Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tomó el Tesoro de la Nación en la gestión de Cambiemos, por 86.200 millones de dólares (que incluye el crédito del FMI por 44.559,9 millones de dólares), y como el Tesoro paga sus gastos en pesos, le vendió esos dólares al Banco Central (BCRA) y éste se lo vendió a los bancos y, éstos los compraron para sí o para sus clientes.
Es más, ese informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) adquirieron los 86.200 millones de dólares referidos durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) mayores compradores (que son empresas), compraron 24.679 millones de dólares.
Nunca el BCRA reveló los nombres de esas firmas, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en su nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, listado que no fue desmentido por el BCRA, y menos por las empresas nombradas.
Nunca pensaron los que compraron dólares desaforadamente, que el BCRA le iba a pedir a los bancos que se los vendieron, quienes fueron los que adquirieron esas divisas y, esa es la razón por la que esas empresas, en sus Memorias y Balances que publican anualmente, no pueden demostrar de dónde sacaron los recursos para poder comprarlos.
Se trata de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros, esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de la firma, dado que en esos años fue legal su compra.
En diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y levantó la restricción de comprar dos mil dólares por persona física y jurídica y por mes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a ser de dos millones de dólares.
En mayo de 2016 el BCRA amplió dicho límite a cinco millones de dólares mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.
Las empresas deben presentar su Memoria y Balance General anual ante la Comisión Nacional de Valores dado que cotizan en Bolsas de Comercio del país y, ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y de las normas impositivas del país.
En esos estados contables deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados” en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas (divisas en efectivo, en cuentas a cobrar, en cuenta corriente, en caja de ahorro, en certificado de depósitos plazo fijo, en títulos de deuda externa, etc.).
Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.
Haciendo ese estudio observamos que las empresas que más compraron dólares en el período 2016-2019 como Telefónica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telefónica de España, que lo hizo por 1.248 millones de dólares; Pampa Energía (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, Blackrock) que compró 903,8 millones; Telecom SA del grupo “Clarín”, compró 647,5 millones de dólares.
El grupo ARCOR presidido por Luis Pagani, adquirió, a través de sus empresas controladas Arcor SAIC y Bagley Argentina 360,7 millones de dólares; el holding Techint, liderado por Paolo Rocca, a través de tres de sus empresas controladas (Tecpetrol SA, Ternium Argentina SA, y Transportadora Gas del Norte SA) adquirió 547 millones de dólares; y demás empresas, sumando las 100 primeras la compra de 24.769 millones de dólares y, ninguna de ellas, puede demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo.
Dada la sospecha fundada de evasión fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos en cumplimiento de sus misiones y funciones debería investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino.
Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias – nacionales y/o offshore – estaban esas tenencias.
Si la AFIP investigó los movimientos bancarios, tanto por la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino, no lo sabemos, porque por el secreto fiscal no lo hizo público y, tampoco, hizo nada para recuperar parte del dinero evadido.
La actual administración afronta la negociación con los acreedores (bonistas privados, locales y extranjeros) y el FMI, por lo que el pago de intereses lo realiza a cargo de erario público (presupuesto nacional) y la cuota de pago del capital con el Fondo Monetario Internacional (la negociación con los bonistas hace que comience a amortizarse la deuda en el segundo semestre del año 2024).
Lo hizo y lo plantea hacer, con plata que le dio y le daría el mismo organismo internacional, primero las dos cuotas del año 2021 con la ampliación de los DEG y, las del año 2022 en más, cumpliendo las condicionalidades del “Fondo”, con lo que se refinancia cada vencimiento a diez años.
¿Un Estado estúpido?
De allí que la vicepresidenta de la Nación sostuvo en su disertación en conmemoración del “Día de la Bandera” del 20 de junio 2022 que: “…del Banco Central te dicen ‘no se puede informar hay secreto bancario’. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen: ‘no, hay secreto bursátil’. Y la señora AFIP te dice: ‘no, hay secreto fiscal’. Entonces los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta”.
“Muchachos, este es un Estado estúpido, un Estado donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNV con la información que tiene la AFIP para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina. La han estafado y todos tienen miedo. No, que no puedo hacer eso porque hay secreto… sí, es cierto que existe el ‘secreto’ pero tampoco hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos”, añadió la vicepresidenta
En primer lugar, el “secreto fiscal” data desde 1932, en que se sancionó la ley 11.683 de procedimiento tributario, en la dictadura de Agustín P. Justo. Incluso fue modificado para hacerlo más estricto en el texto ordenado de 1978. El “secreto bursátil” data desde 1968 mediante la Ley 17.811 de Oferta Pública de Títulos Valores, en la dictadura de Juan Carlos Onganía. El “Secreto Financiero” artículos 39 y 40 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, durante la dictadura de Rafael Videla.
¿Cómo un gobierno democrático y en un marco de endeudamiento y obligaciones externas, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no suspende el cumplimiento de los secretos pergeñados por grandes beneficiados tras los gobiernos de facto?
Máxime cuando la deuda ha sido el mecanismo privilegiado de ingreso de divisas para facilitar la fuga de capitales y, por ende, la constitución de activos externos por grandes capitales que actúan en el proceso de producción y circulación local. Pero a la vez, esas empresas que operan en sectores críticos de la economía nacional, presionan para devaluar la moneda y de esa manera valorizar la fuga y, si retornan al mercado argentino, puedan comprar por la mitad lo que vale el doble.
No hace falta que se devalúe el peso, el tipo de cambio vigente demuestra que es competitivo, con fuertes superávit comercial, incluso pese a que los grandes importadores adelantan sus compras en el exterior (1) (pagan una parte antes que la mercadería ingrese al país) y los grandes exportadores frenan sus ventas (con granos en silos sin vender, por ejemplo).
A simple vista se observa el fuerte superávit comercial y también el acrecentamiento a pasos agigantados de las importaciones (del 44,2% en dólares comparando los cinco primeros meses del año 2022 contra igual lapso del año 2021).
Qué se debe hacer
El gobierno de Alberto Fernández no bien asumió, envió el Proyecto que fuera la Ley 27.541 de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo, menos la “Emergencia Cambiaria”, que es imprescindible porque le hubiera permitido al BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservar las reservas internacionales, en lugar de rifarla entre adelantos a las importaciones de grandes empresas, cuando ninguna de ellas tiene esa necesidad.
Y, peor aún, de haberle vendido dólares al tipo de cambio oficial a empresas que el mismo BCRA que realizó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” sabe que compraron dólares y lo fugaron.
Entonces mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se debe instrumentar ya la Emergencia Cambiaria y a la vez, dicho decreto debe contemplar en el marco de sospecha fundada de evasión fiscal, la eliminación de los secretos bancarios, fiscales y bursátiles y, un ejercicio más decidido del control estatal sobre los grandes capitales.
Notas:
*Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Referencias:
(1) Comprándole dólares al BCRA al tipo de cambio oficial (de $ 62 en diciembre de 2015 a $ 129, 20 al 24 de junio de 2022), sin límite alguno, solo demostrando que deben comprar por ejemplo soja de Brasil o de Paraguay para procesar en sus plantas industriales.
Fuente: Portal Rebelión
