La comunidad internacional considera al proceso de reconciliación y de unidad ruandesa como un caso de exitoso, pero los organismos de derechos humanos cuestionan el rechazo del gobierno ruandés a la autoidentificación indígena bajo el argumento de que crea “divisionismo étnico”. La insistencia en una identidad nacional única implica el despojo de la identidad, el acervo cultural, las tierras, el desplazamiento forzado y la negación de derechos a los pueblos indígenas involucraos en el proceso de reunificación identitaria en Ruanda.
Hay políticas de justicia transicional y reconciliación social que son muy cuestionadas en el Estado pos genocidio, una de ellas es la prohibición de la identificación étnica: las y los ruandeses no pueden adscribirse a una etnia, no pueden ser Tutsi, ni Twa, ni Hutus, los pobladores de Ruanda deben identificarse como “ruandeses”, de hecho en la actualidad, se enseña a la población ruandesa que las etnias Hutu, Tutsi y Twa fueron impuestas por las autoridades coloniales belgas que buscaban dividir a un país armónico.
Según este relato, la sociedad no fue estratificada en base a etnias, sino a partir del estatus socioeconómico y la riqueza ganadera. En consecuencia se aprobaron leyes contra el “divisionismo étnico” que fueron consagradas en la Constitución de 2003 a través de varios artículos que prohíben la discriminación y el “divisionismo”. El incumplimiento de estas leyes está penado con prolongadas condenas de prisión e importantes multas.
El Estado promueve el “ndi umunyarwanda” (“soy ruandés”) o la nacionalidad ruandesa como la única identidad aceptable y asegura que el discurso político sobre la identidad debe estar fuertemente controlado por cuestiones de seguridad y en busca de una reconciliación verdadera basada en la unidad identitaria nacional.
Genocidio y reconstrucción
Como hemos señalada una vez que el Frente Patriótico Ruandés (FPR) asumió el poder en 1994, borró las referencias a la pertenencia étnica. La gente dejó de ser hutu, tutsi o twa para convertirse en “ruandesa”, como lo subraya la campaña Ndi Umunyarwanda (“Soy ruandesa”). Esta política de amnesia étnica quizás no haya sido la más acertada, pero si (tal vez) la necesaria y comprensible dado el momento y el contexto histórico desde el cual se tomó. Durante el genocidio, ser identificado como tutsi significaba una muerte casi segura. Por lo tanto, el nuevo gobierno buscó resolver la animosidad entre comunidades simplemente eliminando las referencias étnicas.
Ruanda es un estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que enfatizan a la autoidentificación como el criterio primario de quienes constituyen una minoría étnica o un grupo Indígena, sin importar el reconocimiento del Estado.
Lo el gobierno ruandés no niega la existencia tribal y étnica y hasta admite que cumplen con los requisitos para identificarse como indígenas, pero lo rechaza ya que argumentan que crea “divisionismo” dentro de la población del país, lo cual se encuentra prohibido por la constitución. El gobierno ruandés afirma que cada ciudadano, independientemente de su etnia, religión, región o categoría de identificación, tiene los mismos derechos y protecciones.
Lo cierto es que las divisiones son notorias más allá de las leyes promulgadas. Las etnias se diferencian, más allá de los rasgos identitarios que los caracterizan. También lo hacen por el acceso a los lugares de poder, por las diferencias económicas, la propiedad de la tierra y los medios de producción. Es en este sentido que los Tutsi se han visto favorecidos, si bien solo representan el 10-15% de la población, sus élites ocupan la gran mayoría de funciones de alto nivel. A pesar de la prohibición de las referencias al origen étnico, este hecho es bien conocido en Ruanda.
Un claro ejemplo de esto es que de los más de 200 funcionarios considerados de importancia, con cierto grado de relevancia en el poder ya sea por funciones o por antigüedad, 166 son tutsis y solo 38 son hutus, además no existen funcionarios de la etnia minoritaria Twa. Esta es una proporción de más del 80% de funcionarios de origen tutsi en el poder. En una proporción un tanto menor, pero que confirma la tendencia de superioridad tutsi, de los 29 miembros del gobierno nacional analizados el 66% son tutsis. Como así también en otras esferas del gobierno ruandés el dominio tutsi es muy notorio, por ejemplo 31 (86%) de los 36 embajadores son tutsi, al igual que 13 (86%) de los 15 titulares de cargos principales en el ejército y los servicios de seguridad, y 26 (96%) de los 27 puestos superiores en las principales paraestatales y agencias públicas. Todos los puestos en el personal superior de la Oficina del Presidente, los jefes de las principales religiones y los cargos principales en las federaciones deportivas nacionales y las principales empresas de medios de comunicación son ocupados por tutsi.
También puede darse el caso de que la presencia desproporcionada de tutsi en el poder sea resultado no sólo del favoritismo étnico, sino también del nepotismo.
Identidad suprimida en la sociedad en general
Según el Barómetro de la reconciliación de Ruanda de 2020, los niveles de «reconciliación» en Ruanda son muy satisfactorios y arrojan altos resultados al respecto. La encuesta que realizó el gobierno sugiere que los sentimientos efectivos de unidad están muy extendidos en la población ya que el 98,2% de las personas se ven a sí mismas como ruandesas antes que de cualquier otra identidad. Este estudio es sesgado por vigencia de la ley y el temor a autoreconocerse dentro de tal o cual etnia, pero para los fines gubernamentales de reconocimiento de un trabajo positivo son valederos.
Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de campo disponibles sugieren lo contrario. Estos hallazgos enfatizan que a pesar de la eliminación oficial de las categorías étnicas, la mayoría de la gente sabe muy bien que las posiciones de poder en Ruanda están dominadas por funcionarios tutsi. Aunque está prohibido en el discurso público, la etnia sigue siendo un factor central en la identidad social de Ruanda. Las élites políticas pueden afirmar que no ven las diferencias étnicas, pero la mayoría de la gente lo sabe mejor en privado.
Este factor de dominación étnica contribuye a la violencia estructural que imperante en Ruanda. Ya en 2001, Mahmood Mamdani subrayó la convicción del régimen de que «el poder tutsi es la condición mínima para la supervivencia tutsi». En 2008, la embajada de Estados Unidos en Kigali descubrió que dos tercios de 118 altos cargos estaban ocupados por tutsi. El cable filtrado advirtió que «a pesar de todas las exhortaciones del gobierno a los ruandeses a abandonar las identidades étnicas… la realidad política es evidentemente otra». Continuó diciendo que “si este gobierno quiere superar los desafíos y las divisiones de la sociedad ruandesa, debe comenzar a compartir la autoridad con los hutus en un grado mucho mayor que ahora”.
Evidentemente la convicción del FPR es que sumergiendo a las etnias en el ostracismo y declarando su ilegalidad ha contribuido a la reconciliación y ha ayudado a reducir la violencia en relación a la etnia. Sin embargo, la realidad es que muchos ruandeses sienten que la política del gobierno sirve para ocultar una enorme desigualdad dentro de las posiciones de poder y, por lo tanto, se suma a los agravios y frustraciones étnicas.
*Beto Cremonte es periodista, Comunicador Social y docente en la Facultad de Comunicación Social de La Plata (U.N.L.P), estudiante avanzado de la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Pública y Política de la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.P)
