Cerca de 17 mil personas, integradas por una mayoría que superaba los 30 años y una minoría de jóvenes, concentraron en el Zócalo por la tarde. Un grupo conocido como el Bloque Negro, por llevar ropa oscura y el rostro cubierto, atacó el Palacio Nacional. Hubo 120 heridos, de los cuales 100 son policías, y 20 detenidos.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que “un grupo muy violento, preparado y financiado” buscó generar violencia. “Querían que la policía respondiera para montar la idea de que en el país hay represión a los jóvenes. Eso es falso”, agregó.
Aunque la convocatoria comenzó en octubre como una exigencia de la revocación de mandato, aún sin la operación de partidos políticos y mucho menos de intereses extranjeros, para noviembre transformó su esencia en un reclamo respecto a la seguridad, en especial después del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.
¿Qué pasó en el medio? Fueron creadas cientos de cuentas en redes sociales desde el exterior y perfiles que antes difundían otro tipo de contenido ahora convocaban a la movilización. Al mismo tiempo, el tono cambió de una protesta “pacífica” a imágenes creadas con inteligencia artificial del Palacio Nacional en llamas, de acuerdo a Infodemia.
La convocatoria fue difundida por figuras como la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, el expresidente Vicente Fox, los diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán Méndez, y figuras del PRI, el PAN y el PRD que formaron parte del aparato del sostenimiento del neoliberalismo y el fracaso de la denominada guerra contra el narcotráfico.
Justamente, la cuestión está íntimamente ligada a este último punto. Basta con leer los dichos del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y exembajador de Estados Unidos en México Christopher Landau después del asesinato del alcalde de Uruapan: “Nuestro país está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”.
Antes de continuar por este sendero, es necesario retomar la cuestión de los actores involucrados en la marcha con epicentro en la Ciudad de México. Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, señaló en un documento a “la derecha internacional y sus empresas”, entre las que se encuentra Atlas Network, el socio argentino de La Derecha Diario vinculado a Javier Milei Fernando Cerimedo, el periodista español Javier Negre y el presidente de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego.
Elorza definió al conjunto de actores involucrados como “la derecha internacional y sus empresas”. El concepto no hace justicia a una operación que va mucho más allá de ciertos personajes identificados en una categoría política.
Otro caballito de batalla en la Guerra de Cuarta Generación
Es necesario enmarcar la operación dentro de la Guerra de Cuarta Generación. Este es un concepto que, además de hacerle más justicia a la cuestión, define la utilización de medios no convencionales para obtener fines políticos asociados a la guerra: cambio de régimen, alineamiento, penetración de fuerzas armadas, de seguridad, obediencia de reglas económicas y la rectificación o afirmación territorial.
En este caso es posible afirmar que la marcha forma parte de una guerra cognitiva, es decir de los instrumentos de construcción de subjetividades y de incidir en las sociedades a través de la ingeniería social, que busca profundizar el alineamiento de México para, por un lado, aceptar la llamada “cooperación” en materia de seguridad y, por el otro, obedecer la matriz económica dirigida por Estados Unidos.
Llegado a este punto, es posible creer que uno cayó en teorías conspirativas. Lo cierto es que la operación llevada a cabo en México, donde la Generación Z es solo la punta del ovillo, es un calco del libro “De la Dictadura a la Democracia” escrito en 1993 por el politólogo estadounidense Gene Sharp.
La obra de Gene Sharp fue financiada y difundida por la Albert Einstein Institution y absorbida por la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), organismos creados para reemplazar el papel de la CIA en la injerencia de asuntos de Nuestra América. USAID, desmantelada por Donald Trump, perdió su institucionalidad, pero no su capacidad de operación.
En su libro, Sharp enumera 198 tácticas de desobediencia civil diseñadas para provocar cambios de régimen sin recurrir a las armas. Está basado en tres dimensiones: la deslegitimación, la movilización y la fractura. Los elementos ofrecidos en el manual están vinculados a la cultura pop, instrumento necesario para alcanzar a las grandes mayorías y difundir mensajes masivos.
La Generación Z, tanto en México como en Nepal, Perú, Indonesia, Filipinas, Madagascar y otros países, usa el símbolo del animé japonés One Piece. Su protagonista, Monkey D. Luffy, representa libertad y aventura. Se trata de una figura despolitizada que sirve como un aglutinador que aparenta libre elección, individualismo y valores globalistas.
Aunque las protestas sean generadas de forma artificial, necesita condiciones objetivas para surtir efecto. En primer lugar y a rasgos generales, una cantidad considerable de jóvenes en el mundo parecen estar desconectados de la política y “huérfanos” en lo que la representación significa. En segundo término, debe haber cierto descontento para la consecución de los objetivos de los intereses extranjeros. En el caso de México, al parecer, la operación parece haber naufragado por una cuestión innegable: el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el 62% del apoyo popular y las cifras de homicidios están a la baja.
Es interesante profundizar sobre el primer punto. Un rasgo esencial y necesario para la operación es la existencia de un sujeto juvenil con consumos culturales mundiales, identificado con la idea de una aldea global. Se trata de un actor que encuentra un segundo espacio además de lo real en las redes sociales, dimensión dominada por los algoritmos en apariencia inofensivos y definidos por el “gusto individual”. También es deber de la política dar respuesta a este problema.
La mano visible del poder blando
Uno de los actores señalados por la operación fue Red Atlas, una ONG con sede en Estados Unidos fundada en 1981 por el empresario británico Antony Fisher para combatir las iniciativas de regulación estatal de los grandes capitales y dar rienda suelta a los procesos de acumulación.
Atlas recibió un enorme financiamiento de la petrolera estadounidense ExxonMobil, operadora en la República Cooperativa de Guyana y en la región del Esequibo en disputa con Venezuela, la tabacalera Philip Morris y la familia Koch, una de las más ricas del mundo con intereses diversificados.
La creación del Centro para América Latina en 2018 bajo la dirección de Roberto Salinas León, primo del director de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego, dio impulso a Red Atlas en la región. Desde entonces, teje una red de “colaboración” con alrededor de 100 organizaciones, así como otras redes similares como la Fundación Internacional para la Libertad. Esta última hizo en su momento un Manifiesto Antiprogresista firmado por los expresidentes de España José María Aznar, de Argentina Mauricio Macri, de México Ernesto Zedillo y Vicente Fox, de Colombia Álvaro Uribe, entre otros.
El CEO de Red Atlas entre 1991 y 2018, nada menos que 27 años, fue el economista argentino Alejandro Chaufen, miembro de la organización Mont Pelerin fundada en 1947 por Fridrich Hayek y Milton Friedman, los padres del neoliberalismo.
Red Atlas funcionó como un brazo del poder blando de Estados Unidos y recibió financiamiento del Departamento de Estado y de la Fundación Nacional para la Democracia. Steve Bannon, asesor clave de Donald Trump, es dirigente de la organización.
De todas formas, hay que aclarar que este tipo de operaciones de poder blando no están vinculadas a un único Gobierno de Estados Unidos. Detrás está el Estado Profundo (deep state), la red de poder permanente vinculada a los organismos de seguridad, inteligencia y defensa.
Una muestra de este rasgo es que la Red Atlas, financiada por el poder blando, operó a lo largo de los años en hechos como las protestas contra la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff en 2015, el respaldo a la Fundación Pensar, el think tank argentino que se terminó convirtiendo en el PRO, y las marchas anticuarentena en 2020 bajo el gobierno de Alberto Fernández.
Es un deber comprender que las operaciones donde la cara visible es la Generación Z están articuladas con otra estrategia, que es la de la “cooperación en seguridad”.
La articulación con la “cooperación” en seguridad
El narcotráfico se convirtió en la excusa perfecta de Estados Unidos para la injerencia en Nuestra América. Por ello es importante recordar la frase del exembajador Christopher Landau.
A partir del asesinato del alcalde Carlos Manzo, se instala en México una narrativa vinculada a la supuesta ineficacia del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir el crimen organizado, pese que a los datos demuestran lo contrario.
Y cuando el problema ya fue creado, presentan la solución: la intervención directa de los organismos de seguridad y de defensa de Estados Unidos, bajo el argumento de la “mano dura”, para acabar con el narcotráfico.
Cuando Estados Unidos define un enemigo internacional con ambigüedad, como antes lo hizo el terrorismo islámico y la amenaza soviética, tiende a imponer una visión unipolar del mundo donde todos combaten a un solo actor.
De esta manera, la cuestión de la seguridad es causa y consecuencia: opera como caldo de cultivo para las protestas y después aparece como motivo suficiente para la injerencia norteamericana.
Es en este punto donde el poder blando y el poder duro se conectan. No es descabellado sostener el argumento si se tiene en cuenta que, en un escenario de transición hacia el orden multipolar, cada mente, cada país y cada región cuenta.
En ese sentido, la operación también podría obedecer a una estrategia de debilitamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Un gobierno débil es un gobierno con menor capacidad para defender condiciones favorables para su país.
Similitudes y diferencias con el caso peruano
El caso más reciente de la aparición de la Generación Z en Nuestra América es Perú. Ocurrió durante septiembre, en el marco de las protestas que provocaron la destitución de Dina Boluarte y la designación de José Jerí.
A diferencia de México, en Perú la operación parece haber obedecido a una necesidad de mantener el régimen a través de la salida de la insostenible figura de Dina Boluarte, aunque mantiene el modelo mantenido por las élites burocráticas y la creciente influencia de los grupos criminales.
En el caso de Perú, además, el crimen organizado tomó el Estado hace tiempo. Al igual que Ecuador, se trata de un Estado que busca mostrar “mano dura” frente a la crisis de seguridad mientras el narcotráfico ya está adentro.
Tanto el gobierno de Dina Boluarte como el de José Jerí están alineados por completo con Estados Unidos. Como el Ecuador de Noboa, sufren el constante asedio de los grupos criminales, y sin embargo no existe el mismo asedio que hay sobre otros procesos de Nuestra América. Son aliados regionales.
En ese sentido, la operación en Perú encuentra muchas más condiciones objetivas de descontento social que en México. Sobre esta ola se subió también el alcalde de Pataz Aldo Carlos Mariños, hombre que intentó capitalizar la situación y sin dudas también se mueve en favor de intereses extranjeros.
El nuevo escenario también representa un distanciamiento de la idea de un Perú multipolar. El creciente aislamiento político, sumado al accionar contra el propio México por el asilo de la exprimera ministra Betsy Chávez, la caotización, la influencia de los grupos criminales en el Estado y la intensificación del alineamiento con Estados Unidos tiende a enfriar la relación con China.
La cuestión de la necesidad del descontento social para garantizar la operación hace necesario que los proyectos alternativos no otorguen ni un centímetro de espacio al caldo de cultivo para la injerencia.
También, así como Gene Sharp creó un manual para este tipo de operaciones, es necesario generar ciertos consensos y patrones para identificar y desmantelar las protestas al servicio de intereses extranjeros.
Algunos rasgos comunes son el uso de elementos de la cultura pop, la utilización casi exclusiva de las redes sociales y el uso de bots y la inteligencia artificial como potenciadores, el llamado a la violencia contra el gobernante de turno, el intento de aparentar una convocatoria “despolitizada” y, si es posible descubrirlo, el financiamiento de ONGs y organismos del poder blando.
Tomas Merani* Miembro del grupo editorial de PIA Global
Foto de portada: Toya Sarno Jordan (Reuters)
