioridades, sostener autonomía o disputar poder a otros actores. En este intento de reordenar el Estado, sostener la resiliencia social y consolidar presencia institucional frente al desgaste de la ocupación y la erosión interna, Mustafa gradeció el apoyo de los fondos árabes e islámicos, consciente de que la legitimidad práctica del gobierno palestino depende no solo de sus políticas sino también de su capacidad para movilizar cooperación internacional.
Además, el primer ministro insiste en que los futuros acuerdos de seguridad en Gaza deben ser “exclusivamente palestinos”, con una Fuerza Internacional de Estabilización como respaldo y no como autoridad sustituta. El discurso suena soberanista, pero la arquitectura prevista depende por completo de actores externos con entrenamiento provisto por Estados Unidos y la Unión Europea, y financiamiento del mismo entramado de fondos árabes e islámicos que hoy sostiene a la AP.
En Cisjordania, la legitimidad de Mustafa está erosionada hace años por la ocupación, por la falta de elecciones, por la represión interna, por la percepción de connivencia con Israel y por la desconexión con una juventud que vio morir el proyecto de Oslo.
Por eso, el anuncio de celebrar elecciones locales dentro de seis meses —coordinado con la Comisión Electoral Central— funciona más como gesto político hacia donantes que como un proceso capaz de modificar la realidad. Las elecciones generales continúan bloqueadas desde 2006 y Mahmoud Abbas gobierna sin mandato desde 2009.
El mundo árabe —y también el occidental— mira ese proceso con atención; no porque haya un consenso absoluto interno a favor de la AP, de hecho, en muchos países árabes la autoridad presidida por Abbas y representada por Mustafa carga con críticas profundas por su falta de renovación, por su dependencia económica y por su rol histórico en una arquitectura de autonomía limitada. Pero, desde la óptica de los gobiernos regionales, la AP sigue siendo el único organismo reconocido diplomáticamente como representante legítimo del Estado palestino.
Pero la legitimidad externa no equivale a legitimidad interna, donde los palestinos —en Gaza, en Cisjordania, en la diáspora— cuestionan la capacidad de la AP para encabezar una reconstrucción genuinamente soberana. Esa desconfianza se explica, en parte, por la fractura con Hamás, un actor con base territorial real en Gaza y con un peso político que no desaparecerá simplemente por la devastación.
Al respecto, Mustafa anunció el avance de consultas con la Comisión Electoral Central para realizar elecciones locales dentro de los seis meses posteriores al decreto-ley presidencial. La administración presenta este proceso como un gesto de compromiso con la reforma política y con la recuperación de prácticas democráticas paralizadas por años de división interna y por la imposibilidad estructural de celebrar elecciones generales.
La convocatoria a comicios municipales se encuadra en la intención oficial de proyectar un relato de orden institucional y funcionamiento democrático en medio de una ocupación que impone límites materiales y legales, especialmente en Jerusalén Este.
La reunión del gabinete también estuvo marcada por las denuncias de Mustafa sobre las políticas económicas israelíes, incluido el séptimo mes consecutivo de retención de los fondos de compensación, las crecientes restricciones al comercio y la inundación del mercado palestino con productos de baja calidad que afectan a la industria local.
Frente a esto, el gobierno analiza medidas de protección económica como tarifas, regulaciones técnicas y controles adicionales tanto para importaciones como para exportaciones, un recurso defensivo que intenta equilibrar un escenario en el que Israel controla todos los pasos comerciales y aduaneros.
En el plano institucional, la Autoridad Palestina continúa desplegando una agenda de reformas estructurales que pretende mostrar voluntad de modernización del Estado, aún en condiciones limitadas. El gobierno aprobó el Marco de Gobernanza de Instituciones Públicas No Ministeriales (2025–2026), que implicó la disolución o fusión de nueve organismos, la reestructuración de entidades como PICA, el Consejo de Protección del Consumidor o la institución de Crédito Agrícola, y la introducción de nuevos criterios de gobernanza en empresas mixtas como la Compañía Jordano-Palestina de Comercialización Agrícola.
El gobierno también afirma promover libertades y participación cívica, con una revisión en curso de la Ley de Delitos Cibernéticos —considerada por organizaciones de derechos humanos como restrictiva— y con la implementación de una cuota mínima del 30% de mujeres en comités ministeriales. Asimismo, avanza un marco legislativo para proteger datos personales, garantizar el acceso a la información y combatir la trata. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la administración enfatizó el compromiso con los derechos de mujeres y niñas, destacando la violencia agravada que enfrentan bajo la ocupación israelí.
Estas acciones buscan reconstruir parte de la legitimidad erosionada de la Autoridad Palestina, cuya imagen pública está atravesada por el desgaste interno tras décadas sin elecciones generales, la pérdida de apoyo entre sectores jóvenes, la percepción de ineficacia frente a la ocupación y la competencia política —y militar— con Hamás.
Ese es precisamente el núcleo del mensaje político que la AP intenta transmitir hacia Occidente—sobre todo a Estados Unidos y la Unión Europea— que, a pesar de su debilidad política y su falta de control territorial en Gaza, es la única estructura institucional capaz de sostener un proceso de reconstrucción, gestión civil y eventual reunificación política.
Las cifras de la devastación
La magnitud de la destrucción en Gaza es tal que, según la ONU, el proceso de reconstrucción demandará fondos de más de 70 millones de dólares, llevará décadas, y requerirá una estabilidad política que hoy no existe. Mientras tanto las cifras de muertos siguen escalando superando los 70 mil palestinos asesinados, en su mayoría mujeres y niños, más de 170 mil heridos y cientos de personas aún bajo los escombros, sin equipos de rescate que puedan acceder por la destrucción generalizada.
La Sala de Operaciones Gubernamentales para Intervenciones de Emergencia en Gaza revisó esta semana el plan ejecutivo de ayuda y recuperación temprana elaborado por la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS). En una sesión con donantes, organismos internacionales y ministerios, funcionarios palestinos advirtieron que la destrucción fue tan profunda que incluso el sistema estadístico colapsó.
La presidenta del PCBS, Ola Awad, describió que hoy, en Franja de Gaza, las importaciones cayeron un 95% y las exportaciones están completamente detenidas. Apenas el 5% de los alimentos y suministros médicos necesarios logra ingresar. A esto se suma un sistema educativo desmantelado con más de 800 mil estudiantes que quedaron fuera de la escuela en una franja donde antes la tasa de abandono era de sólo el 0,71%.
Mientras que la UNRWA sostiene la supervivencia cotidiana de la Franja gestionando 100 refugios para 80.000 desplazados, brindando educación a distancia a 300.000 estudiantes, atendiendo a 15.000 personas por día y operando con el 90% de sus instalaciones dañadas. Israel continúa bloqueando el ingreso de su personal internacional y miles de camiones de ayuda humanitaria.
Reconstruir Gaza sin legitimidad social plena, negociar con Israel sin poder de presión real, reconciliarse con Hamás sin perder apoyo internacional y convencer al mundo árabe de que sigue siendo la representación legítima del pueblo palestino es el desafío de Mustafa.
Foto de portada: Bajo el patrocinio y en presencia del Primer Ministro Mohammad Mustafa, la Compañía Palestina de Transmisión Eléctrica y la Compañía Eléctrica de Hebrón firmaron un acuerdo para el suministro de electricidad desde la central de Beit Ula. [Ahmed Al-Attari] – Agencia WAFA.
*Lourdes Hernández, miembro del equipo de PIA Global.
