30 años de no paz – no guerra, de crímenes de lesa humanidad impunes, de pobreza y exilio. No cabe duda que los saharauis merecen una justa reparación, la recuperación del territorio ocupado por Marruecos y la absoluta autodeterminación de la nación saharaui.
En 1991 luego de más una década de guerra entre la República Saharaui y Marruecos, bajo auspicios de Naciones Unidas, las partes acordaron un cese del fuego, y la puesta en marcha de un plan de paz, conocido como Plan de Arreglo. Los contendientes aceptaron llevar a cabo un referéndum que decidiría el destino del antiguo Sahara Español, pero una de las partes, Marruecos a sabiendas que saldría mal parado del resultado del referéndum, puso toda suerte de obstáculos, transformando al Plan en letra muerta y en la reanudación del conflicto armado.
El nacimiento del Plan de Paz. Los años perdidos
En 1983 por resolución de la entonces Organización de la Unidad Africana, aprobó un plan de paz que instaba al cese del fuego, negociación directa entre las partes, y convocar el referéndum de autodeterminación. Esto fue aceptado por Hassan II, en la Cumbre de Nairobi, la posibilidad de un referéndum. En 1986, Marruecos, Argelia y el Frente Polisario estuvieron de acuerdo con llevar a cabo un referéndum para que la población saharaui. El alto costo de la guerra para Marruecos, llevó a que este país sea uno de los impulsores del proceso de paz, cobrando importancia el rol del Secretario General de Naciones Unidas.
En 1988, en el marco de este proceso de paz, Marruecos y el Frente POLISARIO acordaron en principio las propuestas del Secretario General de la ONU y el Presidente en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la OUA, a fin de convocar un referéndum bajo auspicios de las Naciones Unidas y en cooperación con la OUA. En ese año el secretario Pérez de Cuéllar, elevó la propuesta de paz a consideración del Consejo de Seguridad, quién por la resolución 621 para la celebración del citado referéndum, como también el nombramiento de un Representante Especial, con facultades para organizarlo y llevarlo a cabo, amén de una serie de funciones destinadas a mantener la paz y mantener el diálogo entre las partes.
En el marco de las consultas realizadas y una visita al territorio por parte de una misión de las Naciones Unidas, llevó a Pérez de Cuéllar, elaborar una serie de propuestas de paz, que abarcaba los siguientes puntos:
- Realización de un referéndum para todos los mayores de 18 años, sobre la base del censo español de 1974.
- Designación de un representante especial del secretario general con apoyo de una los Componentes civil, militar y otra de seguridad (Policía civil), además de implementar una Comisión de Identificación.
- Alto el fuego y despliegue de observadores para garantizar su cumplimiento.
- Reducción de las tropas marroquíes y acantonamiento de las fuerzas del Frente POLISARIO.
- Retorno de los refugiados.
En 1989 una delegación de alto nivel saharaui se reunió con el rey Hassán II, el resultado fue la declaración de una tregua unilateral por parte del POLISARIO, que no llega a buen puerto, dado que en octubre el Ejército saharaui atacó una sección de los muros, y penetró en territorio ocupado por Marruecos. La desconfianza entre las partes era notoria, y sin ninguna duda las acciones militares estaban directamente relacionadas con llegar a la mesa de negociaciones en las mejoras condiciones.
En el seno de Naciones Unidas se llevó a cabo el informe sobre como sería la misión de paz para el Sahara Occidental. La MINURSO – Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental – previo al alto el fuego, desplegaría personal militar y civil, y se crearía una comisión para identificar los votantes del referéndum sobre la base del censo español de 1974. La segunda etapa, una vez acordado el cese del fuego, las partes intercambiarían prisioneros, liberación de presos políticos, reducción de la presencia militar marroquí y acantonamiento de las tropas saharauis. Este plan tenía previsto una duración de 35 semanas. La etapa 3. era el traslado de los refugiados saharauis de Tinduf, a localidades seguras para que puedan ir a votar en el referéndum bajo auspicios de la ACNUR, y la etapa 4, una campaña de tres semanas para las votaciones, con reglas negociadas entras las partes. Finalmente la etapa 5, las votaciones, con observadores internacionales, donde se decidiría la anexión a Marruecos o una república saharaui independiente.
El Plan estaba destinado a terminar en letra muerta, sus principales falencias eran la cuestión de los colonos traídos por Marruecos, la cuestión del expolio de los recursos naturales, la falta de facultades de la MINURSO en materia de Derechos Humanos, gracias al veto del Gobierno francés, aliado del régimen marroquí. Marruecos desde un primer momento se mostró reacio a dar cuenta de los prisioneros de guerra saharauis, de la desaparición forzada de saharauis y violaciones de derechos humanos durante la guerra, y posterior a ella, como el mantenimiento de legislación que impide a los saharauis organizar sindicatos, asociaciones de derechos humanos, como de libertad de expresión.
En la gestión de Boutros Ghali, se intentó romper dos años de parálisis del proceso de paz. Marruecos a toda costa puso obstáculos para cumplir con lo que había firmado, con anuencia de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, Francia y España, que en este último caso, como potencia administradora de iure, guardó siempre silencio y abandonó su ex colonia a su suerte, junto a sus habitantes, que hasta 1975, eran considerados españoles de pleno derecho. Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, se decantó por la tesis marroquí, favoreciendo de alguna manera la inclusión en la lista de votantes a grupos tribales que no estaban en el censo de 1974, y que eran elementos que vivían en Marruecos.
El poderoso lobby marroquí en Naciones Unidas, quedó de manifiesto, cuando el ex Secretario General de Naciones Unidas, Javier de Pérez de Cuellar, fue nombrado vicepresidente del grupo financiero marroquí Omnium Nord- Africain (ONA), presidido por el yerno de Hassan II. Un hecho más que llamativo. Mientras tanto, ante la ausencia de avance alguno en el proceso de paz, Ghali, planteó las siguientes opciones: celebrar el referéndum sin intervención de las partes; continuar el proceso de identificación y buscar la cooperación de las partes, o la retirada de la MINURSO; o la búsqueda de nuevas vías de solución. En 1994, Marruecos presentó nada menos que cien mil apelaciones al proceso de identificación. Una maniobra para frenar el referéndum, dado que sabía a ciencia cierta, si se llevaba a cabo, con la imparcialidad que establecía el Plan de Arreglo, era muy probable, que por unanimidad los saharauis optarán por la independencia nacional. En enero de 1995, el entonces vicepresidente de la Comisión de Identificación el norteamericano Frank Ruddy, declaró ante el Congreso de Estados Unidos que la MINURSO se había convertido en un instrumento marroquí para manipular el proceso identificatorio. El citado diplomático, en una entrevista, señaló que los marroquíes entrenaban a los postulantes ante la comisión de identificación, para que hablaran como los saharauis, usando el hazaña, para frenar ellos mismos el proceso, dado que muchos de los postulantes que querían hacerlos pasar por saharauis, eran favorables a la autodeterminación. En 1996, el proceso quedó completamente paralizado, ante la imposibilidad que las partes llegaran a un acuerdo.
Koffi Annan, nuevo Secretario General de Naciones Unidas, creó la figura del Enviado Personal, siendo designado para ello el veterano político y diplomático norteamericano James Baker III. Este fue autor de dos propuestas de autonomía, que favorecía la tesis marroquí, dado que el régimen previsto estaría bajo el control de Marruecos, como un modus vivendi provisional, para luego de un proceso de transición, se convocara un referéndum de autodeterminación. En el año 2000, visto que los Acuerdos de Houston, donde estaba previsto el referéndum para 1998, había naufragado una vez más y el mismo Secretario General de la ONU, consideró que el Plan era un fracaso. Razones políticas, impedían apelar al Capítulo VII, dado que una de las partes al negarse aplicar el plan, ponía en riesgo la paz.
El Plan Baker I, fue vetado por el Consejo de Seguridad, e incluso por Marruecos, que desde siempre quiso imponer una solución al conflicto, no obstante ello, fue la base para la propuesta marroquí sobre el régimen de autonomía del Sahara, que desde hace más de una década intenta imponer como única vía de solución del conflicto. Argelia contraatacó y propuso que el Sahara Occidental quedara bajo una administración internacional, que llevara a cabo el referéndum, algo que en su momento planteó el Secretario General de Naciones Unidas en los 70, Kurt Waldheim, frustrado por el abandono español del Sahara. Esta idea fue rechazada de plano por Annan, sin ninguna duda por razones políticas y propuso la partición del territorio como solución. Tal vez la única respuesta realista al conflicto. Marruecos rechazó de plano en su política de “todo o nada” mientras que el POLISARIO, si se mostró proclive a dicha salida. El Profesor Carlos Ruiz Miguel, señaló en su momento los aspectos positivos de este posible acuerdo Marruecos se quedaría con un territorio donde ha hecho fuertes inversiones y económicamente es rentable (explotación de fosfato). Francia podría apoyar la idea, al ver que su aliado se queda con parte del territorio ocupado.
- El Frente Polisario tenía la posibilidad de construir un estado saharaui – la RASD – viable e inserto en la comunidad internacional.
- Argelia terminaría con las tensas relaciones con Marruecos y el drama de los refugiados saharauis.
- Mauritania se beneficiaba con un estado “colchón” frente a Marruecos, que es visto como un estado expansionista. Recordemos que en los 60, Marruecos reclamaba el territorio mauritano como parte del “Gran Marruecos”.
- Estados Unidos eliminaría un foco de conflicto en el Magreb, clave para articular su política de lucha contra el terrorismo y promover la estabilidad regional.
- España, concluye con la pesada herencia de descolonización y se abre la posibilidad de cooperación con la RASD
A las reflexiones realizadas por el reconocido jurista citado, agregamos que Marruecos en la partición se quedaba con nada menos con las minas de Bu Craa, de alto valor estratégico, por sus enormes reservas de fosfato.
En 2001, Hans Corell, Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, dio un severo golpe en el plano jurídico para Marruecos, y sentó un importante precedente. El Informe Corell fue tajante al decir que no se puede explotar los recursos naturales sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui y en colaboración con éste, de acuerdo a sus deseos. La explotación de los recursos naturales por parte de Marruecos, constituye un elemento destinado a dificultar el proceso de autodeterminación de dicho pueblo. Varios años después, el Tribunal Superior de la Unión Europea, se pronunciaría abiertamente sobre la ilegalidad de las actividades económicas marroquíes y el expolio de recursos naturales en la zona ocupada. Marruecos desde hace años viene llevando a cabo una explotación sistemática de los recursos del territorio, otorgando permisos de pesca, construyendo invernáculos para explotar hortalizas a Europa, y el fosfato, que ha generado importantes recursos, que solo benefician a los colonos traídos por el ocupante y financiar la presencia militar en el Sahara.
Empecinarse en el error. Los intentos de imponer un régimen de autonomía a espaldas del pueblo saharaui.
James Baker presentó un nuevo plan de autonomía, siempre bajo tutela marroquí, aprobada por la resolución 1495 del Consejo de Seguridad que por la intervención francesa, no se hizo de carácter obligatorio para las partes. Su contenido:
- Establecía las competencias entre la denominada Autoridad del Sahara Occidental (ASO) y el Reino de Marruecos.
- Limitaba las competencias del Reino de Marruecos en comparación al Plan Baker I.
- Garantizaba a la ASO la posibilidad de contar con competencias propias en materia de seguridad interna.
- Ampliaba los derechos y garantías en materia de DDHH y libertades públicas para los habitantes del Sahara Occidental.
- Mayor grado de autonomía jurídica, dado que las leyes del territorio no están subordinadas a la Constitución marroquí, sino al estatuto o ley fundamental del territorio.
- La política exterior estaría a cargo del gobierno de Marruecos, pero en consulta con la ASO en materias que le conciernen a dicha autoridad.
- En caso de controversia entre la legislación local y la marroquí, interviene el secretario general de las Naciones Unidas.
- Modificación del registro de votantes, teniendo en cuenta las listas elaboradas por la ONU, la ACNUR y para aquellos residentes anteriores a 1999. Existen más precisiones que las del Plan Baker I, y se reconoce como votantes los censados para el referéndum y no los residentes.
- Silencio en relación a los Acuerdos de Madrid de 1975 y de reparto del territorio con Mauritania de 1976
El problema de Marruecos es la democracia y la libertad de expresión, que como es sabido no goza del mismo nivel que sus vecinos europeos. El sistema imperante se basa en un delicado juego de equilibrios, donde el rey es el árbitro de la política marroquí. Por ende un referéndum de autodeterminación, es una caja de Pandora política. Rabat mantuvo a la rajatabla su política de imponer sus condiciones o la nada misma. Todo ellos gracias al apoyo francés y en menor medida de Estados Unidos. El Plan Baker II, a pesar de la oposición marroquí, mas que nada por arrogancia y vetar cualquier iniciativa democrática, que no venga desde el mismo Majzén, era abiertamente favorable a Marruecos, dado que este mantenía competencias en materia de defensa, relaciones internacionales, comercio exterior, moneda. En cuanto a las zonas controladas por la RASD el Plan mantuvo silencio.
En 2003, Marruecos propuso un gobierno autónomo para el Sahara, rechazado por Naciones Unidas, dado que rechazaba el derecho de autodeterminación, y era creado el Consejo Consultivo sobre Asuntos del Sahara o CORCAS. Una puesta en escena para hacer creer que Rabat ofrecía un régimen de autonomía, que por cierto nunca se implementó, por lo menos para mostrar buena voluntad. Estos hechos, ponen en evidencia que el Plan de Arreglo de 1991, estaba completamente muerto. La presencia de la MINURSO y la paralización del proceso, beneficiaba a Marruecos, que siguió con un régimen de casi apartheid con la población nativa, favoreciendo exclusivamente a los colonos en los mejores puestos de trabajo, con las excepciones del caso, donde siempre hay colaboracionistas con el ocupante.
Los años pasaron, a pesar de las victorias en el plano jurídico para el Frente Polisario. En materia de derechos humanos la situación es más que precaria. El liderazgo saharaui con la intención de saber de sus combatientes, liberó los últimos prisioneros marroquíes que tenía en su poder, tratados por el gobierno de Marruecos como si fueran bandidos. Este gesto de buena voluntad, no obtuvo nada de su contraparte. El destino de la mayoría de los prisioneros de guerra saharauis es desconocido, y por ende estamos ante un crimen de guerra perpetrado por Marruecos y hasta ahora, impune.
En 2005 en los territorios ocupados, estallaron protestas, organizados por ONG de Derechos Humanos. Este descontento fue de manera creciente, a pesar de la dura respuesta marroquí, que terminó en detenciones y torturas. La intensa represión política y cultural, han provocado que las generaciones de saharauis que vivieron bajo la ocupación, sigan siendo tan nacionalistas como sus padres y abuelos. Pero la política de colonización marroquí, iniciada al mismo tiempo de la invasión de 1975, convirtió a los saharauis en una minoría en su propio país en las zonas ocupadas.
La llegada de Ban Ki moon, como Secretario General de Naciones Unidas, la cuestión saharaui transcurrió por los carriles de siempre. En 2007, por medio de una resolución del Consejo de Seguridad, se instó a las partes a negociar de buena fe, algo imposible teniendo a Marruecos del otro lado de la mesa y en 2008, una vez más todo quedó en punto muerto. Marruecos siguió empecinado en un plan de autonomía. En ese mismo año fue designado como Enviado de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, a Christopher Ross, luego de la fallida gestión de van Walssum, acusado de ser parcial, favorable a Marruecos.
Las posturas de las partes son irreductibles, por un lado Marruecos no acepta otra idea que un régimen de autonomía para las “Provincias del Sur” nombre que recibe la zona ocupada del Sahara desde 1975, y el Frente Polisario, que sostiene la idea de un referéndum de autodeterminación.
En 2009 estalló el escándalo de Aminatu Haidar. Esta mujer, una reconocida activista de derechos humanos, presidente de CODESA, había sido también presa política y duramente torturada por los marroquíes. En 2008, Haidar fue reconocida por el célebre Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, por su labor. En dicho año, tuvo contacto con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como activistas de derechos humanos del dicho país. Participó en la VI Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. En 2009. Haidar volvió a viajar a Estados Unidos, acompañada de periodistas españoles. En el Aeropuerto de El Aaiún, las autoridades marroquíes, luego que Haidar se negara llenar un formulario donde reconoce la marroquinidad del Sahara, fue sencillamente expulsada a Canarias, luego de horas de interrogatorio y privarla de su pasaporte. Un hecho arbitrario e ilegal, en abierta contravención a los arts. 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señalan claramente que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar a su propio país”.
La ausencia de facultades de monitoreo de Derechos Humanos de la MINURSO, habilita de alguna manera este tipo de atropellos. Esto quedó reflejado de una manera más cruda, con el llamado Campamento de Gdeim Izik, en noviembre de 2010, donde 20.000 saharauis se reunieron a protestar por la pobreza y desempleo que los afectaba. Estos fueron desalojados por la fuerza, en una operación combinada entre fuerzas policiales, de seguridad y militares. Cabe destacar que dado que el Sahara Occidental es un territorio sujeto a ocupación militar, los saharauis no están obligados a reconocer ni obedecer a las autoridades de ocupación, agregándose el derecho de resistencia, algo consagrado por el Derecho Internacional Humanitario. Una veintena de activistas fueron enviados a Marruecos a ser juzgados por un Tribunal Militar, que tomando como base a lo estipulado a la Convención de Ginebra, este no tiene competencia y por ende sus decisiones nulas, agregándose que la represión de Gdeim Izik, es un crimen en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
Desde Gdeim Izik a la crisis Guerguerat
Ross, el enviado de Naciones Unidas, en 2010, dejó en claro las falencias en materia de derechos humanos por parte de Marruecos. En 2010, más precisamente entre los meses de octubre y noviembre de dicho año, se sucedieron los hechos del Campamento de Gdeim Izik. Unos 20.000 manifestantes, se concentraron en las afueras de El Aaiún y resistieron la embestida de las autoridades marroquíes. Los manifestantes exigían vivienda y trabajo, dejando en evidencia que los saharauis, son ciudadanos de segunda bajo el gobierno de ocupación. Quienes nutrían aquella protesta había desempleados, jóvenes, mujeres, niños, empleados del yacimiento minero Bu Craa, víctimas de la represión marroquí. La primera reacción de Rabat fue negociar y escuchar a los manifestantes, ganando tiempo, para la respuesta posterior que fue el cerco del campamento, su aislamiento y posterior desmantelamiento por la fuerza, empleando fuerzas militares. El cerco impuesto impedía la llegada de agua y víveres en abierta violación a la IV Convención de Ginebra, donde prohíbe los castigos colectivos. Hubo 300 detenidos, sometidos a un juicio ilegal ante un tribunal militar en territorio marroquí. Este comportamiento fue objeto de severas críticas y denuncias por violación a los derechos humanos, por los maltratos, falta de garantías en la defensa del debido proceso. El Derecho Internacional Humanitario, habilita a los pueblos sometidos a ocupación militar, a no obedecer a la potencia ocupante, a resistir también. Existen regulaciones que permiten al ocupante establecer tribunales, pero estos deben garantizar el debido proceso, la defensa en juicio y estar constituidos en el territorio ocupado.
En 2013, Estados Unidos se mostró favorable a dotar a la MINURSO de poderes en materia de derechos humanos, pero quedó frustrado. Marruecos se opuso tenazmente y suspendió una serie de ejercicios militares en dicho año con fuerzas armadas norteamericanas. El deterioro de la situación de seguridad en la franja de Sahara Sahel, puso de relieve la necesidad de alcanzar la paz en el Sahara Occidental.
Los viajes del Enviado de Naciones Unidas, Ross, continuaron, sin obtener avance alguno. Las Naciones Unidas continuaron prorrogando la permanencia de la MINURSO en el Sahara. España ha sido por cierto, la gran ausente de todo este drama, sin tomar iniciativa alguna, aferrándose a los Acuerdos de 1975, donde se desligaba del Sahara, y para peor de sus habitantes, privándoles de su ciudadanía española, sin proceso de autodeterminación, sin consulta alguna, en clara violación al régimen internacional de derechos humanos.
Los años pasaron, el estancamiento del conflicto era evidente, generando malestar en las generaciones más jóvenes de saharauis. La llegada a la presidencia de la República Saharaui, de Brahim Ghali, luego de la muerte del moderado Mohamed Abdelaziz, significó un cambio en la política hacia Marruecos, donde el recurso a las armas, es puesto entre las opciones factibles.
La situación de la MINURSO se tornó crítica, cuando en 2017, Marruecos expulsó el componente civil. Naciones Unidas tuvo una reacción tímida, esto limito mucho la actividad de la Misión de Paz en las zonas ocupadas. Mientras tanto, del otro lado, la paciencia de los saharauis se iba agotando. La crisis de Guerguerat, desatada en noviembre de 2020, puso en evidencia que dicha paciencia se había agotado.
Marruecos subió la apuesta, buscó en el seno de la Unión Africana, una vez que fue admitido, aislar a la RASD y buscar su expulsión. Esto quedó frustrado, especialmente por la postura de los países anglófonos, liderados por Sudáfrica. A pesar del discurso marroquí, sobre el Sahara, el aceptar incorporarse a la Unión Africana, implica también la Carta de fundación de este organismo, donde los estados – parte, están obligados a reconocer las fronteras heredadas de tiempos de la colonización. Por ende Marruecos, desde el punto de vista jurídico, acepta las fronteras heredadas, y eso excluye al Sahara Occidental, mal que le pese a Rabat.
La llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en muchos aspectos fue un retroceso. Personaje ignorante en materia de política internacional y seguridad, como quedó demostrado de la payasada de pretender comprar el territorio de Groenlandia a Dinamarca, subió la apuesta, y en un intento de presionar a Marruecos, para normalizar las relaciones con Israel, desde su cuenta oficial en Twitter, ofreció el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, a cambio de restablecer vínculos con el Estado de Israel. El mismo Departamento de Estado hizo oídos sordos al disparate propuesto por Trump. Estados Unidos no reconoce la anexión marroquí, pero la política adoptada por la Casa Blanca, de alguna manera a favorecido a la ocupación, agregándose el mirar hacia otro lado ante las graves violaciones a los derechos humanos. La llegada del presidente Biden, significó el retorno a la tradicional postura de Washington de no avalar la tesis anexionista marroquí, ni reconocer derecho alguno.
Las Naciones Unidas, renovaron una vez más el mandato de la MINURSO, en octubre de 2021, para que siga vigilando un alto el fuego que es una mentira. Francia se opuso como es de costumbre a que la MINURSO tenga facultades de monitoreo en materia de Derechos Humanos. Siendo este tema, la gran deuda pendiente, donde existen claras responsabilidades de Estados Unidos, Francia y España, por mirar hacia otro lado. Existen numerosos casos, como el del periodista saharaui Ibrahim Amrikli arrestado arbitrariamente, golpeado durante dos días en mayo de 2020 hasta que firmó una confesión con cargos falsos. Esto no es algo nuevo, dado que Amrikli, fue objeto de hostigamiento policial entre los años 2017-2019. En julio de 2020, el periodista saharaui Essabi Yahdih, fue detenido por la policía, cuestionándolo sobre la línea editorial, por el mismo creado. Se estima que una veintena de personas, por su opinión, fueron objeto de hostigamiento policial, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, sin orden judicial, por sus opiniones políticas en El Aaiún. Pero el caso más escandaloso, es el de Sultana Jaya que se la impuesto arresto domiciliario en 2020. En mayo de ese año, los activistas pro derechos humanos, que subrepticiamente, ingresaron a la casa para solidarizarse con Jaya, Babouzid Labhi, Salek Baber y Khaled Boufraya. Fueron arrestados por la policía marroquí y sometidos a torturas. Jaya sufrió el allanamiento de su domicilio y un intento de violación por parte de agentes policiales marroquíes, que ocultaban su rostro. Ella reside en Bojador y es la presidente de la Liga de Derechos Humanos. Ha sido víctima de malos tratos en diversas ocasiones. Su arresto domiciliario, es una medida netamente policial, sin orden judicial. Su familia ha sido objeto de maltratos, incluyendo a su madre de 84 años, su hermana, que tuvo un brazo roto luego de ser golpeada por la policía, y su cuñada, también maltratada, perdió su embarazo. Otro activista pro derechos humanos Ghali Bouhla, en este 2021, fue torturado en su casa frente a su madre y hermana, por parte de policías marroquíes. Bouhla fue arrestado finalmente por repartir banderas saharauis y participar de protestas pacíficas. Sentenciado hasta 2022 por cargos falsos por tenencia de drogas. En mayo de 2021, las fuerzas policiales marroquíes, también en la ciudad de El Aaiún, irrumpieron en la casa Mina Bali, donde fue duramente golpeada junto a su hermana Embarka Alina. Su pecado, ondear una bandera saharaui en la zona ocupada. Recordemos que el derecho internacional reconoce que las poblaciones de territorios sometidos a ocupación militar no tienen obligación de obedecer al ocupante, ni éste imponer su legislación a la zona ocupada. Menores de edad fueron también víctimas de torturas como el caso de Mustafá Razouk, de 15 años, por participar en actos de protesta.
Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ha condenado públicamente el comportamiento de Marrueco en el Sahara ocupado. Se ha pronunciado incluso abiertamente sobre el caso de Jaya: La familia está expuesta a agresión y amenaza física y sexual por parte de Policías marroquíes que aún asedian su casa. En las zonas ocupadas por Marruecos, las desapariciones forzadas no han cesado nunca, un ejemplo, el caso de Mohamed Salem Ayyad Ali Al Fahim, joven activista, salió de su casa el 15 de Enero de este año. No volvió jamás. Su familia le buscó por hospitales y comisarias sin resultado. 22 días después, el 5 de febrero apareció su cadáver, en avanzado estado de descomposición, en un hospital de El Aaiún… En junio de 2021, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michele Bachelet, señaló retomar el programa de misiones técnicas a los territorios ocupados del Sahara suspendido desde 2015 debido a la obstrucción de las autoridades de ocupación marroquí”. Asimismo, en una entrevista, la citada funcionaria dijo en una reunión vinculada al Grupo de Apoyo para el Sahara Occidental: Ciertas partes nos han impedido llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos.
La crisis de Guerguerat, en noviembre de 2020, aceleró los tiempos y la escalada del conflicto. Marruecos violó abiertamente el llamado Acuerdo Militar N°1, ocupando la zona de amortiguación o desmilitarizada, para desalojar una protesta saharaui en un paso fronterizo ilegal, montado por autoridades marroquíes. Naciones Unidas, miró para otro lado, no intento mediar y hacer saber que el comportamiento marroquí era una violación al Plan de Paz de 1991. Finalmente, la crisis derivó en una guerra, que pocos medios internacionales mencionan, que está derivando en situaciones de máxima tensión, como lo acontecido en noviembre de 2021, con la muerte de tres civiles, conductores de camión que trasladaban cargas a Mauritania cubriendo el trayecto Uargla-Nuakchott, luego de un atraque marroquí. Argelia ante este clima de tensiones, no solo respalda el accionar militar saharaui, sino que ha cortado el abastecimiento de gas a Marruecos, y ha concentrado medios en la frontera común. Rabat ha estrechado lazos con Israel, como nuevo proveedor de equipo militar. Sectores religiosos y conservadores, ven esta actitud como algo muy negativo. Si Marruecos continúa con su política de acercamiento con los israelíes, esto puede ser funcional el discurso de sectores radicalizados.
Sultana Jaya. Víctima de la Policía marroquí
Marruecos puede continuar con su política de expolio, como violación de los derechos humanos, gracias a sus aliados occidentales. Francia es un actor clave, dado que Rabat es funcional a los intereses franceses en África, que por cierto están en franco retroceso ante el avance de China y en menor medida de Rusia. París lo sabe y mantiene a ultranza su apoyo a Marruecos, con el cual ha llevado lucrativos contratos en el ámbito civil, como militar. Su posición en África está en entredicho, especialmente ante su fracaso en Malí. Estados Unidos mantiene su apoyo militar y político a Rabat, ante un continente que le está dando las espaldas a Occidente. Emiratos Árabes Unidos o EAU, se ha convertido en otro actor en el conflicto, aunque de manera indirecta. Sus líderes aspiran a convertirlo en una potencia regional, brindando apoyo político a Marruecos en el marco de este conflicto. Prueba de ello, es la cesión de parte de la flota de aviones Mirage 2000-9, a Marruecos (el otro beneficiario es Egipto) luego que los EAU, firmaran el llamado contrato del siglo, con la empresa francesa Dassault, para adquirir 60 modernos cazas Rafale. Los EAU tienen intereses crecientes en la región, por ejemplo, quedarse con la gestión de aeropuertos y el sistema de identificación de personas en Mauritania. Su acercamiento con Marruecos, tiene que ver con el interés que tiene Abu Dhabi de incrementar su peso en el mundo árabe, alejándose de la sombra saudita.
Los problemas internos que atraviesa Rabat, especialmente en el orden económico, las tensiones sociales existentes, dado que el desempleo y pobreza golpea fuertemente a gran parte de la población, agravándose las consecuencias de la pandemia del COVID 19. La existencia de un conflicto externo, puede ser una de las válvulas de escape del régimen marroquí. Recientemente, Marruecos extendió el control de aguas jurisdiccionales frente a las islas Alhucemas, de soberanía española, como mecanismo de presión, a un gobierno de Madrid, siempre permeables a las extorsiones de su vecino sureño.
Tres décadas de no paz – no guerra
La MINURSO, es un simple testigo de la crisis que atraviesa el Sahara Occidental. Los aliados de Marruecos, han convertido a la misión de paz de Naciones Unidas en una cáscara vacía, y para peor, con “sorda, ciega y muda” ante las violaciones de Derechos Humanos. Todo lo que predican los políticos europeos, especialmente Francia, y Estados Unidos en materia de derechos humanos, lo incumplen en el Sahara Occidental, donde se han convertido en cómplices por acción u omisión de los abusos de Rabat como potencia ocupante.
Marruecos ha consolidado su control de las zonas ocupadas, con una política de militarización y traslado de colonos desde los primeros días de la invasión de 1975. Son crímenes de guerra, pero nadie dice nada. El apoyo irrestricto de Estados Unidos y Francia, a la política marroquí, sin ninguna duda tiene que ver con el avance de China y Rusia en África. Las antiguas potencias coloniales, solo traen malos recuerdos. En Malí, Francia ha fracasado estrepitosamente, y Bamako toca las puertas de Moscú. Solo queda Rabat, como un aliado fiable, en apariencia. La crisis de Guerguerat no deja muchas opciones a los saharauis, hay un contexto que consideran favorable para llevar a cabo una escalada limitada en los muros defensivos. Marruecos está a la defensiva, dado que su objetivo de controlar los ricos bancos pesqueros y las minas de fosfato, se ha cumplido. El gran desafío de la RASD, es incrementar sustancialmente el costo de la ocupación, con la finalidad de sentarse a una mesa de negociación. Los términos de la paz prevista en 1991, son letra muerta. Un referéndum es inaceptable para ambas partes si resulta desfavorable para sus intereses Por ende una solución realista, es sin ninguna duda, la partición del territorio, algo que había aceptado en su momento el liderazgo saharaui, pero rechazado de plano por Marruecos en su política de todo o nada, gracias al apoyo que le da Francia. Este veto puede ser superado, si la potencia administradora de iure del territorio, España, asume el rol histórico que niega a tener.
El recurso a las armas, con sus riesgos inherentes, dado la magnitud de los contendientes y sus alianzas, fue una consecuencia lógica de años de espera y olvido, además de intentar que la comunidad internacional tome nota sobre este conflicto, que espera una solución desde 1975. Los intentos de negar a la República Saharaui, han sido infructuosos, por ende la ansiada paz, que a nuestro entender demorará bastante tiempo en llegar, dependerá en considerar al Estado saharaui como una realidad, como un actor en el conflicto, y su voz debe ser oída. Es por ello que la diplomacia saharaui, debe retomar el camino perdido, de obtener reconocimientos internacionales, solo así, el conflicto podrá adquirir la dimensión que requiere para que de alguna manera la comunidad internacional brinde algún tipo de respuesta, sin olvidar la posibilidad de librar la batalla en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que la RASD sea un estado observador.
Treinta años de no paz – no guerra, de crímenes de lesa humanidad impunes, de pobreza y exilio. No cabe duda que los saharauis merecen una justa reparación y el derecho a vivir en paz en su estado, creado el 27 de febrero de 1976.
El autor de la nota es Jorge Alejandro Suárez Saponaro* quien es abogado, Magíster en Defensa Nacional, Director de Diario El Minuto para Argentina – ECSAHARAUI.
Artículo publicado en ECSAHARAUI, editado por el equipo de PIA Global
