La noche del 3 de marzo de 2021, Sarah Everard paseaba por las calles de Londres. De regreso desde Clapham Common a su hogar en Brixton, el agente de la Policía Metropolitana Wayne Couzens la detuvo bajo el falso pretexto de haber infringido las restricciones impuestas por el Covid-19. El policía la llevó en coche hasta Dover, donde violó y estranguló a la joven de 33 años, quemó su cuerpo y se deshizo de sus restos en un estanque cercano.
Una semana después, el 9 de marzo, el agente fue detenido en Kent como sospechoso del secuestro y posterior asesinato. Al día siguiente, los restos de Sarah Everard fueron descubiertos en un bosque cerca de Kent. Wayne Couzens fue acusado de su secuestro y asesinato, crimen que el propio agente confesó unos meses más tarde.
En la noche del 13 de marzo se celebraron vigilias en varias zonas del Reino Unido para honrar la memoria de Sarah Everard. Fue la vigilia en Clapham Common, cerca de la zona donde fue secuestrada, la que desencadenó una corriente de protestas sociales por todo el país. Durante el emotivo evento, la policía detuvo a cuatro personas bajo el pretexto de incumplir las medidas relacionadas con la pandemia. En aquellos momentos, aun no se sabía que miembros del Partido Conservador, incluido Boris Johnson, habían evadido las restricciones en fiestas celebradas el 15 y el 20 de mayo de 2020. Estos eventos tuvieron lugar durante uno de los peores meses de la pandemia en cuanto al índice de fallecidos en el Reino Unido.
A pesar de que por entonces se desconocía que varios representantes políticos del país se habían saltado la ley, el uso desmedido de la fuerza policía durante la vigilia por Sarah Everard fue considerado como un ultraje a la víctima de violencia de género. Fue una acción demasiado explícita como para ser ignorada. De hecho, una investigación parlamentaria llevada a cabo por All Party Parliamentary Group on Democracy and the Constitution señaló que se habían vulnerado “derechos fundamentales” durante la vigilia por Sarah Everard. En el documento, titulado Police Power and the Right to Peaceful Protest, se mencionan los “múltiples errores” cometidos por la Policía Metropolitana y la Policía de Avon y Somerset durante las vigilias celebradas en Londres y en Bristol, respectivamente. Esta investigación fue publicada el 1 de julio de 2021. Tres meses antes, se había desencadenado una corriente de descontento social que se extendió por todo el país.
Pocos días después del asesinato de Sarah Everard y la actuación policial durante la vigilia del 13 de marzo, la Cámara de los Comunes aprobó por una amplia mayoría de 359 votos contra 263 el Proyecto de ley PCSC (Police, Crime, Sentencing and Courts), que pasó así a su siguiente fase.
PCSC: el uso de la fuerza policial y el cese de las manifestaciones
El Proyecto de ley PCSC ha sido duramente criticado porque otorga un mayor poder a las fuerzas policiales para reprimir manifestaciones. Por ejemplo, podría significar que la policía fijase las horas de inicio y finalización de las protestas, o que las disolviese en el caso de que impidiesen el acceso a instituciones gubernamentales, como el Parlamento Británico. Además, reserva a los agentes el derecho de multar con una cantidad de 2.500 libras a los manifestantes.
Respecto a la posible implantación de la PCSC, el conocido abogado Chris Daw QC afirma que, si se llegase a aprobar, “supondría la mayor ampliación de poderes policiales para imponer restricciones a las manifestaciones que hayamos visto nunca”. De manera similar, Jules Carey, jefe del bufete de abogados de acciones contra la policía y el Estado de la empresa Bindmans, apuntó que este proyecto de ley “representa una violación a los derechos humanos y constituye un ataque brutal contra el derecho a manifestarse de manera pacífica”. En otras palabras, sería una ley elaborada para socavar la legitimidad de los movimientos sociales.
Mientras este proyecto de ley estaba siendo debatido el 15 de marzo de 2021 en el Parlamento Británico, a escasos metros de allí, en Parliament Square, centenares de personas protestaban contra la violencia de género, y consecuentemente, contra el proyecto de ley que estaba siendo discutido en el interior de la institución británica. Durante el mes de marzo, también hubo manifestaciones multitudinarias en ciudades como Bristol, Leeds, Liverpool, Manchester, Brighton, Birmingham, Bournemouth o Newcastle. Las protestas denunciaron la violencia hacia las mujeres y el uso desmedido de la fuerza policial.
‘Kill the Bill’: manifestaciones multitudinarias en 2021
El pasado 1 de mayo, tuvo lugar la movilización más importante en Londres contra el Proyecto de ley PCSC, en la que miles de personas salieron a protestar. Bajo el slogan ‘Kill the Bill’, se criticó el aumento de poder que se quiere otorgar a las fuerzas del orden para restringir protestas, que puede significar una imposición de restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión.
Aunque la legislación no ha sido aprobada, los efectos están envolviendo diferentes esferas de la sociedad. Zehrah Hasan, director de Black Protest Legal Support denunció que dos observadores jurídicos fueron detenidos durante la manifestación ‘Kill the Bill’ del 3 de abril de 2021.
Fue precisamente durante aquella manifestación cuando Jeremy Corbyn instó a “defender el derecho a la protesta”. Hablando en Parliament Square y ante las pétreas miradas de la sufragista Millicent Fawcett, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, el antiguo líder del Partido Laborista apeló a estas figuras históricas que defendieron los derechos humanos y dedicaron parte de su vida a luchar por el incremento de libertades democráticas.
Las confluencias entre movimientos sociales y las represiones policiales ya habían alcanzado diferentes movimientos sociales, como sucedió durante las protestas Black Lives Matter. El propio Hasan lamentó los comentarios de la secretaria de Estado del Interior del Reino Unido Prity Patel, quién calificó las protestas Black Lives Matter de junio de 2020 en este país como “aterradoras.” Fue la propia ministra del Interior la que propuso la creación de la ‘Nationality and Borders Bill’, una legislación que pretende disminuir los derechos de las personas refugiadas y que originó una oleada de protestas el 20 de octubre de 2021.
La violencia de género en el Reino Unido
En los pocos días que separaron el asesinato de Everard y la celebración del Día Internacional de la Mujer, las protestas rechazando la violencia de género se vieron amplificadas en varios estratos sociales. En el Parlamento Británico, la diputada del Partido Laborista Jess Phillips denunció el ataque contra las mujeres y leyó el nombre de todas las víctimas mortales por violencia de género en el Reino Unido desde el Día Internacional de la Mujer de 2020. También remarcó que, desde el asesinato de Sarah Everard el 3 de marzo hasta el 10 de marzo, “seis mujeres y una niña habían sido asesinadas a manos de hombres”. El discurso de una persona envuelta en las instituciones políticas fue fundamental para dar mayor relevancia al problema de la violencia de género. Como apunta la periodista Lesley Riddoch en una crítica a los medios de comunicación, fueron las palabras pronunciadas por Phillips en la Cámara de los Comunes, unido al reciente asesinato de Sarah Everard, lo que impulsó una mayor recepción mediática. Porque Sarah Everard no fue la única mujer asesinada por violencia de género, ni siquiera en aquella semana que comenzó el 3 de marzo, en la que también Geetika Goyal, Imogen Bohajczuk y Wenjing Lin perdieron la vida a manos de hombres.
No hay duda de que se trata de un problema endémico a nivel global. En el caso particular del Reino Unido, durante 2021 se contabilizaron 138 asesinatos de mujeres a manos de hombres. En la cuenta de Twitter @CountDeadWomen se señala que esto significó un aumento de 21 víctimas respecto a 2020. Esto demuestra que, como dijo Jess Philips, el feminicidio en el Reino Unido “no es algo anecdótico y obliga a las mujeres a vivir con miedo”.
El terror a salir a dar un paseo por la noche quedó plasmado en redes sociales tras el asesinato de Sarah Everard. Durante aquellos días, muchas mujeres comenzaron a compartir sus miedos ante los ataques machistas a través de grupos de WhatsApp, sesiones de Zoom o Twitter. La tragedia originó unos movimientos fundamentales de solidaridad feminista, e impulsó un amplio debate sobre el papel de la policía en la sociedad británica y la situación de la seguridad de las mujeres en el Reino Unido.
Ante esta coyuntura, diferentes grupos defensores de los derechos de la mujer han demandado de manera constante saber por qué solo el 1,5% de las violaciones registradas y el 3,6% de todos los delitos sexuales son llevados a juicio en Inglaterra y Gales. También demandaron soluciones para frenar el aumento de los casos de violencia doméstica desde el inicio de la pandemia.
Por otra parte, el documento #194andcounting, publicado el 14 de marzo de 2021, señaló que, desde los años 70, al menos 194 mujeres han muerto a manos de la policía o a causa del sistema penitenciario de Inglaterra y Gales, ya fuese en custodia estatal o en la cárcel.
Pese a los numerosos asesinatos por violencia de género, incluyendo el de la profesora Sabina Nessa, que también alcanzó gran repercusión en Reino Unido, los líderes del país no parecen estar dispuestos a implementar nuevas medidas para detener esta corriente de violencia. De hecho, Boris Johnson ha rechazado categorizar la misoginia dentro de los delitos de odio. Su argumento es que ya existen mecanismos para para combatir la violencia contra las mujeres, señalando que el problema radica en que “hay una amplia legislación que no se lleva a cabo de manera correcta”.
La inmovilización de algunos dirigentes políticos contrasta con los amplios movimientos que tuvieron lugar el año pasado en favor de la igualdad de género. El próximo 15 de enero tendrá lugar una serie de manifestaciones bajo el slogan ‘Kill the Bill’, a modo de denuncia contra el avance de una legislación que amenaza con rescindir las libertades en el Reino Unido.
PCSC y la batalla por la hegemonía cultural y política
El Proyecto de ley PCSC fue aprobado en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico y ahora se espera el veredicto final en la Cámara de los Lores, que tendrá lugar el 17 de enero. De convertirse en ley, el castigo por obstruir espacios públicos aumentaría de seis meses a 51 semanas —más de un año— y las fuerzas del orden se reservarían el derecho para parar e investigar a una persona por el simple hecho de creer que está relacionada con alguna acción ilegal, sin tener siquiera la mínima prueba al respecto.
Este impedimento a manifestarse es otra muestra de la batalla política e ideológica existente en el Reino Unido y la fiereza con la que ciertos movimientos conservadores están tratando de detener el avance de las libertades. Aparte de las protestas ‘Kill the Bill’ y los movimientos a favor de la igualdad de género, los últimos años en el Reino Unido han sido testigos de numerosas movilizaciones sociales. En 2021, las manifestaciones en contra del cambio climático tuvieron su gran apogeo a nivel mundial durante la COP26. En aquellas semanas de noviembre, se originó una protesta masiva en la que se reunieron más de 100.000 personas en Glasgow y se celebraron más de 300 manifestaciones a nivel global.
Además, 2020 supuso el surgimiento de las movilizaciones Black Lives Matter en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, y esta ola de descontento se expandió a nivel global. En el Reino Unido, destacaron las protestas en Londres y en Bristol, donde un grupo de manifestantes arrojó al puerto la estatua del esclavista Edward Colston. Precisamente, esta simbólica acción mostró de manera clara la batalla cultural existente respecto al legado del Imperio Británico. Basta con leer los debates entre historiadores, analistas de actualidad, periodistas o diferentes miembros del Parlamento en el Reino Unido para comprender cómo la línea que delimita el legado de lo antiguo y lo nuevo, la memoria histórica y la aspiración al aumento de derechos, ha marcado su fortaleza ideológica y cultural en el pasado colonial de la nación británica. Y para ahondar más en este paradigma, hace apenas unos días los cuatro manifestantes del movimiento Black Lives Matter que ayudaron a derribar la estatua de Edward Colston durante las protestas sociales de junio del 2020 fueron absueltos de todos los cargos.
Ante este veredicto, el diputado del Partido Conservador Robert Jenrick advirtió del peligro de “aceptar el vandalismo y los daños criminales como formas de protesta política”. En el otro lado del espectro ideológico, el activista y escritor Akala, que publicó hace unos años el libro Natives: Race and Class in the Ruins of Empire, en el que detalla su experiencia como descendiente de la Generación Windrush en una sociedad británica profundamente hostil hacia personas de diferentes culturas, explicó que “la propaganda de los valores británicos representa una distorsión de la historia”.
Analizando esta confluencia de opiniones y movimientos sociales, el Proyecto de ley PCSC surge como un intento de frenar el aumento de protestas por los derechos de diferentes colectivos. Aparte de los amplios poderes policiales en materia de gestión de las manifestaciones, como la capacidad de imponer condiciones a cualquier protesta que se considere perturbadora para la comunidad, se puede sancionar con hasta diez años de prisión por dañar monumentos conmemorativos, incluyendo las estatuas. Esto es particularmente representativo de la sociedad contemporánea, en la que el señalamiento a figuras del pasado que dejaron un legado esclavista es una de las batallas culturales que están teniendo un impacto de enorme relevancia en el Reino Unido.
El pasado 8 de diciembre, y con motivo del tercer pasaje del Proyecto de ley PCSC, hubo manifestaciones en Londres, Cambridge, Birmingham y Bristol. Ahora, llega el 15 de enero, un día en el que se celebrarán múltiples movimientos en todo el país contra el avance de esta legislación. Justamente el día que, en 1919, fue asesinada Rosa Luxemburgo, una de las defensoras más acérrimas de las libertades humanas del siglo XX. Como ella decía, “quien no se mueve, no siente las cadenas”. La marxista polaca fundadora de la Liga Espartaquista venía a decir que las protestas son fundamentales para cambiar la sociedad. Mientras tanto, el Reino Unido se balancea peligrosamente entre esa dicotomía entre autoritarismo y libertad. Por un lado, inmóviles estatuas de piedra plasmando un pasado esclavista. Y, mientras tanto, movimientos sociales para evitar la pérdida democrática, conseguir un debate abierto sobre el legado colonial y seguir marchando contra la violencia de género, la xenofobia y el cambio climático.
*Juanjo Andrés Cuervo, licenciado en Periodismo y Máster en Política e Historia Contemporánea en Londres.
Artículo publicado en El Salto.
Foto de portada: Una mujer coloca flores en una vigilia por Everard en Clapham Common, el parque en el que fue secuestrada y asesinada por Wayne Couzens, agente de policía de Londres. Foto: Ben Terrett.
