En virtud de una orden judicial, el gobierno de Biden se está preparando para restablecer una política fronteriza de la era Trump que empujó a miles de solicitantes de asilo no mexicanos a México, para esperar allí sus audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. La medida se produce después de que un juez federal designado por Trump se pusiera del lado de los estados de Texas y Missouri en una demanda que impugnaba la terminación del programa y ordenara a la administración que lo restableciera «de buena fe.» El gobierno está apelando el fallo y redactando un memorando para rescindir nuevamente el MPP, mientras tanto, también está contratando contratistas para reconstruir tribunales de carpas en Laredo y Brownsville para que los migrantes asistan a sus audiencias.
La administración de Biden dijo a los periodistas esta semana que prevén que la política se aplique en noviembre, pero eso está condicionado a la finalización de un acuerdo con México. En un esfuerzo por hacer el MPP más humano, los funcionarios también declararon que esperaban hacer cambios que garantizaran el acceso a la asesoría legal y se comprometieran a completar los casos en seis meses. Pero los grupos de derechos de los inmigrantes y los expertos legales dicen que no hay manera de mejorar la política, que ha afectado a más de 71.000 migrantes desde principios de enero de 2019. «Este es un programa fundamentalmente defectuoso que bloquea a los solicitantes de asilo de un día justo en la corte, en contra de los valores de Estados Unidos y nuestras leyes». dijo en un comunicado Jennifer Whitlock, asesora de políticas de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
Conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), «Permanecer en México», pasará a la historia como una de las políticas más significativas de la era Trump, que fue monumental en el cambio de la forma en que Estados Unidos maneja el asilo. Para informar sobre el impacto del MPP, Echavarri se mantuvo en contacto con la familia Perla de El Salvador durante más de dos años y relató su saga de meses hasta que finalmente se les permitió entrar en el país para establecerse en Oregón. En 2019, Juan Carlo le dijo:
«México podría ser nuestra única opción ahora mismo», dijo, para mi sorpresa. Le pregunté si estaba pensando en abandonar su caso de asilo, y me explicó que los tres días en las celdas de detención de la frontera fueron traumatizantes. Eso, junto con la gran incertidumbre de lo que significaba estar en el MPP, le hizo pensar en abandonar. Este era uno de los objetivos del programa: despojar a los solicitantes de asilo de cualquier esperanza para que abandonaran sus peticiones de asilo. A través de Permanecer en México, Trump y su principal asesor político, Stephen Miller, agotaron y obstruyeron lisa y llanamente a las personas que buscaban refugio en Estados Unidos.
«Nos hemos quitado de la cabeza la idea de ir a Estados Unidos por ahora», dijo Juan Carlos. «Las leyes son un desastre en Estados Unidos, y quién sabe cuándo cambiarán, así que prefiero luchar por mis hijos aquí».
En su primer día en el cargo, Biden puso fin a la política, que luego fue oficialmente rescindida en junio, pero que ha seguido envuelta en litigios. Mientras la MPP estuvo en vigor, los grupos de derechos humanos y de defensa de los derechos humanos documentaron más de 1.500 casos de asesinato, violación, secuestro, tortura y agresión contra los migrantes que habían sido devueltos a México. El campamento de Matamoros se convirtió en el escenario de una crisis humanitaria. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, denunció «individuos que viven en la miseria y no tienen capacidad de trabajo, donde las condiciones son inhumanas». Las organizaciones de servicios jurídicos también han denunciado violaciones generalizadas de las garantías procesales en las tiendas de campaña temporales que se instalaron como salas de audiencia.
En abril, los fiscales generales de Texas y Missouri, que no es un estado fronterizo, demandaron al gobierno alegando que la terminación «arbitraria y caprichosa» del MPP había provocado una «enorme oleada de migrantes centroamericanos, incluidos miles de menores no acompañados, que pasan por México para presentar solicitudes de asilo sin fundamento en la frontera de Estados Unidos». El pasado mes de agosto, un tribunal federal de Texas dictó una orden judicial que exigía al gobierno de Biden reanudar la política, y el Tribunal Supremo denegó una solicitud de bloqueo de la sentencia del tribunal inferior. Con la orden judicial en vigor y a la espera de nuevos litigios, el gobierno de Biden tiene que reanudar el MPP para cumplir con la orden judicial.
En un tuit, la organización Kids in Need of Defense condenó la reactivación de la política: «No existe una versión ‘light’ del MPP. Pone a los niños y a las familias en el punto de mira de amenazas reales a su seguridad. Obligar a los solicitantes de asilo que huyen del peligro a esperar en el camino del daño es miope y cruel. Esta decisión tendrá efectos desastrosos para quienes buscan protección».
*Isabela Dias es periodista de Mother Jones, donde se publicó originalmente este artículo en inglés.
