Desde entonces, y aún desde antes si contamos la toma militar del parlamento por el presidente, en febrero de 2020, han sido incontables las expresiones de ilegalidad a manos de un grupo de “personas malvadas o de perversa condición” – que es una de las definiciones de la RAE al término facineroso-, que se han tomado las instituciones para hacer con ellas lo que les viene en gana.
El Salvador, en todo sentido, es un caso emblemático y ejemplar de acceso de un grupo de poder al gobierno por medios democráticos y que, una vez establecido, arrasa con toda forma democrática que considere un obstáculo para su permanencia en el poder, el cual le resulta imperativo controlar de forma absoluta.
Las parodias que nunca terminan
Esta semana ha sido pletórica de acontecimientos que, en cualquier país con una mínima normalidad institucional, serían considerados escandalosos, Uno solo de esos hechos haría correr ríos de tinta en cualquier medio de prensa independiente; posiblemente la población se manifestaría escandalizada en las calles pidiendo la cabeza de quienes son claramente indignos de ocupar un cargo público, mucho menos impartir justicia.
En El Salvador de 2023, en cambio, los jueces prevarican y delinquen a la luz pública, ofrecen lecturas e interpretaciones descabelladas de la Constitución, siempre a favor del grupo hegemónico, única condición para continuar cada uno ilegalmente en su puesto. Los magistrados encargados de ser árbitros electorales, por ejemplo, se alinean descaradamente con el presidente y su partido; otros jueces declaran legales normas seis veces inconstitucionales y aplastan impunemente la justicia, denegándola a quienes reclaman justamente por sus derechos violados por las propias resoluciones.
Desde altas magistraturas niegan sistemáticamente el derecho y la justicia, al rechazar con displicencia centenares de recursos de habeas corpus, que pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte para infinidad de prisioneros sin nombre ni condena, sumergidos en oscuras cárceles, sin acceso a abogados, médicos ni muchos menos a que sus familiares comprueben su estado. Los fiscales persiguen y detienen a quien, desde Casa Presidencial, les ordenan que detengan y persigan.
Así funciona El Salvador de hoy. Así el derecho y la justicia son presas de un régimen autoritario y autocrático cuya primera víctima, de una larga lista, fue la verdad.
La apariencia de legalidad es central para la narrativa que impone el régimen autoritario salvadoreño, que en los hechos actúa como cualquier dictadura represiva de derecha en su versión más atrasada y anacrónica, aplastando derechos ciudadanos, controlando la prensa, imponiendo normas ilegales e inconstitucionales, mientras guarda -por el momento- las apariencias, pretendiendo dar visos de legalidad a las acciones manifiestamente ilegales que protagoniza.
Un ejemplo de estas afirmaciones la tenemos en el primer mandatario, que buscando fortalecer su ilegal campaña a la reelección presidencial actúa como juez y parte, lanza una campaña contra los opositores bajo el esquema ya conocido de una supuesta lucha contra la corrupción, anuncia nuevas cárceles, esta vez para corruptos, como si eso fuera progreso en un país con la tasa de detenidos por habitante más alta del mundo, superando incluso a los EEUU.
En realidad, solo se trata de propaganda electoral para intentar aplastar cualquier expresión de oposición y mantener publicitariamente en la opinión pública la idea de que los gobiernos anteriores son los únicos culpables de todos los males del país, saltándose así la responsabilidad de los cuatro años que llevan gobernando desastrosamente. En términos de campaña publicitaria electoral gubernamental debe también interpretarse los anuncios renovados de juicios a ex funcionarios del FMLN. Al mismo tiempo, delatando el control presidencial absoluto sobre instituciones supuestamente independientes, no tiene empacho en “ordenar” a la Fiscalía General de la República, acciones contra la corrupción.
Por las dudas, y sobre todo para asegurar que al aparentar dejar la presidencia -para reelegirse inconstitucionalmente-, nadie de su entorno tenga la más mínima intención de pensar con cabeza propia, de atreverse a actuar sin el previo consentimiento del jefe del clan, el presidente anuncia una campaña para asegurar que será perseguida cualquier ilegalidad o corrupción en la gestión celeste.
Como son de público conocimiento los numerosos casos de corrupción gubernamental detectados desde la pandemia hasta la actualidad, resultaría hasta cómico el anuncio presidencial, si no resultara trágico para el país que, en última instancia, sufre y paga por esa corrupción descontrolada. El mensaje presidencial debe leerse, hacia adentro de sus filas, como una advertencia para quien intente actuar al margen o sin el consentimiento presidencial.
La parodia reelectoral
Con 67 votos a favor y 11 en contra, la Asamblea Legislativa nombró esta semana como designada presidencial a Claudia Rodríguez de Guevara, hasta ese momento secretaria privada del Presidente.
La funcionara es hermana del presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Pablo Rodríguez Fuentes. Pertenece al círculo cercano del clan en el gobierno, ha acompañado al actual mandatario como tesorera en las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, y como gerente financiera en la Presidencia de la República; sustituyó a Carolina Recinos como coordinadora del Consejo de Administración del Fondo Especial de Recursos Provenientes de Antel (Fantel).
En noviembre de 2020, Rodríguez de Guevara, fue nombrada coordinadora de junta directiva del Comité de Emergencia, encargado de manejar los $2.000 millones obtenidos a través de préstamos para mitigar los efectos de la pandemia; en ese momento sustituyó a Ernesto Castro en el cargo. En el registro FARA (Foreign Agents Registration Act) de los Estados Unidos, aparece como delegada de CAPRES para suscribir acuerdos contractuales con empresas de cabildeo para mejorar la imagen del gobierno salvadoreño en Washington.
Rodríguez es además presidenta de la junta directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM),creada en 2021 para administrar centralizadamente los fondos para proyectos locales en todo el país, una vez eliminado el FODES. En el plano de la empresa privada fue directora financiera de la empresa de publicidad Obermet, perteneciente al clan familiar presidencial.
Se trata pues de una persona de alta confianza para un presidente que, como todo autócrata, desconfía de todo el mundo, porque está convencido que todo el mundo conspira para desplazarlo del poder.
Tal vez por eso el proyecto de decreto que CAPRES envió a la Asamblea Legislativa para solicitar la licencia de seis meses, establece que dicho permiso no significa que dejará las prerrogativas del cargo. “La licencia obedece a la intención de realizar una separación de las funciones orgánicas o deberes que tiene el presidente y vicepresidente, sin dejar las prerrogativas que los mismos tienen en los cargos”, dice el documento. “Es decir, la licencia en ningún momento genera ruptura del vínculo que hay entre el funcionario y el órgano que representa”, agrega.
De todos los cuestionamientos expresados a la maniobra política presidencial destaca la ilegalidad de todo el proceso, porque no se puede otorgar una licencia para violar la Constitución.
Todas las medidas anunciadas esta semana desde Presidencia -incluyendo las dos innecesarias cadenas nacionales oficiales, utilizadas descaradamente como vehículos de propaganda electoral-, desde una falsa inauguración de un edificio para emergencias médicas hasta una cruzada anticorrupción, con una amenaza implícita a sus propios compañeros, además de haber subrayado en público y en privado que no abandona el control de la nave, tienen como común denominador ese miedo difícil de ocultar, ese temor a ser traicionado en el efímero plazo en que el controlador del poder total se coloca artificialmente en la vereda contraria para jugar a ser candidato, como si se tratara de una elección verdadera en un verdadero juego democrático, y no lo que en realidad es, una parodia vergonzosa para hacer creer al mundo que todo lo realizado es legal.
Nueva andanada de visitas desde EEUU
La aceptación de esta narrativa de legalidad por el mundo exterior resulta de especial interés para el autócrata que aplasta cada artículo de la Constitución. En ese marco parecen también moverse los encuentros realizados con la enésima delegación de alto nivel de EEUU que llega a El Salvador.
Esta vez se trató de la visita al país de Phil Gordon, asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris. Gordon señaló que conversó constructivamente con el presidente acerca de «la importancia del Estado de derecho y el debido proceso (…) y otros asuntos de interés mutuo«, sin cuestionar en modo alguno la calidad de esa democracia en El Salvador.
El encuentro se enmarca en una batería de otras visitas que desde EEUU arriba a El Salvador de forma abierta y regular. Seguramente en próximos meses esos encuentros continuarán y se irá definiendo más clara y públicamente la actitud del principal socio comercial de El Salvador respecto al gobierno, y su evidente giro hacia un apoyo más claro al mismo régimen que, hasta hace pocas semanas, condenaba por las mismas acciones que continúa realizando en materia de irrespeto y violación a derechos humanos, civiles y ciudadanos, oscuridad financiera y falta de rendición de cuentas.
Inaugurando edificios ya inaugurados
Acaban de “inaugurar” un antiguo edificio, inaugurado hace muchos años, pero que el gobierno de El Salvador con su inefable creatividad, ha decidido pintar y ofrecerlo como novedad mundial, digna de ser anunciada por la prensa e imitada por los países más avanzados del orbe. Se trata del lanzamiento a todo color, en cadena nacional y en horario de máxima audiencia, como suele hacerse con cada parodia del mandatario, que no cesa de desafiar la lógica y la inteligencia popular, del nuevo Servicio de Emergencias Médicas (SEM).
El edificio inaugurado tiene décadas en el lugar, y solo fue reacondicionado, es decir pintado e iluminado y le han cambio cartelería para pasar de ser una terminal de autobuses de larga distancia, conocida como Puertobus, a un centro de despacho de ambulancias.
Parece que Hollywood sigue inspirando a los gurús que hablan al oído al presidente, y le han sugerido que con planos nocturnos llenos de luces y en tomas generales de media altura, “el público” (es decir, el pueblo salvadoreño víctima de la manipulación mediática constante) verá en las imágenes un signo de modernidad, insospechada en gobiernos anteriores.
Se vieron así helicópteros prestos a levantar vuelo, filas de ambulancias preparadas para respuesta inmediata y todo tipo de vehículos susceptibles de hacernos creer que estamos en buenas manos, si se trata de salir raudos a controlar emergencias ante una llamada telefónica de auxilio. Eso sucederá, explican fuentes sindicales del sector, si al recibir la llamada no hay un helicóptero saliendo o llegando al espacio. Si eso sucede, la llamada no se oirá, en tanto el edificio ni siquiera está insonorizado adecuadamente para cumplir sus objetivos.
No importa que los servicios esenciales para los que el lugar parece haber sido designado no cumpla con las condiciones mínimas, como denuncia el personal que labora en el lugar, lo importante es que el show continúe y la gente siga admirándose del presidente capaz de inaugurar lo que sea, incluso un edificio ya inaugurado, violar la Constitución que juró defender, o abandonar el cargo presidencial sin dejarlo en absoluto, entre muchas otras maravillas, solo posibles en un país como El Salvador, un país sin ley.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: EDH / efe
