En ese marco del deterioro económico y social el gobierno autoritario de Nayib Bukele persigue y difama a opositores, viola constantemente el marco legal que lo rige y pretende cerrar los espacios políticos, amenazando a la población con el Estado de Excepción.
Para tratar la crisis económica conversamos con el economista dominicano-salvadoreño, César Villalona*, sobre la evolución de la economía de El Salvador durante este año, después que en 2021 se recuperara de la caída experimentada en 2020.
O.R.- César, ¿Cómo va este año la economía de El Salvador?
C.V.- Está perdiendo dinamismo porque los costos de las empresas suben, la inversión no se crece, hay más desempleo, la inflación golpea el poder adquisitivo de la mayoría de la población y el Estado, que acumula una deuda muy grande, no tiene garantizado el financiamiento esperado para el año.
O.R.- ¿Cómo va la producción?
C.V.- En caída. No hay datos de la evolución del PIB, pero el índice de volumen de actividad económica disminuyó -0.23% en enero, según datos del Banco Central de Reserva. Además, como el desempleo crece, es de suponer que la inversión privada, que es la mayor generadora de empleo, está deprimida.
O.R.- ¿Cuánto empleo se ha perdido?
C.V.- Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se perdieron 2.946 empleos en las empresas formales. Y ya en diciembre de 2021 se habían perdido 1.715 con respecto a noviembre. De manera que, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, un total de 4.661 personas fueron arrojadas al desempleo. Esos datos son del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Por otra parte, entre enero y febrero de este año, 11.684 personas dejaron de cotizar en las AFP, no por haberse jubilado, pues cada año se jubilan alrededor de 3.000 personas, sino principalmente por haber perdido el empleo en las empresas formales.
O.R.- ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados?
C.V.- El Agropecuario, que enfrenta el alza de los costos y una fuerte competencia de importaciones agropecuarias, que entre enero y marzo aumentaron 18% con respeto al mismo período de 2021, según datos del Banco Central.
También el sector de Electricidad, Agua y Servicios, cuyas importaciones de bienes de capital (una variable de inversión que se compone de maquinarias, herramientas y equipos) cayeron -60.6% entre enero y marzo. En el comercio, el segundo sector en el aporte al PIB, la importación de bienes de capital cayó -6%.
O.R.- ¿Cómo va la inflación?
C.V.- El Banco Central dice que la acumulada hasta marzo es de 2.23%. Este año podría llegar a 10%. El año pasado fue de 6.1%, la mayor desde 1996.
Si este año alcanza los dos dígitos, sus efectos serán muy negativos: drástica disminución de los ingresos reales (salarios, pensiones y otros), pérdida de competitividad de las exportaciones (debido al alza de costos) y presión sobre las tasas de interés, es decir, encarecimiento del crédito, lo que afectaría a las personas y empresas endeudadas con la banca.
Desde 2021 se registra un fuerte encarecimiento de los alimentos básicos, que ha continuado este año. También subió la tarifa de energía. Y este año ha subido la tarifa de agua.
O.R.- ¿Y no hay medidas para reponer la capacidad de consumo de la población?
C.V.- Solo paliativos por el lado de los combustibles, los cuales incluso están más caros que cuando el Gobierno les suspendió temporalmente algunos tributos.
De las variables de consumo privado, los salarios y pensiones no aumentarán este año y el crédito a los hogares lleva una tendencia de crecimiento baja, de 3%. Solo las remesas crecen a una tasa buena, de 10% en el primer trimestre. Pero eso nada tiene que ver con el Gobierno salvadoreño. Además, este año las remesas no tendrán el aumento de 26% del año 2021, cuando la economía de E.U. se recuperó y el Gobierno de ese país dio ayudas para paliar los efectos del COVID-19.
O.R.- ¿Cuáles son los sectores más afectados por la inflación?
C.V.- Los de ingresos bajos y fijos, que son la mayoría: más de 800 mil personas asalariadas en el sector formal; más de 350 mil personas con pensiones contributivas y no contributivas; 806 mil cuentapropistas (53% mujeres); 1 millón de personas que laboran en micro y pequeñas empresas (60% mujeres); 442 mil familias campesinas; 107 mil empleadas domésticas y la mayoría de las mujeres calificadas como “amas de casas”, que son casi un millón y pertenecen sobre todo a los sectores populares.
Hay personas con buenos salarios y pensiones, pero son una minoría. Incluso mucha de esas personas, y las capas medias en general, están golpeadas por el encarecimiento de los alimentos, los servicios y los combustibles. Solo una minoría de la población no sufre el impacto del alza de precios.
O.R.- ¿Cómo están las finanzas del Estado?
C.V.- Muy mal. El Presupuesto de este año tiene un desfinanciamiento de 1.209 millones, que representan el 15% del gasto estimado. Además, el Gobierno debe conseguir otros 800 millones de dólares para pagar un vencimiento de deuda en enero de 2023. El Gobierno dijo que negociaría un préstamo del FMI por 1.300 millones, pero todo parece indicar que no lo hará.
Para el mes de marzo, la deuda de corto plazo (menos de un año) era de 2.462 millones de dólares, en su mayoría Letras y Certificados del Tesoro, que el Gobierno no está en capacidad de pagar con sus ingresos corrientes. El Gobierno tendrá que pagarla con más deuda, si es que logra obtenerla. La deuda pública actual es 25% mayor que la de diciembre de 2019 y ronda el 85% del PIB.
En ese marco de insolvencia financiera, que se agrava por la corrupción pública, la falta de transferencia y las continuas violaciones del Gobierno a la Constitución y a las leyes, el Riesgo País subió de 15.7% a 22.8, entre enero y abril de este año, convirtiendo a El Salvador en el segundo país de América Latina con mayor riesgo de no pagar su deuda. A su vez, la clasificación crediticia cayó a triple C, que también significa riesgo de pago de deuda.
Pese a su precaria situación financiera y a su elevada deuda, el Gobierno sigue incrementando los gastos militares (26% este año) y gastando millones en propaganda. Además, la Ley Bitcoin le generó al Estado gastos adicionales, pues le regaló, con un préstamo de un banco público, 30 dólares a más de 3 millones de personas que crearon sus billeteras digitales. La mayoría de la gente gastó el dinero y no es usuaria del bitcoin.
O.R.- El presidente Bukele dice que creará una Ciudad Bitcoin con 1.000 millones de dólares que obtendrá de bonos, 500 de ellos en bitcoin. ¿Cómo valoras esa decisión?
C.V.- Como un desatino. El Gobierno no tiene ni para terminar el año ni para pagar el vencimiento de deuda de enero, y el presidente sale con esa idea. Es poco probable que el Estado coloque esos bonos, dada su mala imagen crediticia, a no ser que encuentre especuladores millonarios interesados en jugar en un casino salvadoreño.
Lo ciento es que el bitcoin no es más que una idea en la cabeza del presidente y sus funcionarios. Pese a que la Ley Bitcoin dice que ese cripto activo se convertiría en una moneda de cursos legal, la economía sigue totalmente dolarizada.
El bitcoin no cumple con las funciones del dinero. No es unidad de cuenta, porque no hay precios ni tarifas en bitcoin; no es medio de pago, pues prácticamente no hay salarios ni pensiones en bitcoin (ni el del presidente); no es reserva de valor, porque los ahorros están fundamentalmente en dólares; y no es medio de intercambio, pues la cantidad que el Gobierno compró y regaló no representa el 0.7% del medio circulante y el 0.5% de la base monetaria de la economía, que también incluye los ahorros.
Notas:
*Economista dominicano-salvadoreño con 37 años de experiencia en labores de investigación económica y social y docencia universitaria. Es autor de los libros Disputas en el CAFTA, Declive de la Hegemonía de Estados Unidos, Historia Social y Económica de la República Dominicana y La Dictadura de Trujillo. Ha elaborado para la Asociación Equipo Maíz 18 libros de educación popular sobre temas económicos y sociales. Ha impartido cientos de conferencias y publicado alrededor de mil artículos en revistas y periódicos de diversos países.
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