El Fondo Monetario Internacional (FMI) se muestra implacable con el aumento de la deuda pública en Europa, muy duro con el Viejo Continente, pero sin duda indulgente con Estados Unidos, cuya deuda es mucho mayor.
Es sabido que cada indicación del FMI adquiere un valor político y, también en esta ocasión, la advertencia tiene un objetivo muy concreto: reducir el bienestar europeo, considerado la verdadera causa del problema. Si esta indicación se tradujera en decisiones políticas, no solo los ciudadanos de la Unión Europea sufrirían un daño incalculable, sino que se destruiría todo el sistema social y, con él, los derechos a la educación, la salud y la vejez.
Las consecuencias serían positivas para el sector privado y para las privatizaciones en general, que se beneficiarían del desmantelamiento del bienestar social, sobre todo en lo que se refiere a la sanidad y la previsión social privada.
La nota publicada hace unos días por el FMI, en resumen, considera que el bienestar social europeo es demasiado generoso, lo que tendría un impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por lo tanto, se aboga por una reforma sustancial del sistema fiscal y laboral, acompañada de un recorte drástico del gasto social.
Es difícil explicarles que en muchos países europeos, sobre todo en Italia, los años neoliberales han destruido un sistema fiscal equitativo y progresivo, basado en múltiples tipos impositivos. Aumentar los ingresos fiscales significaría enfrentarse de una vez por todas a un sistema económico y empresarial en el que las ayudas estatales han salvado del abismo a sectores enteros que, desde el punto de vista capitalista, ya no son competitivos. El objetivo del FMI es político: si no lo fuera, las advertencias irían dirigidas al país con la mayor deuda pública absoluta, es decir, Estados Unidos.
Irónicamente, lo que escribe el Fondo coincide con los deseos de Estados Unidos, que nos está descargando un considerable aumento del gasto militar, para sostener el cual la UE ya ha emitido nueva deuda a través del programa Safe. El FMI pasa por alto este detalle y solo se fija en la proyección, de aquí a 2040, que prevé que la deuda pública se duplique.
«Si las reformas y la consolidación a medio plazo son insuficientes, entonces las medidas fiscales más radicales podrían incluir una reevaluación del alcance de los servicios públicos y otras funciones gubernamentales, con posibles repercusiones en el contrato social», afirma la nota del Fondo.
La UE lleva décadas conteniendo el gasto público, lo que ha llevado a países enteros a sacrificar la administración pública. Por ejemplo, en Grecia, donde la venta de partes enteras del sector público no ha sido suficiente, hoy se está aumentando la semana laboral y la jornada media de trabajo (poniendo en peligro también otras normas comunitarias, como la que, en teoría, impondría 11 horas de descanso entre un turno y otro). En Italia se ha hablado poco de lo que está ocurriendo en Grecia con el Gobierno de derecha, pero esas contrarreformas laborales podrían ser un ejemplo a seguir también para países capitalísticamente más fuertes.
Al restar recursos al bienestar social, la UE podría destinar nuevos capitales a sectores estratégicos de la economía —por ejemplo, el militar— y a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Pero trabajar en favor del rearme provoca un aumento de la deuda y, por lo tanto, las soluciones propuestas son parte del problema. Probablemente ya se haya iniciado la gran caza del capital que podría liberarse gracias al debilitamiento del bienestar social.
Mario Draghi, en su libro sobre la competitividad, afirmaba que la salida de la UE de la crisis pasaría por inversiones comunitarias dirigidas por un único centro de control, orientadas a algunos capítulos estratégicos y no a otros. Al mismo tiempo, se pedía aumentar las inversiones, revisando las políticas de austeridad aplicadas hasta ahora para competir precisamente con Estados Unidos y China.
Las indicaciones de Draghi ya se han aplicado en los documentos estratégicos sobre rearme, aunque se han encontrado algunas dificultades estructurales, como la presencia de empresas europeas fabricantes de armas en proyectos que compiten entre sí.
Es cierto que países como Italia, Francia y España presentan una relación deuda/PIB superior al 100 %. Sin duda, la UE no podrá ignorar el llamamiento del FMI y tal vez intente reducir aún más ese índice.
Si un tercio o un cuarto de los países europeos recortaran el gasto neto en más de un punto porcentual del PIB, nos encontraríamos con un número cada vez mayor de desempleados y trabajadores mal remunerados, lo que supondría un coste social y económico muy grave.
Sin embargo, el FMI señala al modelo europeo, que considera insostenible, y de ahí la certeza de que los gobiernos se están moviendo hacia la privatización y los procesos especulativos en torno a la sanidad, las pensiones y la educación.
Hace solo unos meses, el Banco de Italia presentó el informe de la Fundación para la Subsidiariedad[1], centrado en la reforma del estado del bienestar italiano. El informe analizaba los retrasos de nuestro país en el campo de la investigación y el desarrollo, la debilidad de la industria y la precariedad del empleo, y daba a entender que el bienestar debía replantearse el conjunto de los servicios ofrecidos, tratando de avanzar gradualmente hacia el modelo universalista anglosajón —basado en la concesión de bonificaciones y subsidios— y abandonando el modelo mediterráneo, de tipo laboral —pensemos en la indemnización por despido, el subsidio de desempleo, etc. Huelga decir que el primer modelo, al no estar vinculado a la negociación sindical, no garantiza a la población ningún control sobre la entidad de los servicios ofrecidos.
Además, el informe del Banco de Italia, si se lee hoy, presenta también contenidos «proféticos», al menos según las últimas encuestas del Istat:
El sistema de bienestar social desempeña un papel esencial en la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza. Si se tienen en cuenta únicamente los ingresos procedentes del trabajo y la propiedad, la distribución de los ingresos entre las familias italianas es muy desigual, con un índice de Gini superior al 52 %[2].
El sistema de bienestar social no solo es una garantía de equidad social, sino que también podría contribuir a la recuperación económica del país. Sin embargo, para que esto sea posible, según el Banco de Italia, se necesitan algunas medidas estructurales, que se identifican, no obstante, en la privatización de sectores enteros. Y para lograr este objetivo, el informe pide al mismo tiempo la sostenibilidad de las cuentas públicas y medidas en el sistema fiscal. Pero precisamente estas medidas podrían resultar aún más perjudiciales, especialmente si se aplican de forma inadecuada.
Notas
[1] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2025/20250220-panetta/index.html?dotcache=refresh
[2] https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/congiuntura/analisi-internazionali/
*Federico Giusti, delegado de CUB en el sector público, colabora con las publicaciones periódicas Cumpanis, La Città futura, Lotta Continua y es activo en temas de derecho laboral, anticapitalismo y antimilitarismo.
Artículo publicado originalmente en World Politics Blog.
Foto de portada: El escudo del FMIReuters / Yuri Gripas / Reuters
