Hay dos conflictos entrelazados que se desarrollan actualmente en Israel, pero ninguno de ellos, a pesar del giro liberal occidental, está relacionado con la amenaza de desaparición de la democracia israelí. Esa preocupación presupone que Israel había sido una democracia hasta la reciente oleada de extremismo derivada del compromiso del nuevo gobierno israelí dirigido por Netanyahu con la «reforma judicial». Un eufemismo ocultaba el propósito de tal empeño, que consistía en limitar la independencia judicial dotando a la Knesset de poderes para imponer la voluntad de una mayoría parlamentaria que anulara las decisiones de los tribunales por mayoría simple y ejerciera un mayor control sobre el nombramiento de los jueces. Ciertamente, se trataba de avances hacia la institucionalización de una autocracia más férrea en Israel, ya que modificaría cierta apariencia de separación de poderes, pero no de una anulación de la democracia, como mejor se expresa garantizando la igualdad de derechos de todos los ciudadanos con independencia de su etnia o credo religioso.
Ser un Estado judío que confiere por su propia Ley Básica de 2018 un derecho de autodeterminación exclusivamente al pueblo judío y afirma la supremacía a expensas de la minoría palestina de más de 1,7 millones de personas, lo cual socava la pretensión de Israel de ser una democracia, al menos en referencia al conjunto de la ciudadanía. Además, los palestinos llevan mucho tiempo soportando leyes y prácticas discriminatorias en cuestiones fundamentales que, con el tiempo, han llegado a que su proceso de gobierno se identifique ampliamente como un régimen de apartheid que opera tanto en los Territorios Palestinos Ocupados como en el propio Israel. Si se estira el lenguaje hasta sus límites, es posible considerar a Israel como una democracia étnica o una democracia teocrática, pero tales términos son vívidas ilustraciones de oxímoron político.
Desde su creación como Estado en 1948, Israel ha negado la igualdad de derechos a su minoría palestina. Incluso ha denegado todo derecho de retorno a los 750.000 palestinos que fueron obligados a marcharse durante la guerra de 1947 y que, según el derecho internacional, tienen derecho a regresar a sus hogares, al menos después de que hayan cesado los combates. La amarga lucha actual entre judíos religiosos y laicos centrada en la independencia del poder judicial de Israel es, desde el punto de vista de la mayoría de los palestinos, una trifulca intramuros, ya que los más altos tribunales de Israel a lo largo de los años han apoyado abrumadoramente las medidas más controvertidas a nivel internacional que restringen «ilegalmente» a los palestinos, incluyendo el establecimiento de asentamientos, la negación del derecho al retorno, el muro de separación, el castigo colectivo, la anexión de Jerusalén Este, las demoliciones de casas y el maltrato a los prisioneros.
En algunas ocasiones, sobre todo en lo que respecta a la utilización de técnicas de tortura contra prisioneros palestinos, el poder judicial ha mostrado ligeros destellos de esperanza de que podría abordar los agravios palestinos de forma equilibrada, pero tras más de 75 años de existencia de Israel y 56 años de ocupación de los territorios palestinos ocupados desde 1967, esta esperanza se ha desvanecido de hecho.
No obstante, el control por parte de Israel de la narrativa política que conformaba la opinión pública permitió legitimar al país, e incluso celebrarlo con una retórica hiperbólica, como «la única democracia de Oriente Medio» y, como tal, el único país de Oriente Medio con el que Norteamérica y Europa compartían valores e intereses. En esencia, Biden reafirmó esta patraña en el texto de la Declaración de Jerusalén firmada conjuntamente con Yair Lapid, entonces primer ministro, durante la visita de Estado del presidente estadounidense el pasado agosto. En su párrafo inicial, se expresan estos sentimientos: «Estados Unidos e Israel comparten un compromiso inquebrantable con la democracia…».
En los años anteriores a que las elecciones israelíes del pasado noviembre dieran como resultado un gobierno de coalición considerado como el más derechista de la historia del país, el gobierno estadounidense y la diáspora judía se han esforzado por ignorar el devastador consenso de la sociedad civil de que Israel era culpable de infligir un régimen de apartheid para mantener su dominio étnico subyugaba y explotaba a los palestinos que vivían en la Palestina ocupada e Israel. El apartheid está proscrito por el derecho internacional de los derechos humanos y se considera en el derecho internacional como un crimen con una gravedad sólo superada por el genocidio. Destacados opositores al racismo extremo de Sudáfrica, entre ellos Nelson Mandela, Desmond Tutu y John Dugard, han comentado que el apartheid israelí trata a los palestinos peor que las crueldades que Sudáfrica infligió a su población de mayoría africana, lo que fue condenado en la ONU y en todo el mundo como racismo internacionalmente intolerable. Las acusaciones de apartheid israelí se han documentado en una serie de informes autorizados: Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental (2017), Human Rights Watch (2021), B’Tselem (2021) y Amnistía Internacional (2022). A pesar de estas condenas, el Gobierno estadounidense y las ONG liberales proisraelíes han evitado siquiera mencionar la dimensión de apartheid del Estado israelí, sin atreverse a abrir el tema a debate refutando las acusaciones. Como señaló Dugard cuando se le preguntó cuál era la mayor diferencia entre la lucha contra el apartheid en Sudáfrica e Israel, respondió: «…la militarización del antisemitismo». Esto se ha confirmado en mi propia experiencia. Hubo oposición a la militancia antiapartheid con respecto a Sudáfrica, pero nunca se intentó tachar a los militantes de malhechores, incluso de «criminales».
Desde estas perspectivas, lo que está en juego en las protestas es si Israel va a ser tratado como una democracia antiliberal del tipo de la que Viktor Orban ha creado en Hungría, diluyendo la calidad de la democracia procedimental que ha estado operativa para los judíos israelíes desde 1948. El nuevo giro en Israel apunta hacia el tipo de gobierno mayoritario que ha prevalecido durante la última década en Turquía, lo que implica un deslizamiento hacia una autocracia intrajudía abierta. Sin embargo, debemos señalar que ni en Hungría ni en Turquía han surgido estructuras de gobierno de carácter apartheid, aunque ambos países tienen graves problemas de discriminación contra las minorías. Turquía lleva décadas rechazando las demandas de su minoría kurda de igualdad de derechos y un Estado independiente, o al menos una versión fuerte de autonomía. Estos casos de usurpación de derechos humanos básicos no se han producido, al menos, en el marco del colonialismo de colonos que en Israel ha convertido a los palestinos en extraños, prácticamente extranjeros, en su propia patria, donde han residido durante siglos. El racismo no es la única razón para disentir del discurso de la democracia en peligro, la desposesión puede ser la más consecuente. Si se preguntara a los nativos si les preocupa la erosión o incluso el abandono de la democracia en «historias de éxito» coloniales como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, la pregunta en sí no tendría relevancia existencial para sus vidas. Los pueblos indígenas nunca fueron incluidos en el mandato democrático que estas culturas nacionales invasoras adoptaron con tanto orgullo. Su trágico destino quedó sellado en cuanto llegaron los colonos. En todos los casos fue de marginación, desposesión y supresión. Esta lucha indígena por la «mera supervivencia» como pueblos distintos con una cultura viable y formas de vida propias. Su destrucción equivale a lo que Lawrence Davidson ha denominado «genocidio cultural» en su innovador libro de 2012, que incluso entonces incluía un capítulo en el que condenaba el trato de Israel a la sociedad palestina.
Bajo el encuentro entre judíos israelíes, que supuestamente revela un abismo tan profundo como para amenazar con una guerra civil en Israel, se esconde el futuro del proyecto colonial de los colonos en Israel. Como han concluido quienes han estudiado la desposesión étnica en otros contextos coloniales de colonos, a menos que los colonos consigan estabilizar su propia supremacía y limitar las iniciativas de solidaridad internacional, acabarán perdiendo el control, como ocurrió en Sudáfrica y Argelia bajo esquemas muy diferentes de dominación colona. En este sentido, las protestas que se están produciendo en Israel deben interpretarse como una doble confrontación. Lo que está explícitamente en juego es un amargo encuentro entre judíos seculares y ultrarreligiosos cuyo resultado es relevante para lo que los palestinos pueden esperar que sea su destino en el futuro. También está en juego implícitamente el mantenimiento de los acuerdos de apartheid existentes, basados en el control discriminatorio pero sin insistir necesariamente en los ajustes territoriales y demográficos, y el intento de utilizar medios violentos para acabar con la «presencia» palestina como impedimento para una mayor purificación del Estado judío con la incorporación de Cisjordania y, por último, la realización de la visión de Israel como frontera con la totalidad de «la tierra prometida», considerada un derecho bíblico de los judíos interpretado desde una óptica sionista.
Es un misterio cuál es la postura de Netanyahu, el extremista pragmático, y quizá aún no se haya decidido. Thomas Friedman, la veleta más fiable del sionismo liberal, pesa con la afirmación de que Netanyahu, por primera vez en su larga carrera política, se ha convertido en un líder «irracional» que ya no es digno de confianza desde la perspectiva de Washington porque su tolerancia del extremismo judío está poniendo en peligro la vital relación con Estados Unidos y desacreditando la ilusión de alcanzar una resolución pacífica del conflicto mediante la diplomacia y la solución de los dos Estados. Los asentamientos israelíes y el acaparamiento de tierras más allá de la línea verde de 1948 han dejado obsoletos estos principios liberales.
Políticamente, Netanyahu necesitaba el apoyo del sionismo religioso para recuperar el poder y obtener apoyo para la reforma judicial a fin de eludir la posibilidad de ser considerado personalmente responsable de fraude, corrupción y traición a la confianza pública. Sin embargo, ideológicamente, Netanyahu no se siente tan incómodo con el escenario favorecido por personas como Itamar Ben-Gvir y Benezel Smotrich como él pretende. Le permite trasladar la culpa de los actos sucios en el trato con los palestinos. Para evitar el temido desenlace sudafricano, parece poco probable que Netanyahu se oponga a otra ronda final de desposesión y marginación de los palestinos mientras Israel completa una versión maximalista del Proyecto Sionista. Por ahora, Netanyahu parece estar cabalgando ambos caballos, desempeñando un papel moderador con respecto a la lucha judía sobre la reforma judicial, mientras guiña un ojo disimuladamente a quienes no ocultan su determinación de inducir una segunda nakba (en árabe, «catástrofe»), término aplicado específicamente a la expulsión de 1948. Para muchos palestinos, la nakba se vive como un proceso continuo y no como un acontecimiento limitado por el tiempo y el lugar, con altos y bajos.
Mi conjetura es que Netanyahu, él mismo un extremista cuando se dirige a los israelíes en hebreo, aún no ha decidido si puede seguir subido a ambos caballos o debe elegir pronto a cuál montar. Habiendo nombrado a Ben-Gvir y Smotrich para puestos clave que confieren control sobre los palestinos y como principales reguladores de la violencia de los colonos, es pura mistificación considerar que Netanyahu atraviesa una crisis política de la mediana edad o que se encuentra cautivo de sus socios de coalición. Lo que está haciendo es dejar que ocurra, culpando a la derecha religiosa de los excesos, pero no descontento con sus tácticas de buscar un final victorioso del Proyecto Sionista.
Los sionistas liberales deberían estar profundamente preocupados por el grado en que estos acontecimientos en Israel den lugar a una nueva ola de antisemitismo real, que es lo contrario del tipo de antisemitismo convertido en arma que Israel y sus partidarios en todo el mundo han estado utilizando como propaganda estatal contra los críticos de las políticas y prácticas del Estado. Estos críticos selectivos de Israel no sienten hostilidad alguna hacia los judíos como pueblo y se sienten respetuosos hacia el judaísmo como gran religión mundial. En lugar de responder de forma sustantiva a las críticas sobre su comportamiento, Israel ha desviado durante más de una década el debate sobre sus fechorías señalando con el dedo a sus críticos y a algunas instituciones, especialmente la ONU y la Corte Penal Internacional, donde se han formulado acusaciones de racismo y criminalidad israelíes basadas en pruebas y en el escrupuloso cumplimiento de las normas vigentes del Estado de derecho. Este planteamiento, que hace hincapié en la aplicación del derecho internacional, contrasta con las irresponsables evasivas israelíes de las acusaciones sustantivas lanzando ataques contra los críticos en lugar de cumplir las normas aplicables o de comprometerse de forma sustantiva insistiendo en que sus prácticas hacia el pueblo palestino son razonables a la luz de preocupaciones legítimas de seguridad, que fue la táctica principal durante las primeras décadas de su existencia.
En este sentido, los recientes acontecimientos en Israel están retratando peligrosamente a los judíos como criminales racistas en su comportamiento hacia los sometidos palestinos, hecho con las bendiciones del gobierno. La violencia impune de los colonos contra las comunidades palestinas ha sido incluso afirmada por funcionarios gubernamentales competentes, como en el caso de la destrucción deliberada de la pequeña aldea de Huwara (cerca de Nablus). Las secuelas fotográficas de los colonos bailando de celebración entre las ruinas de la aldea son sin duda una especie de Kristallnacht, lo que por supuesto no pretende minimizar los horrores del genocidio nazi, pero desgraciadamente invita a hacer comparaciones y a plantearse preguntas inquietantes. ¿Cómo pueden los judíos actuar con tanta violencia contra los vulnerables nativos que viven entre ellos y a los que se niegan derechos básicos? ¿Y este tipo de espectáculo grotesco no motivará perversamente a los grupos neonazis a fustigar a los judíos?
En efecto, Israel rebaja la amenaza real del antisemitismo en este proceso de colocar la etiqueta donde no corresponde y, al mismo tiempo, despierta el odio hacia los judíos mediante representaciones documentadas de su comportamiento inhumano hacia un pueblo forzosamente alejado de su tierra natal. Al actuar así, Israel se está haciendo vulnerable de una manera potencialmente perjudicial para los judíos de todo el mundo, lo cual es un inevitable efecto secundario mundial de esta incendiaria campaña del gobierno de Netanyahu para victimizar aún más agudamente al pueblo palestino, dirigida a su total sumisión, o mejor a su marcha.
*Richard Falk es Catedrático Emérito de Derecho Internacional Albert G. Milbank de la Universidad de Princeton, Catedrático de Derecho Global de la Universidad Queen Mary de Londres e Investigador Asociado del Centro Orfalea de Estudios Globales de la UCSB.
Este artículo fue publicado por Counter Punch.
FOTO DE PORTADA: Marc Israel Sellem/POOL.
