Cerrando etapas
Superada la farsa electoral, el clan de gobierno acelera sus maniobras para consolidar inversiones que le permitan asumir el siguiente periodo en condiciones favorables para seguir concentrando capital a costa del bienestar del conjunto de la sociedad.
Nunca será suficientemente repetido ni subrayado el origen espurio e ilegal del clan en el poder, porque su continuidad se asienta en el engaño, en la fuerza, en la persecución y en el corrupto uso de recursos públicos en su favor para eliminar toda oposición real al régimen.
Nada lo diferencia de otras dictaduras y otros dictadores; todos ellos cayeron, más temprano que tarde, y fueron juzgados y condenados por sus crímenes, gracias a que una parte del pueblo no doblegada, resistente y digna, guardó en la memoria y repitió por siempre sus denuncias, hasta que se hiciera justicia.
Que puedan gobernar con trampas no los hace legítimos. Tampoco los legitima para seguir cometiendo crímenes contra el pueblo. La corrupción campea en el gobierno, y las confesiones ante los tribunales estadounidenses del delincuente conocido como “el Crook”, amenazan con romper la fábula de la efectividad del modelo ante el crimen organizado en pandillas.
Esta semana se difundió la detención del comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Christian Herson Flores Sandoval. Según la Fiscalía, Flores «exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en proyectos estratégicos del gobierno «.
Resulta curioso que se decida la detención de un personaje de segundo nivel, cuando son conocidos los casos de figuras mucho más cercanas al jefe del clan señaladas de haber cometido todo tipo de delitos.
Las denuncias de casos abundan, como los de la jefa de gabinete, Carolina Recinos, del encargado de las cárceles del país, Osiris Luna, con innumerables denuncias por corrupción y negociados a costa de las familias de detenidos bajo el régimen de excepción; del ministro de Salud, Francisco Alabí, fuertemente cuestionado por sus negocios desde los días de la pandemia de Covid-19; de Ernesto y Conan Castro, Dania González, Federico Anliker, Michelle Sol, Christian Guevara, Ernesto Sanabria, Walter Araujo, Carlos Marroquín, o el actual alcalde de San Salvador, Mario Durán; sin hablar de los responsables de la seguridad del país, como el ministro Villatoro, mencionado en los casos de liberación ilegal de jefes pandilleros o el del propio responsable de la Policía Nacional Civil, Arriaza Chicas.
Cabe entonces la pregunta, ¿hay delincuentes en el gobierno o se trata en realidad de un gobierno de delincuentes?
Crímenes contra el pueblo
Mientras tanto, las mayorías sufren la injusticia del hambre, la falta de oportunidades, de atención médica y de medicamentos; el abandono de la formación educativa para los hijos e hijas del pueblo pobre e ignorado, el abuso del poder policial, militar y judicial.
Las promesas incumplidas se transforman en crímenes contra el pueblo cada vez que se suman las muertes de niños por diarrea, dengue y otras enfermedades prevenibles y curables. Con el incremento de suicidios, sobre todo de jóvenes y de mujeres, aunque la prensa comienza a sospechar que en más de un caso se trata de disfrazar homicidios que las autoridades no quieren contabilizar para no ensuciar su récord de efectividad en la lucha contra el crimen.
No son, sin embargo, los únicos crímenes que deben contabilizarse. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su más reciente informe sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región. El organismo internacional mostró su preocupación por la extensión de la suspensión de derechos y garantías por el régimen de excepción en El Salvador. El informe enfatiza que ha recibido denuncias por “la política de seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la situación de las personas privadas de libertad, que incluyen detenciones masivas, ilegales y arbitrarias con base en criterios discriminatorios, así como violaciones a las garantías judiciales y protección judicial de las personas detenidas”.
“Conforme los datos disponibles, existirían detenciones ilegales y arbitrarias y restricciones a la protección judicial, al debido proceso legal y a las garantías judiciales en el marco de las diligencias judiciales efectuadas. Al respecto, la CIDH llamó al Estado a finalizar la suspensión de garantías decretada desde el 27 de marzo de 2022 y a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, dicta el informe.
Hay otras formas de crímenes de Estado, como la condena al hambre y la miseria a que están siendo sometidas las familias que dedicaron su vida al comercio informal en las calles del centro de San Salvador. El interés del grupo económico en el poder es hacer negocios con el turismo y con la modernización del centro histórico capitalino; la operación quedará en manos de ellos mismos o de sus socios extranjeros, a quienes, una vez eliminado todo acceso a la información pública, se les podrá entregar en bandeja de plata negocios y concesiones sin competencia.
Era necesario primero expulsar de las calles el comercio informal y para ello el régimen actúa como sabe. No se trata de reubicar u ofrecer alternativas, se trata de reprimir y expulsar. Este no es un gobierno de diálogo, mucho menos de negociación, es un régimen de ordeno y mando. Poco importa que la inmensa mayoría de esa gente expulsada haya figurado entre los entusiastas admiradores del presidente que hoy los expulsa sin contemplaciones.
Eliminadas las ventas callejeras, hoy se trata de expulsar de los locales a quienes venden allí desde hace años y que creían que el proceso no les afectaría. Pero entre el 25 y el 26 de abril, decenas de comerciantes formales del centro de San Salvador cerraron sus locales tras inspecciones de miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, argumentando falta de permisos para operar en el lugar.
Es un rumor persistente entre los desalojados del sector adyacente al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional donado por el gobierno chino, que esos espacios ya están destinados a nuevos comercios de origen extranjero, para conformar una nueva área de comercio en manos de capitales foráneos.
El proceso parece repetirse una y otra vez. El lunes, el MOP presentó a la Asamblea Legislativa una solicitud para suscribir un préstamo en especie con la empresa china Yutong Bus, por $179 millones. Al día siguiente, el titular de la cartera de Estado, Romeo Rodríguez, informó que con este crédito buscan renovar 1,500 unidades del transporte público (120 mil dólares por unidad), y además aseguró que incluirán en este proceso a los empresarios del rubro, aunque no aclaró cómo.
La maniobra se presenta como una modernización necesaria del transporte público, pero los empresarios han señalado que el gobierno les debe $28 millones de subsidios al pasaje, un atraso de nueve meses. Tampoco se debe obviar que hay empresarios del sector en prisión, a quienes se les ha confiscado su flota.
La propuesta olvida también que es este mismo gobierno el que dejó deteriorarse hasta la inutilidad los modernos autobuses del sistema de transporte SITRAMSS, implementado durante el gobierno del FMLN. No resulta casual que en estos mismos días se reavive el juicio contra ex funcionarios responsables de la implementación de aquel sistema, que resultó ser el más moderno e innovador en la historia del país.
Las deudas del gobierno
El gobierno adeuda más de $1,000 millones a proveedores del Estado, según el último informe de Gestión Financiera del Estado de 2023. La mayor parte son fondos que no se han pagado a empresas o personas proveedoras de bienes o servicios a instituciones gubernamentales. Se trata de pequeños y medianos productores, como talleres de sastrería y zapatería que elaboran uniformes y zapatos escolares.
Ese monto no incluye las deudas de todas las municipalidades del país, que a causa de la eliminación del FODES se han endeudado con sus proveedores. Hay que recordar que el 1 de mayo asumen sus cargos las nuevas autoridades municipales, lo que mantiene en la incertidumbre a los proveedores, pero también a las y los empleados municipales ante las insistentes versiones de posibles despidos por parte de las nuevas administraciones.
Sumemos a ello los 52.6 millones de dólares adeudados a la Universidad de El Salvador a marzo de 2024 y tendremos un complejo panorama económico para el gobierno, pero que afecta directamente a sectores sumamente vulnerables de la población. Esta es la realidad que buscan tapar con anuncios fantásticos de inversiones y creación de fuentes de empleo; falsas afirmaciones de un gobierno desesperado por mantener una imagen de popularidad, y sobre todo evitar, neutralizar u ocultar las muy probables protestas sociales que se avecinan.
Algunos datos de la reciente encuesta de Humor Social y Político, de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), parecen anticipar esta situación. El estudio indica que el 74% de la población percibe como regular o mala su situación económica, el 38% aprecia un costo elevado de la vida y el 29% siente que el dinero no le alcanza.
Este 1 de mayo, muchos de esos sectores, afectados por una crisis en la que el gobierno solo recurre a propaganda, seguramente marcharán advirtiendo que el idilio ha terminado, y que este nuevo periodo a iniciar, más allá de ser ilegal e inconstitucional, no contará con la paciencia demostrada hasta ahora por el pueblo salvadoreño. Definitivamente, el tiempo no parece estar a favor de los poderosos.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Internet
