Esa mayoría en el Congreso, en la cual el fujimorismo alcanza un rol protagonista, ya ha tomado el control del Tribunal Constitucional (TC), máxima instancia judicial, y de la Defensoría del Pueblo, y hace unos días, en su último golpe, dio un zarpazo a la Fiscalía para consolidar su dominio sobre dicha institución.
Como próximos objetivos señalan el control total del sistema de justicia y de los organismos electorales. Ese plan ya está en marcha, con la satisfacción y complicidad de un Ejecutivo que se mueve al ritmo de los intereses del fujimorismo y sus aliados.
Es una mayoría parlamentaria altamente impopular. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada este domingo, tiene una aprobación de apenas un 6% de la población, un mínimo histórico.
Su impopularidad no la detiene. La dirigente busca asegurarse el triunfo en las próximas elecciones en 2026 y utilizar el sistema de justicia para encubrir las denuncias de corrupción contra sus dirigentes. El caso más notorio, pero no el único, es el de Keiko Fujimori, que espera el inicio de un juicio por lavado de activos.
Preocupación de la CIDH
La última decisión del Congreso ha sido destituir e inhabilitar a la fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, aprobando una acusación constitucional sin sustento jurídico. Con Avalos fuera de la Fiscalía, se consolida el poder de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aliada de esa mayoría parlamentaria.
Avalos ha anunciado que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar su destitución, que ha calificado de ilegal, y pedir su restitución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el control político de la Justicia.
«Aquí no voy a encontrar justicia. La democracia es el equilibrio de poderes, eso se ha perdido. Ahora el Congreso copa el sistema de administración de justicia», señaló Avalos, que ha denunciado que la fiscal Benavides ofreció canjear el archivo de denuncias de corrupción contra varios congresistas a cambio de su voto para que sea destituida.
La actuación de Benavides en la investigación del medio centenar de muertes durante la represión ordenada por la presidenta Dina Boluarte apunta a la impunidad.
Después de la destitución de la fiscal Avalos y las amenazas que están a la vista, los jueces supremos han convocado para este miércoles a una reunión de emergencia de la Corte Suprema para analizar la injerencia política en el sistema de justicia.
El Congreso maniobra para controlar la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales, apelando al mismo recurso de una acusación constitucional para destituir a sus integrantes y reemplazarlos por otros que simpaticen con sus intereses. Eso le daría el control total sobre el sistema de justicia.
Con el mismo recurso de una acusación constitucional el Congreso busca reemplazar a los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargados de las elecciones.
En el proceso electoral de 2021, el JNE y la ONPE no cedieron a la presiones de la derecha para anular las elecciones que ganó Pedro Castillo alegando un inexistente fraude electoral. Ahora pretenden colocar en la jefatura de esos organismos a funcionarios a los que sí puedan controlar. El primer paso para un fraude electoral que les asegure la victoria.
El control del proceso electoral
En diálogo con Página 12, el historiador, antropólogo y analista político Carlos Monge señala que «la mayoría congresal liderada por el fujimorismo se ha lanzado a la captura de todas las instituciones y el plato de fondo va a ser la captura de los organismos electorales».
Según Monge, el objetivo es controlar desde el Congreso el proceso electoral y asegurarse que ningún proyecto político de izquierda o progresista, ni siquiera uno liberal de centro, vuelva a ganar una elección. «Para eso están más que dispuestos a hacer fraude», asegura. Indica que desde el Congreso se está imponiendo un «parlamentarismo autoritario» con cambios de normas y reformas constitucionales «que dejan al Ejecutivo inerme ante el Congreso».
Sobre la postura complaciente ante el Legislativo, Monge afirma que «si Boluarte se opone al Congreso la sacan, por lo que para ella es imperativo estar en buenos términos con el Congreso, porque de lo contrario sale de la Presidencia y va presa por la represión y las muertes».
«Castillo está preso por intentar un estúpido golpe de Estado, pero Boluarte tiene sangre en las manos. Los del Congreso no la sienten como una de los suyos, cuando se hagan con los organismos electorales la dejarán caer y adelantarán las elecciones. Boluarte se ha convertido en un trapo del Congreso», señala.
En la impredecible y caótica política peruana el plan autoritario de la derecha tiene en el Congreso el respaldo de un sector de la izquierda, de legisladores del partido Perú Libre (PL) que llevó a Pedro Castillo al Gobierno y de otros renunciantes a PL aglutinados ahora en el Bloque Magisterial cercano al expresidente.
«Visto desde fuera esto parecerá una locura total», dice Monge. Para entenderlo hay que ver que PL ha usado un discurso de izquierda, producido un ideario que es un manual de marxismo de los años 50, pero tiene elementos programáticos que lo unen a la derecha. «Son profundamente conservadores en el terreno de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, son homofóbicos y misóginos, y tienen una concepción de la política muy autoritaria», afirma.
Según el escritor, no tienen un proyecto político de mediano y largo plazo, buscan ahora impunidad, no ir presos, por acusaciones de corrupción. De hecho, Vladimir Cerrón, fundador y secretario general de PL, está procesado por corrupción. «En esta coincidencia hay una mezcla de intereses mezquinos con algunas afinidades de valores».
Monge señala que un triunfo de la derecha en su objetivo de capturar los organismos electorales puede ser también su derrota. «Hay una situación paradójica, el día que se tumben a los organismos electorales habrá una reacción ciudadana muy fuerte. Hacerse con los organismos electorales le puede salir en contra a la derecha. La gente en la vida cotidiana no se preocupa por el TC, la Defensoría del Pueblo u otras instituciones, pero Perú se ha acostumbrado a que su voto se respete».
Este sábado hubo una movilización por las calles del centro de Lima en la que junto a las demandas de renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y justicia por los muertos durante la represión, los manifestantes gritaban «Congreso y Fiscalía, la misma porquería», como rechazo a la última decisión del Congreso de destituir a una fiscal suprema no alineada a sus intereses. En la movilización, que llegó hasta el Parlamento, se coreaba «democracia sí, dictadura no».
En el reinicio de las protestas contra Boluarte y el Congreso, que entre diciembre y marzo tuvieron su epicentro en el sur andino, se anuncia un paro nacional para el 19 de julio. El Gobierno enfrentó las protestas anteriores con una brutal represión. Ahora amenaza con repetir esa respuesta. «Cuántas muertes más quieren», ha dicho Boluarte, dirigiéndose a quienes rechazan su Gobierno y al Congreso y su plan de copamiento autoritario. La amenaza ha encendido más la indignación.
Carlos Noriega* Periodista, corresponsal de Página/12 en Perú.
Este articulo fue publicado originalmente en Página 12 de Argentina
Foto de portada: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, junto con el primer ministro Alberto Otárola, en el palacio presidencial en Lima, a 10 de febrero de 2023. — Ernesto Benavides / AFP
