La tesis central que da sustento a su iniciativa se refiere al sistemático bloqueo institucional de las reformas sociales antineoliberales a la salud, las pensiones y al régimen del trabajo, que se encuentran bajo el control de una poderosa camarilla empresarial, corporativa y mafiosa. Bloqueo que tiene tres escenarios de ejecución: el Senado de la Republica donde las reformas están paralizadas; el poder judicial, donde han sido anuladas varias credenciales de senadores del Pacto histórico, por parte del Consejo de Estado que, igualmente, destituyo a la prestigiosa senadora María José Pizarro del cargo de vicepresidenta del Senado y ha suspendido de manera arbitraria a varios diplomáticos del gobierno ante el gobierno de México; y el poder ejecutivo infiltrado por las mafias del uribismo y la ultraderecha que campean en Ministerios e institutos descentralizados.
Los intereses y privilegios corporativos de los dueños de las EPS, los Fondos privados de pensiones y del régimen regulatorio de las relaciones laborales, han tejido una malla institucional y política que bloquea y obstruye cualquier intento de transformar esos campos del espacio social nacional. Son billones de pesos saqueados del presupuesto público con los que, por lo demás, se soborna una amplia plantilla de parlamentarios, políticos y medios de comunicación de masas que trabajan de manera simultánea y concertada para impedir a toda costa los proyectos legislativos formulados por el gobierno del Pacto histórico.
Es, por lo demás, el reflejo de la aguda disputa política devenida con el ascenso popular al gobierno en la actual coyuntura histórica, en que se da una amplia transición política hacia la paz con justicia social y ambiental sustentada en el Plan de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida y en las trascendentales reformas aprobadas en los primeros meses de gobierno como la reforma tributaria progresiva, la jurisdicción agraria, el reconocimiento constitucional de los campesinos como sujetos de derechos, el acuerdo de Escazú, el descenso del desempleo, la caída de la inflación, el Conpes de reindustrialización, el liderazgo global del presidente en materia de calentamiento global y transición energética, la normalización de las relaciones con Venezuela, la Renta ciudadana, la pensión para los adultos mayores, el millón de pesos para los jóvenes, los avances de la paz total con el Eln y el EMC Farc, la ejecución de la reforma rural integral y la elección de una nueva Fiscal independiente y símbolo de la lucha contra la corrupción
El problema político, entonces, consiste en dicha obstrucción institucional que choca con la presión popular para aniquilarla y disolverla.
Como cabeza de la resistencia popular y del bloque histórico transformador, el presidente busca las salidas políticas pacíficas al actual empantanamiento.
Lo que el discurso de Petro en Cali refleja es el Poder Constituyente de la multitud, que no es una categoría constitucional, sino una realidad sociológica, una materialidad histórica que por más que se pretenda desconocer es como un motor que sacude la vieja arquitectura política con que gobierna y domina el poder oligárquico neoliberal.
El Poder Constituyente dicho por la boca del presidente Gustavo Petro no es el consagrado en los artículos 374, 375 y 376 de la actual Constitución política. No. El Poder Constituyente de hoy es el que se configuro con la movilización social, popular, campesina, juvenil y universitaria de las huelgas y protestas del 2010, 2013, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Por supuesto que si abordamos la iniciativa presidencial en los términos del obsoleto texto constitucional mencionado no hay nada que hacer porque las posibilidades de una Ley que convoque a una Constituyente son nulas, por ahora. Esa ley padecería el tortuoso calvario de las reformas sociales y, obviamente fracasara en manos de la cizaña oligárquica.
Con eso no hay que hacerse ilusiones y en el campo popular debe, entonces, imperar el realismo asociado con categorías como la disputa política, la transición democrática y el estallido social.
El pueblo, los campesinos, la Minga indígena, el pueblo afro y el bloque popular deben ser conscientes que lo que hemos logrado con la elección de Petro como presidente en el 2022, con las reformas de los primeros 24 meses de la actual administración es la configuración de un gobierno progresista en medio de la persistencia y vigencia de un Estado reaccionario y de un poder retrogrado y totalitaria que ha ensayado he intentado el golpe de Estado judicial y mediático contra Gustavo Petro, quien ha sorteado de la mejor manera tal sabotaje político.
El Poder Constituyente popular es un hecho que debe potenciarse hasta que adquiera la forma de una Asamblea popular que rompa la muralla institucional ultraderechista y pequeño burguesa de los agentes inestables y oportunistas.
Por supuesto, hay peligros y riesgos para el Poder Constituyente emanados de la tendencia contrarrevolucionaria natural. Algunos citan la experiencia de la derrota del plebiscito por la paz del 2016, que impulso un gobierno conservador y neoliberal como el de Santos, ciertamente apoyado por grupos populares; plebiscito sobre el cual advertimos sobre su inconveniencia. También está la reciente experiencia y derrota del proceso Constituyente de Chile, bajo el gobierno del señor Boric, caracterizado por sus incoherencias e inconsecuencias con el estallido social del 2018, que fue lo que a la postre permitió el triunfo de la ultraderecha pinochetista para hundir el primer texto de la nueva Constitución progresista alternativa.
La lección es que no se debe encajar nuestro actual Poder y proceso constituyente del 2024 en esas fallidas consultas al pueblo infectadas por el oportunismo y la inconsistencia santista y la del señor Boric.
La prensa corporativa y el bloque reaccionario han reaccionado rápidamente para descalificar y hundir la propuesta Constituyente petrista con sofismas y falacias.
Nos corresponde a todos en el Pacto histórico, en la Colombia humana y el movimiento social, organizarnos mejor con una Pedagogía y una infraestructura organización asociada a este nuevo Poder constituyen que mira hacia el 2026 pensando en que Colombia no puede regresar al régimen asesino de los «Falsos positivos» uribistas.
Horacio Duque* Politólogo y periodista colombiano. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: Raúl Palacios
