Mientras en la guerra en Tigray se intuye un previsible fin con el inicio de conversaciones de paz, el resto del país ha visto incrementar los episodios violentos de forma muy significativa.
Amhara, Oromía, Gambella o Benishangul-Gumuz, han sufrido en las últimas semanas los ataques de diversas milicias y de tropas gubernamentales, e incluso se han vivido momentos tensos con el vecino Sudán y en la frontera con Somalia.
Desde 2020, Etiopía vive una cruenta guerra en el norte del país entre el ejército federal y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), la milicia hegemónica en la región homónima, y que llegó a amenazar la capital etíope. Este mes de marzo, los combates se detuvieron tras la declaración de una tregua humanitaria para facilitar el acceso de la ayuda a una población desesperada por la sequía y el conflicto. Sin embargo, diversos organismos como Médicos Sin Fronteras denuncian que no se está cumpliendo, y a algunos de sus miembros se les ha impedido la entrada en la región. Pese a la dramática situación, hay lugar para cierto optimismo en la población tigray, y es que, recientemente, ambos bandos anunciaban el inicio de un proceso de diálogo que debería llevar a la paz. Tanto el TPLF como el gobierno etíope ya han hecho públicos a sus representantes para las negociaciones, que en el lado gubernamental incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Demeke Mekonnen.
No obstante, quedan muchos detalles por pulir antes de poder ver a ambos contendientes en una misma mesa, y una de las primeras desavenencias ha surgido sobre la elección de quién debe tener el papel de mediador. Addis Abeba considera que las conversaciones deben estar dirigidas por la Unión Africana (UA), a lo que el TPLF parece negarse por el supuesto vínculo entre Abiy Ahmed y el Alto Representante de la UA para el Cuerno de África, el presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. En su lugar proponen al presidente de Kenia, Ohuru Kenyatta. Otro de los puntos clave en las negociaciones recae en el estatus de Tigray Occidental, un territorio que tanto Tigray como Amhara consideran como propio. Durante la guerra la región fue ocupada por fuerzas amharas con el soporte militar de Eritrea y estos no están dispuestos a ceder el territorio. Se trata de un reto enorme para el gobierno etíope, pues el TPLF considera su recuperación como una línea roja en las negociaciones, extremo que sin duda le enfrentaría a sus hasta ahora aliados eritreos y amharas.
En este contexto, las autoridades etíopes anunciaba recientemente la detención de hasta 5000 combatientes de las milicias FANO. Este grupo supremacista amhara ha sido uno de los aliados cruciales de Ahmed en la guerra en Tigray, y los arrestos masivos pueden ser vistos como un gesto de acercamiento al TPLF. Sin embargo, estas se encuentran fuertemente armadas, y cualquier intento de negociación con Tigray será previsiblemente boicoteado. Por tanto, pueden esperarse graves combates ante cualquier concesión por parte de Adís Abeba a las autoridades tigray. Por su parte, el presidente eritreo Isaías Afewerki tampoco ve con buenos ojos las negociaciones con el TPLF, con el que ha mantenido una guerra casi permanente desde su independencia. No aceptará ningún tipo de acuerdo que no pase por la disolución del TPLF, y ya poco después de anunciarse negociaciones respondió con intensos bombardeos sobre Tigray.
Aun así, es poco probable que decida seguir con el conflicto tras un posible acuerdo, pero si puede servir de pretexto para una vuelta a las históricas hostilidades entre ambos países. Sea como sea, parece que las negociaciones no van a resultar nada sencillas y los obstáculos pueden impedir el fin de una guerra con decenas de miles de muertos, millones de desplazados e incluso acusaciones de genocidio.
Recrudecimiento de la violencia en Oromía, Gambella y Benishangul-Gumuz
Mientras en el norte parecen producirse pasos hacia la paz, en el resto del país los enfrentamientos son cada vez más numerosos y sangrientos. El 18 de julio eran asesinadas al menos 338 personas en el poblado de Tole, en la región de Oromía. Dos semanas más tarde, otra masacre en Kellem Wollega terminaba con la vida de hasta 150 personas más. Los asesinados pertenecían mayoritariamente a la etnia amhara, y el gobierno etíope no duda en acusar al Ejército de Liberación Oromo (OLA), lo que este por el momento niega.
El OLA fue una de las milicias que se unió al TPLF durante la guerra con el objetivo de derribar al gobierno etíope y muchos ven los recientes ataques como una forma de presión para formar parte de las negociaciones. Este grupo reclama el fin de los agravios históricos sufridos por el pueblo oromo y que la llegada de un miembro de esta etnia al poder, Abiy Ahmed, no ha solucionado. Nada más lejos de la realidad, los combates entre el OLA y fuerzas federales no han dejado de aumentar en los últimos meses, y diversos informes señalan que estos han servido como pretexto de decenas de asesinatos extrajudiciales por parte de la policía etíope.
Y mientras el TPLF parece iniciar conversaciones con el gobierno, el OLA ha encontrado uno de sus mayores aliados en el Frente de Liberación de Gambella. En una acción conjunta, ambas milicias llegarían a tomar gran parte de la ciudad de Gambella durante varias horas el pasado 14 de junio. El ejército federal recuperaría esa misma noche el control de la ciudad, pero no pudo impedir que los atacantes se hicieran con grandes cantidades de armamento. Durante las siguientes semanas, fuerzas regionales y federales, han llevado a cabo una feroz represión sobre cualquier acusado de complicidad con el ataque y la ciudad sufre desde entonces un toque de queda y la militarización permanente.
Situación similar vive la región de Benishangul-Gumuz, donde en las últimas semanas se han vivido cruentos enfrentamientos entre fuerzas del Movimiento Democrático del Pueblo Gumuz y el ejército etíope. Su capital, Assosa, se encuentra bajo toque de queda desde el 8 de julio. Se deduce de todo lo anterior, una situación de conflictividad generalizada en todo el país, contándose los muertos por decenas y cuya solución no parece poder definirse. El proyecto centralizador de Abiy Ahmed se enfrenta actualmente a uno de sus mayores retos, pues la actual situación parece demostrar que el camino a la paz no llegará con negociaciones parciales, sino que deberá ser inclusivo con todos los grupos y comunidades que habitan el país.
Amenazas externas
Pero si la desestabilización interna que sufre el país no fuera suficiente, Etiopía ha visto aumentar las amenazas que llegan más allá de sus fronteras. A finales de junio, tropas sudanesas se posicionaban junto a la frontera etíope y el presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah Al-Burhan, viajaba a la región fronteriza de Al-Fashaga donde anunciaba una operación militar para defender su territorio soberano. Sudán acusa a Etiopia de asesinar a siete militares del ejército nacional y un civil, lo que Adís Abeba niega y asegura que el ejército sudanés planeaba un ataque junto al TPLF.
Sudán retiró a su embajador en Etiopía y elevó la Causa al Consejo de Seguridad de la ONU. La tensión fue en aumento y llegó a temerse el inicio de una guerra, pero la reunió entre Al-Burhan y Ahmed en Nairobi pareció enfriar la situación, comprometiéndose ambos a solucionar sus diferencias de forma pacífica. Ambos países se enfrentan desde hace años por el control de la fértil región Al-Fashaga, administrativamente sudanesa pero habitada por numerosos etíopes, a la par que el inicio del llenado de la Gran Presa del Renacimiento Etíope es visto con suspicacia por parte de Sudan.
Por otra parte, durante este mes de julio, Etiopía ha recuperado una amenaza que parecía olvidada. El grupo yihadista somalí Al-Shabaab atacaba este mes de julio diversas ciudades de la Región Somalí etíope, asesinando a decenas de personas. Las acciones de este grupo en Etiopía han sido esporádicas durante los últimos años y el gobierno etíope ve con preocupación que algunos de sus miembros puedan llegar a contactar con los combatientes más radicalizados del OLA.
La penetración de Al-Shabaab a más de 100 kilómetros dentro del territorio etíope y con un contingente superior a los 500 combatientes, no tiene un precedente cercano, y ha obligado al gobierno etíope a posicionar grandes cantidades de tropas en la Región Somalí. En una operación conjunta con las Fuerzas Especiales Liyu, fueron abatidos al menos 180 milicianos del grupo somalí, pero el gobierno etíope reconoce que decenas de ellos siguen refugiados entre la población civil somalí, haciendo temer que esta pueda llegar a tomar partido a favor de este grupo. El retorno de las operaciones militares estadounidenses parece haber diversificado la estrategia de Al-Shabaab y en las últimas semanas se han registrado también ataques en Kenia.
La situación global en Etiopía parece muy lejos de la paz, y el gobierno de Abiy Ahmed se enfrenta cada vez a mayores amenazas. El fin de la guerra en Tigray no representa una mejora de la situación para el conjunto de la población etíope, que, sin embargo, se encuentra en medio de los brutales enfrentamientos del ejército con diversas milicias. Estas, lejos de responder únicamente a criterios étnicos, son la consecuencia de un cada vez mayor gobierno autoritario por parte de Abiy Ahmed, y que, en su proyecto de construir una Etiopia centralizada, busca alianzas a su conveniencia sin atender a soluciones integrales que consigan acabar con la violencia en todos sus frentes.
*Nacho Ibáñez es Abogado y Licenciado en Relaciones Internacionales.
Artículo publicado en Descifrando la Guerra, editado por el equipo de PIA Global
