Parte I – Parte III – Parte IV
Luego del golpe de Estado y la reunificación de Crimea a Rusia, las fuerzas ucranianas y grupos paramilitares ilegales desataron una fuerte agresión contra las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.
Ese mismo año comenzaron a desarrollarse distintas instancias de negociaciones para lograr un alto al fuego y llegar a una resolución pacífica. Los principales actores que intervinieron para encontrar una solución fueron la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Rusia, Francia y Alemania, que se reunieron junto a los representantes ucranianos en Minsk, Bielorrusia.
El primer paso fue el Protocolo de Minsk que, si bien fue un avance, no logró poner fin al enfrentamiento. A comienzos de 2015, luego de largas discusiones el Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) llegó al acuerdo de un nuevo documento con un conjunto de medidas que se llamó ‘Acuerdos de Minsk II’.
Este Acuerdo fue apoyado por el Consejo de Seguridad de la ONU:
“El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito la Declaración del Presidente de la Federación Rusa, el Presidente de Ucrania, el Presidente de la República Francesa y el Canciller de la República Federal de Alemania en apoyo del Paquete de Medidas para la Implementación de los Acuerdos de Minsk, adoptado en Minsk el 12 de febrero de 2015 (Anexo II), y su continuo compromiso con la implementación de los acuerdos de Minsk», dice el documento.
El Acuerdo estipulaba principalmente el alto el fuego a partir del 15 de febrero de 2015. Los 13 puntos del Acuerdo son:
- Un alto el fuego inmediato y completo en zonas concretas de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania y su aplicación estricta a partir de las 00 h. 00 min. (tiempo de Kiev) del 15 de febrero de 2015.
- La retirada del armamento pesado de ambas partes a una distancia equitativa con el fin de crear una zona de seguridad de al menos 50 kilómetros entre los sistemas de artillería de calibre igual o superior a los 100 milímetros, una zona de 70 kilómetros entre los sistemas de lanzamisiles múltiples y una de 140 kilómetros entre los sistemas tipo ‘Tornado-S’, ‘Uragan’, ‘Smerch’ y los sistemas de misiles tácticos ‘Tochka’ (Tochka-U’).
– Para las tropas ucranianas desde la línea real de frente.
– Para las fuerzas armadas de las distintas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania a partir de la línea de frente de conformidad con el memorando de Minsk del 19 de septiembre 2014.
La retirada de las armas pesadas mencionadas anteriormente comenzará no más tarde del segundo día después del alto el fuego y se terminará en un plazo de 14 días. - Se garantizará el seguimiento y la verificación eficaz del alto el fuego y la retirada de las armas pesadas por parte de la OSCE desde el primer día de la retirada, haciendo uso de todos los medios necesarios, incluidos satélites, aviones no tripulados, sistemas de radar entre otros.
- En el primer día después de la retirada se iniciará un diálogo sobre las condiciones para llevar a cabo elecciones locales de acuerdo con la legislación de Ucrania y la Ley de Ucrania «Sobre el orden temporal de los gobiernos locales en algunas jurisdicciones de las regiones de Donetsk y Lugansk», así como el funcionamiento futuro de estas áreas sobre la base de la Ley.
- Proporcionar indultos y amnistías a través de la promulgación de una ley que prohíba la persecución y castigo de las personas en relación con los sucesos que tuvieron lugar en algunas zonas de las regiones de Ucrania de Donetsk y Lugansk.
- Asegurar la liberación y el intercambio de rehenes y detenidos ilegalmente en base al principio de «todos por todos». Este proceso debe completarse a más tardar el quinto día después de la retirada.
- Proporcionar un acceso, entrega, almacenamiento y distribución seguros de asistencia humanitaria a los necesitados, sobre la base de un mecanismo internacional.
- Determinar las condiciones para la plena restauración de las relaciones socioeconómicas, incluidas las ayudas sociales, como las pensiones y otros pagos (embolsos e ingresos, el pago puntual de todas las facturas de servicios públicos, la renovación de la tributación en el marco legal de Ucrania).
- Establecimiento de un control total sobre la frontera estatal por parte del Gobierno ucraniano a lo largo de toda la zona del conflicto, que deberá comenzar ya el día después de la celebración de elecciones locales y acabar tras un acuerdo político completo.
- Retirada de todas los grupos armados extranjeros, el equipo militar y los mercenarios del territorio de Ucrania bajo la supervisión de la OSCE. Desarme de todos los grupos ilegales.
- Realización de una reforma constitucional en Ucrania con la entrada en vigor a finales de 2015 de una nueva Constitución que prevea la descentralización como un elemento clave y la aprobación de una ley permanente sobre el estatus particular de determinadas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk.
- La organización de las elecciones locales se discutirá y acordará con los representantes de zonas determinadas de las regiones de Donetsk y Lugansk en el marco del grupo de contacto tripartito. Las elecciones se celebrarán cumpliendo con las normas pertinentes de la OSCE.
- Intensificar la actividad del grupo de contacto tripartito. De forma particular mediante la creación de grupos de trabajo a fin de poner en práctica los aspectos pertinentes del acuerdo de Minsk.
Los principales opositores a una solución pacífica y política al conflicto, declarando el estatus especial a las Repúblicas Populares, fueron los grupos nacionalistas que no admitían la posibilidad de autonomía política de ningún territorio dentro de Ucrania.
Violación sistemática a los Acuerdos de Minsk
La firma del Acuerdo no garantizó la seguridad, ni la paz, ni la resolución política de los acuerdos. El principal punto, el cese al fuego fue el más infringido, los informes diarios de la OSCE relata este punto.
La Embajada de la Federación Rusa en la República de Eslovenia realizó un informe a fines de febrero de este año en donde detallan las violaciones sistemáticas al Acuerdo de Minsk por parte del gobierno ucraniano. Entre los puntos más importantes se encuentran los siguientes.
“En los siete años transcurridos desde que se acordó, más de dos docenas de alto el fuego acordado en el seno del Grupo de Contacto, incluido el «integral e indefinido» (en vigor desde el 21 de julio de 2019), no han sido respetados por la parte ucraniana. Solo desde principios de este año, la Misión Especial de Observación de la OSCE ha registrado más de 10.000 violaciones del alto el fuego, y desde que se firmó el Paquete de Medidas, el número total, según las estimaciones de la SMM de la OSCE, se acerca a los 2 millones”.
Otro punto denunciado fue acerca de cómo “las Fuerzas Armadas de Ucrania han violado sistemáticamente el párrafo 2 del Paquete de Medidas relativo a la retirada de todo el armamento pesado por distancias iguales con el fin de crear una zona de seguridad de al menos 140 km de ancho. Estas violaciones se hicieron particularmente evidentes durante el reciente bombardeo de los territorios de la DPR y la LPR en febrero de este año”.
Uno de los puntos más evidentes durante todos estos años ha sido la negativa de Kiev sobre “cómo pretende exactamente Ucrania resolver el conflicto por medios pacíficos (no militares) de acuerdo con el apartado 4 del Paquete de Medidas, es decir, cómo ve Kiev el futuro estatus de Donbas como parte de Ucrania”. Esto demuestra la no intención por parte de Ucrania de resolver el conflicto.
El punto del Acuerdo que prevé la reforma constitucional, la descentralización y la adopción legislativa sobre el estatus especial de las Repúblicas Populares tampoco se cumplieron imposibilitando “la resolución de los problemas relacionados con las elecciones locales, cuyas modalidades también deberían discutirse y acordarse con las repúblicas”.
“La reforma constitucional nunca se llevó a cabo en Ucrania. Al mismo tiempo, se ha presentado a la Verkhovna Rada un proyecto de ley sobre descentralización que no contempla las especificidades de la CADLR acordadas con sus representantes, es decir, no se menciona el estatus especial de la CADLR, ni existe legislación permanente al respecto”. (CADRL, ciertas zonas de las regiones de Donetsk y Luhansk).
Sobre la reanudación de los vínculos socioeconómicos incluyendo el sistema bancario no sólo no fue cumplido sino que han sido utilizados como armas, imitando el accionar occidental: bloqueos económicos.
“Los dirigentes ucranianos, obedeciendo a las exigencias de los nacionalistas radicales, legalizaron en marzo de 2017 el bloqueo socioeconómico y de transportes de Donbás, impuesto de facto en 2014 y destinado a estrangular la región”.
Otro de los puntos quebrantados de manera evidente es el relacionado a la «retirada de todas las formaciones armadas extranjeras, el equipo militar, así como los mercenarios del territorio de Ucrania bajo la supervisión de la OSCE» y el «desarme de todos los grupos ilegales». Pues, como relatan en el informe, “los dirigentes ucranianos, con el apoyo masivo de los países de la OTAN y la ayuda de los instructores militares occidentales, están llevando a cabo una militarización a gran escala del país mediante ejercicios conjuntos (siete ejercicios militares en 2021, nueve previstos para 2022) y aumentando su capacidad militar”.
“Oleksii Reznikov, ministro de Defensa, declaró que, a 16 de febrero de 2022, ya habían recibido 2.000 toneladas de armas y municiones modernas, incluidos los sistemas de defensa aérea portátiles Stinger, los sistemas de misiles antitanque Javelin y NLAW y «otros medios, con los que antes sólo podíamos soñar». También señaló que pronto se construirá una planta en Ucrania para producir los UAV de ataque turcos Bayraktar”.
Incluso, “los batallones nacionalistas aún no han sido desarmados bajo la supervisión de la OSCE, sino que se han incorporado a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a las fuerzas de seguridad del Estado”.
Otro punto importante a considerar respecto a las violaciones de los Acuerdos por parte de Ucrania, y reiterado innumerables veces por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sido la negativa del gobierno de Kiev a sentarse a negociar directamente con los representantes de las Repúblicas Populares. Zelensky ha buscado negociar directamente con Putin negándose a un diálogo directo con los líderes de las Repúblicas Populares.
El informe concluye que “con todas sus acciones, Kiev ha demostrado sistemáticamente que no reconoce sus obligaciones en virtud del Paquete de Medidas y de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que hace imposible su aplicación en la práctica”.
De acuerdo al informe diario 40/2022 de la Misión Especial de Supervisión de la OSCE en Ucrania (SMM) emitido el 21 de febrero de 2022, los días previos al reconocimiento de las RPD y RPL como territorios independientes por parte de la Federación de Rusia, más de 3000 violaciones del alto al fuego en las regiones.
- “En la región de Donetsk, entre las noches del 18 al 20 de febrero, el SMM registró 2.158 violaciones del alto el fuego, incluidas 1.100 explosiones. En el período del informe anterior, registró 591 violaciones del alto el fuego en la región.
- En la región de Luhansk, entre las noches del 18 al 20 de febrero, la Misión registró 1.073 violaciones de la cesación del fuego, incluidas 926 explosiones. En el período del informe anterior, registró 975 violaciones del alto el fuego en la región”.
Violencias y asesinatos sobre la población de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk y la población de Donbass controlada por Kiev
Desde el portal de Slavyangrad reflexionan:
“Los más de siete años de continuada agresión militar y económica de Ucrania contra Donbass, causando la muerte de miles de civiles y la huida de cientos de miles, son un argumento mucho más potente para intervenir en defensa de la población civil de Donetsk y Lugansk que los utilizados por Estados Unidos y la OTAN en las últimas décadas para justificar sus guerras”.
En otro informe publicado por la Embajada de la Federación Rusa en la República de Eslovenia, el 28 de febrero de 2022, detallan los hechos de violaciones de derechos humanos, discriminación, crímenes de guerra y etnocidio llevados a cabo por el gobierno ucraniano en el Donbass. Entre varios puntos se destacan los siguientes.
“Haciendo caso omiso de los acuerdos y tratados internacionales, a partir de abril de 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas han abierto permanentemente fuego intenso contra los asentamientos de Donbass, lo que ha causado víctimas y heridos entre miles de civiles que no participan en el conflicto militar. Ucrania utilizó armas letales de efecto indiscriminado que están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Se trata de armas diseñadas para matar personas y destruir infraestructuras de la manera más eficiente posible. Muchos asentamientos, principalmente los situados cerca de la línea de contacto, se quedaron sin agua, gas y electricidad, se interrumpieron los servicios de telecomunicaciones móviles y se cortó el acceso a alimentos y medicinas. La gente murió por los proyectiles de artillería disparados por el ejército ucraniano, murió de hambre, por falta de agua y de medicamentos”.
El informe también cuenta que “las fuerzas militares ucranianas bombardearon hospitales, morgues y escuelas modificadas como refugios antibombas”, e incluso “se bombardearon cementerios”, haciendo que se “formaran espontáneamente fosas comunes de civiles”. “Entre agosto y noviembre de 2021 se extrajeron de las fosas 295 restos humanos, que fueron analizados y registrados oficialmente”, explica y detalla el informe que los exámenes forenses constataron que “la mayoría de los muertos eran mujeres y hombres de edad avanzada que murieron por heridas de armas de fuego y explosiones de minas, así como por traumatismos por objetos contundentes”. Sólo en diciembre de 2021 se encontraron más de 16 fosas, algunas masivas y otras individuales, entre ellas había restos de un bebé de 4 meses.
Pero las muertes por armas militares no fueron las únicas en la lista. Otra arma de guerra utilizada contra la población han sido los bloqueos al suministro de agua, la economía y el transporte en Donbass, provocando una “desastre humanitario en la región”.
“Los habitantes de Donbass han vivido así durante casi ocho años. El bloqueo económico y de transportes impuesto por Kiev a Donbass ha continuado, así como el régimen de permisos para los ciudadanos que cruzan la línea de contacto en la zona afectada por el conflicto. Estas restricciones obstaculizan en gran medida el acceso a los servicios básicos, en particular al suministro de agua, la calefacción y la atención sanitaria, para varios millones de personas afectadas por el conflicto, entre ellas más de un millón de desplazados internos registrados y ciudadanos que viven en zonas de enfrentamientos armados, y provocan la falta de una vivienda adecuada, de recursos efectivos y de mecanismos de reparación”.
“Estos problemas llamaron la atención de los mecanismos internacionales de derechos humanos que señalaron, en este sentido, que el conflicto desatado por las autoridades de Kiev en el sureste del país afecta negativamente a toda la población, provocando un empobrecimiento masivo y contribuyendo al estancamiento económico. Así, solo entre 2013 y 2015, el porcentaje de personas con ingresos inferiores al nivel de subsistencia aumentó del 22% al 58%”.
El informe también cuenta la situación que viven jubilados, periodistas, mujeres, minorías étnicas, y desplazadxs internos describiendo la falta de pago de las pensiones, indemnizaciones, las discriminaciones, estigmatizaciones y “las dificultades de acceso a una vivienda asequible y a un empleo adecuado por parte de estas personas; y las restricciones a la libertad de circulación, que impiden el acceso de los desplazados internos a los servicios sociales, la educación y los servicios de atención sanitaria”. Estamos hablando de las personas que se encuentran en los territorios no controlados por las Repúblicas Populares, y si controlados por Kiev.
“En marzo de 2020, Matilda Bogner (Australia), jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU), recalcó a las autoridades de Kiev que debían comenzar a pagar las pensiones a los residentes de los territorios no controlados de Donbass, y pidió al nuevo Gobierno y al Parlamento que revisaran el proyecto de ley sobre pensiones de acuerdo con las normas de derechos humanos y que reanudaran el proceso de su aprobación con carácter prioritario”.
A tal punto ha llegado el no desarrollo de políticas estatales que protejan a la población, que incluso “no se ha introducido ningún mecanismo para registrar a los niños nacidos en los territorios no controlados (como resultado, unos 65.000 niños no tienen certificados de nacimiento)”.
Respecto a las personas detenidas, el informe cita instituciones internacionales de vigilancia de los derechos humanos, como los informes de la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU), que describen “hechos de detención ilegal, tortura, intimidación, malos tratos y violencia sexual”. La organización de derechos humanos Human Rights Watch junto con Amnistía Internacional señalaron en su investigación de 2016, “el carácter ilegal y violento de la detención de ciudadanos por parte de empleados de los servicios especiales y las autoridades de investigación ucranianas”.
“El uso de la tortura y la violencia contra los detenidos por parte de las fuerzas del orden y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) es sistemático y se caracteriza, por regla general, por la impunidad. La HRMMU documenta regularmente casos de detención ilegal, tortura y malos tratos por parte del SSU contra personas detenidas por cargos relacionados con el conflicto en el sureste”.
Las fuerzas del orden y el Servicio de Seguridad de Ucrania han obligado a los detenidos a confesar ante la cámara que pertenecían o tenían vínculos con grupos armados, a través de la tortura, los malos tratos o la intimidación, declarando en su contra. Esto también fue confirmado por las personas que participaron en el intercambio de detenidos entre Kiev y las Repúblicas Populares. “En particular, las personas que regresaron de los territorios controlados por Kiev después del intercambio de detenidos que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2019 dijeron que los oficiales de la SSU y el grupo radical Azov los torturaron para obtener confesiones. En particular, los prisioneros tuvieron que asumir la responsabilidad de los combates en Mariupol el 9 de mayo de 2014 y testificar sobre su entrenamiento de sabotaje cerca de Rostov. Los detenidos fueron sometidos a palizas, estrangulamientos, simulacros de ahorcamiento o ahogamiento, torturas con descargas eléctricas y amenazas de represalias contra sus seres queridos”.
Micaela Constantini, periodista y parte del equipo de PIA Global.
Foto de portada: 2015. De izquierda a derecha, Presidente de Rusia, Vladímir Putin; Presidente de Francia, François Hollande; Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko; y Canciller federal de Alemania, Angela Merkel.Reuters / Vasily Fedosenko.
