Desde el sábado circula por los grupos y redes sociales bolsonaristas una convocatoria para el feriado del 7 de septiembre, día de la independencia del país, con el objetivo de consolidar el apoyo “en caso de un bastante probable y necesario CONTRAGOLPE que tendrán que implementar en breve”.
La publicación señala que “hoy hacer un contragolpe es mucho más difícil y delicado que en aquella época [1964]”, motivo por el cual “el tamaño de esta manifestación deberá ser el mas grande ya visto en la historia del país”. A su vez, apunta que esta ofensiva es necesaria porque “tenemos una constitución comunista que sacó en gran parte los poderes al Presidente de la República”. El texto explica que esta gran movilización es una respuesta “frente al avance del golpe ya en curso hace tiempo y que ahora avanza de forma más agresiva, perpetrado por el Poder Judicial, la izquierda y todo un aparato inclusive internacional de intereses oscuros”.
La convocatoria es una más de las tantas amenazas de ruptura institucional defendida tanto por el presidente como por sus aliados y simpatizantes. En esta oportunidad, llega después de una semana de varias derrotas importantes del gobierno ante la Corte Suprema y el Congreso.
El martes por la noche, luego de un desfile de camiones y tanques blindados en la Plaza de los Tres Poderes cuyo objetivo era intimidar al Congreso y, principalmente, al Poder Judicial, la Cámara de Diputados enterró la posibilidad de tener voto impreso en la elección de 2022. La iniciativa era una de las principales banderas de Bolsonaro de cara a su campaña de reelección. Antes de la votación, el presidente se comprometió con el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira a aceptar el resultado cualquiera sea. Como era de esperar, Bolsonaro no cumplió con su promesa, sugirió que quienes votaron en contra lo hicieron chantageados e insistió con su tesis de que las elecciones de 2022 serían fraudulentas.
Algunos días después de esta derrota, el Ministro de la Corte Suprema Alexandre de Moraes aceptó un pedido de la Policía Federal para decretar la prisión de Roberto Jefferson, uno de los aliados de Bolsonaro, por amenazar con armas a través de redes sociales a los ministros de la Corte y pedir intervención militar.
Ya antes de la prisión de Jefferson, el diputado Daniel Silveira, otro aliado del presidente, tuvo prisión decretada por los mismos motivos que Roberto Jefferson. Al momento, Silveira continúa preso e impedido de utilizar redes sociales.
Ya a mediados de julio, tanto la Corte Suprema como la Justicia Electoral impulsaron cuatro investigaciones contra el presidente por acusar fraude sin pruebas en 2018 y poner en duda la confiabilidad de las urnas, amenazando inclusive la realización de las elecciones el próximo año.
Además de estas complicaciones, Bolsonaro enfrenta otra investigación por divulgación de noticias falsas, donde también son investigado sus hijos y otros aliados. En el Senado, la comisión parlamentaria instalada en abril evienció tanto negligencia intencional en el combate a la pandemia como la aparente corrupción del gobierno en la compra de vacunas, lo cual contribuyó en gran parte con el desgaste de la imagen del presidente.
Si bien esta convocatoria genera preocupación, las manifestaciones cada vez más vacías a favor del gobierno, así como el desfile militar protagonizado por la Marina en vehículos dignos de museo, mostraron la soledad de la burbuja en la que Bolsonaro traba su batalla golpista. Mientras el presidente sostiene su retórica, los ministros evitan referirse al asunto y el vicepresidente Hamilton Mourão articula con los otros poderes y desestima las amenazas. El mismo día del desfile, Mourão se reunió con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ministro Roberto Barroso, en un encuentro fuera de agenda.
Con la convocatoria para el día de la independencia, el presidente y su tropa esperan mostrar apoyo popular para avanzar en su aventura golpista. Teniendo en cuenta el índice de rechazo de Bolsonaro, que llegó a su punto más alto con 61% según las encuestas, dificilmente veamos la movilización más grande de la historia del país como pretenden desde el Planalto.
Sin embargo, cualquier movilización que convoque a radicalizar tiene potencial para transformarse en un desastre en un contexto donde parte del apoyo que todavía le queda al gobierno está entre las policías militares. Resta esperar para ver si la amenaza se concretará o si las instituciones reaccionarán a tiempo para frenar la ofensiva antidemocrática bolsonarista.
