Por Héctor Bernardo
El viernes 3 de octubre se cumplieron 12 días del paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Junto a otras organizaciones sociales y políticas, la CONAIE reclama la derogación del decreto 126 que elimina el subsidio al combustible (diésel).
El 12 de septiembre, la ministra de Economía de Ecuador, Sariha Moya, en un mensaje por cadena nacional, anunció el decreto que elimina el subsidio al diésel, lo que implica un aumento de más del 50% (de 1,80 dólares por galón a 2,80).
Las comunidades indígenas, que basan gran parte de su economía en la producción y venta de alimentos, se ven fuertemente perjudicadas dado que el aumento del combustible produce un fuerte incremento en los costos del transporte de su producción.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó el anuncio del gobierno. Mediante un comunicado señaló que “la eliminación del subsidio al diésel afectará a millones de familias, a la producción campesina y al transporte comunitario, encareciendo la canasta básica y precarizando aún más la vida de los sectores populares”.
En el comunicado se señaló que “la CONAIE se ampara en el derecho a la resistencia en defensa de los pueblos y nacionalidades, y de la ciudadanía en general” y que por ello “activará todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo de Daniel Noboa”.
Desde el anuncio del decreto se llevaron adelante protestas en distintas ciudades al grito de “¡Sube el diésel, sube todo!”, dado que el aumento en el combustible se traslada al precio de todos los productos que son transportados (en especial aquellos de la canasta básica de alimentos).
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas Santi, exigió la derogatoria del Decreto 126 y aseguró que “en caso contrario, vamos a seguir luchando”.
Hasta el momento, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa al reclamo social ha sido negarse al diálogo, criminalizar la protesta y ordenar la represión física y psicológica de las organizaciones que protestan.
Los números de la represión
Según consta en el octavo boletín del monitoreo de vulneraciones a los derechos humanos, realizado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, la represión desatada por el gobierno de Noboa, hasta el 2 de octubre, ha dejado una persona asesinada, once desaparecidas, 103 heridas y 86 detenidas.
Doce de los detenidos (conocidos como “los doce de Otavalo”) fueron enviados a cárceles de máxima seguridad acusados de terrorismo.
Las organizaciones de derechos humanos que llevan el monitoreo informaron que, hasta el 30 de septiembre “se han documentado 182 reportes de vulneraciones a derechos humanos”.
Un convoy para llevar terror
La organización también señaló que “la noche del 28 de septiembre, la prensa masiva informó sobre la salida de un convoy de cien vehículos militares desde la base del aeropuerto de Quito. Pese a lo inusual de la maniobra, ninguna fuente oficial explicaba su contenido ni objetivo. Solo se sabía que se movilizaban hacia el área de las protestas en Imbabura”.
Como recuerda el informe: “Apenas horas antes, en Pinsaquí, el comunero Efraín Fueres caía ejecutado con disparo a la espalda, mientras corría de la represión militar”, por lo que “el terror que infundieron a la población de manera deliberada viola su derecho a la integridad. Es un mecanismo irregular para obligar a la población a deponer las medidas de movilización y paralización”.
A ello se sumó que en las provincias donde se realizaban las protestas se reportaban cortes de luz, inhibición de señal de internet y teléfono, como así también sobrevuelo de drones.
Ello en el marco del “estado de excepción” declarado por el presidente Noboa en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, bajo la excusa de la “conmoción interna”.
Cabe recordar que la declaración de estado de excepción restringe las libertades de los ciudadanos y le brinda facultades especiales a las fuerzas armadas para llevar adelante las acciones represivas.
“Ante la posibilidad de un ataque masivo, las comunidades aumentaron los bloqueos de vías de acceso. Las familias con niños, niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y hasta personas enfermas o convalecientes huyeron de sus hogares hacia bosques y quebradas donde pasaron la larga noche. No es exagerado decir que la noticia del convoy aterrorizó a las poblaciones”, señaló el informe.
Desde el gobierno se afirmó que se trataba de un “convoy humanitario” que llevaría alimentos y medicamentos a las comunidades que quedaron aisladas por los cortes de ruta.
En respuestas a las declaraciones del gobierno, el dirigente de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, señaló en la red social X que “un convoy humanitario debe ser encabezado por la Cruz Roja, no por el Comandante en Jefe. Un convoy humanitario no requiere apagones eléctricos ni apagones de internet. Un convoy humanitario debe tener mucha publicidad, anticipación y difusión: no hubo ni un tuit ni una cadena radial. El convoy humanitario debió haber al menos notificado al COE Provincial, pero la gobernadora se ausentó. Los “embajadores” del convoy humanitario tampoco hicieron anuncios previos en ningún medio. El gobierno tiene a su disposición mensajería masiva de texto a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que no fue utilizada para advertir del convoy humanitario. El ataque es a la inteligencia colectiva. Y es de Noboa. Y de los medios de los banqueros que hacen de altoparlantes acríticos y cómplices”.
Juicio político
El presidente de la CONAIE se presentó ante la Asamblea Nacional y pidió que se le iniciara juicio político a los ministros de Defensa y del Interior por la brutal represión.
La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional abrió un proceso de fiscalización sobre los hechos registrados en el paro convocado por la Conaie, por la eliminación del subsidio al diésel. Recibió a familiares de las doce personas detenidas en Otavalo (fuente: El Universo).
Por su parte, Marlon Vargas, reclamó que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que investiguen la “actitud prepotente” del Gobierno y sancionen las violaciones a los derechos humanos (fuente: Telesur).
Luchas que se repiten
En diálogo con PIA-Global, el profesor René Unda Lara, sociólogo e investigador de la Universidad Salesiana de Ecuador, detalló que “Transcurridos 22 meses en el ejercicio de la presidencia de la República, Daniel Noboa, a la cabeza de un gobierno que pese a ciertos reveses recientes ha tomado el control del conjunto de la institucionalidad estatal, enfrenta la primera movilización popular declarada como nacional e indefinida luego de una serie de manifestaciones de protesta que se han dado poco antes del inicio del paro nacional convocado por la dirigencia de la CONAIE. A 12 días de iniciado, el paro persiste de manera multilocalizada, pues no se concentra en Quito como sucedió en 2019 y en 2022 y en algunas provincias se intensifica”.
“Quizás los rasgos más llamativos desde la orilla de la sociedad movilizada, además de la persistencia, destacan una parte el de una creciente presencia y apoyo al paro por parte de diversos sectores de la población, entre ellos estudiantes gremios barrios organizados y por otra un aspecto referido al carácter nacional del paro, lo que ha significado que la protesta se ha desplazado del centro de referencia de las movilizaciones de 2019 y 2022 que fue Quito, la capital política y referencia geográfica de las movilizaciones populares de Ecuador”, explicó.
Unda Lara sostuvo que “pese a que la movilización popular de junio 2022 durante el gobierno del banquero Guillermo Lasso fue convocada por la CONAIE como paro nacional, las movilizaciones se concentraron en Quito. El hecho que comporta cuestiones importantes en las estrategias de organización y movilización de los sectores que deciden entrar en la contienda, como por ejemplo el desplazamiento de las organizaciones indígenas y las comunidades con sus familias, incluidos niños, hacia Quito, o la activación de redes de apoyo y solidaridad para sostener a las personas movilizadas, entre muchas otras implicaciones”.
“El ciclo protestatario actual muestra algunas características diferenciadas en cuanto a la confrontación entre manifestantes y fuerzas represivas del Estado, que precisamente son las que permiten constatar la capacidad organizativa de la CONAIE, sus filiales y organizaciones de base, así como también el ingente despliegue de recursos por parte del gobierno, empeñado en tildar tozudamente de terroristas a los manifestantes”, señaló.
En relación al carácter descentralizado del actual ciclo de movilización, el investigador sostuvo que “obedece en parte a la decisión gubernamental de Noboa, que en claro gesto de provocación hacia el movimiento indígena de Cotopaxi, liderado por Leonidas Liza, desplazó su sede presidencial a La Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, y la vicepresidencia a Otavalo, ciudad intermedia de la provincia de Imbabura, provincias ambas en las que la organización indígena es históricamente fuerte”.
“Esta observación permite explicar por qué este ciclo de movilización protestataria está multilocalizado, dado que los espacios donde se desarrolla la confrontación se encuentran ubicados en múltiples puntos geográficos de varias provincias y ciudades del país, incluido Quito”, afirmó.
Unda Lara aseguró que la “manera de enfrentar el conflicto, distinta a la de sus antecesores Moreno y Lasso”. En ese sentido, sostuvo que “la altísima capacidad de provocación y, como he dicho, tozudez de la que hace gala el presidente Noboa en cada declaración y en cada una de sus decisiones, tachando de terroristas a quienes se encuentran ejerciendo el derecho a la resistencia establecido en la Constitución vigente, ejerciendo este derecho en las calles y a quienes cuestionan de distintas maneras las decisiones gubernamentales que han venido destruyendo la democracia, la sociedad, el Estado y en términos más objetivables las condiciones de vida de la mayoría de la población”.
Sumado a ello se encuentra “el ingente despliegue de recursos del Estado, sobre todo a través de bonos con los que se pretende, entre otras cosas, doblegar la voluntad de los dirigentes comuneros, líderes y organizaciones”.
“A medida que se prolonga el paro la gente comienza a darse cuenta o refuerza su percepción de que la conducta gubernamental del presidente es realmente deplorable y que varias de las figuras públicas, medios de comunicación y segmentos importantes de la población empiezan a cuestionar fuertemente su accionar absolutamente antidemocrático, autoritario y completamente alineado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, concluyó el investigador ecuatoriano.
