Sin embargo, en el Sahel y concretamente en Mali el macabro juego de la desinformación cocina atrocidades que ponen en riesgo la convivencia, igual que hace la xenofobia interesada en Sudáfrica.
Una de las primeras medidas del presidente etíope Abiy Ahmed cuando lanzó la operación contra el TPLF fue bloquear toda la información que pudiese salir de la región del Tigray. Ahora casi un año y medio después del comienzo de la guerra, Amnistía Internacional y HRW han documentado episodios que pueden constituir crímenes de guerra. Las organizaciones de la sociedad civil advierten que lo mismo podría estar ocurriendo en el Sahel, pero no por el bloqueo informativo, sino por una cuidada estrategia de desinformación que se hace más patente en Mali. En Sudáfrica, una oleada de xenofobia señala a los trabajadores extranjeros como culpables de sus males.
Los crímenes que no se ven en la guerra del Tigray
El conflito que se ha desarrollado en la región del Tigray, al norte de Etiopía, y que ha salpicado también a la vecina región de Amhara, ha estado marcado por el silencio y la más absoluta opacidad. Cuando se generalizó la ofensiva militar del ejército etíope contra el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF) que se había replegado en los territorios tradicionales de la etnia tigriña, el bloqueo de las comunicaciones fue una de las primeras medidas. A partir del anuncio del presidente etíope Abiy Ahmed, del inicio de una amplia operación militar contra los núcleos de resistencia del TPLF, el 4 de noviembre de 2020, la información sobre la región se apagó completamente. Ahora, un año y medio después del inicio de la guerra, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han hecho público un informe conjunto en el que documentan episodios que según las organizaciones humanitarias pueden constituir delitos de lesa humanidad y de limpieza étnica en las dos regiones afectadas por el conflicto.“Te borraremos de esta tierra: Crimenes de lesa humanidad y limpieza étnica en la zona occidental de Tigray en Etiopía”, es el título que las dos organizaciones han dado al resultado de su investigación en la que se prueban “cómo las nuevas autoridades de Tigray Occidental y las fuerzas de seguridad de la vecina Amhara, con la aquiescencia y posible participación
de las fuerzas federales etíopes, expulsaron sistemáticamente a varios cientos de miles de civiles tigriñas de sus casas mediante amenazas, homicidios ilegítimos, violencia sexual, detenciones arbitrarias masivas, pillaje, traslados forzosos y negación de ayuda humanitaria. Estos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil tigriña constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, según la información de Amnistía Internacional y HRW.
Las autoridades etíopes se han esmerado en evitar que se supiese lo que estaba ocurriendo en la zona de conflicto desde el primer momento. El bloqueo de las comunicaciones se combinó con una estrategia sistemática para evitar el acceso de testigos a la región, no solo de los medios de comunicación, sino también de las agencias humanitarias. Por ello, las escasas informaciones que lograban superar el muro de silencio en un principio fueron los testimonios de los refugiados, que muy pronto dieron testimonio de las atrocidades de la guerra. Y mientras los medios y las organizaciones de ayuda humanitaria debían esforzarse por dirimir la veracidad de algunas informaciones que acabaron confirmándose, como la participación irregular de tropas eritreas en la contienda en apoyo al ejército etíope, el bombardeo de zonas civiles en la capital tigriña, el uso de drones turcos, iraníes o chinos en los combates y los ataques a los desplazados.
Muchas de las denuncias durante esta guerra se han basado en las que se conocen como investigaciones de código abierto y en el análisis forense de imágenes de satélite, debido a la ausencia de otras fuentes de información. Durante este año y medio de conflicto, Amnistía Internacional ya había advertido de otras masacres en el marco del bloqueo informativo. Ahora que la violencia se ha reducido aparentemente en la región, continua habiendo muchos espacios de incertidumbre.
En Sudáfrica, inundaciones desastrosas y racismo sistémico
Se ha convertido en una constante, los fenómenos climatológicos extremos son cada vez más frecuentes y cada vez es más difícil abstraerlos del cambio climático y la acción del ser humano. Una nueva y dramática demostración se ha producido en la región sudafricana de KwaZulu-Natal donde unas inundaciones históricas han provocado la muerte de al menos 443 personas y han obligado a otras 40.000 a buscar refugio lejos de sus casas. A partir del lunes 11 de abril y en solo 24 horas la zona situada al este del país recogió entre tres y cuatro veces las precipitaciones que hasta ahora se producían en todo el mes de abril.
“Los científicos nos han estado diciendo”, declaró la Ministra de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales (COGTA), Dra. Nkosazana Dlamini Zuma, “que la parte oriental del país será más cada vez más húmeda y habrá inundaciones frecuentes, mientras que la parte occidental será más seca y tendremos sequías habituales. Tal vez pensamos que es algo que ocurrirá en un futuro lejano, pero podemos mirar lo que acaba de suceder y lo que ha ocurrido en los últimos cinco años. En KwaZulu-Natal hemos tenido inundaciones en 2018, en 2020 y ahora en 2022. Por supuesto, cada inundación es peor que la anterior. Claramente, el cambio climático está con nosotros y estamos comenzando a sentir sus efectos”. La propia ministra aseguró que eran las peores lluvias torrenciales que había experimentado el país en toda su historia.
En otro orden de cosas, antes de que estas desastrosas inundaciones fijasen la atención nacional e internacional, los focos en el país de África austral estaban centrados en una espiral de violencia xenófoba que se dirigía contra los migrantes africanos de otros países. Bautizada como Operación Dudula ha movilizado a grupos de vigilantes ciudadanos en una serie de razzias contra los extranjeros africanos en diferentes regiones del país.
Andile Zulu, un comentarista político sudafricano, dibujaba de una manera muy gráfica el contexto en el que se ha producido este fenómeno: “Parece que la vida diaria en Sudáfrica está regida por el sufrimiento y la crisis. Los trabajos son infinitamente escasos. Los delincuentes prosperan en las calles y en el partido gobernante. Los espacios se han deteriorado, arruinados por la contaminación y el mantenimiento insuficientes de las infraestructura. La comida, y casi todo lo que cualquier ser humano necesita para sobrevivir, se está convirtiendo en un privilegio costoso. Con una esperanza que parece irracional y una realidad insoportable, el abuso del alcohol y las drogas es una forma de escape cada vez más habitual, especialmente entre los jóvenes. (…) Movimientos como la Operación Dúdula sostienen que la presencia de extranjeros, indocumentados o no, es una causa importante del deterioro del país”. Este analista continuaba su relato evidenciando la siguiente situación: “No fueron los nigerianos ni los somalíes quienes nombraron ministros incompetentes durante más de 20 años. Lo último que recuerdo es que no fueron los inmigrantes pakistaníes o bangladeshíes quienes alentaron al ANC a implementar políticas económicas destructivas, como las medidas de austeridad de Tito Mboweni. No son los agricultores de Zimbabue los que se sientan en los directorios de las compañías mineras, extrayendo una gran riqueza de los trabajadores negros sin reinvertirla en la sociedad…” y seguía con un listado de países de origen de los migrantes y de despropósitos de la economía nacional. Por cierto, Andile Zulu, no ocultaba sus intenciones desde el título: “Querida Operación Dudula: Las élites poderosas son su enemigo, no los migrantes”.
La investigadora Vusi Gumbi, del Institute for Pan African Thought and Conversation de la Universidad de Johannesburg, llamaba la atención sobre esa transición incompleta que llegó con el fin del apartheid. “Los sudafricanos negros se sienten vulnerables por el hecho de que sus compatriotas africanos compiten con ellos para ganarse la vida, porque los sectores estratégicos de la economía no representan la demografía general de la población. En 1994, el gobierno cambió pero la estructura social permaneció igual. Las razones citadas anteriormente de por qué los ciudadanos locales se sienten amenazados por los inmigrantes africanos ahora están siendo explotadas por un grupo que se autodenomina Operación Dudula, que está manipulando las condiciones materiales de los pobres para las ambiciones personales de sus miembros”, escribía Gumbi.
Otros miembros de la sociedad civil como Jaynisha Patel, líder de proyecto de economías inclusivas, y Mikhail Moosa, responsable del proyecto del Barómetro de Reconciliación de Sudáfrica ambos en el Institute for Justice and Reconciliation (IJR), coinciden con el oportunismo de este fenómeno: “Las llamas de esta última ola parecen ser avivadas por actores oportunistas que buscan explotar la confluencia actual de incertidumbre económica y política, en el contexto de los múltiples traumas infligidos por la pandemia de Covid-19. Uno de los acontecimientos más preocupantes en este sentido ha sido la movilización de grupos en torno a la Operación Dudula”. Pero recuerdan también la necesidad de tomar medidas decididas para neutralizarlos: “Igualmente preocupante ha sido la falta de una condena inequívoca por parte de algunos de los principales partidos políticos del país. Cuando se han formulado críticas, se han silenciado, aparentemente por temor a parecer fuera línea con lo que parece ser un sentimiento público amplio”.
En todo caso, la sociedad y algunos medios de comunicación alertan sor la recurrencia de estos episodios de odio contra los migrantes africanos, como hacia la cronología publicada por el Daily Maverick, y advierten de que se convierten con excesiva facilidad en objetivos para distraer la atención de los verdades problemas a los que se enfrentan las clases más humildes.
Mercenarios y guerra de la información en Mali
La crisis de seguridad que se vive en el Sahel y la inestabilidad institucional que ha generado, lleva meses internándose en una fase en la que la mentira o la desinformación se han convertido en una de las herramientas fundamentales. No se trata ya de la pugna entre los grupos rebeldes y las autoridades estatales por imponer una versión de la realidad, sino que se ha generado un escenario en el que los intereses internacionales también se disputa en la construcción de los discursos. Sin embargo, para lo que algunos son palabras o el relato de unos hechos más o menos controvertidos o fiables, para otros, para los y las ciudadanas de a pie, sigue marcando la diferencia entre vivir y morir.
Uno de los últimos episodios que ilustran este macabro juego de la confusión es la supuesta masacre en Moura, cerca de la localidad de Mopti, en el centro de Mali. Entre el 27 y el 31 de marzo se produjeron en la zona una serie de confusas escaramuzas. Las fuerzas armadas malienses aseguran haber “neutralizado” a más de doscientos jihadistas, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos como HRW aseguran haber recogido testimonios que hablan de la ejecución sumarisima de 300 civiles. En los días siguientes a los hechos, las redes sociales y algunos canales de comunicación transmitieron todo tipo de mensajes en relación a unos supuestos hechos, desde personas que defendían fervientemente que eran familiares de los asesinados a sangre fría, hasta otros que estaban seguros de que se trataba de terroristas que se habían enfrentado a los soldados. Algunos de los testigos recogidos por HRW hablan de ejecuciones, violaciones y pillaje protagonizado tanto por miembros del ejército de Mali, como por mercenarios supuestamente de la controvertida compañía de seguridad Wagner. Y a partir de ahí comenzó la confusión, en el cruce de supuestos hechos y desmentidos múltiples.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos reclamaron inmediatamente una investigación independiente y fiable que evitase que el incidente dificultase la convivencia. La ONU anunció su disposición para realizar las pesquisas a través de su misión en el país y casi al mismo tiempo el fiscal de la jurisdicción militar maliense anunció el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y arrojar un poco de luz sobre esa confusión intencionada.
Un poco de justicia en Burkina Faso y un buen ejemplo
El ex presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, ha sido condenao a cadena perpetua como responsable del asesinato del capitán Thomas Sankara y otros doce de sus colaboradores en 1987, durante el golpe de estado que acabó con el gobierno revolucionaron del popular dirigente burkinés. En el proceso judicial que se ha celebrado casi 35 años después de los crímenes, también han sido condenados a prisión perpetua los dos principales colaboradores de Compaoré, Gilbert Diendéré y Hyacinthe Kafando, mientras que los otros ocho acusados, han recibido penas de entre 3 y 20 años.
Después de la larga espera y de las constantes incertidumbres, el fallo del tribunal militar de la capital burkinesa, ha sido recibido como una victoria por parte de la sociedad civil burkinesa y como una muestra de un principio de justicia. Aún así, algunas voces han recordado la participación de diversos servicios de inteligencia internacionales en el plan de Compaoré para derrocar a Sankara y sustituirlo al frente del país, que diferentes investigaciones han ido revelando a lo largo del tiempo. En todo caso, lo más probable es que ni Compaoré ni Kafando cumplan efectivamente su condena. El primero se encuentra refugiado en Costa de Marfil desde que un levantamiento popular lo depuso en 2014 después de 27 años en el poder; el segundo, se encuentra en paradero desconocido. El camino del proceso ha sido complicado y ha estado constantemente en la cuerda floja. En la última ocasión, durante el último golpe de estado ocurrido en enero, algunos rumores llegaron a afirmar que los militares sublevados habían liberado a Gilbert Diendéré, el único de los principales acusados que se encontraba en prisión. Sin embargo, poco después del motín del ejército se retomó el proceso que ha acabado dando un resultado celebrado por una buena parte de la sociedad burkinesa.
Un escándalo para alertar sobre la seguridad de las mujeres
El pasado sábado 16 de abril una joven nigeriana llamada Zainab Oladehinde escribió un largo hilo en Twitter relatando la agresión sexual de la que fue víctima hace prácticamente un año, en abril de 2021, en un hotel de uno de los destinos turísticos más populares del continente africano, Zanzibar. La revelación se ha convertido en un auténtico escándalo, se ha hecho viral y se ha convertido en tendencia en las redes, mientras ha provocado la reacción el hotel en el que se produjo el ataque que se ha quejado del aluvión de críticas negativas que se han generado, así como de las autoridades nigerianas e incluso la Comisión de Turismo de Zanzíbar ha anunciado que abrirá una investigación sobre el incidente.
La joven señaló en su relato que había tardado un año en compartir su traumática experiencia porque durante todo este tiempo había estado en terapia. Además de la agresión sexual, Oladehinde denunció el mal trato recibido por parte de la gerencia del hotel y también por la policía de Zanzíbar. Más allá de la diferencia de versiones entre el hotel y la joven nigeriana, las explicaciones de Zainab Oladehinde han servido como pretexto para desencadenar un debate público en torno a la seguridad de las mujeres. La mayor parte de los medios nigerianos se han hecho eco de la información, poniendo el foco, sobre todo en la explicación de la joven y en la reacción de la Comisionada de os Nigerianos en la Diáspora. Los medios tanzanos, por su parte se han preocupado más de la respuesta del hotel y el anuncio de investigaión de Comisión de Turismo de Zanzíbar. Pero el atractivo del destino turístico y la repercusión en las redes ha llamado la atención de otros medios desde Kenia, hasta Ghana, pasando por Sudáfrica. Además, la discusión en esas redes ha permitido debatir sobre la idea del consentimiento y sobre la seguridad de las mujeres que viajan solas.
*Carlos Bajo Erro es Ciberactivista, periodista y amante de las letras africanas. Co-fundador de Wiriko. Licenciado en Periodismo (UN), postgraduado en Comunicación de los conflictos y de la paz (UAB) y Máster Euroafricano de Ciencias Sociales del Desarrollo: Culturas y Desarrollo en África (URV)
Artículo publicado en El Salto, editado por el equipo de PIA Global
