Reunidos en Belém do Pará, Brasil, desde el 4 de julio, los movimientos populares de los países panamazónicos han consolidado una carta colectiva con una serie de denuncias y pedidos en defensa del bioma a ser entregada a los jefes de Estado que se reúnen en la COP-30 este martes 8.
La lectura de la carta se realizó durante la Asamblea de los Pueblos de la Tierra por la Amazonía, una actividad que conforma el encuentro Diálogos Amazónicos y reúne a pueblos indígenas, pueblos sin tierra, comunidades tradicionales y pueblos del campo y la ciudad.
Entre las 29 demandas se encuentran la toma de todas las medidas necesarias para evitar el punto de no retorno –el momento en que ya no se podrá recuperar el bioma– y la titulación de todas las tierras indígenas y quilombolas del territorio.
A la Asamblea también asistieron representantes políticos y sociales como Joenia Wapichana (FUNAI), Eloy Terena (Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil), Edmilson Rodrigues (alcalde de la ciudad de Belém) y Célia Xakriabá (diputada federal de Brasil).
En representación del Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, Eloy Terena destacó el ataque al pueblo Tembé ocurrido el pasado viernes 4 y la importancia de fortalecer la resistencia.
«No bastó con elegir al presidente Lula, porque tenemos un congreso extremadamente conservador, entonces estas fuerzas están actuando diariamente para debilitar las acciones del Ministerio de los Pueblos Indígenas y nuestras demandas, por lo que necesitamos fortalecer nuestra resistencia», explicó Terena.
Los Diálogos Amazónicos continúan hasta la tarde de este martes 8, con la realización de una gran marcha de los pueblos hacia la COP-30 para la entrega de la carta.
Pueblos de la Tierra por la Amazonía
¡Nada sobre nosotros sin nosotros!
Somos los pueblos de la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, que regula el clima del planeta. Vivimos en los ríos, los bosques, los campos y las ciudades. Sufrimos la devastación, el cerco, el envenenamiento y la destrucción de nuestro territorio. Sabemos que los ataques contra la Amazonía son ataques contra el planeta y los pueblos del mundo. Por ello, reunidos en asamblea en la ciudad de Belém, exigimos a nuestros líderes que proclamen el estado de emergencia climática en nuestra región y además adopten las siguientes medidas:
1. Tomar todas las medidas necesarias para evitar el punto de no retorno en la Amazonía, protegiendo el 80% de su territorio para 2025, a través de un plan que garantice a) cesar toda la deforestación ilegal para 2025, b) lograr cero deforestaciones legales para 2027, c) derogar las leyes y disposiciones que promueven la destrucción de la Amazonía, y d) rehabilitar, recuperar y restaurar áreas deforestadas y degradadas.
2. Titular el 100% de las demandas territoriales indígenas, afrodescendientes y de comunidades tradicionales, asegurando la seguridad global (jurídica y física) de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, el respeto y la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y la garantía de la perspectiva de género en la distribución y titulación de tierras.
3. Considerando que los costos socioambientales de la exploración y explotación petrolera en la Amazonía son mayores que los beneficios económicos generados, es fundamental acelerar la transición energética, dejar de promover nuevas exploraciones y explotaciones en la Amazonía e impulsar un plan de transición energética justa, popular e inclusiva, con reparación para los pueblos y los territorios afectados.
4. Expresar nuestro pleno apoyo al voto SÍ en el referéndum en Ecuador, para dejar el petróleo bajo tierra en la zona megadiversa de Yasuní. Con esto enviamos un mensaje al mundo, desde la Amazonía, para enfrentar el cambio climático y el extractivismo y defender la vida. Apoyar, asimismo, las demandas de organizaciones de Brasil y Guyana, que han obtenido victorias frente a la expansión de los hidrocarburos en sus costas.
5. Exigir a los gobiernos de los países que históricamente más han provocado el cambio climático que cumplan con su compromiso, asumido hace más de una década, de aportar 100.000 millones de dólares al año a los países en desarrollo para la transición energética, que defendemos como una transición socioecológica.
6. Exigir a los nueve gobiernos de los países amazónicos que cumplan con sus compromisos climáticos aún no asumidos y aumenten sustancialmente sus Contribuciones Determinadas Nacionalmente para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con las metas establecidas en este documento en materia de eliminación de la deforestación y el fin de la explotación petrolera.
7. Garantizar la participación efectiva de los pueblos de la Amazonía, en toda la cadena productiva energética, en el marco de los procesos de planeamiento, gestión y gobernanza, para la construcción de una transición energética justa, popular e inclusiva.
8. Frenar la expansión de la frontera agrícola: a) sancionando a los responsables del desplazamiento y despojo de tierras en la Amazonía, b) fortaleciendo las alternativas de transición agroecológica, de producción agroforestal y ecoturística comunitarias, c) garantizando que los productos amazónicos a ser exportados o consumidos a nivel nacional e internacional no contribuyan a la deforestación, degradación y contaminación.
9. Las ciudades amazónicas deben construirse en armonía con la naturaleza y brindar a sus habitantes una vida digna. Por ello, necesitan ser planificadas democráticamente, garantizando un ambiente sano y seguro para sus habitantes, con ordenamiento territorial público, vivienda adecuada, derecho al agua y saneamiento básico, movilidad, seguridad alimentaria, justicia climática y ambiental.
10. Promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería y la contaminación por mercurio que (a) reduzca anualmente el uso de mercurio y la minería ilegal hasta su total eliminación; (b) prohibir las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios; (c) realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales de medio término a las actividades mineras legales, para reforzar los planes de mitigación socioambiental, y establecer los términos de su continuidad y futuro cierre; y (d) implementar medidas efectivas para remediar la salud de las personas y restaurar los ecosistemas afectados por el mercurio y la minería.
11. Asegurar la consulta para el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe de los pueblos amazónicos, de acuerdo a los dictámenes internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, para proyectos y cadenas productivas con impacto significativo en la Amazonía.
12. Garantizar evaluaciones de impacto ambiental integrales y acumulativas, realizadas por entidades independientes en la Amazonía, para todas las actividades que afecten gravemente a la región.
13. Prohibir la construcción de represas hidroeléctricas y la construcción de cualquier proyecto de infraestructura que no respete los derechos de los pueblos y la naturaleza.
14. Respetar las formas de autoidentificación, autoorganización y autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, garantizando la autonomía y el autogobierno indígena a través de la implementación de normas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y amazónicos.
15. Garantizar y defender los cuerpos y territorios y la autonomía de las mujeres y exigir el derecho a una vida digna de las mujeres indígenas, negras, quilombolas, andinas, campesinas y mujeres de la diversidad, respetando su cultura e identidad ancestral, frente a la ofensiva del extractivismo neoliberal y patriarcal. Erradicar toda discriminación contra las mujeres en los establecimientos públicos y sancionar todo tipo de violencia, violencia sexual, feminicidio, violación de los derechos sexuales y reproductivos que impacten la vida y el cuerpo de las mujeres, niñas, sus culturas y sus cosmovisiones.
16. Combatir el hambre y la desigualdad en la Amazonía, promover la reforma agraria popular y asegurar de manera efectiva los derechos a la salud y a la alimentación adecuada, así como alternativas económicas con base indígena, comunitaria, social y solidaria en los territorios amazónicos, fortaleciendo los procesos de transición ecológica y soberanía alimentaria, con acciones de emergencia en áreas ya impactadas por grandes empresas y actividades ilegales.
17. Asegurar que todas las personas tengan acceso a una educación que esté orientada a la defensa de los derechos de los pueblos en sus territorios y de la naturaleza, fortaleciendo la educación intercultural bilingüe.
18. Garantizar mecanismos de protección efectivos para los defensores de la Amazonía, de acuerdo con los acuerdos internacionales y la legislación nacional.
19. Garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y tradicionales a través de la lucha contra la biopiratería y la apropiación de nuestros saberes y prácticas.
20. Librar a la Amazonía del flagelo del narcotráfico, desmantelando sus laboratorios y operaciones comerciales y financieras y arrestando a los líderes de los cárteles.
21. Promover una gestión de los sistemas acuáticos en la Amazonía que incluya: a) la creación de áreas acuáticas protegidas para preservar la salud de la cuenca amazónica; b) la protección efectiva de los humedales en la Amazonía; c) la prohibición del uso de agroquímicos condenados internacionalmente; d) y el reconocimiento de los Derechos de la naturaleza.
22. Que los gobiernos del Norte global y las entidades financieras públicas y privadas dejen de subsidiar, otorgar créditos e invertir en emprendimientos que destruyen la Amazonía y direccionar estos recursos hacia el bienestar de los pueblos indígenas y la naturaleza.
23. Tipificar e incorporar el delito de ecocidio en la legislación de los países amazónicos y sancionar efectivamente todos los delitos ambientales. Exigimos que las corporaciones y empresas responsables de desastres ambientales sean procesadas en sus países de origen y obligadas a reparar los daños a la naturaleza y los pueblos amazónicos.
24. Promover un financiamiento para la Amazonía y asegurar que todas las conversiones de deuda para la acción climática y/o conservación de la naturaleza sean: a) integrales, transparentes, directas y con participación de los pueblos amazónicos, autodeterminados, autoorganizados y autogestionados; y c) que, en los actuales mecanismos de financiamiento, se garantice la participación, el control y la fiscalización social, para evitar abusos, derroches y corrupción; d) que la naturaleza no se mercantilice.
25. Establecer un impuesto al carbono emitido por las grandes industrias y agroindustrias contaminantes, con el fin de destinar estos recursos a salvar la Amazonía.
26. Tipificar e incorporar el delito de ecocidio en la legislación de los países amazónicos y sancionar efectivamente todos los delitos ambientales.
27. Reconocer a la Amazonía como sujeto de derechos y garantizar su derecho a la existencia, a vivir libre de contaminación, a preservar sus ciclos vitales, a regenerarse y restaurar sus sistemas de vida de manera oportuna y efectiva.
28. Impulsar la creación de la OTCA-SOCIAL para que los pueblos amazónicos participen de manera efectiva en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y también para garantizar que las estrategias, planes y compromisos conduzcan al efectivo cumplimiento de los puntos antes mencionados.
29. Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del Perú por sus derechos y contra todo tipo de autoritarismo y violencia.
Estamos listos para defender la vida en la Amazonía y en el planeta. Este es nuestro camino y nuestro compromiso.
Mariana Castro*Periodista e investigadora
Este artículo fue publicado en brasildefato.com.br/Traducción: Isabela Gaia
Foto de portada: Hannah Letícia
