Esta semana se siguieron revelando no solo las intenciones sino los métodos que privilegia este grupo de usurpadores, dispuestos a avanzar sin misericordia sobre los derechos de los sectores populares y de todos aquellos que perciban como un obstáculo para su violento proceso de acumulación capitalista.
Se trata de una política de tierra arrasada que, lejos de cualquier eufemismo, se consumó la semana anterior en la forma de la quema indiscriminada de modestos espacios de playa, construidos hace décadas, y que servían de área de descanso para familias trabajadoras.
Los espacios, conocidos como “ramadas” por los materiales naturales con que fueron construidos, representaban la fuente de ingreso de 59 familias que ocupaban espacios autorizados por los gobiernos municipales, pagando impuestos y permisos de ocupación.
A pesar de ello, las autoridades municipales de la nueva demarcación de La Paz Centro, ordenaron abusivamente el desalojo inmediato y la quema sin excepciones de las precarias construcciones.
En un país donde no sopla una brisa sin la autorización presidencial, resulta evidente que detrás de estas acciones estaba la orden emitida desde el centro de poder, para beneficiar a sectores económicos con fuertes intereses en el desarrollo turístico-inmobiliario, orientado a la franja de alto poder adquisitivo, conformado por el turismo extranjero y las inversiones de elementos enriquecidos de la diáspora, cuya influencia ha causado ya que la especulación inmobiliaria y la construcción de alta gama en zonas exclusivas disparen los precios de la tierra, los inmuebles y las industrias que convergen en torno al sector.
Mal paga el diablo…
El pasado 14 de mayo, el alcalde del municipio de La Paz Centro, Armando Jirón, fue capturado por el delito de “contaminación ambiental”, luego de haber ordenado la quema de 59 ramadas frente al turicentro de la playa Costa de Sol, en el cantón San Antonio Los Blancos, jurisdicción de San Luis La Herradura.
El mismo destino tuvo César Augusto Ticas González, jefe de catastro de esa alcaldía. La PNC aseguró que fue el encargado de la quema de las ramadas, puestos de venta y el mobiliario de los vendedores.
El alcalde pertenece al partido GANA, aliado incondicional del presidente. Hoy, sin embargo, ese antiguo desprendimiento de ARENA pasó a ser un estorbo incómodo para el bukelismo una vez logrado el control absoluto del poder legislativo; como es su costumbre, no solo lo desprecia, sino que comienza a acorralarlo. Seguramente aparecerán causas judiciales contra sus integrantes, comenzando con personajes tan destacados en temas de corrupción como el ex diputado Guillermo Gallegos.
No es el primer caso. Baste mencionar el de los primos Ernesto y Alejandro Muyshondt[1]. Ambos sometidos al sistema de justicia del bukelismo, un sistema de venganza y destrucción física contra quien sea considerado objetivo del gobierno; un sistema que controla abiertamente jueces, fiscales y todo el aparato de justicia desde la Corte Suprema, títeres al servicio presidencial, hasta el último juez de paz.
El control de este aparato represivo incluye, por supuesto, al carcelero mayor del régimen, Osiris Luna -también proveniente del partido GANA, donde llegó apadrinado por el hoy defenestrado Gallegos – conocido por sus casos de corrupción, que incluyen a su familia; al mismo tiempo, se le relaciona con grupos de pandillas, al igual que al Director de Tejido Social, Carlos Marroquin, alias Slipstone, o el propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Todos figuran en reportajes periodísticos como negociadores con grupos criminales desde aún antes de la llegada al gobierno del clan familiar, y en la liberación del cabecilla pandillero alias Crook, hoy en poder de EEUU. Por ahora siguen siendo piezas útiles para el régimen. Como tantos otros, en especial aquellos que no pertenecen al núcleo familiar directo del clan presidencial, son potenciales piezas de cambio cuando las evidencias resulten inocultables y afecten estratos superiores.
Una nueva élite a la sombra del poder, la corrupción y la oscuridad
Uno de los casos que no han podido ocultar es el desfalco a la cooperativa COSAVI, relacionada con lavado de dinero, aportes financieros al partido de gobierno y financiamiento de diversas actividades de alcaldes de ese partido, como Henry Flores (Santa Tecla) o Mario Durán (San Salvador). Entre otros nombres destacados del oficialismo aparece el del asesor legal de la cooperativa, Javier Argueta, a la vez Secretario Jurídico de la Presidencia. No sorprende entonces que en la última sesión legislativa la mayoría celeste rechazara en bloque una propuesta opositora para crear una comisión investigadora.
El de COSAVI parece ser un episodio más de un incontenible flujo de denuncias de oscuro enriquecimiento de funcionarios a base de millonarios créditos, a los cuales jamás hubieran podido acceder de no haber desarrollado la función pública.
El Fondo Social para la Vivienda, Bandesal, Banco Hipotecario, las mismas AFPs, entre otras instituciones, han sido la “caja chica” para funcionarios, diputados, socios e integrantes del círculo familiar del presidente. Solo el Banco Hipotecario prestó $4.6 millones a un selecto grupo del círculo de Nuevas Ideas, entre quienes figuran 22 funcionarios del gabinete de gobierno y tres primos del presidente.
En redes sociales, pocos días antes de las elecciones presidenciales de febrero, se hizo público un cuadro que evidencia el uso privilegiado para la obtención de créditos millonarios de esta nueva élite conformada a la sombra del poder dictatorial:
Sin tiempo
Estos personajes, ebrios de poder y arrogancia, que escudan sus acciones en que la voluntad popular los puso donde están, corren sin embargo contra el tiempo; por eso aceleran todas las formas de acumulación y despojo, porque son conscientes del agotamiento de la mentira propagandística como método de dominación ante un pueblo que, de manera creciente, reprueba actitudes y cuestiona acciones que, en ningún caso, conllevan beneficios para la población, como la remodelación contrarreloj del centro histórico capitalino para simular una grandeza inexistente ante la próxima toma de posesión del usurpador al frente del Estado. El precio fue la demolición de manzanas enteras y la expulsión de las y los trabajadores que por décadas se habían ganado la vida en esos lugares.
Lo comprueban también en las encuestas no manipuladas, como la ofrecida recientemente por el Centro de Estudios de Opinión Pública, de FUNDAUNGO, que señala que la población reclama mayoritariamente (75.1%) que el principal problema del país es la economía, y que allí debe centrarse el gobierno. 23% de los consultados aspira a irse del país y, de ellos, el 58.2% lo haría para encontrar trabajo. La preocupación por el aumento de precios también es evidente, ya que el 79% de los encuestados afirma que los precios de los alimentos básicos han aumentado en los últimos tres meses.
Entre tanto, el país se mantiene estancado en el último lugar de la región en expectativa de crecimiento, la desconfianza de las calificadoras lo mantiene empantanado en calificaciones CCC+ (Fitch), Caa3 (Moody’s), y B- (S&P), todas en el último o penúltimo escalón de riesgo, indicando que, aunque puede acceder a créditos en el mercado internacional, los riesgos de default son tan altos que las primas e intereses a pagar son muy elevados.
El endeudamiento es indetenible, y esta misma semana la nueva Asamblea Legislativa aprobó al ministerio de Hacienda la obtención de $1,500 millones mediante la emisión de títulos valores de crédito u otros instrumentos financieros. El documento define el destino de los fondos con vaguedades como «necesidades de carácter estratégico». Esta es la segunda aprobación en lo que va del año; la anterior fue en febrero, por la Asamblea Legislativa precedente, por un total de $1,000 millones.
Mientras avanzan en su acumulación mediante endeudamiento del Estado, también lo hacen por el despojo. Esta semana, además de todo lo ya detallado, dieron un paso más en su política de acumulación por desposesión que se va materializando, por ejemplo, en la toma indiscriminada de fondos de ahorros de los trabajadores en las AFP. Hoy la nueva escalada apunta a legalizar la quita de presupuesto a la única universidad pública del país.
El gobierno de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de nueva Ley de Educación Superior, en el que modifica la disposición relacionada con los fondos transferidos a la Universidad de El Salvador (UES), “De acuerdo a las disponibilidades de recursos del Estado”. Se quita así de un plumazo la obligación del Estado hacia la UES. Sólo tendrán que argumentar que no hay disponibilidad de fondos.
Por supuesto que también tendrán que reformar la Constitución, pero eso ya no es problema. La Carta Magna está muerta desde la última sesión de la anterior legislatura, convirtiendo a El Salvador en un país sin ley, huérfano de reglas elementales de convivencia, con un texto constitucional modificable de manera aún más sencilla que una burda ley secundaria, a capricho y necesidad de la dictadura.
Un país tan sin ley y sin Estado de Derecho, que un déspota desalmado, actuando como ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro[2], tiene el descaro de vanagloriarse de mandar a prisión a seis adolescentes por una riña estudiantil. “En este Estado de Derecho (¡¡SIC!!), tenemos el compromiso de poner a todos estos individuos donde deben estar: tras las rejas. No queremos más generaciones perdidas”, publicó en redes sociales este sociópata encubierto como ministro.
Así caminan a pasos redoblados buscando atemorizar al pueblo, mientras avanzan hacia el despojo de los recursos públicos para ponerlos, a la mayor velocidad posible, a exclusiva disposición de la élite dominante. La premura los delata. Saben, ellos también, que el tiempo se les acaba.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Ilustración: Erick Retana
Referencias:
[1] Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad del presidente, muerto a manos del Estado bajo brutales torturas, que su familia y abogados denunciaron públicamente como homicidio. Murió el 7 de febrero de 2024, seis meses después de haber sido capturado, acusado de revelar documentos secretos al expresidente Mauricio Funes. Ernesto, ex alcalde de San Salvador, y ex aliado político del presidente, se encuentra encarcelado bajo condiciones extremas que le habrían causado graves problemas psicológicos.
[2] Antiguo arenero quede 2004 a 2009, durante el gobierno de Antonio Saca, fue jefe de aduanas. Retomó ese cargo en 2019 con el actual régimen; en junio de 2020 se convirtió en jefe de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), cargo que ocupó hasta su nombramiento como ministro de Seguridad.
